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Jornada «Mujeres migrantes: conectando agendas y estrategias»

Teniendo en cuenta la importancia de conectar lo local con lo global, desde Alianza por la Solidaridad-ActionAid realizaremos la jornada «Mujeres migrantes: conectando agendas y estrategias». Será el miércoles 19 de abril, desde las 18 horas, en el espacio Ecooo de Madrid (calle de la Escuadra, 11, Lavapiés). ¡Estáis todas/os invitadas/os!

Participarán, en esta jornada, mujeres migrantes y activistas de derechos de Madrid, otros territorios de España y Perú.

Será el cierre del proyecto “Liderazgo de las mujeres migrantes en contexto COVID-19: Garantizando el ejercicio de derechos para no quedar atrás”, cofinanciado por el Ayuntamiento de Madrid.

Conocer las realidades de las mujeres migrantes

Esta jornada facilitará generar redes entre las activistas y nos permitirá conocer las situaciones diversas de las mujeres migrantes para entender mejor sus vivencias, realidades, luchas y el porqué de su trabajo para iniciar procesos de cambio que mejoren su acceso a derechos.

Creemos que el contacto con la ciudadanía es importante para que conozcan, desde las propias voces de sus protagonistas, sus realidades. Así, se motivarán para sumarse a defender los derechos de las mujeres migrantes que tanto apoyo e implicación de la sociedad necesitan.

Programa de la jornada

18:00- 19:45

Dinamización: Julissa Jáuregui, área de Migraciones de Alianza por la Solidaridad-ActionAid

Ponentes:

  • Edith Espínola, portavoz de SEDOAC y del Movimiento Regularización Ya. Logros y retos de las trabajadoras de hogar en España y del movimiento Regularización Ya.
  • Farhana Mahamud Dich, abogada y presidenta de la Asociación de Mujeres de África en Canarias. Vulneración de derechos de las personas migrantes llegadas a Canarias.
  • Rocío Gutiérrez, subdirectora del Movimiento Manuela Ramos, Perú. Migraciones de mujeres venezolanas en contexto de crisis política en el Perú.
  • Brenda Bih Chi, afrofeminista, activista antirracista y fundadora de My African Womanhood. Derecho a los cuidados y a la ciudad por parte de las mujeres migrantes “cuidadanía”.

19:45- 20:45

Fuente: https://coordinadoraongd.org/2023/04/jornada-mujeres-migrantes/

 

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El rostro de la esclavitud moderna en el Líbano

Rahim Teshome llegó a Beirut cuando tenía 15 años por medio de una ‘kafala’, un sistema de patrocinio por el que empresas y familias importan mano de obra barata. Nunca le pagaron, le confiscaron su pasaporte etíope y la violaron. Su historia es la de miles de trabajadoras domésticas

Rahim Teshome habla de Etiopía como si no fuese el país que la vio nacer. No siente nostalgia ni apego por sus raíces. A sus 26 años recuerda su infancia con mucha distancia pues, desde muy temprana edad, supo que su futuro no estaba Adís Abeba. Con tan solo seis años quedó a cargo de sus hermanas mayores tras la muerte de sus padres. “Era muy pequeña, la vida era difícil, iba a escuela, no teníamos comida y por ello decidí salir”, recapitula. En 2012 tenía 15 años y una vecina le recomendó marcharse al Líbano, como había hecho su hija, bajo el sistema de la kafala.

Kafala en árabe significa protección y, en origen, era la fórmula prevista en el derecho islámico para la acogida de huérfanos. Sin embargo, en las últimas décadas se ha convertido en el medio usado por las empresas y particulares para importar mano de obra barata a los países del Golfo y Oriente Próximo, principalmente en sectores como el de las labores domésticas o la construcción.

“Me dijeron que iba a trabajar con una familia, que me arreglaría los papeles y que cobraría un sueldo para ayudar a mis hermanas”, asegura sonriendo mientras rememora lo que iba a ser el plan perfecto de una niña que soñaba con salir de la pobreza. Embarcó con otras 150 menores de edad etíopes; ninguna sabía ubicar el Líbano en el mapa, pero estaban convencidas de que, desde su nuevo destino, iban a poder ayudar a sus familias. “El viaje fue muy largo. Estuvimos varios días en un aeropuerto de Yemen sin comida y durmiendo en el suelo”, dice Teshome.

Rahim Teshome mira hacia el exterior a través de una ventana de la sede del Anti-Racism Movement (ARM), en Beirut. Llegó al Líbano cuando tenía 15 años, le confiscaron el pasaporte y la violaron. Su historia se repite entre los miles de trabajadoras domésticas extranjeras.
Rahim Teshome mira hacia el exterior a través de una ventana de la sede del Anti-Racism Movement (ARM), en Beirut. Llegó al Líbano cuando tenía 15 años, le confiscaron el pasaporte y la violaron. Su historia se repite entre los miles de trabajadoras domésticas extranjeras.BRAIS LORENZO

“Me duele mucho recordar las condiciones en las que llegué. Tenía mucha hambre y estaba agotada”, añade. Fue a buscarla la madame, título con el que se refiere a su empleadora, la señora que la acogió como empleada doméstica y que desde entonces se convirtió en su dueña. Así lo establecen las normas de extranjería, que otorgan a los empleadores un control absoluto sobre “sus patrocinados”.

Fara Baba, portavoz del Anti-Racism Movement (ARM), lo explica: “En determinados sectores, no están amparados por el Código del Trabajo libanés. El Código de la kafala le da el poder al que da empleo y no protege a las trabajadoras como en este caso. Por eso lo llamamos una esclavitud moderna”. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) denuncia que se trata de un círculo vicioso de salarios bajos y falta de protección social. “El sistema vigente va en contra del reconocimiento del servicio doméstico como un empleo decente. Algo que afecta tanto a migrantes como a nacionales que pudieran estar interesadas en formar parte de este sector”, detalla Zeina Mezher, portavoz de Migración Laboral de la OIT para el Líbano.

Según datos oficiales, hay unas 250.000 mujeres migrantes, procedentes de África y del sudeste asiático, que son trabajadoras domésticas en un país de seis millones de habitantes. “Por nuestra experiencia sobre el terreno sabemos que este número es mucho mayor. El propio cónsul de Etiopía afirmó el año pasado que había alrededor de 450.000 ciudadanos etíopes aquí. Esto significa que el número total es mucho mayor”, aclara Baba.

El problema no era el trabajo. El problema no era mi agotamiento físico y mental. Mi problema es que me violaban el hijo y el padre de la familia

Teshome no tardó en darse cuenta del peso que caía sobre su espalda: “Me vi con 15 años gestionando una casa. Todo, absolutamente todo, lo tenía que hacer yo. Cuidaba desde los más pequeños hasta a los más mayores. Trabajaba las 24 horas del día, los siete días de la semana; y nunca me pagaban”, denuncia la joven llena de indignación. “Para comer o beber agua tenía que esperar a que la madame se marchara”, relata sobre las condiciones en las que vivía.

Cada vez habla más atropellada, como si necesitara contarlo todo, antes de que la sorprendan. Los gestos y la mirada la delatan, pese al esfuerzo que hace por disimular la angustia al recordar las atrocidades vividas. Se interrumpe y busca el aire que parece escapársele sin remedio; se frota las manos sobre las rodillas como quien busca el modo de coger impulso y enfrentarse a una realidad que no consigue dejar atrás. “El problema no era el trabajo. El problema no era mi agotamiento físico y mental”. Vuelve a hacer una pausa. “Mi problema es que me violaban el hijo y el padre de la familia”. De nuevo, el silencio.

“Ahora quiero denunciarlo y no me importa decirlo. Muchas chicas se suicidan tras sufrir abuso sexual”, anuncia con decisión. Además, insiste en que vienen de “sociedades muy conservadoras” en las que, si pierden la virginidad, son repudiadas. “Aunque hayamos sido violadas, nos consideran culpables”. La experiencia de su joven vida la ha llevado a entender que la violencia que se ejerce sobre las mujeres por el mero hecho de serlo, es estructural. Este tipo de abuso es más probable que suceda cuando las que trabajan a “puerta cerrada y con poca interacción con el mundo exterior”, recalca la portavoz de la OIT para Líbano. “Se hace aún más posible en un ambiente de trabajo desprotegido y donde el sistema priva a estos empleados del derecho a vivir y hacer su labor con dignidad”.

Desde el Movimiento Antirracista libanés resaltan que muchas de las muertes de trabajadoras domésticas son consideradas suicidio por las autoridades libanesas. “Para evitar abrir una investigación sobre las acusaciones de abuso y homicidio por parte de los empleadores”, explica su portavoz. Aseguran que es habitual que estos aleguen que “su protegida” tenía problemas de salud mental con el fin de presentar su muerte como autoinfligida y, por lo tanto, desentenderse de cualquier responsabilidad, pese a la existencia de denuncias por abusos. “Las Fuerzas de Seguridad Interna (ISF) calculan que, entre 2008 y 2018, 1.366 mujeres se habían quitado la vida en el Líbano, de las que el 13,4% eran inmigrantes etíopes”, añade Baba.

“Hace unos días, una joven etíope embarazada por violación fue expulsada del país por la familia que la empleaba. Volvió a Etiopía a criar al bebé y es que abortar no está bien visto”, denuncia. En el caso de Teshome, el hijo de la familia donde trabajaba comenzó el acoso, primero sutilmente, luego exigiéndole que le enseñara su ropa interior, después se desnudaba delante de ella y, finalmente, aprovechando los momentos en los que su madre no estaba, pasó a violarla. “Cuando le dije a la madame que su hijo me pedía cosas extrañas, me exigió que le obedeciera, que era mi hermano”, asevera. “Al cabo de un tiempo, su marido también empezó a violarme”.

Finalmente, Teshome, después de que el hijo la agrediese sexualmente por la mañana y el padre por la tarde, decidió jugársela y escapar. “Me tiré por el balcón de un segundo piso. Tenía que elegir entre la vida o la muerte”, zanja. Se salvó, pero había huido con lo puesto y sin su pasaporte, en poder de la madame. Se levantó del suelo magullada, se escondió en un callejón hasta recuperarse y tomar una decisión. Al poco, ya había puesto rumbo a Beirut, la capital.

Rahim Teshome habla con Fara Baba, portavoz del Anti-Racism Movement (ARM). Según datos oficiales, hay unas 250.000 mujeres migrantes, procedentes de África y del sudeste asiático, que son trabajadoras domésticas, pero las ONG estiman que son muchas más.
Rahim Teshome habla con Fara Baba, portavoz del Anti-Racism Movement (ARM). Según datos oficiales, hay unas 250.000 mujeres migrantes, procedentes de África y del sudeste asiático, que son trabajadoras domésticas, pero las ONG estiman que son muchas más.BRAIS LORENZO

“Me quedé deambulando en las calles y con mucho miedo a la policía porque era una persona ilegal”, relata. En la capital se juntó con otras jóvenes etíopes que también se habían escapado y desde entonces ha hecho todo tipo de trabajos para salir adelante. “He limpiado muchos bares, casas y almacenes. He trabajado en cocinas y en hoteles. A veces me pagaban, pero muchas otras me decían que, como era ilegal, no podía cobrar”, concluye.

Según Baba, la crisis en el Líbano, agudizada por la pandemia, ha creado más conciencia sobre las terribles condiciones de las mujeres migrantes bajo el sistema de la kafala. Muchos empleadores, con el desplome de la libra libanesa, ya no podían pagar los salarios. En lugar de repatriar a las empleadas con el depósito que abonaron cuando las contrataron, las mantienen sin sueldo y abusando de ellas; otros prefieren abandonarlas en las puertas de sus respectivos consulados, “sin haberles pagado y sin devolverles sus pasaportes”, asegura Baba.

En 2020, un grupo técnico coordinado por la OIT trasladó al Ministerio de Trabajo un plan de acción para desmantelar la kafala que permitiría rescindir los contratos por parte de los empleados domésticos migrantes. En segundo lugar, este aborda todos los componentes del trabajo forzoso, “como la confiscación de pasaporte, el retraso en el pago de estipendios o el abuso horario”, asegura Mezher. Sin embargo, subraya que erradicar está práctica es un camino complicado: “El reconocimiento oficial de que es un sistema abusivo que pone en riesgo vidas humanas es un punto de partida crucial”.

Hay trabajadoras domésticas que deciden volver a sus países, aunque no es fácil por temas burocráticos. “Cuando hablaba con mis hermanas, me decían que tenían a un hombre dispuesto a casarse conmigo. Era mayor, pero les daría una buena dote”. Para Teshome, regresar no estaba en sus planes, pues “habría sido transitar de una cárcel a otra”.

Lo he perdido todo, incluso mi libertad y mi dignidad. Me he ahogado tantas veces en el país de los cedros, que no me da miedo el mar

Líbano atraviesa una de las crisis económicas más graves de su historia moderna y, según la OIT, esto ha hecho bajar la demanda de empleadas domésticas. Denuncian que las agencias de contratación todavía están tratando de identificar nuevos mercados en el intento de motivar a mujeres a trabajar en el país árabe. “Existe un alto riesgo en tales tendencias, ya que las inmigrantes no cuentan con conocimientos suficientes sobre el contexto laboral y carecen de vías de buscar ayuda si es necesario”, asegura Mezher.

Para Teshome, la vida en las calles de Beirut también fue igualmente traumática. “Te ven una mujer negra y se creen que pueden hacer contigo lo que quieran”. Finalmente, se casó con un sudanés. “Necesitaba tener un apoyo y seguridad”, se justifica. “Esta es una sociedad machista. Es mejor casarme a que me violen. Nadie tiene por qué acosarme en la calle o en las casas”.

Rahim Teshome ayuda a su hijo, de seis años, a realizar las actividades escolares en el interior de su casa. “Tengo mucho miedo por él, pero debo garantizarle un lugar seguro. Si aquí el Estado no se hace cargo por el sistema de la kafala implantado, tendremos que buscar alguna solución”.
Rahim Teshome ayuda a su hijo, de seis años, a realizar las actividades escolares en el interior de su casa. “Tengo mucho miedo por él, pero debo garantizarle un lugar seguro. Si aquí el Estado no se hace cargo por el sistema de la kafala implantado, tendremos que buscar alguna solución”.BRAIS LORENZO

Pese a todo, su vida no ha cambiado demasiado, puesto que aún vive con el temor a ser detenida; lo que ha hecho puede ser motivo de cárcel o deportación. Además, no tiene papeles y sabe que jamás los tendrá y, aunque ahora tiene un hijo nacido en el Líbano, este también está en situación irregular. “La madame me dijo que mientras ella viviera, yo nunca tendría mi permiso de residencia”. La preocupación de Teshome ahora es su niño de seis años; cuando cumpla los diez, sin el permiso de residencia, no podrá ir al colegio. Su vida está limitada al trayecto de la escuela a casa. “No puedo dejarle jugar por si le pasa algo; sin documentación, pueden quitármelo”.

Ahora, su único objetivo es tener papeles. Pero lo sabe inalcanzable, ya que necesita el visto bueno de la madame y cree que ella no dará su brazo a torcer. Ahora, Teshome está preparándose para volver a emigrar. “Tengo mucho miedo por mi hijo, pero tengo que garantizarle un lugar seguro. Si aquí el Estado no se hace cargo por el sistema de la kafala implantado, tendremos que buscar alguna solución”. No tiene una fecha marcada en el calendario, pero su intención es marcharse a Turquía y de ahí intentar llegar a Europa cruzando el Mediterráneo. “Lo he perdido todo, incluso mi libertad y mi dignidad. Me he ahogado tantas veces en el país de los cedros, que no me da miedo el mar”.

Fuente: https://elpais.com/planeta-futuro/2022-05-03/el-rostro-de-la-esclavitud-moderna-en-el-libano.html

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México: Enfrentan mujeres migrantes discursos de odio y violencia sexual

Las mujeres y niñas migrantes y refugiadas se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad a lo largo de su trayecto y aún en su destino, informó Tamara Martínez Ruíz, coordinadora para la Igualdad de Género de la UNAM, en la mesa “Rechazando la discriminación y los discursos de odio: acceso de la mujer migrante a la justicia”.

“Una de las problemáticas a las que se enfrentan son los discursos de odio, que tienen detrás distintos niveles de violencia o agresión y consecuencias que muchas veces son fatídicas”.

La educación es una de las herramientas más poderosas para la erradicación de la violencia en el mundo y es una manera de lograr el acceso a la justicia para las mujeres migrantes, afirmó

Se trata de uno de los ejes importantes para que se empoderen y accedan a un empleo, y con ello logren mejor condición de vida, agregó al participar en el “Segundo Encuentro Cultural Mujer Migrante de México y el Mundo”, organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a través del Consulado General de México en Houston.

La universitaria recalcó que es preciso considerar la feminización de la migración como escenario contemporáneo. En 2017, “México fue el principal expulsor de mujeres; de la violencia no se cuenta con cifras exactas; sin embargo, se sabe que entre 24 y 80 por ciento de las mujeres migrantes y refugiadas experimentan violencia sexual en su tránsito”.

Y agregó: “son un detonante de prácticas violentas de distintos órdenes, políticas, económicas o sociales, y de su perpetuación. Incluso, llegan a materializarse en crímenes contra personas o grupos que son considerados como inferiores o ‘peligrosos’”. Entre las mujeres migrantes ese discurso encuentra uno de sus máximos grados de violencia en el feminicidio.

Ante estos mensajes, recalcó la coordinadora, es imperante manifestar una postura de cero tolerancia y considerar límites entre la libertad de expresión y la incitación o promoción del racismo, sexismo, misoginia y xenofobia, entre otros. También se requiere incluir la perspectiva de género en el tema de las migraciones.

Para combatir la violencia de género y los discursos de odio contra las mujeres migrantes, la universitaria propuso, entre otras acciones, la colaboración entre instituciones políticas, organismos internacionales y sociedad.

Fuente: https://www.unomasuno.com.mx/enfrentan-mujeres-migrantes-discursos-de-odio-y-violencia-sexual/

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Habitar un país que no reconoce la violencia sistémica contra las mujeres… migrantes y refugiadas

Mujeres Transnacionales/Instituto Para Las Mujeres En La Migración, AC (IMUMI)

El pasado 27 de marzo policías de Tulum, Quintana Roo, asesinaron a Victoria, una mujer salvadoreña que desde 2018 fue reconocida como refugiada en México. Ella, como casi todas las mujeres migrantes y refugiadas en el país, trabajaba en el sector servicios, en un hotel. Era madre de dos adolescentes. Victoria fue sometida por 4 policías, y de acuerdo con el dictamen de la necropsia tuvo una fractura en la parte superior de la columna producida por la ruptura de la primera y segunda vertebra, provocando su muerte.

Desde las organizaciones que apoyamos día con día a las mujeres migrantes y sus familias, nos quedamos horrorizadas al ver como quienes están encargados de proteger a la sociedad podrían matar a una mujer con ese nivel de brutalidad, pudiendo prevenirse. Sin conocer los detalles, nos preguntamos cuáles de las características interseccionales de vulnerabilidad de Victoria habrían intervenido para que la policía, en ese momento, no temiera las consecuencias, no siguiera los protocolos del uso de la fuerza, ni para llamar a una ambulancia cuando ella ya no respondía. ¿Fue por que era mujer, por ser extranjera, por el color de su piel, por su edad, por parecer de bajos recursos económicos?

No sabemos, pero intuimos que más allá de los factores de discriminación, la impunidad se destaca como factor principal que hizo que siguieran con la rodilla sobre su cuello. El hecho de que alguien haya filmado el momento y que las organizaciones feministas se hayan movilizado en redes inmediatamente es lo que nos da la posibilidad de buscar justicia para Victoria. Esa es la repugnante e importante diferencia entre el caso de Victoria y los otros feminicidios, homicidios y actos violentos en contra de la población migrante por parte de las autoridades, que han ocurrido en los últimos años y que no han producido la misma reacción del Estado, ni las mismas investigaciones, ni cobertura mediática, ni reclamo de la sociedad.

Y, aun así, como sociedad, nos quedamos cortas. Las imágenes de los policías matando a Victoria con el uso excesivo de la fuerza, según se aprecia en diferentes vídeos, recordaban lo sucedido en mayo de 2020 en Estados Unidos con George Floyd. Sin embargo, a diferencia de ese hecho, no ocupó las primeras planas de todos los diarios nacionales, no hubo marchas tumultuarias contra el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, contra el racismo, la xenofobia y la discriminación en razón de género, profundamente arraigadas en México. Incluso, algunos medios de comunicación hablaban de “muere mujer migrante”. Victoria no murió, a Victoria la mataron. La forma de describir los hechos, y la reacción de la sociedad son importantes para empezar a revertir la plaga de la impunidad, pero el sistema de justicia penal también tiene que cambiar para que no sea la sociedad quien, a través de videos de celular, recolecta la evidencia y hace la investigación.

El caso de Victoria no es aislado o la excepción, pero si es emblemático del uso excesivo de la fuerza de la policía y de lo que viven las personas migrantes y refugiadas y sus familias. En diciembre de 2018, una mujer es asesinada por policías de Veracruz mientras disparaban a un vehículo en la carretera La Venta – Agua Dulce. En marzo de 2020 circuló un vídeo en el que policías de Tijuana asfixian a un hombre y, hace pocos días, el 30 de marzo de 2021, la Secretaría de la Defensa Nacional admite que un militar mató a un migrante guatemalteco en Chiapas por accidente.

Organizaciones de la sociedad civil mexicana y organismos internacionales han documentado, desde hace décadas, la violencia que viven las mujeres migrantes, principalmente durante su detención migratoria por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), en su tránsito por el país, y el incremento de la violencia por parte de la policía, el ejército y, recientemente, la Guardia Nacional al realizar labores de contención migratoria. Incluso, el 27 de octubre de 2020 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite la Recomendación 50/2020 por las agresiones contra personas migrantes en los municipios de Suchiate y Frontera Hidalgo, Chiapas, por parte de elementos del INM y de la Guardia Nacional. Actualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos la revisión de inconstitucionalidad de la participación de la Guardia Nacional en labores de control migratorio.

Las imágenes y videos nos permitieron conocer el caso de Victoria, pero ¿cuántas mujeres migrantes o refugiadas han sido asesinadas por uso excesivo de la fuerza de la policía o de militares o de la Guardia Nacional o de los agentes del Instituto Nacional de Migración? Es poco probable que lo sepamos ya que no existe un registro nacional que nos permita conocer los tipos y modalidades de violencia de la que son objeto. Entre 2014 y 2016, del total de delitos cometidos contra la población migrante, el 99 por ciento de los casos quedo impune.

Hoy, a unos días del asesinato de Victoria aún hay muchas incógnitas que resolver, pero por sobre todas las cosas es necesario que el gobierno federal y local garanticen una investigación pronta y transparente como feminicidio, por uso excesivo de la fuerza, un proceso que garantiza la reparación del daño, y la no repetición. Medidas de no repetición, que tendrían que incluir reformas estructurales al sistema de seguridad pública de Quintana Roo, más allá de capacitaciones en el uso de la fuerza. Así como medidas para que las policías tuvieran sueldos y condiciones de trabajo dignos, que fuera respetado su trabajo y que tuvieran el cien por ciento de certeza que violar los protocolos tendrá consecuencias.

El sistema de justicia penal no puede regresar a Victoria, pero su vida tendrá continuación a través de sus dos hijas adolescentes que quedaron sin madre.  ¿Ahora dónde encontrarán seguridad si no pueden vivir en El Salvador, pero su país de refugio tampoco las puede proteger? Esta es una tarea profunda que nos toca resolver para lograr elementos de justicia en el caso.

Aún si un primer paso fue la vinculación a proceso y medidas cautelares que ordenó un Juez de Control del Distrito de Tulum, Quintana Roo, quien resolvió vincular a proceso a los 4 policías por el delito de feminicidio en agravio de Victoria Salazar, en la audiencia que se llevó a cabo el pasado 3 de abril. En tanto, el cuerpo de Victoria será repatriado, en un vuelo privado, en compañía de su familia y sus hijas quienes irán a El Salvador a despedirse de su madre. Lo que sigue, es la protección de las niñas para que no tengan que vivir con la misma inseguridad que su mamá.

#JusticiaParVictoria seguirá siendo la consigna, por ella, por sus hijas, y por todas las mujeres migrantes y refugiadas que son asesinadas en este país.


*Gretchen Kuhher: Directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI). Abogada, especialista en la participación de las mujeres en la migración desde una perspectiva de género.


Fuente e imagen:  https://desinformemonos.org/habitar-un-pais-que-no-reconoce-la-violencia-sistemica-contra-las-mujeres-migrantes-y-refugiadas/

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Expulsadas de sus países, esclavizadas en España

Por: Olivia Carballar

Ninguna de las mujeres que hablan en este reportaje viajó hasta España por placer o por gusto. Ninguna lo hizo para pasar unas vacaciones. Todas las mujeres que hablan en este reportaje llegaron a España por necesidad, obligadas por la situación política, social y económica de su países de origen. De allá –aseguran todas ellas– se sienten expulsadas. Acá –dicen igualmente– se sienten ninguneadas, como si el trabajo que realizan no valiera nada, como si fueran menos que nadie. Ninguna imaginaba, según su relato, que iba a pasar por situaciones vejatorias, en ocasiones, de maltrato, en este “país del primer mundo”, como en algún momento definen España. Todas aceptaron las condiciones laborales que les pusieron encima de la mesa, a pesar de que, más veces que menos, esas condiciones no reconocían –ni reconocen– su dignidad como personas, como seres humanos. Porque ninguna, ninguna de ellas, quería dejar de enviar dinero a su familia. Y porque a veces hay que recordar lo obvio: todas tienen que comer.

Son trabajadoras del hogar, mujeres migrantes de Centroamérica que decidieron dejar su vida y comenzar algo a lo que no se atreven a llamar una nueva vida. Comenzaron, por poner un nombre, otra cosa. Sus vidas, las de verdad, son las que no les dejaron vivir allá, sus carreras frustradas, la educación de sus hijos e hijas, sus casas, los abrazos perdidos de los abuelos y abuelas que ya no están. La mayoría no ha regresado a su tierra desde entonces. Todas conviven con la idea de que tardarán tiempo en hacerlo. La pandemia vino a poner, como en muchas otras desigualdades invisibles, la guinda de una situación que algunas califican como de “esclavitud moderna”.

Lo que cuenta Vanessa al otro lado del teléfono, desde Barcelona, puede encajar en esa definición. De 34 años y enfermera en Honduras, emprendió el viaje embarazada de cuatro meses, acompañada por su marido y la hija que ya tenían de nueve años. Llegaron a España el 22 de noviembre de 2016. Y aquel día empezó a formar parte del listado de fechas importantes que, para bien o para mal, nunca se olvidan. Contaban con el apoyo de su cuñada, ya asentada desde mucho antes, con un trabajo fijo y una red. Pero había un ESTO. Esto era lo que había, esto es lo que hay. Un ESTO por lo que, según los testimonios recopilados y las experiencias que comparten de otras compañeras, tienen que pasar.

Tras dar a luz a su hijo, en la primera casa donde trabajó, como interna, había días que solo dormía una hora. Lo hacía sentada en una silla de plástico, aterrorizada pensando en cuándo sonaría el timbre. “Tenía un timbre en la habitación”, narra Vanessa. Aún dice que lo escucha, años después: “Recuerdo ese timbre, el sonido de ese timbre. Nunca pensé que recibiría maltrato”. Según explica, la señora a la que cuidaba la sometía a humillaciones: “Cada cinco minutos me decía que quería agua, o pipí o galletas. Yo la tenía que mover a todos lados. Inmigrante de eme. Hija de la gran pe. Todo eso me decía. Y una no está acostumbrada a oír esas cosas. Me hice mucho daño en la espalda”.

Cuenta que la hija de aquella mujer le propuso pagarle 100 euros más. Entonces cobraba 1.000 euros: por un trabajo continuo e interno con apenas unas horas libres a la semana. No había otra cosa, no hay otra cosa, esto es lo que había, esto es lo que hay, resuena como un eco. Pero aquella vez, dijo que no. No se trataba de dinero. Se trataba ya de no sufrir, de dignidad: las fajas que tiene que llevar para aguantar el dolor y las lloreras que se pilla ahora al ver las fotos de su hijo cuando aún era un bebé y ella no podía apenas verlo. “Yo le quité el pecho para irme a esa casa, con cinco meses, no lo veía. Y cuando lo hacía, no lo podía cargar del dolor de espalda. Cuando dejé aquel trabajo y volví, mi hijo me rechazaba. Mi hijo no me quería, no me conocía. Y no quería que lo cargara”. Otra vez, en otra casa, le pidieron que limpiara la cocina a fondo y, varias horas después, le dieron cuatro euros. “Salí llorando, cuatro euros”.

Los testimonios de otras compañeras que pertenecen a la Red de Hondureñas Migradas, son parecidos: hay quien ha sufrido abusos, hay quien tiene que comprarse el papel higiénico, hay quien solo puede comer lo que come la persona a la que cuida: patatas hervidas, zanahorias hervidas. Hay quien come sopa de tomate el lunes. Y al día siguiente la come con arroz. Y al día siguiente la come en revuelto. “Es triste. Ni los cerdos comen aquí así. Es lo que hay. Mi amiga lo hace porque está sacando un curso para estudiar un módulo superior. Siempre nos mueve la necesidad y siempre tenemos claras las metas que tenemos”, explica Karla, hondureña de 47 años.

Y hay, también, quien en los meses de confinamiento se ha pasado encerrada, aguantando todas estas situaciones, con dos tetra bricks de leche para cuatro meses, como denuncia Rafaela Pimentel, una de las impulsoras de la Red de Trabajadoras del Hogar y de la asociación Territorio Doméstico. “Ya veníamos de situaciones difíciles, por eso estamos organizadas. Veníamos de años reclamando derechos básicos para mujeres que realizan un trabajo importante y un trabajo esencial. Aunque el nombre se lo han puesto ahora. Esencial. Sin nuestro trabajo, la sociedad no podría moverse. Y con la pandemia ha sido horrible. Las personas que teníamos que estar cuidando, en primera línea, no teníamos ningún apoyo. ¿Qué podríamos esperar? Pues que se complicara más”, dice Rafaela entre cortes de túneles, mientras hace el trayecto en tren desde su casa a su trabajo, en Madrid. Ella es dominicana y lleva 28 años en España. La primera vez que empezó a organizarse fue en su barrio, en Vallecas, allá por el año 95. En 2006 puso en marcha Territorio Doméstico. Estamos en 2020 y las trabajadoras del hogar continúan sin derechos básicos: ni tienen paro ni cotizan en el Régimen General de la Seguridad Social.

“Muchas compañeras tuvieron que quedarse durante los cuatro meses que duró el confinamiento en los trabajos porque, claro, los cuidados no se podían dejar. A muchas se las llevaron fuera de Madrid. Sin ver a sus familias, a sus amigas, sin ver a nadie. Y, como colectivo –prosigue Rafaela–, hemos tenido que aportar un sostenimiento de psicología terapéutica para algunas compañeras. Porque esto va a tener un impacto terrible. Muchas trabajadoras encerradas vivieron situaciones más complicadas por la propia pandemia, con más trabajo, con horarios terribles, compañeras que apenas les daban de comer, sin ni siquiera hacer una llamada, ni poder enviar dinero a su familia. Los locutorios estaban cerrados. Y mucha gente sin papeles envía el dinero por locutorios porque como no tiene cuenta en el banco…”.

Según las cifras que se manejan, con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), del Ministerio de Trabajo y otras entidades, el colectivo de empleadas del hogar está compuesto por unas 600.000 trabajadoras, la mayoría mujeres extranjeras, pero unas 200.000 de ellas no cotizan. Un informe del sindicato UGT indica que los sueldos de las personas que trabajan en el sector doméstico son cerca de un 60% menores al salario medio bruto en España. Y, según un estudio de Oxfam Intermón y del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III, una de cada tres empleadas domésticas vive en hogares que están por debajo del umbral de la pobreza (el 16% en la población general) y duplican los retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca respecto a cualquier otro trabajador. El mismo informe calcula que si este sector económico estuviera legalmente remunerado equivaldría al 2,8% del PIB.

“El colectivo de trabajadoras del hogar y cuidados es el único sin derecho a paro, podemos ser despedidas sin causa justificada y estamos excluidas de la ley de prevención de riesgos laborales. Seguimos cuidando en esta situación a miles de personas que lo necesitan en sus domicilios y que no son atendidas desde un sistema público insuficiente e infradotado. Somos 600.000 trabajadoras. Hemos denunciado la discriminación histórica que sufre nuestro colectivo y hoy somos excluidas nuevamente”, decía el escrito, al inicio del primer confinamiento, que la Red Estatal de Trabajadoras del Hogar trasladó al Gobierno. Porque, de la misma manera que han sido ignoradas tradicionalmente, las trabajadoras del hogar también quedaron para el final en la lista de ayudas adoptadas por el Gobierno en plena pandemia. En los primeros meses de pandemia, el sistema especial de Empleadas de Hogar perdió unas 20.000 afiliadas.

Del subsidio extraordinario por desempleo aprobado el 31 de marzo –del que quedaban excluidas las mujeres sin papeles o aquellas que no cotizan, muchas de ellas por la propia situación diabólica de precariedad en el sector–, el Gobierno ha reconocido la prestación al 80% de las solicitantes. Según una respuesta parlamentaria, hasta el 4 de noviembre, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social había resuelto 36.587 solicitudes. Hasta octubre solo se habían resuelto 23.000 de las 52.000 que habían sido presentadas. “La falta de respuesta gubernamental es tal que se ha resuelto menos de la mitad de una prestación que estructuralmente ya es insuficiente y no cubre ni la totalidad de las compañeras ni se corresponde con la realidad precarizada y vulnerable del sector”, denunció entonces el recién creado sindicato SINTRAHOCU en su primer comunicado, en el que exigía, además, la inclusión de las trabajadoras del hogar en la ampliación de todos los subsidios, entre ellos la Renta Activa de Inserción y obligar la inspección laboral y prevención de riesgos laborales adaptadas a las medidas sanitarias por la COVID-19.

Hay más colectivos que consideran que los sindicatos mayoritarios no las representan y se han autoorganizado ellas mismas, como ha ocurrido también en otros sectores como el de las Kellys o camareras de piso. Desde Barcelona, Sindihogar, Sindicato independiente de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados (THC), nació, según explican, ante la ausencia de una organización independiente, con perspectiva de género, clase y raza de orden jurídico sindical. En su página web resumen el listado de reivindicaciones. O, dicho de otra manera, el listado de las discriminaciones que sufren: ratificación del Convenio 189 de la OIT (2011), que obliga a la equiparación de los derechos laborales y de seguridad social de las trabajadoras del hogar y del cuidado al resto de trabajadores/as; inclusión total del empleo del hogar en el régimen General de la Seguridad Social; derecho a la prestación por desempleo: cotización por salarios reales; obligación por parte de las personas empleadoras a realizar contratos por escrito; eliminación del pago en especie; tabla salarial con revisión según el IPC; cumplimiento de las pagas extras; derecho a vacaciones anuales y descansos diarios y semanales; derogación del despido por desistimiento de la persona empleadora; eliminación de las oficinas de colocación y de las ETT, la derogación de la Ley de Extranjería; visibilización de las situaciones precarias de las cuidadoras, las trabajadoras por horas y las internas, sensibilización; y concienciación en torno a la fundamental importancia social del trabajo del hogar y de los cuidados.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo que la prestación por desempleo había llegado para quedarse. “Que se dejen de chapuzas, queremos estar en el régimen general, que este trabajo se reconozca, que las personas que lo hacemos seamos valoradas y tengamos derechos como cualquier otro trabajador, y ya está, un salario digno que nos permita tener una vivienda digna. Eso es lo que debe hacer el Gobierno, que se deje de chapuzas”, afirma rotunda Rafaela Pimental, que gana 690 euros. En ese mismo trayecto, su teléfono no deja de sonar a diario. Es el momento de atender a las compañeras, de echar las manos, de seguir organizándose ante lo que consideran un abandono por parte del Estado. El día antes, rememora, una amiga la llamó para contarle la situación de una mujer a la que tratan de ayudar en estos momentos: “Tiene dos hijos, uno de 5 y otro de 14 años, con asilo, no tiene trabajo, que es lo único que pide. Y si no paga la habitación este mes los echan. Necesita ropa, abrigo, un techo y alimentos. Lo básico”. Y añade, para remarcar lo que significa básico: “Vamos, una mierda”.

Los testimonios de otras compañeras que pertenecen a la Red de Hondureñas Migradas, son parecidos: hay quien ha sufrido abusos, hay quien tiene que comprarse el papel higiénico, hay quien solo puede comer lo que come la persona a la que cuida: patatas hervidas, zanahorias hervidas. Hay quien come sopa de tomate el lunes. Y al día siguiente la come con arroz. Y al día siguiente la come en revuelto. “Es triste. Ni los cerdos comen aquí así. Es lo que hay. Mi amiga lo hace porque está sacando un curso para estudiar un módulo superior. Siempre nos mueve la necesidad y siempre tenemos claras las metas que tenemos”, explica Karla, hondureña de 47 años.

Y hay, también, quien en los meses de confinamiento se ha pasado encerrada, aguantando todas estas situaciones, con dos tetra bricks de leche para cuatro meses, como denuncia Rafaela Pimentel, una de las impulsoras de la Red de Trabajadoras del Hogar y de la asociación Territorio Doméstico. “Ya veníamos de situaciones difíciles, por eso estamos organizadas. Veníamos de años reclamando derechos básicos para mujeres que realizan un trabajo importante y un trabajo esencial. Aunque el nombre se lo han puesto ahora. Esencial. Sin nuestro trabajo, la sociedad no podría moverse. Y con la pandemia ha sido horrible. Las personas que teníamos que estar cuidando, en primera línea, no teníamos ningún apoyo. ¿Qué podríamos esperar? Pues que se complicara más”, dice Rafaela entre cortes de túneles, mientras hace el trayecto en tren desde su casa a su trabajo, en Madrid. Ella es dominicana y lleva 28 años en España. La primera vez que empezó a organizarse fue en su barrio, en Vallecas, allá por el año 95. En 2006 puso en marcha Territorio Doméstico. Estamos en 2020 y las trabajadoras del hogar continúan sin derechos básicos: ni tienen paro ni cotizan en el Régimen General de la Seguridad Social.

“Muchas compañeras tuvieron que quedarse durante los cuatro meses que duró el confinamiento en los trabajos porque, claro, los cuidados no se podían dejar. A muchas se las llevaron fuera de Madrid. Sin ver a sus familias, a sus amigas, sin ver a nadie. Y, como colectivo –prosigue Rafaela–, hemos tenido que aportar un sostenimiento de psicología terapéutica para algunas compañeras. Porque esto va a tener un impacto terrible. Muchas trabajadoras encerradas vivieron situaciones más complicadas por la propia pandemia, con más trabajo, con horarios terribles, compañeras que apenas les daban de comer, sin ni siquiera hacer una llamada, ni poder enviar dinero a su familia. Los locutorios estaban cerrados. Y mucha gente sin papeles envía el dinero por locutorios porque como no tiene cuenta en el banco…”.

Según las cifras que se manejan, con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), del Ministerio de Trabajo y otras entidades, el colectivo de empleadas del hogar está compuesto por unas 600.000 trabajadoras, la mayoría mujeres extranjeras, pero unas 200.000 de ellas no cotizan. Un informe del sindicato UGT indica que los sueldos de las personas que trabajan en el sector doméstico son cerca de un 60% menores al salario medio bruto en España. Y, según un estudio de Oxfam Intermón y del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III, una de cada tres empleadas domésticas vive en hogares que están por debajo del umbral de la pobreza (el 16% en la población general) y duplican los retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca respecto a cualquier otro trabajador. El mismo informe calcula que si este sector económico estuviera legalmente remunerado equivaldría al 2,8% del PIB.

“El colectivo de trabajadoras del hogar y cuidados es el único sin derecho a paro, podemos ser despedidas sin causa justificada y estamos excluidas de la ley de prevención de riesgos laborales. Seguimos cuidando en esta situación a miles de personas que lo necesitan en sus domicilios y que no son atendidas desde un sistema público insuficiente e infradotado. Somos 600.000 trabajadoras. Hemos denunciado la discriminación histórica que sufre nuestro colectivo y hoy somos excluidas nuevamente”, decía el escrito, al inicio del primer confinamiento, que la Red Estatal de Trabajadoras del Hogar trasladó al Gobierno. Porque, de la misma manera que han sido ignoradas tradicionalmente, las trabajadoras del hogar también quedaron para el final en la lista de ayudas adoptadas por el Gobierno en plena pandemia. En los primeros meses de pandemia, el sistema especial de Empleadas de Hogar perdió unas 20.000 afiliadas.

Del subsidio extraordinario por desempleo aprobado el 31 de marzo –del que quedaban excluidas las mujeres sin papeles o aquellas que no cotizan, muchas de ellas por la propia situación diabólica de precariedad en el sector–, el Gobierno ha reconocido la prestación al 80% de las solicitantes. Según una respuesta parlamentaria, hasta el 4 de noviembre, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social había resuelto 36.587 solicitudes. Hasta octubre solo se habían resuelto 23.000 de las 52.000 que habían sido presentadas. “La falta de respuesta gubernamental es tal que se ha resuelto menos de la mitad de una prestación que estructuralmente ya es insuficiente y no cubre ni la totalidad de las compañeras ni se corresponde con la realidad precarizada y vulnerable del sector”, denunció entonces el recién creado sindicato SINTRAHOCU en su primer comunicado, en el que exigía, además, la inclusión de las trabajadoras del hogar en la ampliación de todos los subsidios, entre ellos la Renta Activa de Inserción y obligar la inspección laboral y prevención de riesgos laborales adaptadas a las medidas sanitarias por la COVID-19.

Hay más colectivos que consideran que los sindicatos mayoritarios no las representan y se han autoorganizado ellas mismas, como ha ocurrido también en otros sectores como el de las Kellys o camareras de piso. Desde Barcelona, Sindihogar, Sindicato independiente de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados (THC), nació, según explican, ante la ausencia de una organización independiente, con perspectiva de género, clase y raza de orden jurídico sindical. En su página web resumen el listado de reivindicaciones. O, dicho de otra manera, el listado de las discriminaciones que sufren: ratificación del Convenio 189 de la OIT (2011), que obliga a la equiparación de los derechos laborales y de seguridad social de las trabajadoras del hogar y del cuidado al resto de trabajadores/as; inclusión total del empleo del hogar en el régimen General de la Seguridad Social; derecho a la prestación por desempleo: cotización por salarios reales; obligación por parte de las personas empleadoras a realizar contratos por escrito; eliminación del pago en especie; tabla salarial con revisión según el IPC; cumplimiento de las pagas extras; derecho a vacaciones anuales y descansos diarios y semanales; derogación del despido por desistimiento de la persona empleadora; eliminación de las oficinas de colocación y de las ETT, la derogación de la Ley de Extranjería; visibilización de las situaciones precarias de las cuidadoras, las trabajadoras por horas y las internas, sensibilización; y concienciación en torno a la fundamental importancia social del trabajo del hogar y de los cuidados.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo que la prestación por desempleo había llegado para quedarse. “Que se dejen de chapuzas, queremos estar en el régimen general, que este trabajo se reconozca, que las personas que lo hacemos seamos valoradas y tengamos derechos como cualquier otro trabajador, y ya está, un salario digno que nos permita tener una vivienda digna. Eso es lo que debe hacer el Gobierno, que se deje de chapuzas”, afirma rotunda Rafaela Pimental, que gana 690 euros. En ese mismo trayecto, su teléfono no deja de sonar a diario. Es el momento de atender a las compañeras, de echar las manos, de seguir organizándose ante lo que consideran un abandono por parte del Estado. El día antes, rememora, una amiga la llamó para contarle la situación de una mujer a la que tratan de ayudar en estos momentos: “Tiene dos hijos, uno de 5 y otro de 14 años, con asilo, no tiene trabajo, que es lo único que pide. Y si no paga la habitación este mes los echan. Necesita ropa, abrigo, un techo y alimentos. Lo básico”. Y añade, para remarcar lo que significa básico: “Vamos, una mierda”.

“España hace oídos sordos a la OIT. A nosotras nos dejan desprotegidas si el anciano muere o la situación económica de la familia cambia, como con la pandemia. Yo no tengo a nadie en este país que me acoja si me quedo sin nada. Y eso nos hace más vulnerables. Zapatero lo dejó para enero de 2019, pero el señor Rajoy lo pospuso a 2025. Si nosotros ponemos nuestra mano de obra, si nuestro trabajo cotiza en la Seguridad Social, vamos a levantar este país”, argumenta la hondureña Karla.

Ella cuenta que tenía su propio protocolo en la casa donde trabajaba y donde sigue trabajando, en Cáceres (Extremadura). Y gracias a él, sin saber que estaba contagiada, evitó que la persona mayor a la que cuida se contagiara. “Yo sufrí el COVID cuidándola. Estuve muy mal, con apenas fuerza. Me ponía malita. Fue al principio, en abril. No supe que era COVID. Pero siempre la cuidaba con la mascarilla puesta. Me enteré en julio, porque cuando fui a hacerme una colonoscopia que tenía prevista y me hicieron la PCR por protocolo de anticuerpos positivos. La carga viral era suave. Yo me cuidé tanto por ella, porque su vida depende de mi cuidado. Muy fuerte la señora, y no lo cogió. Gran susto”.

Cuatro años después de llegar a España, Karla trabaja como interna y vive ahora, según sus propias palabras, una situación aceptable. Pero no olvida lo que ha pasado, el hambre, la necesidad, el frío y esa especie de impuesto revolucionario que tienen que pagar por ser migrante, mujer, de otro país, cuando vienen de su país de pagar otros tantos: “Allá tú tienes un negocio, llega un grupo dedicado al crimen organizado, al narcomenudeo, te dicen ‘usted tiene que darme tanto y yo la cuido’. Y eso de cuidar es que nadie te va a asaltar. Y luego hay otro grupo que se llaman maras y vienen a pedirte. Y de repente hay tres grupos delictivos pidiéndote y tu negocio no te da. Si tú decides cerrarlo o emigrar, y ellos se enteran, te matan antes de que tú cierres o te vayas. Y estás amarrada. Y lo triste es que todo ese dinero de las extorsiones va para arriba, es una cadena. El señor que gobierna tiene el control sobre esas maras. La vida no vale nada”.

Karla trabajaba para el Estado. Era funcionaria, asesora técnica financiera: “Brindaba asesoría para quienes abrían un negocio. Yo tenía un salario mes a mes, pero la situación es tan peligrosa… que sales en la mañana y no sabes si vas a volver con vida por la tarde. Vas en el coche, en el comercio, y te apartas a un lado para no pisar un charco de sangre de alguien a quien han asesinado por ajustes de cuentas. Abusan en las oficinas. Uno se recoge a las seis de la tarde por el peligro. Los negocios… Vienes del súper, abres el portón de tu casa y entran los ladrones contigo, te roban la compra, el coche y, si entran dentro, hacen y deshacen, con abusos sexuales también. Es muy fuerte. Mi familia vive en una zona de circuitos cerrados y privada. Yo vivo –lo dice todavía en presente, como si viviera allí– en una zona más modesta pero es muy buena zona. Pero te pueden perseguir y te extorsionan y muchas veces venimos huyendo de esas cosas”.

Es rotunda: “Tenemos un narcogobierno y no me da miedo decirlo. Un hombre de armas tomar. Su hermano era diputado, está preso en EE.UU. por narcotráfico. ¿Por qué los organismos internacionales no van a por él, a por el presidente? Mientras sea dignatario no le pueden poner la mano encima. Reformó la Constitución y se reeligió con fraude. Y sus secuaces van a tratar de continuar en el poder. Allá la gente que protesta es reprimida, gaseada, es desaparecida y es asesinada. El pueblo está atado de pies y manos. Además de la represión, de la pobreza y de la pandemia. Robaron todo el dinero. El encargado de los hospitales móviles le dio 40 millones de dólares a una empresa que desapareció. Y bueno, esa es la situación. Yo trabajaba para ese partido de gobierno y por eso tenía mi plaza. He sido obligada a huir. A este narcogobierno sumamos la pandemia y que acaban de pasar dos huracanes y está devastado nuestro país. Ha retrocedido cien años. Se espera una migración masiva”.

Ella logró traer a su hija, pero aún tiene en Honduras a dos hijos, que los cuida su hermana. “No traje denuncias porque lamentablemente la justicia allá es vergonzosa y te puedes encontrar con las mismas personas que te han hecho secuestro exprés. Cuando ves a un policía, no te sientes segura, sientes temor. Desde el gobierno para abajo hay una redada de corrupción y todos trabajan para los malos”, denuncia Karla. Su hija ha vuelto a solicitar el asilo, esta vez alegando el peligro que corre en su país por ser homosexual.

En estos días, previos a la Navidad, Karla anda entre la tristeza y la alegría de saber que, al menos, puede enviarles remesas. Acaba de venir, además, de una recogida de alimentos y materiales para su país en ayuda por los destrozos de los huracanes: “Qué duro fue ver –lo dice así, ver, ver desde lejos sin poder hacer nada– a mi hermana, con mis dos hijos, irse de mi casa. Se fueron con lo puesto, con lo poco que pudieron echar en una mochila para ponerse a salvo. Y todo lo que nos ha costado tener eso, pues ahí se queda para que te lo roben. Y así vamos, a veces no nos enteramos de lo que les pasa a los nuestros. Allá, en un grupo de WhatsApp, alguien dice ‘cuando le asaltaron y le quitaron el móvil’… ¡Y me entero de que es a mi hija! No te enteras de que los familiares han estado ingresados hasta que salen…”. Aunque lo más duro, según Karla, lo más duro es que viven sin ti, se casan, tienen hijos, se gradúan sin ti. “Dejas la mitad de la vida allá”.

Dania vive en Murcia. Llegó a España hace dos años con su marido. Vinieron, según denuncia, huyendo de la persecución política a la que eran sometidos en su país, en Nicaragua. “Todo empezó cuando nos casamos. Nos conocimos trabajando en el área de turismo. Yo siempre fui progobierno, era militante del partido. Pero mi marido era del partido contrario”, cuenta. Su familia está rota, dividida entre quienes apoyan al gobierno y entre quienes han tenido que huir. “El vínculo familiar debería estar antes que la ideología política. Mi propio hermano me llamaba con amenazas, que saliera de ahí”, relata, con voz suave, al otro lado del teléfono. Ella, a diferencia de Karla, sí traía pruebas, y les ha sido concedido el asilo. “Teníamos una casa a las afueras del pueblo y nos vigilaban. Dejamos de salir porque nos seguían. Nos espiaban, nos controlaban, teníamos miedo. Nos obligaron a salir sí o sí de nuestro país. Al hermano de mi marido lo secuestraron. Un país que amas tanto se ha deteriorado”, dice ahora con la voz encogida en la garganta.

En España, tuvo suerte con la primera casa en la que entró a trabajar. Pero siempre con el miedo, la incertidumbre y el desasosiego metidos en el cuerpo. “La familia era muy buena, muy buena, pero como no tienes papeles no tienes derecho a nada, ni a vacaciones, ni medias pagas, lo que te den es lo que tienes que aceptar”, asegura. “En la segunda casa, como no tenía papeles, la señora no me quería contratar. Pero confió en mí, le gustaron mis formas”. Mientras tanto, estuvo como el preso que vive con la condicional. “Ahora que ya los tengo, todo ha cambiado. Los papeles han venido a cambiar la situación. Con papeles tienes más opciones, tienes más libertad”. Ella sabe lo que es viajar por placer y viajar para huir.

La modificación de la Ley de Extranjería es otra de las reivindicaciones en el colectivo. El Movimiento estatal #RegularizacionYa, que exige la regularización permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes y refugiadas ante la emergencia sanitaria y social por la COVID-19, llegó a presentar una proposición no de ley en el Congreso, defendida por varios partidos –Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC), EH Bildu, Junts per Catalunya, BNG, Compromís y CUP–, que finalmente fue rechazada. El PSOE –partido de gobierno– alegó que tanto la legislación española como la europea lo que permiten es una regularización “puntual, individualizada y tasada”, no como la masiva que reclaman. En estos momentos, el movimiento espera, según explican en su página web, que Unidas Podemos, el otro socio de gobierno, busque, “de forma honesta y a la altura”, una solución digna a la irregularidad sobrevenida, entre otros colectivos, a las trabajadoras del hogar y cuidados.

“Exigimos que la ley se revise porque estamos obligados a trabajar en el trabajo sumergido, valga la redundancia, y estamos expuestas a abusos, maltratos, porque a un inmigrante se le permite regularizar su situación a los tres años mediante un arraigo social. Imagina, una persona tres años en España no va a vivir de ayudas. Esos son mitos, bulos, no tenemos derecho a nada porque no tenemos papeles, serán otro tipo de migrantes y en otras circunstancias. Una se ve obligada a trabajar como sea y donde sea. Muchos, amontonados en pisos, en habitaciones, en condiciones increíbles. Muchas veces la gente es engañada, los hombres van a las obras, los despiden y encima los denuncian y los meten presos. Te sientes intimidada. Entonces, al no tener nosotros ese amparo de la Ley de Extranjería…”, reflexiona Karla. “A mi criterio, si un extranjero puede demostrar que es productivo y que no le va a quitar el trabajo a ningún español o a ninguna española, ¿por qué Extranjería no puede hacer una enmienda y concederle a esa persona el permiso de trabajo? Porque aquí dicen que no hay trabajo y es cierto, el trabajo no está como que vas a salir a la calle y lo vas a encontrar. Pero si buscas, a las dos o tres semanas lo encuentras y te lo digo yo con conocimiento de causa. Solamente está en querer hacer el trabajo que se ofrece y muchos no quieren estar al cuidado de mayores, de niños, no quieren limpiar. Que no es fácil, pero nosotros tenemos una meta clara y no tenemos a nadie que nos pueda acoger. Y, sencillamente, si no trabajamos, no comemos y no tenemos para vivir, y la necesidad nos obliga a aceptar lo que sea. Y en condiciones tremendas”, insiste.

Reyna, nicaragüense de 31 años, tuvo que lanzar un crowdfunding, en colaboración con otras organizaciones en Euskadi, para poder hacer frente a la situación de desamparo en pandemia. Trabajadora social, en septiembre hace tres años que llegó a España. Su madre, que tiene 53, viajó seis meses antes por la imposibilidad de sostener a su familia: trabajaba por un salario que no llegaba ni a la tercera parte de la canasta básica –la cantidad mínima para cubrir las necesidades de un hogar–. “A mí me cerraron todas las puertas laborales porque firmé en contra del Canal Interoceánico”, un proyecto faraónico, con años de historia, que intentó reflotar sin éxito el presidente Daniel Ortega. “Nunca pensé que al llegar aquí me iba a costar un año encontrar un trabajo, precario. No sabía cuál era la realidad”. Su primer trabajo fue en una casa de seis miembros, ocho horas, por un suelo de 700 euros, también inferior, como en el caso de su madre allá, al salario mínimo de acá, de España.

A Reyna la despidieron de su trabajo el 15 de abril, un mes justo después del inicio del estado de alarma por la pandemia. “Me despidieron alegando que no sabían qué iba a pasar, me pagaron lo que quisieron. Los iba a demandar, pero era cansado, no había garantías”. Su madre también se quedó sin trabajo. Y ahí surgió, en el grupo en el que se han organizado, Feministas por Nicaragua Euskal Herria, la idea del crowdfunding. Consiguieron entre los grupos que participaron –Mujeres con Voz, Mujeres Tejiendo Red, Trabajadoras No Domesticadas, en colaboración con Fondo de Mujeres Calala, Pikara Magazine y Sortzen Consultoría– unos 18.000 euros. “Nosotras ayudamos a unas 30 mujeres con pequeños bonos porque las ayudas que había lanzado el Gobierno no eran para nosotras, sobre todo las que estábamos en situación irregular. Porque había que cotizar, un montón de requisitos que nosotras no teníamos. Y la solidaridad entre nosotras. Amigas que estaban mejor que nosotras nos ayudaban con la compra y cosas así”, explica. El 1 de noviembre ha comenzado un nuevo trabajo en una casa, donde cuida a una bebé.

Reyna habla muy rápido, como si quisiera que el tiempo transcurriera a la velocidad de la luz. “Aquí no tengo derecho ni a vivienda digna. No tengo tarjeta sanitaria. En el médico me han tratado fatal. Y con la situación política en Nicaragua me toca quedarme aquí. No veo la manera de que pasen esos benditos tres años por esa dichosa ley de extranjería, que es la peor de las violencias que podemos tener las migrantes. Tampoco puedes estudiar porque, uno, es carísimo, y dos, como estoy en situación irregular, tampoco tengo derecho a nada. Es una superdesigualdad increíble”. Literalmente, Reyna asegura sentirse encerrada. El día de la entrevista le acababan de denegar el asilo a su hermano, que también viajó a España. Tiene 15 días para abandonar el país. “Es una pesadilla, ahora no podemos ni volver por el COVID”. Y desde el COVID, además, no pueden mandar remesas. “30 o 40 dólares, pequeños envíos por si a mi hermano que sigue allí le cortan la luz. Pero mayor envío no. Ni hemos podido concretar metas que traíamos como casas, negocios y tal. Yo he solicitado el arraigo social el 1 de octubre. Con la esperanza de que mi situación migratoria cambie y poder optar a otro empleo, con mejor salario”, aclara.

Son mujeres que quieren prosperar y no pueden. Como le ocurre también a Lourdes, hondureña de 27 años. Ella llegó a España con 19, sin saber absolutamente “naaaaada”, así, con muchas aes en su dicción, con apenas 300 euros en el bolsillo. En un taxi le cobraron 100. Quiso estudiar Derecho en su país, pero su madre no pudo costearlo. “No tengo padre, me crié con mi abuela. Honduras no es país para vivir. La luz y la comida es más cara allí que aquí. Nos mataron a un primo que era periodista, y en la Corte no hay un expediente, ni juicio”, asegura.

En España ya ha estudiado un módulo de educación infantil –una opción bastante parada ahora por la pandemia– y está ahora estudiando primero de Derecho por la UNED mientras trabaja como empleada del hogar. Vive en Madrid. Tiene estabilidad y la tratan bien. Pero –y volvemos al principio– no entiende cómo en España, en España, ese país del primer mundo al que un día decidió migrar, discrimina a las trabajadoras del hogar: “Por más empleada de hogar que seas, todos los trabajos son dignos, requieren un trato justo y un salario justo. No es normal que en un país que es el primer mundo no tengamos derecho a paro”. Y lanza, también, una reflexión sobre el otro lado del océano: de su trabajo se está beneficiando el mismo gobierno que la expulsó, pero no puede dejar a su familia de allá tirada.

“Las remesas son las que sostienen a esos países realmente. Cogen los gobiernos de los países de origen y los de acá reciben sus impuestos. Pero es que si no envías, la gente de tu familia no come, ni se pueden pagar tratamientos médicos”, denuncia Rafaela Pimentel. En la Red Estatal de Trabajadoras del Hogar también tuvieron que crear una caja de resistencia: “Porque sí, muchas ayudas, pero a ver quién es la guapa o el guapo que le dice al casero que no va poder pagar la luz”. Por eso, las redes, la autoorganización, ha sido vital para sobrevivir durante muchos años, pero mucho más en pandemia. “Como organización, hemos hablado con los caseros y, así, a muchas compañeras no las sacaron de los pisos o de sus habitaciones. O a sus propios compañeros si ellas estaban internas. Ha sido terrible sostener todo eso. Pero ha sido muy importante sostenernos”, añade Rafaela. Durante todos estos meses han formado a promotoras de salud, están acompañando a muchas mujeres a interponer denuncias, en los ambulatorios… El sostén, siempre el sostén.

Y también están para sonreír. “La alegría es fundamental. Nos mandamos canciones, audios, vídeos”. Porque a ellas la pandemia también les ha arrebatado vidas. Vanessa, por ejemplo, perdió en agosto a su abuelito.

Fuente: https://desinformemonos.org/expulsadas-de-sus-paises-esclavizadas-en-espana/

Imágenes: Álvaro Minguito/La Marea

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ONG advierte aumento de violencia contra migrantes venezolanas

La crisis política, social y económica de Venezuela ha provocado que 5,4 millones de personas hayan abandonado el país desde 2015.

La pandemia ha disparado la violencia contra las niñas y adolescentes venezolanas, tanto las que viven en su país como las que se han visto obligadas a migrar por la crisis, denunció este viernes una organización humanitaria con sede en Panamá.

“La violencia basada en género y violencia sexual contra las venezolanas ha aumentado tanto en Venezuela como en los países de acogida”, indicó Plan Internacional, cuya sede regional está en Panamá, en un comunicado en conmemoración del día internacional del migrante.

Según esta organización, la crisis política, social y económica de Venezuela ha provocado que 5,4 millones de personas hayan salido del país desde 2015.


De esa cantidad, un 25% son niños y adolescentes y uno de cada cuatro viaja separado de su familia o sin acompañante. La mayoría de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo se encuentran en Colombia, Ecuador y Perú.

Plan Internacional indica que son las niñas, adolescentes y mujeres venezolanas “las que están en mayor riesgo de sufrir a corto y largo plazo las consecuencias de esta crisis”.

El acceso a la educación y a una vivienda segura son otras de las dificultades que atraviesan las niñas migrantes venezolanas.

Las principales amenazas a las que se enfrentan, según esta ONG, son la violencia de género y la violencia sexual, explotación laboral, discriminación y xenofobia, además de falta de acceso a puestos de trabajo y a servicios básicos y humanitarios.

La mayoría de las supervivientes venezolanas de delitos sexuales en Colombia son niñas de entre 6 y 11 años de edad, seguidas de las adolescentes de 12 a 17 años, denunció Plan.

En Ecuador y Perú, también están en riesgo de sufrir “la creciente explotación sexual y tráfico de personas”, añade el comunicado.

Además, el acceso a la educación y a una vivienda segura son otras de las dificultades que atraviesan las niñas migrantes venezolanas.

“Lamentablemente, esto no ha hecho más que acentuarse durante la pandemia”, señaló Anyi Morales, Coordinadora del Programa Regional de Respuesta a la Crisis de Venezuela de Plan Internacional.

Violencia en Bogotá

Por otro lado, la pandemia también ha dejado a decenas de mujeres afectadas por la violencia intrafamiliar en Bogotá. La concejala de la Alianza Verde María Clara Name reveló en la Comisión de Gobierno del Concejo de la capital cifras preocupantes que ha dejado el encierro como consecuencia de la covid- 19 y que, según ella, debe llevar al Distrito a tomar medidas urgentes.

Tres mujeres reportan ser víctimas de violencia intrafamiliar cada hora en la capital, según la dirigente, basada en estadísticas de Medicina Legal y la Secretaría de Salud que abarcan desde enero hasta octubre de 2020.

Lo alarmante es que 8 de 10 casos de violencia reportados por las mujeres se presentaron en el interior de sus viviendas, es decir, el encierro, y sus casas se convirtieron en el principal epicentro de la violencia.

Desde el 20 de marzo pasado, cuando los bogotanos permanecieron en sus hogares ante el temor del coronavirus, el número de llamadas de mujeres a la Línea Púrpura (creada exclusivamente para que las damas denuncien y soliciten asesoría), se dispararon.

Antes de marzo se recibían entre 70 y 80 llamadas durante una semana, pero después de ese mes, cuando la pandemia se intensificó, superó las 297. Y los contactos de asesoría del WhatsApp pasaron de 70 a 215.

“En el 82 % de los casos de violencia entre pareja, la víctima es una mujer”, destacó la dirigente. Las localidades con mayor número de casos de violencia registradas son Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa, Engativá, Suba y Los Mártires, entre otras.

Fuente: https://www.semana.com/mundo/articulo/ong-advierte-aumento-de-violencia-contra-migrantes-venezolanas/202020/

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La mujer pública

Por: Carolina Vásquez Araya

La historia nos ha enseñado la amarga verdad: el cuerpo femenino como un bien colectivo.

En días recientes Dawn Wooten, enfermera estadounidense, ha denunciado la práctica de esterilizaciones forzadas practicadas contra mujeres migrantes en el centro de detención del condado de Irwin, Georgia. Sus alegatos han levantado polvo: por un lado, acusaciones de quienes intentan desacreditar a la denunciante y, por otro, la exigencia –desde altas instancias en la Cámara de Representantes- de profundas y extensas investigaciones sobre estas posibles violaciones contra los derechos humanos de las víctimas.

Las esterilizaciones forzadas en los cuerpos de mujeres indígenas o de las capas más pobres de los países latinoamericanos y africanos no es novedad alguna. En la década de los años 60, los Cuerpos de Paz estadounidense actuaron como misioneros para imponer por la fuerza el control demográfico en nuestro continente, con la graciosa anuencia de los gobiernos locales. Esa práctica de una crueldad inaudita nunca mereció juicios ni condenas y las mujeres castradas de manera tan salvaje como injusta tampoco recibieron reparación alguna.

La perspectiva oficial generada desde los ámbitos políticos en relación con los derechos de las mujeres sobre su cuerpo, no ha cambiado. Las asambleas legislativas dominadas por el pensamiento hegemónico de una masculinidad mal entendida siguen imponiendo su agenda cargada de restricciones sobre más de la mitad de la población; y, de ese modo, se impide el ejercicio de ese derecho mediante castigos extremos. En la mayoría de nuestros países se condena a mujeres, niñas y adolescentes que buscan asistencia sanitaria para interrumpir embarazos o, simplemente, cuando se presentan en los hospitales con emergencias obstétricas. Es decir, se les veda no solo el derecho de recibir atención sino también de optar por una solución humanitaria a su situación crítica.

Las mujeres, por el hecho de haber nacido como tales, son así declaradas un bien público por sociedades regidas bajo códigos estrictamente patriarcales. Ya avanzado el siglo veintiuno se perciben retrocesos aberrantes en la perspectiva de género, como por ejemplo en Francia, en donde han comenzado a agredir en las calles a jóvenes mujeres por vestir falda. Actos de extremo salvajismo en un país supuestamente igualitario, avanzado, culto y en donde paradójicamente nació el pensamiento fundamental que consagra los derechos de la ciudadanía: Libertad, Igualdad, Fraternidad.

El retorno a prácticas misóginas en países que habían logrado superar esas barreras, dicen mucho de cómo ha persistido, a través de los siglos, esa super valoración de la masculinidad contra la visión de un sexo femenino asociado a la sumisión, la obediencia, la inferioridad y la función subordinada de aportar su cuerpo como instrumento de beneficio social por medio de la reproducción controlada. Los movimientos feministas han alcanzado grandes avances en términos prácticos, pero ni siquiera han llegado a rozar el núcleo mismo del sistema, cuya principal característica es un profundo temor al poder de las mujeres en ámbitos tradicionalmente masculinos como la política, la economía y la justicia.

Las mujeres gozan de iguales derechos y responsabilidades, de acuerdo con tratados y convenciones de efecto obligatorio. Sin embargo, derribar las barreras opuestas a su pleno desarrollo es todavía un tema pendiente que impide la evolución de la sociedad hacia estadios superiores de convivencia y, para ello, será necesario derribar los marcos valóricos obsoletos que nos rigen. A partir de ahí, comenzar de nuevo con una plataforma igualitaria, justa y de mutuo respeto.

El temor por el poder femenino es el mayor de los obstáculos. 

Fuente e imagen tomadas de: https://rebelion.org/la-mujer-publica/

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