Trata de personas y macrocriminalidad, una cara del narcoestado

Por: Paloma Fernández Peña

 

Cuando el gobierno, las empresas y el crimen organizado se trenzan con el objetivo de generar esquemas de poder, nace la macrocriminalidad. Su disolución no es fácil en un país como México, que cuenta con los factores ideales para su crecimiento, mismos que dan pie a otras problemáticas como la trata de personas.

Esto explicó la Lic. Narda Andrea Martínez Gutiérrez en la segunda sesión de la Cátedra Ellacuría, SJ, “Macrocriminalidad y trata de personas. Contexto nacional y latinoamericano”. Este espacio formativo es impulsado por Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ de la IBERO Puebla para analizar el complejo entramado que surge con la mezcla de una crisis de estatalidad y una ciudadanía blanda con problemas sociales y estructurales profundos.

“Lo que se busca es que veamos cómo la trata de personas y las redes de macrocriminalidad me afectan en mi día a día, y que yo puedo ser parte de la problemática”: Lic. Narda Andrea Martínez.

Entre los actores representativos de la macrocriminalidad se encuentran las redes del crimen organizado. Estas son los detonantes de una forma extrema de corrupción, pues gracias al apoyo de agentes gubernamentales y empresariales, capturan el poder público para satisfacer fines privados.

El principal problema en México es que esas redes fracturan al Estado y, por ende, gobiernan todas las regiones del país”. Esta extensión de poder se entiende gracias al concepto de narcoestado, que es la toma y control del país por el narcotráfico, del cual ya no solo forman parte los cárteles, sino también los gobiernos estatales y federales, así como otros actores políticos y empresarios.

El narcotráfico se ha valido de diferentes estrategias para mantenerse vigente y seguir abarcando cada vez más terreno. Acciones como control territorial, captación de menores, narcomenudeo, guerra entre cárteles y uno de los más representativos, la trata de personas.

La trata es vista como un negocio benéfico para estos grupos, pues sus clientes suelen ser las mismas personas que deberían castigar estos actos, como la policía. Las víctimas, principalmente mujeres, niñas y adolescentes, son captadas con la promesa de un trabajo en el narco, y si bien al principio es así, rápidamente son objeto de explotación sexual.

La captación de infancias y adolescentes es una de las problemáticas a las que la Lic. Martínez hace especial énfasis al hablar de crimen organizado, pues son usados como carne de cañón en una guerra inexistente que disminuye su esperanza de vida hasta los 12 años.

Las cifras oficiales dan cuenta de la urgencia: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estimó que 30,000 niños, niñas y adolescentes habían sido captados por redes de macrocriminalidad en 2015. Para 2018, esa cifra aumentó a 460,000. La Red por los Derechos de la Infancia en México y el Observatorio Nacional Ciudadano en 2021 reportaron que entre 145,000 y 250,000 infancias y adolescencias estaban en riesgo de ser reclutadas.

Ante este panorama, la experta llamó a su auditorio a reflexionar y analizar la trata de personas desde las redes de macrocriminalidad, pues es en esta esfera que las y los menores de edad suelen ser los más afectados. “Estamos viviendo violencia y altos niveles impunidad, lo estamos palpando en nuestra cotidianidad. Entonces les invito a que estemos pensando en cómo esto nos está afectando”.

Fuente de la información e imagen:  IBERO Puebla

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México: “No seamos indiferentes ante la barbarie”: maestra de José González Moreno

Por: Erika Lozano

Los hermanos Ana Karen, Luis Ángel y José Alberto González Moreno fueron desaparecidos y asesinados en Guadalajara este fin de semana. Su caso movilizó a miles de personas quienes exigen justicia. «Tenemos palabras para denunciar y capacidad para no olvidar, no podemos ser indiferentes ante la injusticia y la barbarie», señaló Cecilia Valencia, maestra de José.

José era estudiante de la licenciatura en Geografía en la Universidad de Guadalajara asistente de investigación, su maestra, Cecilia Valencia, con quien trabajó, narra que era el joven se esforzaba para llevar a cabo sus metas, trabajaba para poder estudiar y vivía al día. Era el novio de su hija, ambos compartían el interés por la música, José tocaba el chelo.

Valencia explica que el gobierno jalisciense y los grupos delincuenciales utilizan el mismo discurso y que consideran a las vidas humanas como un medio para lograr un fin. «Los grupos delincuenciales utilizan a los jóvenes para someterlos a los jóvenes para utilizarlos, son vistos como medios para satisfacer necesidades e intereses de los grupos, y la respuesta de la autoridad es «no nos van a intimidar», quiere decir que están en el mismo nivel semántico».

La investigadora señala que las autoridades no consideran la importancia de hacer justicia ante las víctimas, sino que los ven como elementos políticos y ponen en primer lugar a la política, en segundo a las víctimas y en tercero a la justicia. «No llevan a cabo acciones concretas para dar solución», condena.

Este martes miles de personas marcharon en la ciudad de Guadalajara, Valencia explica que fue una estrategia para visibilizar la injusticia, la barbarie y la violencia en la que todos los ciudadanos vivimos en este país y hace una invitación a no ser indiferentes ante la violencia, la desaparición, el feminicidio y el crimen que nos asolan.

La desaparición de los hermanos González Moreno se da en un «contexto de desaparición generalizado en el estado», explica Anna Chimiak, directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), pues ocupa el primer lugar a nivel nacional y actualmente se contabilizan más de 12 mil personas desaparecidas en la entidad, sin tomar en cuenta el subregistro de personas que deciden no denunciar, pues, debido al contexto de criminalidad, la gente teme represalias.

En los últimos años ha habido un incremento de casos de desaparición en el estado, lo que se relaciona con el incremento de homicidios, así como con el número de fosas clandestinas encontradas, señala Chimiak, además, en 2021 hubo un incremento en casos de desapariciones masivas. Considera que los casos de desaparición en la entidad no son hechos aislados, pues demuestran las estructuras de macrocriminalidad en el estado y la colusión de las autoridades con la delincuencia organizada.

«Una característica de la narrativa del gobierno del estado ha sido relacionar la gravedad de las desapariciones con el crimen organizado, sin reconocer la responsabilidad del mismo Estado», explica la defensora. También, dice, la criminalización de las víctimas ha sido una constante del actual gobierno.

La defensora condena que la problemática de la desaparición sea capitalizada por distintos actores en la entidad y utilizada en el marco de las campañas electorales.

Ante el caso de los hermanos González Moreno, y de las más de 12 mil personas desaparecidas en Jalisco, las organizaciones civiles esperan acciones eficaces por parte de las autoridades. «Esperamos que se reconozca la gravedad del contexto, se priorice una solución y se generen medidas para prevenir la desaparición», dice Chimiak y recalca la urgencia de implementar la ley de desaparición, recientemente aprobada en el estado.

Fuente e imagen: desinformemonos

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