“Venezuela fue examinada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por quinta vez y, otra vez, se volvió a cuestionar la independencia de los poderes en el país. Nuestras presas políticas siguen a la orden de los tribunales de justicia, aunque éstos sigan bajo las órdenes del Poder Ejecutivo”.
En este momento hay al menos veintisiete mujeres detenidas por razones políticas en Venezuela: cuatro por el intento de magnicidio con los drones (2018); tres por el caso “gobernadora de Monagas” (2019); cinco por la “Operación Gedeón” (2020); una por el caso “el estadounidense espía” (2020); una que sirvió en Miraflores (2020); una que milita en la UBCh (2021); tres vinculadas con rehenes estadounidenses (2022); cuatro caficultoras en Lara (2023, ya con medidas cautelares); dos defensoras de derechos humanos en Carabobo (2023); la madre de un militar detenido por el caso de los drones (2023); la asistente de un militante de Voluntad Popular (2023)… Y la jueza que hoy, justo hoy, 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, cumple catorce años desde que le arrebataron su libertad por dársela a un detenido.
Muchas de ellas están detenidas en pésimas condiciones en sus centros de reclusión. Algunas, mientras transcurren sus procesos penales y otras cumpliendo una condena desproporcionada o que no les pertenece.
Mientras tanto, mucho ha pasado este 2023.
Venezuela fue examinada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por quinta vez y, otra vez, se volvió a cuestionar la independencia de los poderes en el país. Nuestras presas políticas siguen a la orden de los tribunales de justicia, aunque éstos sigan bajo las órdenes del Poder Ejecutivo.
“No podemos olvidar que también tenemos mujeres que solo fueron excarceladas, o sea, todavía no son libres”
Semanas antes de que el Comité emitiera sus conclusiones y recomendaciones, el informe de la Misión de determinación de los hechos relató las nuevas formas de persecución y ataques al espacio cívico y democrático, de los cuales cualquiera de nosotros podría ser víctima en cualquier momento. Por ejemplo, hace unos días, el fiscal general Tarek William Saab solicitó orden de captura de Claudia Macero, coordinadora de comunicaciones de Vente Venezuela.
No hay que olvidarlo: 492 mujeres han sido detenidas por motivos políticos entre enero de 2018 y el 30 de septiembre de 2023, de acuerdo con el conteo del Foro Penal. Estas detenciones han ocurrido hasta por manifestaciones pacíficas por las fallas constantes en los servicios básicos.
También este año, la Defensoría de las Víctimas de la Corte Penal Internacional dijo: “En Venezuela se siguen cometiendo crímenes con impunidad”. Nuestras presas políticas y sus familias son la evidencia de estos crímenes, hoy y siempre. En este contexto, no sorprende la condecoración del fiscal general al fiscal Farik Mora, del caso drones, sancionado por la Unión Europea tras la comisión de graves violaciones a los Derechos Humanos, denunciadas por las mismas víctimas.
Este 2023, cómo no, tuvo sus alegrías: en agosto, la presa política Yelut Naspe, detenida desde 2015 bajo la figura de “prisión preventiva”, obtuvo su libertad tras cumplir una condena que jamás debió tocarle. En octubre ocurrió la liberación de cinco presos políticos, entre ellos dos mujeres.
Pero la alegría aún no es plena: Emirlendris Benítez sigue esperando atención y tratamiento médico especializado; María Lourdes Afiuni espera que le permitan viajar para recibir los suyos; Aidaliz Guarisma todavía no ha visto a su niña; Ivonne Barrios no ha visto a ningún familiar; a Jennifer Osuna no le permitieron ir al entierro de su padre; María Auxiliadora Delgado Tabosky sigue esperando su libertad para volver a comenzar su tratamiento de fertilidad; Carla Antón todavía se recupera de los tratos crueles y de la paliza que le dieron apenas la detuvieron; Marys Andreina Colmenares y Rita Virginia Pérez siguen imputadas por el delito de asociación para delinquir. Y no podemos olvidar que también tenemos mujeres que solo fueron excarceladas, o sea, todavía no son libres.
Ninguna de ellas celebró los golazos de la Vinotinto ni pudo ir al concierto de Jerry Rivera. Ellas no votaron en la elección primaria ni marcharon por el cese de la violencia de la que todavía son víctimas por ser mujeres. Una de ellas soñó con ir a ver el musical Los Miserables en el Teatro Teresa Carreño y acabó cantándose a sí misma “Otro día se va”. Porque eso es justo lo que pasa: la vida se les va, mientras que las negociaciones tienen su propio tiempo.
La ONG Acceso a la Justicia manifestó que la condena impuesta a Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín representa un «recrudecimiento de la persecución política» en Venezuela.
Según la ONG, la sentencia es parte de un patrón de represión que ya ha sido denunciado y reseñado por los organismos internacionales.
«La condena de los luchadores sociales no es más que el recrudecimiento de la persecución política en Venezuela, que incluso la anterior Alta Comisionada Michelle Bachalet había condenado, como lo contamos meses atrás», afirmó Acceso a la Justicia.
Otras ONG alzan la voz
Este martes 2 de agosto de 2023, varias ONG también se manifestaron en redes sociales para denunciar la condena a 16 años de cárcel por supuesta conspiración y asociación para delinquir a los seis sindicalistas venezolanos detenidos en 2022.
La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia en Venezuela criticó la sentencia, argumentando que los luchadores sociales fueron condenados por delitos que aseguran no cometieron, y que las únicas pruebas presentadas por la Fiscalía fueron capturas de pantalla y mensajes en Twitter.
Por su parte, la organización Provea recordó que los sindicalistas estaban en las calles exigiendo salarios dignos; por ende, dicha sentencia se calificaría como «un nuevo golpe a la protesta social y sus derechos fundamentales».
A nivel internacional, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, exigió «justicia para los luchadores sociales venezolanos», alegando que luchar por los derechos humanos no debería considerarse un crimen, y pidió la liberación de los sindicalistas.
La situación ha generado preocupación y críticas de diversas organizaciones y actores internacionales, quienes resaltan la importancia de proteger los derechos de los luchadores sociales y garantizar un debido proceso en el sistema judicial venezolano.
¿Quiénes son los detenidos?
De acuerdo con Acceso a la Justicia, cinco de los detenidos tienen en común su militancia o pasado en el partido opositor Bandera Roja. Algunos de ellos, como Reynaldo Cortés, ocupan cargos directivos dentro del partido.
Bandera Roja es una agrupación de extrema izquierda, pero que está en desacuerdo con el actual Gobierno.
Algunos de los detenidos han participado en protestas y han denunciado los obstáculos que enfrenta el movimiento sindical venezolano para proteger los derechos de los trabajadores ante organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Por su parte, Óscar Figuera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela (PCV) manifestó a través de su cuenta en Twitter: «Rechazamos la condena a 16 años de cárcel para los seis luchadores sociales y sindicalistas. Su detención no sólo ocurrió al calor de las protestas por salario, sino que la sentencia se da sin pruebas que demuestren las acusaciones. ¡Alto a la criminalización de las luchas!»
La producción argentina de Anfibia incluye un episodio sobre la Operación Estrella, que resultó en la mayor evasión de una prisión de mujeres.
Fugas: el plan perfecto no existe es una producción de Anfibia Podcast en la que se relatan, desde la voz de sus protagonistas, fugas de cárceles de América Latina. En la primera temporada recorrieron varias fugas, entre ellas la que ocurrió en la cárcel de Punta Carretas en 1971, en los años previos a la dictadura, cuando 111 presos políticos hicieron un túnel y consumaron la fuga organizada más grande de la historia, según el registro de los Record Guinness.
La segunda temporada de Fugas estrenó su primer episodio el martes 12 de julio en todas las plataformas y se publica semanalmente. Uno de los capítulos, llamado “38 luciérnagas”, está dedicado a la Operación Estrella, la fuga más grande de mujeres de la historia. Ocurrió en Uruguay el 30 de julio de 1971: las 38 presas políticas se fugaron de la Cárcel de Cabildo. La Operación Estrella fue simultánea a la de los varones de Punta Carretas.
“La cárcel de mujeres de Cabildo, en Montevideo, está de festejo: algunas presas tocan el bombo y otras bailan. Mientras celebran un falso cumpleaños, esperan ansiosas la señal que inicie la Operación Estrella, la fuga de mujeres más grande de la historia”, afirman en la promoción. A pesar de su magnitud, según plantean desde Anfibia, “casi pasa al olvido”, tal vez por haber sido protagonizada por mujeres. Por eso un episodio de Fugas “la rescata”.
Las 38 mujeres, en su mayoría integrantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, escaparon de la cárcel por una red cloacal. Aprovechando las cloacas de la zona, cavaron un túnel de un metro veinte por ochenta centímetros. Para fugarse, “en una fila perfecta caminaron 14 metros entre la tierra, el agua y la mierda en estricto silencio y sólo alumbradas por las linternas que cada una llevaba”. El capítulo cuenta con las voces de tres de sus protagonistas: Graciela Jorge, María Elia Topolansky y Lía Maciel.
Historia relegada
Sebastián Ortega, periodista y editor de Revista Anfibia, cuenta que buscaban hacer un podcast narrativo “sobre crímenes que tuviera la particularidad de que pudiera generar cierta identificación con los personajes”. La fuga de prisión encaja con la idea porque “es uno de esos elementos en los que uno puede contar una historia y sentir esa identificación con un detenido, sobre todo en los casos de presos políticos, que solamente tienen tiempo y la voluntad o el deseo de libertad”.
“Uno va acompañando esa estrategia y esa creatividad, y todo un plan detrás de eso, con lo que termina buscando es esa empatía entre el oyente y los protagonistas”, afirma Ortega. “Eso hace que uno quiera que terminen concretando o tratando de generar esa fuga, porque siente también cierta injusticia en la detención y todo lo que se desarrolla en la creatividad, la estrategia y la paciencia que tiene la puesta en marcha de un plan de fuga”, asegura. Así surgió la posibilidad de contar la fuga de los 111 presos políticos de la cárcel de Punta Carretas.
Mientras que la primera temporada abarcó episodios de Uruguay y Argentina, en la segunda temporada estaba la idea de extenderlos a toda América Latina, siempre con la premisa de que fueran las y los protagonistas quienes contaran las historias.
“La elección de la fuga de Cabildo tiene que ver con eso. Sobre todo con que cuando hicimos la de los 111 presos políticos sentíamos que de alguna manera la historia oficial de los tupamaros dejaba relegada, o de alguna manera olvidada, esa otra hazaña que era la de la fuga de mujeres más grande de la historia”, dice Ortega.
“De hecho, en el episodio una de las entrevistadas plantea que al lado de la fuga de varones, en la que aparecían todos los nombres de los líderes tupamaros propagandeados, esta termina quedando olvidada y son las propias fugadas quienes después terminan narrando su propia historia. Acá había algo de eso: buscar que fueran ellas quienes contaban esa historia que, a pesar de los libros como 38 estrellas, de Josefina Licitra, que recuperan esa historia, sentíamos que era una historia que había quedado relegada de la historia oficial de los tupamaros por un montón de motivos”, agrega.
“Era importante conseguir las voces de las propias protagonistas de esta historia, que dieran cuenta no solamente de un plan de fuga sino también de un contexto político, social y económico del país. En general, hacemos eso en todas las fugas: buscar narrar el contexto en el que se produce, pensando en que no son fugas aisladas, sino que se dan en un tiempo y en un espacio determinado”.
El episodio “38 luciérnagas” se presentará en Uruguay el domingo 9 de octubre a las 20.00 en Magnolio Sala (Pablo de María 1015). Será una experiencia sonora inmersiva y la entrada es gratuita. Para inscribirse, hay que enviar un correo electrónico a podcast@magnolio.uy.
Luego de la tensa jornada del martes, este miércoles estudiantes secundarios volvieron a salir a las calles de Santiago a manifestarse, registrándose disturbios y choques con carabineros.
Los estudiantes protestan para exigir «educación digna» y un nuevo proceso constituyente, luego de la victoria del «rechazo» en el plebiscito del pasado domingo sobre la nueva Constitución. Asimismo, demandan la liberación de los presos durante el estallido social de 2019.
En la jornada de este miércoles, se registraron incidentes en las afueras de establecimientos emblemáticos de Santiago, como el Liceo de Aplicación y el Instituto Nacional, ambos cercanos al Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo chileno.
De acuerdo con Carabineros, algunos manifestantes levantaron «barricadas incendiarias» y lanzaron «objetos incendiarios» en la vía pública, pero fueron dispersados por los uniformados.
La policía también informó que algunos de los manifestantes lanzaron «objetos contundentes» a personal de Control de Orden Público (COP) y a civiles, desde el techo del Liceo de Aplicación, que está ubicado en la calle Ricardo Cumming con Alameda.
Cerca de ese centro educativo, individuos intentaron quemar un autobús del sistema RED (antiguo Transantiago).
La estación de metro de Santa Anna fue cerrada durante la jornada debido a que decenas de manifestantes se sentaron en los andenes como forma de protesta.
Detenciones
Carabineros informó, de momento, sobre una sola detención. Se trató de «un sujeto que lanzaba objetos incendiaros» en calle Arturo Prat.
Sin embargo, la Comisión de Observadores de Derechos Humanos de la Casa Memoria José Domingo Cañas publicó que hay «nuevas detenciones de estudiantes secundarios», sin precisar el número.
El martes, cientos de estudiantes también protestaron en el centro de Santiago, en las inmediaciones del Palacio de La Moneda.
Los momentos de tensión se vivieron, antes, durante y después del cambio de Gabinete que realizó el presidente Gabriel Boric.
Luego de la matanza de estudiantes de 1968, los universitarios de México volvieron a salir a las calles el 10 de junio de 1971. La fecha es recordada como el «halconazo», pues enfrentaron otro tipo de represión encubierta.
La masacre del 2 de octubre de 1968 fue un suceso traumático para los estudiantes universitarios en Ciudad de México.
Militares usaron sus armas para terminar con una protesta estudiantil en la plaza de Tlatelolco, la cual dejó cientos de muertos, heridos, desaparecidos y detenidos.
Los universitarios no dejaron morir su movimiento, pero pasaron más de dos años sin organizar una nueva marcha masiva contra el gobierno.
Hasta el 10 de junio de 1971.
En esa fecha, un jueves de Corpus en el calendario católico – que luego daría nombre a lo ocurrido – , vieron la oportunidad de nuevamente salir a las calles y manifestarse a favor de la educación pública y el movimiento estudiantil de la época.
“Testimonios de manifestantes ese día dicen que la emoción era mucha. Era volver a tomar las calles que les habían intentado arrebatar en 1968. Entonces el 10 de junio era volver a tomar las calles y tenía un simbolismo muy importante”, le explica a BBC Mundo el historiador Camilo Vicente Ovalle.
Los universitarios se reunieron en Ciudad de México el 10 de junio de 1971.
Un grupo paramilitar, llamado los “halcones” y organizado por el gobierno mexicano, paró la protesta en seco.
A las agresiones con palos les siguió el uso de armas de fuego. Incluso los heridos fueron “rematados” en las salas de emergencias de los hospitales.
Desde entonces se conoció a lo ocurrido como el “halconazo” o la “masacre del “jueves de Corpus”, un hecho que incluso una fiscalía especial calificó décadas después como “genocidio”, pero por el que nadie fue condenado.
El motivo de la protesta
La protesta del “jueves de Corpus” se dio en respaldo a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del norte del país, que se habían ido a huelga por conflictos con el gobierno estatal.
Le sumaron sus propias demandas, como la liberación de presos políticos y la democratización de la educación pública.
La marcha exigía la liberación de presos políticos de 1968, entre otras demandas.
“Hay un golpe brutal a las movilizaciones sociales y populares en 1968, pero los estudiantes se continuaron organizando”, señala Ovalle, autor de Tiempo suspendido, un libro que documenta – incluso con archivos clasificados – lo ocurrido entorno a episodios como el de 1971.
Los universitarios en la ciudad de Monterrey pidieron la solidaridad del resto del país, así que los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), las dos instituciones superiores más importantes del país, respondieron al llamado.
En ese contexto, alumnos de la UNAM y del IPN convocaron la marcha del 10 de junio.
La manifestación estudiantil no estaba autorizada por el gobierno. Pero los jóvenes dijeron que había garantías de que sería pacífica.
Pese a que la huelga de la UANL ya se había suspendido antes de esa fecha, y las demandas se habían atendido, los estudiantes de Ciudad de México decidieron mantener la cita para protestar.
El inicio del ataque
A las 4 de la tarde, la protesta dio inicio con unos 10 mil estudiantes concentrados en el Casco de Santo Tomás, uno de los campus del IPN.
Planeaban caminar hacia el Zócalo, la plaza más importante de Ciudad de México.
“Era una marcha no autorizada. Entonces los estudiantes se encuentran calles bloqueadas por granaderos y policías que impiden que avance la marcha o que tomen otras calles”, explica Ovalle.
La policía y el ejército no buscaba disuadir activamente la protesta, pero sí bloquearon calles.
Resueltos a avanzar pacíficamente, habían caminado un kilómetro cuando se encontraron con el grupo de los “halcones” – reportes dicen que eran al menos 400 o 500 – en el cruce de dos avenidas.
Esta vez no eran uniformados de la policía del Departamento del Distrito Federal (DDF), ni del ejército, los que intentaban “romper” la protesta, como en 1968. El ataque vino de jóvenes vestidos de civil que cargaron contra el contingente estudiantil.
“Los halcones estaban esperando en el punto definido para el ataque. Sí había algunos infiltrados en la marcha, pero el grueso del grupo paramilitar entra por esa parte de la avenida y se lanza en contra de la manifestación”, explica Ovalle.
Los miembros de los “halcones” fueron armados con apoyo de la policía y el ejército, según se supo después.
Víctor Guerra, uno de los líderes estudiantiles de la época, relata que él estaba integrándose a la marcha cuando empezó todo.
“Vi que la policía se bajaba para apoyar a los halcones. Vi cómo les proporcionaban varas de bambú. Minutos después de eso empezaron los disparos“, explicó Guerra a la agencia estatal mexicana Notimex.
“Fue una ratonera”
Como luego reconocería el coronel Manuel Díaz Escobar, entonces funcionario del DDF, los “halcones” fueron financiados y capacitados por el gobierno. El militar también había estado al frente del batallón “Olimpia” que atacó a los estudiantes de la masacre de 1968.
El grupo portaba varas de bambú porque fueron entrenados en artes marciales y usaban los palos como arma kendo. La película “Roma”, de Alfonso Cuarón, así lo retrata.
Pero su actuación fue combatida por los estudiantes aquel 10 de junio.
“Son repelidos por los manifestantes. Y al ver la resistencia, se repliegan. Entran en su lugar halcones que ya llevan fusiles M-1 y otras armas de fuego que comienzan a disparar contra la manifestación”, explica Ovalle en base en la documentación que obtuvo.
Los “halcones” utilizaron armas de fuego incluso en hospitales.
Por su parte, Guerra cuenta algo similar: “Vi a un sujeto, en una foto muy famosa, que está disparando afuera de la Escuela Nacional de Maestros, hincado, disparando hacia adentro”, relata.
También asegura que desde lo alto de un edificio contiguo pudo ver disparos “hacia la multitud”.
Fue un ataque indiscriminado, que tuvo toda la intención de dispersar a los manifestantes y, nuevamente, mostrar el poder del Estado, pues la policía y el ejército respaldaron las acciones.
“Fue una ratonera (…) Como la táctica de yunque y martillo: hay una fuerza que empuja al enemigo contra una fuerza superior que los aplasta“, explica el historiador.
El “remate” en hospitales
La manifestación se dispersó al transcurrir los siguientes minutos.
Muchos estudiantes intentaron esconderse en las escuelas, negocios y viviendas de la zona. Pero ni los heridos, que habían llegado a clínicas como el Hospital Rubén Leñero estuvieron a salvo.
Algunos recuentos indican que ese día murieron hasta un centenar de jóvenes, pero la documentación muestra que fue una treintena.
“Hay periodistas, pacientes, médicos y enfermeras que fueron testigos de cómo grupos de halcones entraron al hospital y agredieron a estudiantes con armas de fuego”, explica Ovalle.
La acción se calificó como el “remate” de los heridos, documentado en numerosas notas y crónicas en los medios que, pese al control informativo del gobierno en aquella época, salieron a la luz ya que los periodistas fueron también atacados.
“La prensa estaba muy enojada con el gobierno federal. Estaban tan molestos que Luis Echeverría tuvo que reunirse con ellos a los dos días del ataque para ofrecer disculpas”, señala Ovalle.
Las autoridades de ese entonces culparon de lo ocurrido a los propios universitarios. Luego se sabría que no fue así.
Nunca se ha podido determinar cuántas víctimas hubo. Pero se calculan unos 30 muertos, cientos de heridos de distinta gravedad y decenas de detenidos.
Un “genocidio” descalificado
El líder estudiantil Félix Hernández dice que si bien la “represión” de 1968 “no se justifica y no se entiende”, la del 10 de junio “se entiende menos”.
“El gobierno decidió no utilizar a la tropa uniformada. Entonces utilizó a los halcones, un grupo paramilitar que, sin embargo, estaba formado por exmilitares o militares en activo”, señaló Hernández a Notimex.
Los periodistas también fueron atacados por los “halcones”, lo que dio pie a la publicación de notas y crónicas muy negativas para el gobierno.
En una primera reacción, la Procuraduría General de la República (PGR) indicó que, en base en una investigación, había determinado que un grupo de estudiantes estaba armado.
“Muchos de los integrantes portaban palos, varillas y otras armas”, dijo la PGR al diario El Universal. Otro grupo cargó “contra los manifestantes y fue cuando se provocó una riña colectiva en la que se dispararon armas de diverso calibre”.
Las autoridades constataron la “existencia de francotiradores que hacían sus disparos en contra de los manifestantes y de la policía”.
Pero con el paso de los días, reconocieron que los “halcones” era un grupo que había sido entrenado por el gobierno.
Luis Echeverría gobernó México entre 1970 y 1976.
El alcalde Alfonso Martínez y su jefe de policía, Rogelio Flores, renunciaron a sus cargos. El presidente Luis Echeverría ordenó una investigación.
Cincuenta años después, nadie ha sido juzgado ni encarcelado por lo ocurrido.
En la década de 2000, el gobierno de México creó una fiscalía especial para investigar sucesos como el de 1971. Se intentó que el expresidente Echeverría fuera procesado por “genocidio”.
La Suprema Corte determinó que ese delito no había prescrito para Echeverría y su secretario de Gobernación (Interior), Mario Moya Palencia, por lo que podían ser juzgados.
Pero la magistrada del caso, Herlinda Velasco, consideró que no se acreditaba el delito de “genocidio”, sino de “homicidio simple”, que sí había prescrito luego de transcurridos más de 30 años de lo ocurrido.
Nadie fue encarcelado ni juzgado por la matanza de 1971.
Para Ovalle, la matanza del “Halconazo” se explica dando un paso atrás y mirando qué ocurría en aquellos momentos en México.
“El 71 no fue una repetición del 68”, sostiene. “Fue parte de la estrategia contrainsurgente” para combatir a grupos sociales, en momentos en que el comunismo se consideraba un peligro geopolítico en el occidente liderado por Estados Unidos.
“No fueron eventos excepcionales, medidas exageradas de fuerza. Era parte de la estrategia contrainsurgente que el gobierno tenía desplegadas”, señala el historiador.
“Hoy a simple vista parece un error, volver a cometer una masacre, pero no. En esos años había una estrategia en la que los sucesos de 1968 y 1971 cobran sentido”.
Fotografías del acervo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) y de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México.
El INEHRM y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación editaron una antología con documentos de agencias de inteligencia, cables diplomáticos y notas de prensa de México y Estados Unidos sobre el “halconazo“. El libro estará en línea para su consulta y descarga gratuita en su web.
Este es un perfil del defensor de derechos humanos Lázaro Sánchez Gutiérrez, quien fue secuestrado en la zona selva de Chiapas con Victórico Gálvez Pérez. Ambos son integrantes del Frayba y documentan violaciones a derechos de pueblos indígenas.
Dedicado a tsoly y a Citlalmina, dondequiera que se encuentren, luz.
En veces las aguas subterráneas
siempre se encuentran.
Lázaro Sánchez es un defensor de derechos humanos muy peculiar. Sorprende por ser pícaro y sonriente. Es reconocido en todo Chiapas por su enorme compromiso con los pueblos chol, tseltal, tsotsil, tojolabal. Le ha tocado documentar las geografías del despojo desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Incluso, periodistas locales lo ven como pieza fundamental para la labor de derechos humanos de este Centro.
O pasa de los 45 años. Tiene una conciencia que despertó a raíz del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994. Es originario de la zona chol de la selva de Chiapas. Por ese despertar, los horizontes que se juntan con el mar, aunada la marginación de su pueblo, fue a vivir a la ciudad de San Cristóbal de las Casas desde joven.
Recuerdo a Lázaro porque fue mi primer amigo cuando recién llegué a vivir en San Cristóbal aquel 2010. De día, mesereaba. De tarde y noche, leía, estudiaba, asistía a seminarios o se dedicaba al activismo documental. No recuerdo que descansara. Siempre muy trabajador y esmerado. Intercambiamos libros.
Visitaba constantemente a los presos políticos del Cereso 5. La articulación que hizo para visibilizar al colectivo La Voz del Amate fue clave para la liberación del profesor Alberto Patishtan años después.
Una vez me le pegué en un viaje para documentar las amenazas a un pueblo tsotsil llamado Mitzitón, que puso un bloqueo carretero en contra de la construcción de la autopista san Cristóbal-Palenque (la cual sigue vigente en este 2021). Lázaro siempre tuvo apertura para compartir lo que sabía y para contextualizar los códigos comunitarios a una joven reportera como yo, que publicaba en la Radio Comunitaria Frecuencia Libre.
En ese entonces, Lázaro todavía no trabajaba en el Frayba pero ya realizaba registros de atropellos contra derechos humanos. Él reconocía desde entonces el trabajo de este Centro de Derechos Humanos. Eso lo inspiró a estudiar Derecho. Se lo propuso, se tituló y logró trabajar ahí.
Bloqueo carretero en la comunidad de Mitzitón (2010), contra la autopista San Cristóbal Palenque. 10 años después continúa el intento de imponerla. Fotos: Daliri Oropeza
Su afán de justicia, compromiso y su gran corazón lo mueven a visibilizar las causas de cientos de familias, colectivos, pueblos indígenas. No se cansó de mandarme los comunicados del Frayba desde agosto del 2015 cuando entró. Me enteré gracias a Lázaro que Pedro Faro dirigiría el Cdh a partir del 2016. Difundió en 2014 sobre el asesinato del maestro Galeano. De todos los despojos, atropellos, presos políticos, foros del CIDECI, presentaciones del libro, congresos, él alerta a las comunidades solidarias. Un sin fin de causas que lucha por visibilizar. Siempre quiso mantener bajo su perfil.
Desde que lo conozco es muy reservado con su vida personal, pero cuenta con una compañera que lo respalda y ahora, con lo del secuestro, fue la primera en alertar a Pedro Faro sobre una llamada, en donde el mismo Lázaro les dijo que junto con su compañero del Frayba, Victórico Gálvez estaban bien, que se encontraban en la localidad San Felipe, cerca de Kuxulja, municipio de Ocosingo. Le pidieron que llevara dinero, no una cantidad exacta y que alguno de sus familiares lo entregara a las 8am.
San Felipe es un pueblo donde habitan en su mayoría integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO). De hecho, esta organización tenía un plantón sobre la carretera cuando Lázaro y Victórico se dirigían a Palenque a documentar una reunión de trabajo con integrantes de la organización Pueblos Autónomos por la Defensa de los Usos y Costumbres (PADUC) y a visitar a familiares de presos.
A la altura de este plantón perdieron comunicación y rastro. No es casualidad.
Hay dos hechos que no podemos perder de vista.
El primero: desde agosto de 2020, la ORCAO ha atacado por lo menos cinco veces a la comunidad zapatista de Moisés Gandhi, ubicada en el crucero Kuxuljá, municipio autónomo de Lucio Cabañas, (igual que San Felipe, en el municipio de Ocosingo), e incluso cometieron un secuestro anterior al de Lázaro y Victórico, de un hombre base de apoyo zapatista.
El 22 de agosto del 2020, ORCAO atacó con armas de grueso calibre, quemó y saqueó las bodegas de café del Centro de Comercio «Nuevo Amanecer del Arcoiris», ubicado en el crucero de Kuxuljá. El 8 de noviembre del 2020, secuestró a Félix López Hernández, base de apoyo zapatista de la comunidad de Moisés Gandhi a quien golpearon, amarraron y encerraron sin agua ni alimentos hasta el día 11 noviembre en que fue liberado. Este 2021 la ORCAO atacó con armas de diversos calibres en tres ocasiones. Las balaceras duraron entre tres hasta cinco horas.
El segundo: el Frayba se ha dedicado a documentar estos hechos paramilitares, además de lo que sucede en Aldama con los tsotsiles desplazados por violencia y despojo, también territorio zapatista.
Hasta ahora ORCAO actúa con impunidad y los agresores no han recibido condena o castigo, actúan en complicidad con las autoridades estatales.
Tanto Lázaro como Victórico cuentan con el reconocimiento a su trabajo de Derechos Humanos. La red de organizaciones de Chiapas, AJMAC, la Diósesis de San Cristóbal de las Casas, e incluso Gobiernos Comunitarios como el de Sitalá, se pronunciaron y exigen la liberación inmediata de los defensores de derechos humanos. Urgen a las autoridades a movilizarse.
Epílogo
Querido Lázaro,
Qué difícil es escribir sobre ti cuando siempre has querido ser bajo perfil.
Espero volver a verte.
Desde este Sur que sueña y que se sueña.
Bloqueo en la carretera San Cristóbal-Palenque, en la comunidad de Mitzitón, contra la construcción de una autopista. Foto: Daliri Oropeza
Que democracia tan vanguardista la española, esa democracia que se jacta de ir por el mundo dando catedra de cómo actuar, diciéndole a los Estados soberanos como deben proceder; está a tan la vanguardia que imponen sanciones por violaciones de derechos humanos, aplica a Venezuela lo que ellos mismos no profesan en su propia tierra.
Son tan buenos dando lecciones de democracia que se fueron a dar ejemplo a Rusia, el señor Borrell daba lecciones democráticas al canciller Lavrov, pero ese atrevimiento le salió bastante caro, Borrell nunca espero una respuesta tan acertada como la realizada por Lavrov, en un ataque de vergüenza a Borrell solo le quedó sonreír y agachar la carca al enterarse de que en España existen presos políticos.
Es que no es fácil oír en boca de otro, o mejor dicho, de un canciller ruso lo que repiten distintos organismos internacionales y hasta la propia UE, que en España se han violado en distintas oportunidades los derechos humanos, son los casos de los presos Catalanes que han sido encarcelados, el caso del rapero Pablo Hasél, quien ha sido sentenciado por cantar o publicar unos tuits incomodos, o el caso de Willy Toledo, quien fue imputado por herir los sentimientos religiosos de algunos, pero es que España es tan avanzada, que sí, en España se te puede juzgar por herir sentimientos religiosos o injurias a la corona, normativas que son del siglo XIX, la UE ha solicitado en varias oportunidades al gobierno español que derogue ese tipo de legislación debido a que violenta la libertad de expresión de los ciudadanos.
La guinda del pastel fue colocada por la ministra de asuntos exteriores de España, Arancha González Laya, quien para intentar rebajar la tensión y en su soberbia expresó lo que es fundamental “en España no hay presos políticos, hay políticos presos” y esto es importante para aclarar el doble rasero con el que se mide la democracia occidental, el gobierno de Venezuela en múltiples oportunidades ha dicho que los presos por terrorismo como Leopoldo López nunca fueron presos políticos, sin embargo se impusieron sanciones en base a mentiras, un discurso que siguen manteniendo, un discurso que les sirve para seguir asfixiando al pueblo venezolano, todo esto mientras los terrorista Leopoldo López o Lorent Saleh se campean a sus anchas por la España democrática. El gobierno venezolano en múltiples oportunidades ha dado muestras de buena voluntad a la oposición y en la búsqueda de la reconciliación nacional ha indultado a varios detenidos que han atentado contra la paz de la república, por crímenes de terrorismo, a diferencia de la justicia española que envía a personas a la cárcel por cantar o enjuicia a personas por “herir sentimientos religiosos”.
Veremos que cual democracia reina en España, veremos que democracia es la que expresan cuando indulten a los presos políticos, porque sí, hay presos políticos, hay presos por expresar ideas y presos por exigir hacer política, aunque Borrell y González Laya digan lo contrario y se llenen la boca hablando de democracia a Venezuela, Cuba o Nicaragua, veremos que democracia y cual democracia serán capaces de dar.
*Richard Benavides, politólogo.
Fuente e imagen: https://www.tercerainformacion.es/opinion/15/02/2021/que-democracia-cual-democracia/
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Bloqueo en la carretera San Cristóbal-Palenque, en la comunidad de Mitzitón, contra la construcción de una autopista. Foto: Daliri Oropeza
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