El director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Alfredo Domínguez Marrufo, comentó que realizarán un mapeo de qué está pasando con estas Constancias de Representatividad que no se están convirtiendo en un nuevo contrato colectivo de trabajo.
El 33% de los sindicatos que tramitaron una Constancia de Representatividad ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) firmó un contrato colectivo de trabajo.
Hasta la fecha, la autoridad desconoce qué está pasando con el 70% de las constancias que tienen vigencia de seis meses, y que no son utilizadas por las organizaciones sindicales para la representación de los trabajadores; cabe señalar que este documento se incluyó en la reforma laboral para terminar con las extorsiones patronales.
En tanto, especialistas advirtieron que las constancias se han otorgado, en muchos casos, sin una verificación por parte de la autoridad; asimismo, consideran que éstas se han convertido en una nueva forma en la que el patrón se “arregla” con el sindicato por seis meses para no tener conflictos, dado que las negociaciones sindicales ahora requieren del aval de los trabajadores por medio de votaciones.
CFCRL realizará mapeo
Al respecto, el director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Alfredo Domínguez Marrufo, comentó que realizarán un mapeo de qué está pasando con estas Constancias de Representatividad que no se están convirtiendo en un nuevo contrato colectivo de trabajo.
«Nosotros, lo que podemos suponer en general, es la primera aproximación que tenemos, es que el sindicato consigue con trabajos el 30% del respaldo de los trabajadores, pero cuando llega a emplazar a huelga, resulta que el patrón le dice, ‘pues tienes el 30%, pero yo tengo el 70% o el 60% que no tienes sindicato. Y si quieres, estállame la huelga porque sé muy bien que dentro de las 72 horas te voy a promover el incidente de inexistencia de huelga, y vas a quedar hasta en ridículo”.
Después del primero de mayo de 2023 muchas empresas se quedaron sin contrato derivado del proceso de legitimación; entonces, en todo 2023 se registró una gran cantidad de solicitudes de constancia de representatividad, “en esa área el Centro Federal todavía no tiene el suficiente personal o las suficientes herramientas o no tiene un criterio homologado y entonces hubo quienes sí hacían verificaciones, en donde no hacían verificaciones, en donde hacían medio verificaciones y entonces se le dieron a ciertos nuevos sindicatos un sin fin de constancias de representatividad que nunca se volvieron contratos. Esto es conseguían la constancia, le prometían al patrón 6 meses de seguridad sin tener otro sindicato ahí presente”, explicó Óscar de la Vega Castillo, socio de D&M Abogados.
Cabe resaltar que de enero a marzo de 2024 se han otorgado 3,042 constancias de representatividad; mientras que los contratos firmados son 1,900 contratos colectivos de trabajo nuevos, es decir 62% de las Constancias de Representatividad.
Sindicatos, profesorado y estudiantes se concentran en toda Andalucía, para mostrar su rechazo a los planes de la Junta, que apuesta por las titulaciones oficiales en detrimento de los talleres.
Ruido, pancartas y voces al unísono para defender el modelo de la educación permanente en Andalucía. La protesta de CSIF, ANPE, Ustea, CCOO y UGT resuena este martes 5 de marzo en las ocho provincias de Andalucía contra el proyecto de Decreto 36/2007, un borrador de la Junta que modificará las plantillas de los Centros Públicos de Educación Permanente de Adultos (CEPER). Para los sindicatos de la mesa sectorial de Educación, este “no garantiza los puestos de trabajo del personal que actualmente imparte estas enseñanzas”.
En Cádiz, frente a la delegación territorial de Educación, en la Plaza Mina, ha tenido lugar una concentración para mostrar el rechazo a estos planes que buscan reorientar la educación permanente de adultos con titulaciones oficiales e integrar a los profesores de Secundaria en las plantillas de estos centros. Todo ello, en detrimento de los talleres que ofrecen aprendizaje para las personas mayores.
Esas personas con inquietudes de conocimiento que aprovechan esta segunda oportunidad para seguir formándose sufrirían la supresión del cuerpo de maestros que les acompaña en el aprendizaje. “Decimos que no porque eso supone suprimir las plazas del personal de primaria, que ya estamos viendo que es una especialidad a extinguir. No queremos que se elimine ninguna plaza, si alguien se jubila, no debería entrar un docente de Secundaria. Si quieren integrarlos, que sea con ampliación de plantilla”, sostiene Rosa Fernández, delegada de Ustea en Cádiz y profesora de Primaria.
Concentración en defensa por la educación permanente en la plaza Mina. MANU GARCÍA
A pie de calle, la delegada explica que el profesorado que atiende en los CEPER son de Primaria, y que la Junta quiere incluir a los de Secundaria “porque ellos sí pueden dar titulación”. Precisamente, la Administración busca esta modificación, mientras que sindicatos, docentes y alumnado alzan la voz para que se mantenga la formación no reglada.
“El profesorado de los CEPER, en general, es muy mayor, tememos que cuando se jubilen esos puestos no se cubran con profesores de Primaria”, comenta Rosa a lavozdelsur.es. En estos centros, se ofrecen programas no reglados de alfabetización, cálculo mental, escritura, informática o idiomas, además de Patrimonio o Historia del arte. A sus aulas acuden tanto personas mayores que quieren seguir formándose como jóvenes que buscan estos programas para compaginar con sus estudios o trabajos.
“Si los planes de la Junta siguen adelante, el alumnado se quedaría desatendido”, añade Rosa. Desde Ustea se sostiene que las movilizaciones se han convocado porque “la Consejería se niega a negociar y no quiere escuchar ninguna propuesta, quiere imponer el modelo”. Por ello, estas protestas con previas a la que tendrá lugar el 20 de marzo en Sevilla.
«Los mayores también se interesan por la educación»
Antonio Salguero, de 44 años, alumno del CEPER de El Gastor, se ha desplazado a la capital para apoyar la causa. En su caso, se apuntó a un ciclo formativo para poder sacarse una titulación y poder acceder al mercado laboral, pero al centro también acuden personas con otras inquietudes. «Nos quieren cerrar el aula de patrimonio histórico y eso afecta a montones de personas. El centro de adultos nos ofrece muchas actividades, más de 100 alumnos se quedarían sin hacerlas en nuestro municipio», explica.
Para él, «es importante que los niños vean también que sus mayores también se interesan por la educación». Además, añade que «los mayores también tienen derecho a seguir estudiando y a preocuparse por su educación».
Concentración en defensa por la educación permanente de adultos. MANU GARCÍA
Paz Fernández, de 70 años, también es alumna de este centro y asiste a clases de lectura e informática. «Yo no quiero que se cierre», dice la vecina, que lleva 15 años formándose desde que cerró su tienda en El Gastor. «Las mayores necesitamos salir de las casas, queremos seguir aprendiendo». Ese sentimiento es compartido con Juan Manuel Rodríguez, alumno del taller de creación literaria en el CEPER La Arboleda Perdida de El Puerto, un centro que se encuentra en «malas condiciones».
«Los maestros son los que se van a perder y eso es lo que no queremos que se pierda. Esa es la base nuestra. A nosotros nos interesa la parte básica por lo que nacieron los CEPER. Sería un despropósito de la Junta que estos talleres acaben siendo privados, el 80% de las personas mayores que estamos ahí desapareceríamos del ámbito cultural», reflexiona el portuense, que añade que «si me quitaran el centro de adultos, sería otra incongruencia más de nuestra sociedad».
Pancartas en la concentración convocada en Cádiz. MANU GARCÍA
El alumnado teme que los planes de la Junta acaben mermando la actividad en estos centros. Este medio ha intentado recabar el testimonio de directores y directoras de los CEPER sin éxito. Desde los sindicatos trasladan que para que estos puedan hacer declaraciones, la Delegación de Educación les ha solicitado que se las envíen previamente para dar el visto bueno. «La libertad de expresión se está viendo limitada», dicen. En algunos casos, algunas personas de los centros han recibido llamadas instándoles a no asistir a la concentración.
La Junta quiere potenciar las plantillas
En el contexto del cambio normativo establecido por el Gobierno de España en el Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, que desarrolla la ordenación del sistema de Formación Profesional, la Consejería de Desarrollo Educativo y FP propone potenciar los CEPER con la posibilidad de reforzar las plantillas con profesores de Secundaria, manteniendo los servicios actuales y estableciendo la coordinación de estas enseñanzas bajo un único servicio, el de planificación de las Delegaciones Territoriales.
En el mencionado Real Decreto, de aplicación a partir del 1 de septiembre de 2024, se desarrollan los cursos de formación preparatorios para el acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior, cuyo currículo se centrará en las competencias básicas que permitan cursar posteriormente con éxito los mismos, y se organizará de acuerdo con el procedimiento de acreditación de las competencias básicas para personas adultas que se regule. Según establece, estos cursos podrán impartirse en los centros públicos, preferentemente centros del sistema de Formación Profesional y de Personas Adultas, por profesorado habilitado para la docencia o, en su caso, con los requisitos previstos y acordes con las materias que deban ser impartidas.
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Concentración en defensa por la educación permanente MANU GARCÍA
Según recuerda la consejería en una nota, esta persigue “ampliar y mejorar la oferta para potenciar la empleabilidad de los andaluces, ofreciendo mayores posibilidades de acceso que permitan con mayor garantía una segunda oportunidad para retomar su formación a aquellas personas que lo necesiten o así lo decidan”.
Para ello explica que “es necesario” modificar el Decreto 36/2007, de 6 de febrero, para dar cumplimiento a la normativa estatal, estableciendo la posibilidad de dar cabida en los CEPER al profesorado del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria junto al personal del Cuerpo de Maestros, potenciando las plantillas y servicios de estos centros.
Esto fue expresado en un comunicado firmado por el Secretariado Ejecutivo de Ademu, con fecha del 10 de enero, en el que afirman que este paro se haría “con el fin de que la población en general conozca lo que está viviendo el Magisterio”, y reivindican “la defensa total e irrestricta” de los afiliados de Ademu al “uso legítimo de sus libertades sindicales”.
“Atentan contra nuestros derechos individuales y colectivos, porque atentan contra el significado de la ANEP [Administracipon Nacional de Educación Pública] y, por lo tanto, de la educación pública”, manifiestan en un pasaje del comunicado.
Asimismo, afirman que la sanción impuesta, que implicó una retención de haberes para las implicadas, “es una clara provocación que busca acallar las voces” de quienes denuncian “que esta reforma se impone desde el atropello y la violencia institucional, socavando la educación pública y dañando a las comunidades educativas que la sostienen”.
Los docentes de Primaria sindicalizados cuestionan el uso del concepto de “neutralidad” en la resolución de la ANEP, por considerarlo “perimido”.
A su vez, argumentan que “en ningún momento de la investigación y sumario se pudo demostrar una violación a la laicidad”. Para Ademu, “el contenido de la proclama leída no es de carácter proselitista, aspecto que queda ampliamente demostrado con los alegatos expresados por la defensa” de las maestras.
Por último, expresan su “rechazo total” a las “formas del proceso de resolución y comunicación”, que fue tomada el 11 de diciembre, pero comunicada el 8 de enero, según lo denunciado. “Este hecho no es inocente ya que obstaculiza la organización y convocatoria sindical”, afirman.
Por todos estos motivos, Ademu resolvió “recurrir la resolución” y “poner a consideración” de sus afiliados “medidas de luchas, incluyendo paro y movilización para la primera semana de inicio de clases”.
“Estas acciones evidencian un ataque planificado y sostenido al movimiento sindical, en un clima que no ayuda a la convivencia democrática”, concluye el comunicado.
El pacto «mejora el bienestar de los docentes y les permitirá que puedan dedicarse a la enseñanza, que es realmente lo importante», según el consejero Víctor Marín.
La Consejería de Educación y las organizaciones sindicales SIDI, ANPE, CCOO, UGT y CSIF, presentes en la Mesa Sectorial de Educación, han alcanzado este miércoles un acuerdo para reducir la carga burocrática y administrativa que soporta el personal docente de los centros escolares de la Región.
El consejero del ramo, Víctor Marín, ha presidido la reunión de la Mesa y ha destacado que este pacto «mejora el bienestar de los docentes y les permitirá que puedan dedicarse a la enseñanza, que es lo realmente importante, minimizando los tiempos que dedican a otras tareas».
«Este importante acuerdo se suma a otros como el de la implantación de las 35 horas semanales alcanzado el pasado mes de mayo, fruto del consenso con los sindicatos, y que responden a la política regional de refuerzo del prestigio del profesorado y la mejora de la atención al alumnado», ha indicado el consejero.
El responsable regional ha explicado que el primer punto del acuerdo es impulsar la dignificación de la principal función del docente, poniendo en valor su trabajo en documentos, instrucciones y posibles publicaciones, tanto institucionales, como del ámbito sindical.
Además de simplificar el proceso de justificación de faltas, bajas médicas y permisos del personal, el acuerdo incluye avanzar en hacer estos trámites de manera telemática, así como automatizar las gestiones relativas a programas e informes, entre otros.
También se simplificarán los documentos de carácter pedagógico con el fin de evitar duplicidades y se reducirá la documentación que tiene que rellenar cada tutor para derivar la diagnosis del alumnado a Orientación.
Asimismo, se trabajará en el desarrollo informático que permita expedir los historiales académicos por medios electrónicos con el fin de reducir progresivamente el uso de papel timbrado por parte de los centros educativos, y se creará en el perfil privado de Educarmde cada docente, un espacio que sirva como repositorio de documentos, títulos y otros posibles méritos al cual se pueda recurrir para su uso en los procedimientos convocados por la Consejería.
El Grupo de Trabajo de Simplificación Burocrática del personal docente de la Región de Murcia mantendrá, al menos, una reunión de trabajo en los meses de enero, marzo y junio de 2024para el seguimiento de la implantación de las medidas acordadas durante el curso 2023-2024 y, en su caso, estudio de nuevas propuestas.
lucharemos con todas nuestras fuerzas para derrocar al gobierno de Kishida».
En Colombia el sindicato de mineros quiere que se suspenda el suministro de todos los minerales y combustibles a Israel:
«Como señaló el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, estos acontecimientos ‘no cayeron del cielo’. El pueblo palestino lleva 56 años sometido a una ocupación asfixiante, ha visto su tierra constantemente engullida por asentamientos y asolada por la violencia.
Su economía se ha visto asfixiada, su población desplazada y sus hogares destruidos. Sus esperanzas de una solución política a su difícil situación se desvanecen.
La respuesta del gobierno israelí ha sido calificada por el presidente Gustavo Petro de situación similar a la vivida en los campos de concentración nazis. Es un genocidio. Ante esta barbarie, nuestro presidente llamó ayer a consultas al embajador de Colombia en Israel.
Apoyamos plenamente estas decisiones y animamos al Gobierno a suspender el envío de carbón colombiano y de todos los metales y minerales a Israel como medida de presión para un alto el fuego inmediato, una exigencia de la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos, las iglesias y a la que nos sumamos como organización sindical.
¡Alto el fuego ahora!».
El Sindicato de Ingenieros y Metalúrgicos del Reino Unido e Irlanda del Norte (UTAW-CWU) se une al llamamiento de los sindicatos palestinos para que el movimiento obrero internacional ponga fin a toda complicidad y emprenda acciones concretas contra el suministro de armas a Israel.
En Génova (Italia) los estibadores están invitados por el Colectivo Autónomo de Trabajadores Portuarios (Calp), que ha creado una red internacional para obstaculizar los «barcos de la muerte», a impedir la exportación de armas a Israel, como ya hicieron en el pasado con el material destinado al martirio de Arabia Saudí en Yemen.
En Polonia la mayor confederación de sindicatos (OPZZ) pide el fin de la cooperación militar con Israel.
Las izquierda francesa denuncia el comunicado conjunto de Alliance Police National y Unsa Police, que dibuja un escenario «en guerra» después de tres jornadas de disturbios
«No es el momento de la acción sindical, sino de la lucha contra estos “parásitos”», recoge un comunicado conjunto emitido este viernes por los sindicatos de policía franceses Alliance Police Nationale y Unsa Police, en el marco de la cuarta jornada de disturbios tras la muerte del joven Nahel a manos de un agente del suburbio parisino de Nanterre.
«Hoy, la policía está en combate, porque estamos en guerra. Mañana estaremos en resistencia, y el Gobierno tendrá que darse cuenta de ello», subraya la misiva, cuyo contenido ha desatado una oleada de reacciones en redes sociales y críticas procedentes de los sectores de la izquierda francesa.
Personalidades de la izquierda francesa de la talla de Jean-Luc Mélenchon, excandidato presidencial de La Francia Insumisa, o de la secretaria nacional de Europa Ecología Los Verdes (EELV), Marine Tondelier, criticaron a los agentes por el contenido del comunicado, que calificaron como una «amenaza de sedición» y un claro «llamamiento a la guerra civil».
El líder de la izquierda francesa pidió al «poder político» que «tome las riendas de la policía», antes de concluir: «Los que quieren la calma no echan aceite al fuego».
El diputado rebelde François Ruffin también se pronunció en contra de la misiva: «Los sindicatos de policía dicen que están “en guerra”, y preparan la “resistencia”, incluso contra el Gobierno». En este sentido, la ecologista Tondelier tuiteó: «¿Ahora podemos decir que hay un problema estructural en la policía? Este texto es un llamamiento a la guerra civil». Su compañera de filas, Sandrine Rousseau, remató, calificando el comunicado como «una amenaza de sedición».
Aunque el anuncio presidencial del aumento de 8.2% en el salario de las y los maestros fue bien recibido por buena parte de este sector, en otro, el del magisterio crítico y reflexivo, quedaron muchas dudas que no han sido del todo aclaradas, particularmente por parte de la autoridad educativa y del Sindicato nacional, encargados de las negociaciones del pliego petitorio magisterial.
Aunque la noticia fue celebrada con efusividad particularmente por el sector oficial del magisterio nacional que estuvo en primera fila para presenciar La Mañanera, la realidad es qué profundizando en el tema hay datos que no permiten identificar a ciencia cierta el impacto de éste controvertido aumento.
Y es que, en tanto no se conozca un desglose de la información o la minuta del acuerdo por parte de la autoridad, no se tendrá del todo claro si el aumento salarial será directamente al salario o si éste será escalonado o diversificado en prestaciones y otros estímulos que reciben las y los maestros, lo cual mermaría en gran medida el impacto del anuncio.
Lo que es un hecho es que el aumento generará complicaciones en los presupuestos de los gobiernos estatales, e incluso el del mismo gobierno federal pues hasta donde se sabe, en el paquete presupuestal 2023 no estaba considerado, o no al menos de tal magnitud, por lo que acá habría otro factor que podría ir minimizando la expectativa.
Algunas entidades que se encuentran en austeridad se las verán negras para generar los millonarios retroactivos y el incremento pactado (con las reservas antes mencionadas) situación que podría complicar que el incremento del pago se refleje en toda su plenitud.
Ahora, si bien el aumento salarial siempre es bien recibido, este era una de varias expectativas de los maestros para este 15 de mayo, quedando algunas pendientes como el caso de la modificación en las reglas de operación de los concursos realizados por USICAMM, la cancelación de pago en UMAS para jubilados y un análisis verdaderamente crítico de la democracia sindical.
En estos temas el Presidente fue omiso o partió de datos de una realidad ficticia, como el descrito en las elecciones del SNTE, un panorama expuesto que sólo existe en el pensamiento sindical charro, que se ha logrado confabular con los Tribunales Federales de Conciliación y Arbitraje y con la Secretaría del Trabajo, entre otros actores relevantes en la materia.
Lo cierto es que, hasta ahora, la gran mayoría de esos procesos se han impugnado sin respuesta favorable para los maestros que integraron planillas competitivas y que fueron acotadas y corrompidas por la presión del denominado charrismo sindical.
En suma, el anuncio presidencial más allá de impactar y de conciliar a un magisterio que sigue fragmentado y dividido, genera suspicacias y ahonda aún más las dudas y las críticas de sectores magisteriales, sobre todos los radicales, que han expresado que en los últimos años la democracia sindical ha sido una simulación, mientras que la asignación de plazas y la entrega de estímulos magisteriales que tenían como objetivo la revalorización docente ha sido además de escasos, poco transparentes.
Habrá que ver cuáles serán las reacciones que próximamente se irán desencadenando por parte de las fuerzas magisteriales a medida que se va a clarificando lo expuesto el día de ayer por el presidente de la República. Por el momento la CNTE ya fijo su postura.
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