América Central/República Dominicana/26-03-202/Autor(a) y Fuente: acento.com.do
En el encuentro participaron las magistradas Olga Diná Llaverías, titular de la Dirección Nacional de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, así como la magistrada Yohana Bejarán, interina de la Procuraduría Especializada de Trata y Tráfico de Personas.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito se reunió con los representantes en República Dominicana del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), para definir líneas de acción conjunta en beneficio de la niñez en el país.
Rosa Elcarte, representante de UNICEF, acudió al despacho de la procuradora en compañía de Eduardo Gallardo, representante adjunto, y Fabiana Gorenstein, especialista en protección infantil, quienes reafirmaron el compromiso de colaborar con el país a través del Ministerio Público en lo concerniente a la protección de la infancia.
Uno de los puntos tratados con la máxima representante del Ministerio Público consistió en enfatizar en el trabajo de prevención de la trata, el tráfico y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, además de incluir en la línea de acción la ejecución de programas para prevenir los delitos por Internet contra la niñez.
Germán Brito agradeció al organismo internacional que haya tenido en su agenda fortalecer los lazos para coadyuvar con el trabajo de prevención y persecución de delitos tan delicados como los que atentan contra la integridad de las personas menores de edad.
En el encuentro participaron las magistradas Olga Diná Llaverías, titular de la Dirección Nacional de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, así como la magistrada Yohana Bejarán, interina de la Procuraduría Especializada de Trata y Tráfico de Personas.
Fuente e Imagen: https://acento.com.do/actualidad/miriam-german-coordina-con-unicef-acciones-de-proteccion-a-la-ninez-8927592.html
Stevens tenía nueve años cuando su madre lo entregó a una familia que lo esclavizó como sirviente. Rachel cayó en una red de explotación sexual para turistas. Más de 50.000 niños cruzan cada año hacia la República Dominicana como víctimas del tráfico infantil.
Quince pasos da Stevens Guerrier hacia su madre para fundirse en un abrazo. Ella lo estruja por toda la espalda, mesurando la delgadez de su retoño y palpando las cicatrices de sus brazos y rostro.
Son prácticas largamente denunciadas, pero no resueltas: desde la explotación laboral hasta la prostitución y la servidumbre, miles de menores haitianos han sido vendidos con oscuros propósitos
—¿Dónde has estado? ¿Por qué has tardado tanto en venir? —le riñe cariñosamente Nathalie, ahogada en sollozos.
—No sé, tenía ganas de verte —repite el niño de 12 años ruborizado, sin soltarle la mano.
Se acaban de reencontrar después de más de tres años sin verse y sin saber nada uno del otro. Un jueves de mayo del 2017, Nathalie Pierre vendía en el mercado binacional de la frontera de Belladère, entre Haití y República Dominicana, cuando entregó a su pequeño a un hombre dominicano. La promesa de ofrecerle una vida digna en un hogar adoptivo terminó en pesadilla.
“Cuidaba el ganado, me obligaban a hacer muchos trabajos. No querían enviarme a la escuela. Estaba en la miseria. No querían comprarme ropa y dormía en la cocina. Me sentía muy maltratado”, cuenta el menor con la mirada gacha. Malvivió como criado para una familia de Santiago. Aprendió a hablar castellano, pero se niega a utilizarlo debido al trauma.
Stevens Guerrier imaginó cada noche la manera de fugarse de esa prisión. Cada noche pensaba en “volver al regazo” de su madre, explica, pero si sus dueños se hubiesen enterado de que quería escapar, lo habrían detenido. Su situación alertó a un vecino que le ayudó a huir en motocicleta hasta la frontera.
Las autoridades lo hallaron en el mismo cruce del centro del país donde fue abandonado y lo llevaron con la fundación Zanmi Timoun, encargada de acoger a menores supervivientes de trata y reunirlos con sus familias. Tardaron un par de días en encontrar a su madre en una remota comunidad, Capemte, a media hora en coche hacia los arrabales de Belladère. Luego, el par de voluntarios y el niño caminaron más de una hora por un sendero que atraviesa marchitas bananeras labradas por bueyes. Las viviendas de hormigón y varillas desnudas dan paso a chabolas de madera y adobe.
Los obligan a prostituirse, mendigar, y ahora hemos detectado que también para luchar en combates clandestinos
JUNIOR NOISETTE, TRABAJADOR DE ZANMI TIMOUN
“Hice lo mejor para llevar a mis hijos a la escuela, pero tenía muchos problemas. No tenía nada para alimentarlos y estuve resignada a entregarlos”, justifica Nathalie. Meses antes de despedirse de Stevens, ya había regalado a su hijo mayor, del que todavía no ha sabido nada. Esta ama de casa de 28 años tuvo que dejar la venta ambulante para cuidar a su marido, enfermo del riñón e incapacitado para trabajar en la cosecha. Comen lo poco que crece en su terraplén. El matrimonio y sus otros cuatro hijos habitan en un cuchitril de unos 15 metros cuadrados de tablones y techo de latón.
“Allí los obligan a todo tipo de trabajos: prostitución, como lustrabotas, en el campo, mendigando por las calles y recientemente hemos detectado que están siendo utilizados para luchar en combates callejeros con apuestas en Dajabón (ciudad fronteriza dominicana) y en zonas de la costa”, señala Junior Noisette, trabajador de Zanmi Timoun. Han recibido al menos una docena de chicos “con heridas en la cara”, quienes relataron que les habían forzado a pelear por dinero y algunos detallaron que las luchas tenían lugar en la playa. Esta nueva práctica de explotación infantil fue confirmada por la Fundación Lumos y la red Jano Siksé.
Noisette recorre el paso oficial y las trochas ilegales de Belladère, por donde calcula que cruzan de 50 a 100 menores a diario. En agosto interceptaron a una pareja con seis niños de tres a nueve años sin ninguna relación de parentesco. Las familias biológicas admitieron haber pagado a los tratantes de 100 a 200 euros, bajo la promesa de llevarlos a un buen hogar adoptivo.
El fatal mercado fronterizo
Un gentío con enormes bultos en la cabeza, carretillas que se abren paso a empujones y vehículos motorizados repletos de plátanos y sillas abarrotan cada lunes y jueves el paso fronterizo de Ouanaminthe, en el norte del país. Son los días del mercado binacional. A las puertas del puente del río Massacre, varios agentes haitianos (Polifront) blanden sus látigos y ramas para intimidar a la muchedumbre o los sacuden en sus pantorrillas. En el bullicioso trasiego resulta muy complicado identificar a contrabandistas o a menores no acompañados. Pese a ello, la policía halló a dos hermanos abandonados esa mañana del 3 de noviembre, después de que su traficante saliese corriendo al toparse con los patrulleros. El niño de unos seis años y la niña de cuatro aguardan en las oficinas del Instituto de Bienestar Social (IBESR), que rechaza conceder una entrevista solicitada durante un mes.
Los militares dominicanos cobran de 500 a 2.000 pesos (7 a 30 euros) por dejar pasar a traficantes de niños
SYLVESTRE FILS, DIRECTOR DEL OBSERVATORIO DE TRATA
Algunos niños deambulan de aquí para allá vendiendo dulces o limpiando zapatos. Un grupo de adolescentes en minifalda y top coquetea con los agentes para evitar hacer la interminable hilera de medio kilómetro. Un joven con un niño también se salta la fila y atraviesa el portón tras un leve saludo de cabeza a un soldado dominicano, ataviado con casco de combate y fusil.
Ninguna autoridad solicita documentación a los viandantes. “No hay ningún control migratorio, por tanto, ninguna posibilidad ni intención de combatir el tráfico infantil o cualquier forma de trata”, asegura Sylvestre Fils, director del Observatorio de la Migración y la Trata Transfronteriza, creado hace un año como respuesta a la negligencia de ambos países.
Los observadores se mimetizan entre el vaivén de los comerciantes. Han detectado el cobro de sobornos por parte de las Fuerzas Armadas dominicanas para hacer la vista gorda tanto en el cruce de mercancías como de seres humanos. “Los militares no son muy exigentes, piden 500, 1.000, 2.000 pesos (de 7 a 30 euros). Depende de la cantidad de personas que lleve el traficante, pero no hay un monto fijo, es algo muy informal. La red de tráfico funciona permanentemente, por lo que ellos (los contrabandistas) desarrollan una relación con los militares”, asegura Fils.
Explotadas para el turismo sexual
Por esa turbia frontera, un lunes, ingresó Rachel Saint-Jean. Tiene 15 años. Cuando era niña sus padres la abandonaron y creció en las calles de Cabo Haitiano (norte), donde subsistía con algunas amigas. Su novio la convenció para enviarla a estudiar al país vecino, porque en Haití ya no podía permitirse pagar la Secundaria. Le organizó el viaje para verse con el traficante en Dajabón, ciudad limítrofe con Ouanaminthe.
“El señor [traficante] me llevó a su casa, pero estaba llena de gente. Entonces me mudaron a casa de una mujer con otras chicas. Ella solo quería escogerme hombres para que tuviese una historia de amor y me fuese a sus casas”, relata la adolescente, que todavía usa una cadena, regalo del novio que, al parecer, la vendió a una red de explotación sexual.
—¿Los hombres que te escogían eran blancos?
—Sí, blancos.
Varios agentes amenazan con sus látigos a la multitud agolpada en el puente del río Massacre, en la frontera norte de Ouanaminthe, a la espera de cruzar al mercado binacional del lado dominicano. Pincha en la imagen para ver la fotogalería.AITOR SÁEZ
Rachel Saint-Jean llegó hasta Santiago y de ahí hacia algún punto de la costa norte, una zona turística, por lo que probablemente esos clientes “blancos” eran extranjeros. En las principales avenidas de los destinos más concurridos es habitual encontrar mujeres haitianas, algunas menores, ofreciendo sus servicios por menos de 10 euros.
“Fuimos [con el traficante] a una fiesta juntos y me puse muy ebria. No sé cómo, no recuerdo qué sucedió. Cuando me levanté… [hace una larga pausa] Vi que se había servido él mismo”, dice literalmente la joven para referirse al abuso sexual. Después de cuatro meses secuestrada logró escapar, o bien, la soltaron por su férrea resistencia a intimar con desconocidos: “No estaba de acuerdo, yo solo quería ir a la escuela. El señor me dijo que me dejaría en la calle si no aceptaba”.
Sin capacidad para combatir la trata
Tras regresar a la frontera de Ouanaminthe, el IBESR trasladó a Rachel al albergue de la congregación San Juan Evangelista, que cada año acoge a medio millar de niños y niñas supervivientes de trata. Su directora, la colombiana Alexandra Bonilla, aterrizó en esos confines de Haití tras el terremoto de enero del 2010. A los pocos días de la catástrofe, la detención de una decena de baptistas estadounidenses que intentaban llevarse a 33 infantes de Puerto Príncipe encendió las alarmas. El entonces primer ministro, Jean-Max Bellerive, aseveró que el tráfico infantil era “uno de los mayores problemas” y reconoció la existencia de “tráfico de órganos para niños”.
La hermana Bonilla levantó en esta década un espacioso centro transitorio, prueba de que el inhumano contrabando persiste. “Desde que estoy aquí no he visto que se haya reducido el tráfico de niños. Se mantiene igual o incluso ha aumentado. (…) El Gobierno no tienen los recursos para atajar este problema y sus causas”, lamenta la monja.
Encabezaremos las adopciones para evitar excesos como la pedofilia y el tráfico de órganos
ARIELLE VILLEDROUIN, DIRECTORA DEL IBESR
En 2016, Haití era el octavo país del mundo con mayor índice de esclavitud moderna, sobre todo debido a la enorme trata humana. En el último lustro, se han dado algunos pasos para la persecución del delito y la capacitación de funcionarios fronterizos, como evalúa el Departamento de Estado de EE UU en su último informe anual. Sin embargo, subraya que “el Gobierno no asignó fondos suficientes y no implementó procedimientos para la identificación de víctimas”.
En la práctica, parte de los funcionarios del IBESR mantienen una huelga desde hace tiempo, mientras que la creación del Comité Nacional de Lucha contra la Trata de Personas (CNLTP) se quedó en eso, en el nombre, completamente disfuncional sin presupuesto ni oficinas.
Los orfanatos, primer eslabón del tráfico infantil
El desamparo institucional ha favorecido la consolidación de un vasto entramado de orfanatos que operan como captadores de menores. Tan solo 50 de 750 de estos centros cuentan con licencia para funcionar, según datos oficiales. Un 80% de los más de 32.000 internados no son huérfanos. Para Bonilla, “la mayoría son un negocio y tienen a los niños para atraer donaciones a beneficio de los propietarios”.
Tras el terremoto del 2010, el número de orfanatos se duplicó y, pese a que el Gobierno ha clausurado 150, se siguen abriendo a un ritmo superior, motivados por el ingente lucro que generan. Tan solo un tercio de estas guarderías en Haití recibe unos 60 millones de euros anuales en donaciones, revela un informe de la Fundación Lumos. En contraste, el IBESR, ente nacional para la protección de la infancia, cuenta con un presupuesto de menos de un millón.
El centro Sourire d’Amour es una pocilga. En la entrada hay varios niños de tres a seis años sin pantalones, cubiertos de polvo, sin nada que hacer ni jugar. Las colchonetas de las literas están mugrientas y, muchas, rajadas. Ni hablar de una sábana. Las puertas de los armarios destartaladas dejan ver unas pocas prendas de ropa, seguro insuficientes para los 15 huérfanos. La cochambrosa cocina tan solo cuenta con un asador de carbón y sus estantes están vacíos, al igual que una jaula para guardar la comida. Las empleadas aseguran que la despensa se encuentra almacenada bajo llave en una habitación, pero rehúsan mostrarla.
La hermana Bonilla, junto a algunos de los niños que acoge en el centro de la congregación San Juan Evangelista, en la ciudad fronteriza de Ouanaminthe, en Haití. Pincha en la imagen para ver la fotogalería. AITOR SÁEZ
Su propietaria, Inesse Joseph, pastora de una iglesia con el mismo nombre del orfanato, estuvo envuelta en un escándalo en 2007, cuando arrebató de sus familias a 47 chiquillos de comunidades rurales al extremo oeste del país, con la expectativa de que serían adoptados por extranjeros. “¡Demasiadas personas se enriquecen de los pobres! ¡Los encontramos en un estado terrible! ¡Debemos dejar de vender niños!”, vociferó desencajado un representante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), instantes después del rescate de los pequeños, de dos a siete años, a quienes tuvieron que llevar al hospital por su deteriorado estado de salud.
El orfanato sigue funcionando sin acreditación a la salida de Pétion-Ville, el barrio menos desdichado de Puerto Príncipe. En ese mismo distrito, en febrero del pasado año, murieron 15 niños y niñas en el incendio de un orfanato, también irregular, gestionado por un grupo de estadounidenses miembros de la Iglesia de la Comprensión Bíblica, que nos niegan el ingreso a otro de sus centros. El fuego se produjo por alguna de las velas que se usaban para iluminarse, debido a la carencia de electricidad. Las instalaciones no cumplían con los estándares básicos. “Estaban realmente muy descuidadas (…) Todo lo que vemos son niños viviendo como animales”, destacó la jueza del caso sobre un panorama que, a tenor de las imágenes, se asemeja bastante al Sourire d’Amour.
Además, en muchos de los internados “sufren violencia” y en algunos casos “abusos sexuales y muertes evitables”, según el estudio de Lumos, cuya conclusión es que los orfanatos actúan como tratantes. A fin de restringir el tráfico transfronterizo por parte de estos centros, la Administración haitiana endureció los requisitos para la tramitación de adopciones. “Encabezaremos los procesos (de adopción), lo que evita algunos excesos, porque se ha hablado de pedofilia y tráfico de órganos”, mencionó la directora del IBESR, Arielle Jeanty Villedrouin a comienzos del pasado año.
Impunidad criminal
Por la porosa frontera de 370 kilómetros que divide La Española se contrabandean desde animales hasta drogas y armas. Alexis Alphonse camina a diario más de una hora por un prado de Ferrier, a las afueras de Ouanaminthe, para sentarse toda la mañana bajo un sauce próximo al arroyo que separa a Haití de República Dominicana. Tan solo una piedra amarilla indica que se trata de una frontera.
Algunos transeúntes se arremangan los pantalones para vadear el riachuelo sin mojarse. Alexis los anota con una rayita sobre un portapapeles, testigo de dos décadas de cruces irregulares registrados para la Red Fronteriza Janó Siksé, desplegada en decenas de puntos a ambos márgenes.
Los traficantes son el tercer grupo más rico del país
ALEXIS ALPHONSE, COORDINADOR RED FRONTERIZA JANO SIKSÉ
“Los pequeños traficantes pasan por aquí, con niños, sin preocupación. Cuando los paro, incluso se identifican como traficantes. Desconocen que están cometiendo un crimen, que hay una ley que los puede meter en la cárcel”, exclama. Los contrabandistas son a veces familiares de la víctima o conocidos de la comunidad, donde a menudo son vistos como salvadores por, teóricamente, sacar a sus hijos de la penuria. Se considera como otro empleo cualquiera, aunque “los tratantes conforman el tercer grupo más rico del país”, según Alphonse.
Haití tardó hasta 2014 para aprobar una ley contra la trata humana, que prevé sanciones de hasta 15 años de cárcel y 14.000 euros de multa. No obstante, la Patrulla Fronteriza (Polifront) apenas detuvo a 51 individuos sospechosos en 31 casos de tráfico desde abril del 2019 hasta el mismo mes del pasado año, según el informe de Washington. Ningún expediente llegó a condena. La justicia haitiana solo ha sentenciado seis casos en 2019 y uno en 2017.
La persecución de la trata infantil tampoco mejora en la otra mitad de la isla. La Fiscalía dominicana aumentó las investigaciones respecto a años anteriores, pero redujo considerablemente las sentencias. Tan solo condenó a cinco acusados. La escasa judicialización se debe en gran medida a la complicidad de las autoridades en las redes de trata, desde funcionarios de la Fiscalía hasta policías, como enfatiza el Departamento de Estado de EE UU, que rebajó la calificación de República Dominicana al nivel de Haití.
Servidumbre, la extendida forma de esclavitud infantil
Los coloridos atuendos escolares, que por las tardes inundan alegres las polvorientas calles, disfrazan la desgracia para 1 de cada 15 pequeños. Alrededor de 407.000 niños y sobre todo niñas trabajan como empleadas domésticas. Unos 286.000 tienen menos de 15 años.
Los “niños sirvientes” son conocidos como restavek (quedarse con) y suelen provenir de familias humildes de zonas rurales, vendidos o entregados a hogares con mayor poder adquisitivo. En su mayoría no reciben retribución y soportan condiciones inhumanas y maltratos, tal y como denuncia Unicef, que tacha esta práctica como una forma de esclavitud moderna, socialmente tolerada en Haití.
Nathalie junto a su hijo Stevens, momentos después de reencontrarse. Pincha en la imagen para ver la fotogalería completa. AITOR SÁEZ
Fue otra de las alternativas que Nathalie se planteó ante la imposibilidad de cuidar a Stevens. “Pensé en dárselo a alguna vecina que lo pudiese mantener, pero aquí somos todos muy pobres. Además, aquí hubiese pasado las mismas dificultades, siempre se cree que con los españoles [como llaman a menudo a los dominicanos] tendrán mejor vida”. Nada más lejos de la realidad.
Haití registra unas 59.000 personas viviendo como esclavas y República Dominicana, 42.000; ambos entre los tres países de Latinoamérica con mayor tasa de esclavitud, solo por detrás de Venezuela, según el Global Slavery Index de 2018, que estima en un 70% la población haitiana en riesgo de sufrir esclavitud.
El primer país de América Latina en independizarse, gracias a la única revuelta de esclavos exitosa en la historia humana, padece todavía los estragos de una multimillonaria multa impuesta por Francia por haber perdido su perla del Caribe, sumado al prolongado bloqueo diplomático y comercial del resto aplicado por el resto de naciones como escarmiento. Haití jamás se repuso del saqueo colonial y del alto precio por su libertad.
“¿Qué otra opción tenía?”, se pregunta a menudo Nathalie. ¿Qué otra opción tenía si quería dar de comer a Stevens y a sus otros cuatro hijos en un país donde la mitad de menores sufre malnutrición? ¿Qué otra opción tenía para que su hijo siguiese estudiando, si apenas dos de cada diez adolescentes pueden cursar Secundaria?
En el lugar más pobre del hemisferio occidental la salvación pasa por arriesgar la vida al azar. El abismo en Haití está a 15 pasos, los que tardó Nathalie en perder de vista a Stevens hace tres años. “Cuando se marchó, cayeron lágrimas de mis ojos. Me arrepentí de inmediato, pero me quedé paralizada. Cuando volví a reaccionar, ya era tarde, había desaparecido entre la muchedumbre. Pensé que jamás lo volvería a ver”. No puede dejar de achuchar a su pequeño para creérselo. 15 pasos entre el milagro y el infierno.
Nos enfrentamos a una naturalización sociocultural de la violencia contra las mujeres que provoca que el tráfico con fines de explotación sexual sea uno de los delitos más tabúes de nuestro tiempo.
Es innegable que la desigualdad de género sufrida por mujeres y niñas, tanto a nivel social como económico y político es generalizada y evidente en todo el mundo. Aunque en situaciones mucho más extremas, como es el caso de las migraciones forzosas, esta desigualdad se multiplica por cien, y provoca que la mayor parte de mujeres acaben siendo víctimas de violencia de género y/o trata con fines de explotación sexual. Esta violencia no termina con el fin del trayecto, sino que puede incluso agravarse en el país de destino o en el contexto de refugio. Por lo tanto, las cuestiones de género, en cualquier debate sobre las causas y consecuencias de la migración regular e irregular y el desplazamiento forzado, son cruciales.
El género no solo condiciona los motivos por los cuales se migra, sino que tiene un papel realmente importante en las experiencias que se vivirán durante el trayecto migratorio y, posteriormente, en la integración e inserción sociolaboral en el país de destino. Según ONU Mujeres, las mujeres representan casi la mitad de los 244 millones de migrantes y la mitad de los 19,6 millones de personas refugiadas del mundo. Este es un dato ante el cual no podemos permanecer impasibles, ya que, tal y como asegura el último Informe Mundial de la Trata de Personas de 2020, la representación femenina se ha ido incrementando de modo que de cada diez víctimas detectadas a nivel mundial, unas cinco son mujeres adultas y dos son niñas. En España, a día de hoy, no hay datos exhaustivos sobre el porcentaje de migrantes en cuanto a edad y género, pero se sabe que el porcentaje de niñas puede ser llamativo. Se encuentran totalmente invisibilizadas, ya que la imagen que se han encargado de vender algunos medios y partidos políticos anti-inmigración en cuanto al menor extranjero es la del adolescente marroquí varón.
Nos encontramos ante una grave falta de visibilidad del colectivo femenino en estas circunstancias y nos enfrentamos a una naturalización sociocultural de la violencia contra las mujeres que provoca que la trata con fines de explotación sexual sea uno de los delitos más tabúes de nuestro tiempo, debido al desconocimiento y a la ocultación de sus mecanismos y funcionamiento reales, provocando que las mafias e instituciones se lucren de ello a niveles mucho más altos.
Se deben crear nuevas leyes que valoren el grado de vulnerabilidad en el que se ven inmersas las mujeres
¿A cuántas mujeres o niñas hemos visto en las imágenes de los informativos saltando la valla? Debemos tener en cuenta las alternativas a las que las migrantes tienen que recurrir, o las situaciones de violencia forzosa en las que pueden llegar a encontrarse solo por el hecho de ser mujeres, lo que añade una mayor vulnerabilidad. Debemos analizar estos hechos a tiempo de revisar la legislación europea en materia migratoria y de cooperación desde una perspectiva de género e incluyendo el delito de trata en el ámbito de los derechos humanos, ya que existe una impunidad ante las actuales políticas de gestión migratoria europeas que permiten y aceptan que se den este tipo de situaciones.Se deben crear, al mismo tiempo, nuevas leyes que no deshumanicen a las personas migrantes y, de manera primordial, valorar el grado de vulnerabilidad en el que se ven inmersas las mujeres desde el mismo momento en el que abandonan su lugar de origen.
La excusa del control migratorio
Según los últimos datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), cada año las mafias de trata y tráfico de personas generan unos 400 millones de euros de beneficios tan solo en el Mediterráneo. Debemos tener en cuenta que uno de los argumentos más característicos con respecto al endurecimiento de las leyes y políticas de control fronterizo es justamente la necesidad de luchar contra las mafias de trata de personas, pero son estas mismas leyes las que, según Naciones Unidas, suponen más ganancias para los tratantes, incluso en tiempos de pandemia por la covid-19 y el cierre de fronteras. Además, muchas mujeres y niñas llegan a través de aerolíneas al país donde posteriormente les espera la prostitución y la explotación sexual, una imagen muy lejana a la que normalmente es divulgada. Por lo tanto, ¿cómo es posible que, para muchas mujeres a día de hoy, su integración en una red de trata les asegure un trayecto más seguro?
Se ha aceptado e interiorizado que un derecho tan básico y universal como es la libertad de movimiento esté castigado, y, por lo tanto, aparezcan alternativas de cruce de fronteras que incluyen la violación de los derechos humanos. Actualmente, las migraciones son criminalizadas, y dos de los factores clave de esta criminalización son la aporofobia y xenofobia. Estas, junto con un sistema patriarcal y capitalista, provocan que la única opción muchas mujeres para salir del país de sea su integración en estas redes. Realizar un viaje a través del mar en una embarcación ruinosa o sobrecargada, con un bebé en brazos y sin saber nadar en múltiples casos, claramente aumenta la probabilidad de morir ahogadas. Mientras, realizar el trayecto migratorio con una red de trata supone, en la mayor parte de ocasiones, llegar viva al país de destino. En el pasado Congreso Internacional de Trata con Fines de explotación sexual celebrado desde Murcia, pudimos escuchar a Helena Maleno citar las siguientes palabras de una superviviente: “Soy tan pobre que si no me movía en una red de trata no podía moverme nunca, y tampoco podía quedarme”. Su ponencia recordó de qué manera la necropolítica se ha instalado en nuestro tiempo.
Las mafias de trata y tráfico de personas generan unos 400 millones de euros de beneficios anuales tan solo en el Mediterráneo
La feminización de la pobreza, el racismo institucional, la xenofobia y preocupante aporofobia, en un mundo donde la economía y el mercado preponderan, hace que no podamos juzgar las decisiones de tantas mujeres y mucho menos realizar una doble victimización. La situación en el país de destino tampoco es fácil. En primer lugar, no solo por la situación de explotación, sino que unida a esta misma está el pago de la deuda que tienen con la mafia. Debido a su estatus de irregularidad, quedan desamparadas ante el sistema de protección social en muchas ocasiones.
El uso de la trata de personas y el tráfico de seres humanos como excusa para endurecer el control migratorio, cuando es este mismo hecho el que provoca su aumento, está demasiado interiorizado en nuestra sociedad. Pero cada vez más, aparecen informaciones nuevas acerca de qué manera se lucran grupos como Frontex de este negocio ilícito gracias a investigaciones como las de PorCausa y otras. “Todos contra la trata, pero sin las mujeres tratadas”, decía Patricia Simón en uno de sus últimos artículos, en el que habla claramente sobre cómo hay intereses por parte de administraciones e instituciones, junto con empresas privadas, en mantener esta lacra a través del endurecimiento del control migratorio: “Las Administraciones están mucho más volcadas en generar discurso contra la trata y la prostitución que en combatir sus causas: la desigualdad, el racismo, el colonialismo y las fronteras”.
Por si fuera poco, debido al auge de las tecnologías y con la llegada de la pandemia, nos enfrentamos a una adaptación de las mafias y redes de trata a la creciente globalización, lo que provoca nuevas formas de captación más rápidas. O cambiamos el discurso y hacemos ver la base real del problema, o este negocio que deshumaniza y denigra seguirá incrementándose a la velocidad de la luz.
La zona de la Triple Frontera entre Colombia, Perú y Brasil es el enclave idóneo para el tráfico ilegal, no solo de droga o recursos naturales, también de personas. Casi siempre, mujeres y niñas
Ni se nos ocurriría mencionarla. Si nos preguntaran por un lugar donde se sufra la trata, pocas veces contestaríamos la Amazonia o la triple frontera amazónica entre Colombia, Perú y Brasil. Sin embargo, ningún país se libra de este delito que comercia con las personas como si fueran mercancía, que en el 62% de los casos son mujeres y en el 23% niñas, en torno al 80% de las veces, con objetivo de explotarlas sexualmente.
Con el confinamiento forzoso y toda la atención puesta en los más de 699.252 casos confirmados y 19.917 personas fallecidas por covid-19 en toda la Panamazonia (hasta el 28 de julio), la acción humanitaria y el fortalecimiento de la sanidad pública, resulta más difícil que nunca medir el impacto de la trata, pero los expertos en terreno aseguran que la crisis económica ha incrementado el narcotráfico, la tala ilegal y el tráfico y la explotación de personas.
La ubicación fronteriza de las localidades de Puerto Nariño (Colombia), Caballococha (Perú) y Atalaia do Norte (Brasil), unidas y separadas por el río Amazonas, son el caldo de cultivo idóneo para el tráfico ilegal, no solo de droga o recursos naturales, también de personas. Aquí, toda la comunicación se realiza dentro y a través del río Amazonas. Las lanchas, botes y demás embarcaciones cruzan constantemente de una orilla a otra y, sin apenas controles, cambian de país.
Puerto Nariño (Colombia) es un destino vacacional muy popular en la región. Un pequeño y tranquilo municipio, de calles peatonales y cuidados jardines, a orillas del río Loretoyaco, ideal para pequeños cruceros fluviales y ver a los delfines rosados en su hábitat. En esta idílica población las estudiantes del internado indígena de San Francisco de Loretoyaco son el objetivo de muchas miradas de deseo. Hombres mayores las seducen a la salida del colegio para que naveguen en su compañía a Caballococha durante el fin de semana, prometiéndoles diversión, regalos, ropa, un móvil o pequeñas cantidades de dinero.
Las adolescentes, con las circunstancias de precariedad que asolan a sus familias, no prevén un futuro próspero, por lo que consideran esas propuestas una oportunidad para mejorar sus vidas. Las redes de trata conocen bien esa situación de vulnerabilidad y se aprovechan. No son grandes organizaciones criminales, sino individuos que frecuentan o residen en la zona. Dominan el contexto y se organizan para captar, trasladar y explotar. Así, los fines de semana, se genera en la zona mucho movimiento de adolescentes desplazadas a locales de alterne conocidos como “prostibares”, generalmente, propiedad de traficantes de coca y utilizados para todo tipo de negocios ilícitos, a menudo con la connivencia de las autoridades locales.
El confinamiento de la covid-19 ha agravado aún más esta realidad. En su aspecto positivo, la pandemia ha implicado la cohesión comunitaria, el refuerzo de las actividades de pesca y cultivo, y el fortalecimiento de la práctica de la medicina tradicional para combatir los síntomas del virus. Pero, respecto a la trata, se ha dado un paso atrás creándose un falso imaginario de protección, ya que se creyó que el cierre de fronteras y la paralización del turismo ofrecería más protección, pero no ha sido así. Las economías ilegales siguen operando y ahora encuentran más necesidades y grupos de jóvenes desocupados más fáciles de captar.
Esta zona de la Triple Frontera acumula (hasta el 28 de julio) 14.927 personas contagiadas y 362 fallecidosy casi no se habla de las implicaciones sociales del confinamiento en niños y adolescentes. Pero la pandemia ha aumentado el abandono escolar, los centros educativos están cerrados y sin conectividad, han aumentado las carencias diarias por culpa del desempleo, el turismo es nulo y el casi abandono del Estado en los territorios ha hecho que las economías ilegales sigan ofreciendo —ahora como una de las pocas alternativas posibles— un sustento básico a las familias a través del narcotráfico, talas ilegales y otras actividades ilícitas, entre ellas, la explotación sexual.
Una red protectora de orilla a orilla
Nathalia Forero vivió en este internado de Loretoyaco. Hoy es la coordinadora de la RETP-Red de Enfrentamiento a la Trata de Personas en la Triple Frontera que nació hace cuatro años para luchar contra esta realidad y como fruto de un trabajo previo de investigación. Se identificaron dos modalidades fuertes de explotación: una sexual comercial de niños, niñas y adolescentes; y otra, la laboral, es decir, el trabajo esclavo. Pero la investigación también puso de relieve que muchas situaciones de abuso y explotación se habían naturalizado como parte de una economía de subsistencia.
Ella y otros miembros de la red, antes del confinamiento impuesto por la covid-19, recorría las comunidades fronterizas visibilizando las amenazas a las que estaban expuestas las jóvenes: “Lo que aquí ocurre es explotación sexual y trabajo esclavo a la vez. Y vimos que es esencial trabajar en red, independientemente pero pensando en la Amazonia como en un todo conectado”.
Forero no está sola. Cuenta con personas que actúan como enlaces en las tres orillas de este enclave internacional. En Islandia (Perú), Ivanés Favretto, alerta siempre que ve algún movimiento extraño: “Islandia es conocida como la Venecia del Amazonas, por sus canales y sus casas en palafitos. Pero también es un enclave esencial para el tráfico de mercancías y de personas”. En Leticia (Colombia) es el padre Valerio Sartor, brasileño jesuita miembro del SJPAM-Servicio Jesuita a la Panamazonia y de la REPAM-Red Eclesial Panamazónica, quien ayuda a detectar, formar y sensibilizar sobre la trata para que se pueda evitar. “Es muy difícil poder rescatar a las personas que ya se han visto arrastradas a esa situación. Sin embargo, con los jóvenes y con las familias, podemos actuar antes”, dice el religioso. En Atalaia do Norte (Brasil) está la madrileña Marta Barral, que también lucha contra el maltrato machista y otro tipo de abusos. “Es siempre igual: los padres de los niños, las niñas y los más jóvenes de la comunidad son engañados. Alguien llega al poblado y les ofrece una vida mejor para los más pequeños de la casa, estudios o quizá un pequeño empleo y formación profesional para lograr algunos ingresos para la familia”, explica Barral.
La realidad de pobreza y necesidad de estas comunidades, en su mayoría indígenas, hacen que ese método siempre funcione, pues lo primero es la supervivencia. Pocos intuyen que detrás de esas promesas de una vida mejor se esconda la trata, la esclavitud, los abusos o el comienzo de un camino sin retorno. Por eso la sensibilización debe ser trasversal y generalizada y también el trabajo con la Justicia, porque a pesar de que muchos países tienen leyes contra la trata, es frecuente que las víctimas sean criminalizadas y los traficantes queden impunes.
Forero aclara que no es fácil cuantificar su acción, porque su trabajo se centra más en lo cualitativo. Pero da algunos datos: “En el primer semestre de 2019 se realizó prevención con más de 400 jóvenes en colegios. Llevamos procesos todo el año con 100 niños de nueve a 13 años, formándolos como «héroes defensores de vidas». Además, en encuentros bimensuales han participado 200 personas, sin contar otros talleres y visitas a las comunidades de los tres países, con un promedio de 150 personas presentes en esas actividades”.
En cuanto al compromiso de otros actores esenciales en el terreno, uno de los logros de la RETP es la firma conjunta del Manifiesto contra la trata que rubricó el compromiso contra la trata por parte de los tres obispos de las diócesis del Amazonas —dos de ellos españoles— por ser una realidad que “se ensaña en las comunidades y poblaciones más vulnerables”.
Mujer indígena y amazónica
“La mujer indígena amazónica es resiliente, inteligente, luchadora, hermosa y orgullosa. Siente, ríe, llora, se asombra, sufre y duda, como todas nosotras. La escuché exigir para sus hijos una educación que respete su cultura, los derechos de su pueblo, denunciar las injusticias y levantar la voz por la Madre Tierra. Está claro que no todas las mujeres en la Panamazonia son indígenas. Las hay ribereñas, quilombolas, mestizas y migrantes. Y muy lamentablemente muchas de ellas son víctimas de trata de personas, violencia y explotación sexual”, explica en un encuentro digital organizado durante el confinamiento Ariana Díaz Acuña, profesora de la Universidad Católica de Costa Rica, apasionada de la Amazonia y especialmente interesada en la situación de la mujer allí y su interrelación con el resto de contextos de la región.
“Una vez visité una región minera donde contamos 11 prostíbulos en 1,5 kilómetros y luego nos informaron que en cada uno de ellos había de ocho a 10 jovencitas, la mayoría menores de edad y explotaban sexualmente», relata indignada Díaz Acuña. «¡No puede ser! El clamor de esas niñas está estrechamente ligado al clamor de la Madre Tierra”, exclama.
Fany Kuiru Castro es la única mujer murui de la Amazonía colombiana graduada como abogada. Es líder desde que tiene uso de razón, nos cuenta en Bogotá mientras la acompañamos a su oficina en la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia colombiana (OPIAC) en la que es coordinadora de la sección de Mujer, Niñez, Juventud y Familia.
El activismo de Fany y su influencia alcanza el ámbito institucional con incidencia política para garantizar las leyes que protegen a las comunidades, vigilar y alertar ante la vulneración impune de los derechos indígenas. Fany es una pieza clave en muchos paneles de discusión de los derechos indígenas y, en particular, de la mujer indígena. “Nuestra labor es dar a conocer a las mujeres indígenas sus derechos, a la soberanía alimentaria, a la alimentación sana y el goce de sus derechos económicos, sociales y culturales. Las motivamos para que sean emprendedoras, y a las que ya han llevado a cabo un emprendimiento local, orientarlas sobre cómo consolidarlo y darle más viabilidad a través de una economía propia, perspectiva de ecología integral, de solidaridad, de reciprocidad, con otra connotación distinta a la capitalista, que solamente desea lucrarse”, concluye Fany.
Sin duda, son muchas las voces que reivindican desde la Amazonia políticas sociales y acción ciudadana para fortalecer la protección de la frágil situación que viven estas niñas, niños y jóvenes que en esta crisis sanitaria mundial han visto incrementada su vulnerabilidad. La covid-19 está arrasando con su salud y también con sus derechos fundamentales.
Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/07/27/planeta_futuro/1595858396_100114.html
El país atraviesa una situación crítica relacionada con la trata y tráfico de personas que está dejando una estela de dolor y juventud perdida
Los 1.758 kilómetros de frontera entre Nepal e India, que cientos de miles de ciudadanos de ambos países cruzan sin necesidad de pasaporte o visado, son desde hace tiempo una de las vías de paso más concurridas del mundo en cuanto a tráfico de personas se refiere. Desde el terremoto del año 2015, que se cobró 9.000 vidas y provocó graves perjuicios a las estructuras sociales y económicas de Nepal, la actividad se ha multiplicado, y millares de hombres, mujeres y niños nepalíes atraviesan el confín entre ambos países para desaparecer y no volver más.
Antes del seísmo, anualmente se introducían de forma ilegal entre 10.000 y 15.000 personas (en su mayoría mujeres y niños, unos 12.000 cada año según Unicef) de Nepal a India para emplearlas en la prostitución y el trabajo forzado. Sin embargo, en 2019, la Policía India de Fronteras descubrió que desde 2013 el contrabando de seres humanos había aumentado un 500%. Al parecer, el mortal terremoto fue la causa de este incremento. Una combinación de protección insuficiente de los derechos humanos, temblores de tierra, desigualdad de género, analfabetismo, pobreza y corrupción ha creado las condiciones idóneas para la crisis relacionada con el tráfico de personas que atraviesa el país del Himalaya. Se calcula que, actualmente, asciende como mínimo a 20.000 mujeres y niños al año.
Muchas de ellas, con la esperanza de obtener un empleo como trabajadoras domésticas en algún país del Golfo, acaban siendo víctimas de la explotación sexual en burdeles de ciudades como Bombay o Nueva Delhi o de otros países. La trata adopta muchas formas distintas. A veces un extraño la droga y la vende; otras, los vecinos la engañan, sus parientes o su marido la venden, o alguien la tienta por Internet con una promesa de matrimonio, una oportunidad de trabajo o un papel en una película de Bollywood justo al otro lado de la frontera.
En palabras del fiscal general de Estados Unidos, Xavier Becerra, la trata, el tráfico de personas o esclavitud moderna «es un delito que incluye forzar u obligar a alguien a trabajar o prestar alguna clase de servicio o a practicar la prostitución. La coacción puede ser sutil o directa, física o psicológica, y puede incluir el empleo de la violencia, las amenazas, las mentiras o la servidumbre por deudas. La explotación de un menor para la prostitución es tráfico humano, tanto si ha intervenido cualquier clase de fuerza, engaño o coerción, como si no. El desplazamiento o el transporte de las víctimas a través de fronteras locales, nacionales o internacionales, no es un requisito para la existencia del comercio de personas».
Pero la sociedad civil de Nepal está tratando de defenderse: todos los días, docenas de vigilantes especializadas, algunas de los cuales son supervivientes de la trata, intentan interceptar y rescatar a las posibles víctimas en los puestos fronterizos para que no sean vendidas desde Nepal a través de la frontera hacia la India. Otras alzan sus voces contra el profundo estigma social que persigue a sus víctimas en sus comunidades.
Fotos, mensajes y descripciones de hombres, mujeres y niños desaparecidos, muchos de ellos posiblemente víctimas del tráfico de personas, llenan un tablón de la comisaría de policía de la frontera entre Nepal e India en la ciudad nepalí de Bhairahawa.VIOLETA SANTOS MOURA
El peligro, también en casa
Motivo de alarma es que el peligro también está presente en el propio país e, incluso, en el hogar. Muchas víctimas nunca llegan a cruzar la frontera. Las mujeres y las niñas son llevadas ilegalmente desde las zonas rurales a los centros urbanos de Nepal con la promesa de un empleo. En realidad, al final acaban en Katmandú obligadas a ejercer la prostitución en cientos de restaurantes con espectáculo musical, bares con bailarinas o salones de masaje que sirven de tapadera a burdeles. Según Unicef, solo en el valle de Katmandú, entre 10.000 y 13.000 niñas y mujeres trabajan en el «sector del ocio nocturno», la mayoría de ellas menores de edad. Sin embargo, se cree que los datos disponibles no reflejan con exactitud la magnitud del problema y que los reales probablemente son mucho más altos, ya que las víctimas aprenden a mentir a los trabajadores sociales sobre su edad y su situación por miedo a las represalias de los dueños y los gerentes de los negocios.
La investigación y la información sobre la trata de personas en Nepal se ha centrado sobre todo en el tráfico exterior, es decir, desde Nepal a otros países. No obstante, a raíz del terremoto de 2015 se ha producido un importante repunte de un fenómeno mucho menos conocido: el tráfico interior, en particular desde las zonas rurales a la capital, Katmandú. Debido a ello, Nepal ha pasado de ser considerado «país de origen y tránsito», a entrar también en la categoría de «país de destino» del comercio de personas.
Según el Manual para Responsables Políticos (Handbook for Decision Makers) sobre Tráfico y Explotación en los Sectores del Ocio y el Sexo en Nepal de la organización Terre des Hommes, uno de los informes más completos sobre la trata interior y el negocio del ocio en Nepal, que a menudo se confunde con el negocio de la prostitución, «en general, las niñas y las mujeres son captadas por coetáneas de sus pueblos que ya trabajan en el sector del ocio. La mayoría piensa que, cuando las reclutaron, las engañaron sobre la clase de trabajo. […] Si las víctimas eran menores o la captación de una adulta acabó en prostitución, la persona que la captó y el empresario son culpables de trata de personas tanto en virtud de las leyes nepalíes como internacionales».
No obstante, en el tráfico internacional la industria local del sexo desempeña un papel mayor de lo que podría suponerse. El 60% de las prostituidas declararon que un intermediario se puso en contacto con ellas para ofrecerles ir a India o a otro país a trabajar, atraídas por más promesas. En cambio, al final lo que espera en el extranjero es más explotación. Las niñas y las mujeres son vendidas a proxenetas, y a los hombres, las mujeres y los niños se los suele vender para posteriormente someterlos a trabajos forzados o a la extracción ilegal de órganos en clínicas clandestinas de India. Muchos de ellos desaparecen y no se les vuelve a ver más.
Estas imágenes arrojan luz sobre los orígenes y el coste del floreciente negocio del tráfico de personas, que mueve 150.000 millones de dólares anuales en el mundo, y en el que las mujeres y las niñas representan el 71% de las víctimas. Nepal es uno de sus filones más lucrativos. Solo desde el país del Himalaya, cada día son llevadas ilegalmente a India un mínimo de 54 niñas y mujeres.
En una época en que la Organización Mundial del Trabajo de Naciones Unidas advierte de que hay más de 40 millones de esclavos en el mundo, más que en cualquier otra época de la historia, esto representa tan solo una pequeña parte del precio que este mercado clandestino de seres humanos se ha cobrado en Nepal.
Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/07/02/planeta_futuro/1593693931_311801.html
La existencia y persistencia de la esclavitud o de condiciones análogas a la esclavitud constituye un desafío humanístico, filosófico, ético y teológico hasta los días actuales. ¿Por qué hay humanos que esclavizan a otros humanos, sus co-iguales?
La más antigua codificación de leyes, el Código de Hammurabi, escrito hacia 1772 a.C. en Irán, se refiere ya a la clase de los esclavos. Y así a lo largo de toda la historia hasta los días actuales. La Walk free Foundation, que se ocupa de la esclavitud a nivel mundial, calcula que hoy día hay cerca de 40,3 millones de personas en régimen de esclavitud, debido a tráfico de personas, deudas, trabajos o casamientos forzados etc. La India lidera la lista, con 7,99 millones de esclavizados. Los datos de Brasil en 2018 apuntaban a 369 mil personas en condiciones análogas a la esclavitud o esclavizados.
Las mentes más brillantes de Occidente la vieron como natural y hasta poseían esclavos. Así Aristóteles, David Hume, Immanuel Kant, Friedrich Hegel. El propio Thomas Jefferson, formulador de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, en la cual se afirmaba que todos los seres humanos nacen libres y con iguales derechos, tenía esclavos, así como nuestro Tiradentes, que tenía por lo menos seis. El famoso Padre Antônio Vieira predicaba a los esclavos en un ingenio azucarero: “Sois imitadores de Cristo crucificado porque padecéis de un modo muy semejante a lo que el Señor mismo padeció en su cruz y en toda su pasión” , llegando a llamarlos por eso “bienaventurados” . Una piadosa y, al mismo tiempo, cruel justificación.
Resumiendo: El gran especialista en esclavitud, el jamaicano Orlando Petterson, profesor de Harvard, afirma: “La esclavitud ha existido desde el principio de la historia de la humanidad hasta el siglo XX (XXI), en las sociedades más primitivas y también en las más avanzadas” (cf. L. Gomes, Escravidão, p.65). ¿Qué razones llevaron a la esclavitud?
Hasta hoy ninguna explicación se ha revelado convincente. Pero podemos tantear algunas razones, si bien todas precarias.
La primera habría sido el patriarcado. Hace 10-12 mil años el hombre-macho se impuso a todos, a la mujer, a los hijos, a la naturaleza. Se sobrepuso al otro, haciéndolo su siervo y esclavo. La esclavitud sería hija del patriarcado aún vigente en nuestros días.
La segunda razón, de naturaleza filosófica, sustenta que el ser humano es un ser decadente. No en un sentido ético sino ontológico. Es decir, su naturaleza es tal que nunca consigue ser lo que debería o desearía ser. Hay en él una amarra interna que le impide dar el salto necesario: controlar e integrar sus impulsos, que no son en sí malos, sino naturales: la cólera, el uso de la fuerza, el poder como capacidad de dominación. El ser humano decae en el sentido de dar rienda suelta a estos impulsos y así se torna inhumano. ¿De dónde le viene esa incapacidad? ¿De la contradicción entre el deseo infinito y la realidad finita? Bien podría convivir jovialmente con el infinito, acogiendo su ser finito. Pero no lo hizo y no lo hace. La herida sigue sangrando y haciendo sangrar.
Tengo para mí que la sabiduría judeocristiana, tan ancestral, nos trae alguna luz. Habla de pecado original. El término no es bíblico, pues ahí se usa “pecado del mundo”, o “el ser humano es inclinado al mal desde su juventud”. Pecado original es un término creado por San Agustín (354-430) en su intenso intercambio de cartas con San Jerónimo y en polémica con el teólogo Pelagio.
Pecado original, según él, no tiene la connotación temporal de “desde los orígenes”. Original concierne al núcleo originario, primero y esencial del ser humano. En su interior más profundo existe una ruptura: con la naturaleza, no respetando sus ritmos, con el otro, odiándolo, y con el Definitivamente Importante. Él se considera el más importante por estar dotado de razón. Por ella imagina que puede dar cuenta de sí mismo, como si él mismo se hubiese dado la existencia y no Alguien que lo hace venir a este mundo. Pecado original es esa hybris y arrogancia. Significa: magnificar su yo hasta el punto de excluir a los otros y al Gran Otro que lo creó.
La consecuencia primera es la instauración de la dictadura de la razón. Ella pretende explicar todo y por ella dominar todo. Propósito vano. El ser humano no es sólo razón. Es principalmente corazón, sensibilidad y amor. Bastante antes de la razón, el logos, en términos de la antropogénesis, vino el sentimiento, el pathos. Esta dimensión ha sido reprimida y hasta negada. Con eso dejó de sentir al otro, de ponerse en su lugar, de alegrarse y sufrir con él. Lo objetivó, es decir, lo hizo objeto de uso y abuso. Surgió la dominación del otro. Comenzó la esclavización de un humano sobre otro humano.
No sentir a los otros como nuestros semejantes y no tener empatía con ellos es “nuestro pecado original”, origen de la esclavitud de ayer y de hoy y del sistema de explotación sistemática de las personas en función de la acumulación privada, del yo sin los otros. Sin abrazar al otro como co-igual y sin oír el grito de la Tierra, se sigue reproduciendo el pecado original. Pero no habrá futuro para nuestro tipo de mundo y de civilización. Otro mundo vendrá de libres y de fraternos conviviendo alegremente en el corto tiempo que nos es concedido.
América del Sur/ Venezuela/ 18.06.2019/ Fuente: www.el-carabobeno.com.
La educación sexual es “vital” para combatir los embarazos en adolescentes, un lastre que afecta a Latinoamérica, que registra la segunda tasa más alta de embarazos precoces del mundo, solo superada por África subsahariana.
Para ayudar a disminuir la alta tasa de embarazos en menores de edad también es clave una mayor comunicación entre padre e hijos, dijo en entrevista con Efe Natalia Largaespada, especialista en salud sexual y reproductiva y directora del Departamento de Salud Maternoinfantil del Ministerio de Salud de Belice.
Es necesario “información, información e información, pero además servicios, porque se ha demostrado que la abstinencia sola no resuelve el problema”, apuntó Largaespada, de visita esta semana en el país, invitada por Unicef, para impartir un curso sobre cuidados para el desarrollo infantil.
La tasa mundial de embarazo adolescente se estima en 46 nacimientos por cada 1.000 niñas, mientras que las tasas de embarazo adolescente en América Latina y el Caribe continúan siendo las segundas más altas en el mundo, estimadas en 66.5 nacimientos por cada 1.000 niñas de entre 15 y 19 años, y son sólo superadas por las de África subsahariana, según datos de agencias de la ONU.
La información indica, además, América Latina y el Caribe es la única región del mundo con una tendencia ascendente de embarazos en adolescentes menores de 15 años.
Se estima que cada año, en la región, un 15% de todos los embarazos ocurre en adolescentes menores de 20 años y 2 millones de niños nacen de madres con edades entre los 15 y los 19 años.
“Cómo un adolescente va a saber qué es correcto o no si yo como padre no le he clarificado bien; muchas veces se quedan con lo negativo de los medios de comunicación y eso es lo que practican”, subrayó la doctora Natalia Largaespada en la entrevista.
Apuntó que las adolescentes tiene la tasa más alta de mortalidad neonatal “y no es por que quieren”, y opinó que la educación sexual de los estudiantes no se debe dejar exclusivamente en manos de los profesores, porque, a su juicio, “es una responsabilidad muy grande” por lo que los padres deben jugar su rol.
“Es vital, es un tema transversal a todo el ciclo de vida”, agregó, al tiempo que precisó que en mucho casos a las adolescentes embarazadas se les niega el derecho a ir a las escuelas y cuando son madres están expuestas a delitos como la explotación sexual o tráfico de personas.
En la entrevista, Largaespada también habló sobre la necesidad de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, y apuntó que la planificación “es un derecho de cada familia”.
“Lo que hace falta es mayor promoción de estos derechos”, dijo, y apuntó que el mundo tiene “una deuda” con las mujeres respecto a este tema.
Fuente de la noticia: https://www.el-carabobeno.com/educacion-sexual-vital-para-combatir-embarazos-en-adolescentes/
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