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Educación: Mexicanos Primero y Poderes Fácticos

México / 14 de julio de 2019 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias

Mexicanos Primero (MP), la organización de la “sociedad civil” que cuenta con financiamiento y orientación empresariales, ha iniciado una nueva campaña este mes de julio, a través de redes sociales y medios de comunicación (1), para promover un conjunto de líneas o ejes de políticas públicas educativas como parte de una estrategia de presión dentro de la actual coyuntura en la que se diseñan, por parte del Poder Legislativo, las leyes secundarias o reglamentarias del Artículo 3o. Constitucional, reformado y promulgado el pasado 15 de mayo.

El origen de esta organización (MP) se sincroniza con la recomendación que hiciera en su momento la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y que he citado en varias ocasiones en este espacio: “La Reforma Educativa es demasiado importante para el futuro de México como para dejar solos a los educadores en esta tarea. El Consejo Asesor de la OCDE considera urgente la creación de una “coalición orientadora” que incluya a los líderes políticos y universitarios, a los líderes del sector privado y de la sociedad civil. La coalición debe impulsar estas reformas en la arena pública y hacerse cargo de su defensa para obtener el financiamiento adecuado y equitativo, así como exigir que los actores clave de la educación rindan cuentas de los resultados.” (Acuerdo México-OCDE, 2010, p. 8; palabras en negritas de JCMA)”. Este antecedente nos da una idea del nacimiento y contenido de la línea discursiva de MP (cabe recordar que MP, como organización, fue creada por Claudio X. González Guajardo, casi al mismo tiempo en que se negociaba el acuerdo de referencia).

En ese acuerdo entre el gobierno de México y la OCDE, en 2010, el club de los países ricos recomendaba también lo siguiente: “Reforzar la importancia del papel que juegan los docentes; determinar estándares claros de la práctica docente; garantizar programas de formación inicial docente (ITP, por sus siglas en inglés) de alta calidad; atraer mejores candidatos; profesionalizar la selección, contratación, y evaluación de docentes; y vincular a los docentes y su desarrollo profesional de forma más directa con las necesidades de las escuelas.”.

Este marco de referencia da cuenta de la orientación de las iniciativas publicitadas en la campaña que, durante estos días, ha dado a conocer MP.

I

Afirma MP: “Debemos asegurar la participación efectiva de las niñas, niños y jóvenes en cada vez más decisiones relacionadas con su derecho a aprender.” @Laurami0316 en @Pajaropolitico

Como se puede ver, la organización empresarial MP, como grupo de presión que es, se mantiene en la línea discursiva de dar artificialmente voz y voto a los estudiantes, como forma o medida de presión hacia los trabajadores de la educación pública. La trayectoria de esa organización indica, como lo he demostrado con evidencias, que no le interesa defender los derechos de los trabajadores de la educación (además de que ese no es su rol; esa es tarea de los sindicatos), sino presionar a sus organizaciones sindicales para que se cumpla el “servicio educativo”, a través de un supuesto discurso de defensa “de los “derechos del aprendizaje”. Así mismo, tal como lo he mostrado en varios textos en este espacio, con el discurso del “derecho a aprender” MP ratifica su posición simplista y pragmática acerca de un proceso más complejo y profundo: el “Derecho a la Educación”.

II

Por otra parte, MP señala que: “…aunque el texto constitucional menciona algunos Derechos Profesionales Docentes (DPD) –como la formación inicial o procesos de admisión y promoción públicos, transparentes, equitativos e imparciales–, omitió dos derechos fundamentales que contribuyen al fortalecimiento de las capacidades de maestras y maestros: el acompañamiento docente y el acompañamiento escolar.”

Considero que no es necesario que los aspectos normativos específicos aparezcan en el texto Constitucional; por lo tanto, no se omite derecho alguno. Al respecto, cabe mencionar que el “acompañamiento docente” y el “acompañamiento escolar” estaban contemplados en la abrogada Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) o en los acuerdos secretariales correspondientes (el Sistema de Acompañamiento o Asesoría Técnica a la Escuela, SATE), y que seguramente se retomarán en la nueva legislación en la materia.

MP expresa también lo siguiente: “Es de vital importancia que en la legislación secundaria que se redactará en las siguientes semanas queden reconocidos ambos derechos, a fin de garantizar una trayectoria profesional docente orientada al ejercicio de su derecho a aprender y, en consecuencia, el de sus estudiantes.»… “Además, las leyes secundarias deben establecer la responsabilidad del nuevo Organismo para la Mejora Continua de la Educación (OMCE) para evaluar la nueva estrategia con base en el impacto de aprendizaje tanto en docentes como en NNJ.”

Nuevamente se observa la congruencia entre el discurso de la OCDE y de MP en términos de vigilar, controlar y fijar como criterio de evaluación, tanto de las estrategias como del trabajo docente, el “impacto de aprendizaje”.

En otra parte de sus textos, MP dice: “El sistema de acompañamiento debe tener una estructura mínima base: un supervisor como líder pedagógico, dos asesores técnico pedagógicos que retroalimenten y apoyen a los docentes y un Asesor Técnico que fortalezca el trabajo de los directores.”

Esto demuestra que MP desconoce por completo la estructura de la escuela pública: Un equipo o una estructura “mínima base” como la que propone el organismo empresarial, ignora de entrada la complejidad de la red de escuelas multigrado o de las telesecundarias. Y aún queda lejos la alternativa que sugiere MP de la escuela pública real que se da en los niveles educativos de Preescolar, Primaria y Secundaria de organización completa, puesto que no se cuenta con una cantidad tan grande de asesores técnicos pedagógicos en los sistemas y subsistemas educativos del país. Existe, por lo tanto, una enorme distancia entre el “deber” y el “ser” de la propuesta en cuestión.

III

Esto afirma MP en otro fragmento de su propuesta: “Las autoridades educativas deben establecer perfiles docentes nacionales que se ajusten a las condiciones de cada entidad y las necesidades de aprendizaje de las y los alumnos. Es un derecho profesional docente.”

¿Cuál es el sentido de definir dichos “perfiles docentes nacionales” si no se cuenta con un proyecto educativo nacional y local? Todo parece indicar que esos perfiles sólo servirían para fines de control y vigilancia. Por otra parte: ¿Quién y cómo se hará la lectura de las condiciones y necesidades de aprendizaje?

IV

MP trata de fijar las políticas públicas educativas desde la lógica empresarial: “… deben constituirse instancias especializadas ajenas a las áreas operativas de educación básica y sindical como las responsables exclusivas de conducir los procesos de selección que garanticen la igualdad de condiciones para todos los aspirantes… proponemos que la nueva regulación educativa amplíe y fortalezca los derechos profesionales docentes en materia de permanencia escolar y se obligue a las Autoridades Educativas Locales (AEL) a establecer procesos públicos, transparentes, equitativos e imparciales. Asimismo, para contrarrestar la opacidad actual, es necesario que las AEL emitan lineamientos para regular los Procesos de Cambio de Adscripción (PCA) estatales.”

De todo este discurso empresarial se desprende y confirma la idea planteada al inicio de este comentario: MP es más bien un grupo de presión, un instrumento de los poderes fácticos, que busca imponer contenidos y procedimientos (elevados a rango de leyes, y a partir de “evidencias” presentadas como productos de la investigación educativa), desde los lineamientos de políticas públicas educativas surgidas de la OCDE, y desde la lógica y la racionalidad generadas por el sector privado en materia educativa.

*Profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro.

jcmqro3@yahoo.com

Fuentes consultadas:

(1)  https://twitter.com/Mexicanos1o

(2) https://www.animalpolitico.com/aprender-es-mi-derecho/acompanamiento-docente-y-escolar-los-derechos-profesionales-olvidados-iii/

(3) https://www.animalpolitico.com/aprender-es-mi-derecho/el-derecho-a-cambiar-de-escuela-permanencia-y-cambios-de-adscripcion-vi/

Fuente del Artículo:

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2019/07/10/educacion-mexicanos-primero-y-poderes-facticos

Fuente de la Imagen:

ove/mahv

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Programación del Portal Otras Voces en Educación del Domingo 14 de julio de 2019: hora tras hora (24×24)

14 de julio de 2019 / Autor: Editores OVE

Recomendamos la lectura del portal Otras Voces en Educación en su edición del día domingo 14 de julio de 2019. Esta selección y programación la realizan investigador@s del GT CLACSO «Reformas y Contrarreformas Educativas», la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, organización miembro de la CLADE y el Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas Docentes (OIREPOD) registrado en el IESALC UNESCO.

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Profesores: se impone el rechazo a la propuesta del gobierno en resultado parcial (Chile)

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Andreas Schleicher: “El futuro de la educación es colaborativo”

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/315466

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Brasil: comenzó el Congreso de la Unión Nacional de Estudiantes universitarios con 18 mil delegados

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/315441

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Educación: Mexicanos Primero y Poderes Fácticos

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/315434

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Universidades de todas las regiones del mundo declaran la emergencia climática

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/315444

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5 recomendaciones para usar internet en educación #infografia #infographic #education

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/315472

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Frente a las nuevas tecnologías, la escuela puede dejar de existir”: Mariano Narodowski

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/315494

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Las 16 frases más potentes del mejor profesor del mundo

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/315512

08:00:00

Libro: Educación para otro mundo posible, Boaventura de Sousa Santos (PDF)

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/315506

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Instagram para introducir el visual thinking en el aula

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Libro: El desafío de las tecnologías educación 4.0 (PDF)

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/315503

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La adicción a los celulares preocupa a estudiantes y docentes

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/315594

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Argentina: Debate sobre la crisis del financiamiento de la educación: “Existe una deuda social educativa”

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Una guía para aplicar la tecnología a la educación (Infografía)

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14:00:00

Holanda: La universidad destacada en ingeniería que solo contratará a mujeres

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/315463

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7 exámenes en una semana: ¿Evaluamos?

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16:00:00

Estados Unidos: Google lanza recurso educativo para enseñar programación en las escuelas

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/315469

17:00:00

Marilú Martens: “La sociedad debe valorar más a los docentes” [ENTREVISTA]

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/315488

18:00:00

El mundo no cumplirá con los compromisos de la Agenda 2030 relacionados con la educación

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/315478

19:00:00

Organismo para la mejora continua de la educación

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/315500

20:00:00

¿Por qué cinco millones de niños mexicanos no van a la escuela?

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/315484

21:00:00

El último Nobel de Educación: «Un gran maestro debe creer siempre en el potencial de sus estudiantes»

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/315491

22:00:00

Los consejos de un gurú de la computación mundial para aplicar en la escuela

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/315597

23:00:00

Aulas en positivo: el humor como herramienta pedagógica

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/315497

En nuestro portal Otras Voces en Educación (OVE) encontrará noticias, artículos, libros, videos, entrevistas y más sobre el acontecer educativo mundial cada hora.

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Carta desde el aula a Esteban Moctezuma

México / 16 de septiembre de 2018 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias

C. Lic. Esteban Moctezuma Barragán.

A través de los medios informativos, hemos sabido que usted ocupará el cargo de titular de la Secretaría de Educación Pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la República para el período 2018-2024. Por tal motivo, le expreso algunas inquietudes, preguntas y sugerencias, con respeto y desde el aula, sobre la situación educativa mexicana en el momento actual, en mi condición de profesor de tiempo completo y ciudadano de a pie.

Los retos que enfrentará su gestión al frente de la Educación en México, son grandes y de enorme complejidad. Por ello, considero que en esta importante responsabilidad se requerirá no solamente de imaginación, voluntad y experiencia, sino también de talento político y oficio en el ejercicio del servicio público, y de un liderazgo ejemplar, desde el más alto nivel hasta los mandos medios y operativos de la SEP. Además, se requerirá de tolerancia, actitud de escucha y diálogo permanente, atento, conciliador con todos los actores que, directa e indirectamente, están involucrados en los asuntos de la Educación.

Pienso que, para construir una agenda educativa, a efecto de identificar las más sentidas necesidades educativas nacionales, es pertinente en primer lugar, conversar con el personal de base, es decir, con las maestras, los maestros, directivos, personal de apoyo, asesores y asesoras técnicos, padres de familia y estudiantes de todos los niveles y modalidades educativos, para saber, desde abajo, cuál es el estado en que se encuentra la Educación, hoy, en nuestro país, no desde arriba; y, posteriormente, definir, desde ahí, el tipo y la profundidad del cambio educativo que requiere nuestra nación en las condiciones actuales.

Para ello, adicionalmente, será conveniente que usted y su equipo, se den a la tarea de evaluar cuáles son las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que demandan dichos cambios en la actualidad y con prospectiva hacia el año 2024. En esta parte incluyo, por supuesto, el entorno del desarrollo científico, tecnológico y humanístico que vive México, como para darle un marco de referencia al cambio.

También es importante ubicar todas estas ideas de transformación, de “cambio verdadero” como lo ha dicho AMLO, en su justa dimensión, y reconocer que dichos cambios se podrán llevar a cabo en el mediano y largo plazos, y a varios niveles: Por ejemplo, desde la reorganización del sistema educativo; la creación de nuevas instituciones nacionales; la formulación y puesta en operación de nuevos programas educativos, hasta la adaptación o continuación de algunos programas o proyectos que actualmente existen, y que requieren de su fortalecimiento, previo análisis, discusión y estudio de factibilidad, mismos que podrían contribuir al desarrollo educativo, cívico y cultural de los mexicanos.

Reorganizar el Sistema Educativo Nacional (SEN), no es una labor fácil debido a su excesivo burocratismo y centralismo. Como usted seguramente sabe, hoy las atribuciones y facultades que establece la Ley General de Educación, para lograr cambios progresistas en los planes y programas de estudio de la Educación Obligatoria (Básica y Media Superior), están limitadas a las decisiones que asume el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Poco es el margen que da la ley a los gobiernos y a los congresos estatales, y menos aún a los ayuntamientos, a nivel municipal, sobre cuestiones curriculares.

Lo mismo sucede con las facultades para llevar a cabo nuevos programas nacionales de formación inicial y continua para docentes, asesores técnicos y directivos. Por lo que urge modificar el marco legal hoy existente, previa discusión que se deberá llevar a cabo en los ámbitos del poder ejecutivo y los órganos del legislativo, a efecto de lograr una verdadera descentralización educativa. Una discusión amplia y democrática en la que participen, en igualdad de condiciones, el magisterio en general, no sólo con sus representaciones gremiales; los medios de comunicación; las universidades públicas y privadas; las instituciones formadoras de profesionales de la educación; las organizaciones de la sociedad civil; así como representantes empresariales; estudiantes, padres y madres de familia, entre otros. Ello con la finalidad de crear mecanismos legales y distribuir la toma de decisiones pedagógicas y administrativas en los niveles federal, estatal y municipal, para alcanzar así una democratización de las determinaciones y las acciones relacionadas con la Educación Obligatoria (Básica y Media Superior) y otros niveles educativos relevantes para el país, como es la educación superior y el posgrado.

A reserva de su mejor opinión, considero que conviene a nuestro Sistema Educativo Nacional contar con mediaciones federales, estatales y municipales (los llamados tres órdenes de gobierno), puesto que una distribución de poderes de tal naturaleza abriría las puertas a una mayor participación de la sociedad en los asuntos educativos cruciales en cada región y localidad (¿Qué opina usted acerca del rezago educativo existente, que incluye no solo el analfabetismo, sino también la no conclusión de la Educación Primaria y la Secundaria en amplios sectores de la población?). Abrir los canales de análisis y decisión acerca de los contenidos y los métodos de la educación obligatoria en México, supone una más amplia participación de los ciudadanos en estos quehaceres, y ello se traduciría en beneficios para las prácticas democráticas y la extensión significativa, oportuna y pertinente de los aprendizajes escolares.

Pienso, Lic. Moctezuma, que una transformación de fondo de la educación pública en nuestro país, demanda de un cambio en la base misma de su organización, y eso debe pasar por el impulso de una modificación del modelo “centralista”, hoy ya decadente, que ha prevalecido en México desde 1921; en su lugar, deberá de operar un modelo planificado y consensuado, a partir de un criterio de descentralización efectiva de los órganos responsables en la toma de decisiones educativas, es decir, tanto en lo pedagógico como en lo administrativo (ello incluye la participación crítica y autocrítica del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como organismo autónomo); y que esto último acompañe a ese tipo de decisiones, y no al revés, como ha sucedido hasta ahora. En ese sentido espero, Lic. Moctezuma, que la descentralización no quede reducida sólo en un simple traslado de oficinas federales de una ciudad a otra.

A reserva de realizar una revisión más exhaustiva, opino que es necesario y pertinente modificar, también, los términos en que se encuentra vigente la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), desde 2013. Sobre todo cambiar los conceptos y métodos en que se impuso dicha ley y que generó una condición adversa, es decir, que pone en desventaja a los docentes, asesores y directivos de la educación obligatoria en servicio. Si bien es cierto, que los procesos de evaluación (ingreso, promoción, reconocimiento y desempeño) son oportunos y necesarios, éstos no deben considerarse como medios para la terminación o conclusión de las relaciones de trabajo de los profesionales de la educación (de ahí que se debe eliminar el término “permanencia” en la redacción de la misma ley). Y menos aún debe seguir así porque, primero, y en especial en la escuela pública, como obligación del patrón o sea del Estado mexicano, es necesario emprender robustos y efectivos programas de capacitación, actualización y acompañamiento hacia las figuras educativas mencionadas, y luego, no antes, llevar a cabo las evaluaciones departamentales correspondientes, con un sentido formativo no “punitivo”.

Como lo he comentado en otros textos en este mismo medio, considero justo que, a la par de esta modificación a la LGSPD, he planteado que se discuta la pertinencia de evaluar no sólo al profesional de la educación en servicio, en lo individual, sino evaluar de manera integral y completa el desempeño de los colectivos escolares (como lo han sugerido, en varios espacios, algunos académicos reconocidos como el Doctor Ángel Díaz Barriga, del IISUE-UNAM), de tal manera que con ello se tengan evaluaciones (no sólo mediciones parciales), acerca de lo que realmente el centro educativo requiere, en un sentido educativo y pedagógico, para que sus estudiantes aprendan lo que de verdad requieren aprender, en el aquí y el ahora, y para su vida futura.

Sería un acierto que el nuevo gobierno creara un Instituto Nacional para la Profesionalización de Docentes, Asesores y Directivos de la Educación Obligatoria. Aun cuando sabemos que existen Escuelas Normales y otras instituciones importantes de educación superior (como la Universidad Pedagógica Nacional), encargadas de la formación inicial de docentes y profesionales de Educación Básica, es evidente que no existen instituciones dedicadas a la formación profesional y especializada de asesores y directivos de Educación Básica ni de docentes, asesores y directivos de Educación Media Superior. Por ello, la propuesta de crear una institución de este tipo, daría respuesta a esa inminente demanda social a favor de la profesionalización de todas las figuras educativas.

Hasta el momento, los docentes, asesores técnicos y directivos de la educación obligatoria, en su mayoría, no cuentan con una institución que les proporcione programas de formación profesional, sino que se tienen que preparar “sobre la marcha”, con sus propios recursos materiales y financieros. Además, la creación de una institución de esa naturaleza, sentaría las bases de un cambio de paradigma y en el orden de las prioridades educativas. Para este razonamiento, parto de la siguiente premisa: los docentes, antes de ser los únicos responsables de la realidad educativa nacional, son corresponsables junto con los directivos, los padres de familia, los estudiantes mismos y las autoridades que toman decisiones a nivel de sistema educativo y subsistemas, en su conjunto; es decir, en los niveles de decisiones federal y estatal, para efecto de las evaluaciones de los aprendizajes escolares y para la formación integral en general de niños, niñas y jóvenes. Lo que quiero expresar con esto, es que el docente no es la única figura educativa responsable del escandaloso fracaso escolar que vive México.

Espero que usted, como líder del sector educativo en el país, a partir de diciembre próximo, y como responsable de las políticas públicas educativas, así como de la gestión educativa de los funcionarios federales, académicos, especialistas y expertos, autoridades de todos los niveles de gobierno, tomadores de decisiones, etc., cumpla plenamente con sus tareas y haga también las veces de animador del cambio educativo en otros ámbitos, esto es, que logre convocar a políticos, empresarios, legisladores y líderes de opinión, así como a las organizaciones no gubernamentales, que tengan interés en desarrollar iniciativas progresistas en esta materia.

Por último, le solicito que no deje de hacer acercamientos y contacto con las escuelas, con la gente en las aulas, los laboratorios, las canchas deportivas, jardines, talleres y patios de usos múltiples para que, juntos, podamos conversar y discutir, de manera abierta e informada, sobre los avances que se vayan dando del cambio educativo en México.

Agradezco de antemano su atención y le envío un cordial saludo.

Santiago de Querétaro, Qro., 1 de agosto de 2018.

*Profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro.

Fuente del Artículo:

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/08/01/carta-desde-el-aula-a-esteban-moctezuma

ove/mahv

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Reforma educativa y burocracia: problemas y soluciones

México / 19 de agosto de 2018 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias

“Soy una prueba de los maestros olvidados y que la Reforma Educativa no fue más que movimiento inútil. En ciclos escolares anteriores presenté dos evaluaciones, una de permanencia y otra de promoción resultando idónea en ambas ocasiones, con buenos resultados. En la evaluación de permanencia obtuve el 2° lugar a nivel Ciudad de México, sin recibir a la fecha ni la “basificación” del segundo recurso, que fue la promesa por hacer el examen, ni la mejora salarial y menos la promoción.” Es la narración que me envió una profesora de Educación Primaria hace unos días.

Durante los últimos años he recibido una cantidad considerable de mensajes como éstos, e información de profesoras y profesores tanto de educación básica como de media superior, sobre irregularidades cometidas por la burocracia durante la puesta en operación y los procesos finos de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), que forma parte del aparato legal de aquello que se ha dado en llamar “Reforma Educativa”, del gobierno de Enrique Peña Nieto.

El contenido de dichos mensajes está dirigido a protestar en contra de las irregularidades en que han sido víctimas muchos de los docentes, directivos escolares y asesores académicos de la escuela pública, participantes de las evaluaciones organizadas por la SEP, a través de la Coordinación Nacional del SPD. Las denuncias y manifestaciones de coraje o decepción, por la manera en que se ha puesto en práctica la mencionada ley, también tienen por objetivo mostrar los desvíos y sesgos que han producido las burocracias tanto del gobierno federal como de las entidades federativas en tales procesos. Han sido de tal grado las fallas y las inconsistencias, -escriben las diferentes figuras escolares-, que por esa razón le han dado en llamar a esta Reforma más bien “administrativa y laboral”, pero no pedagógica.

Además de no ser educativa, esta Reforma ha sido deficientemente aplicada, pues la operación de la misma no se apega a criterios de equidad, eficiencia, transparencia y oportunidad en los procesos y productos de la evaluación educativa.

“Para la promoción obtuve el lugar 57 para Supervisión de Primaria. Al solicitar a la presidencia de la República, el informe (acerca) de cómo iba el proceso y la aclaración (respectiva sobre) la asignación de plazas, me informaron que a diciembre (2017) habían entregado 25 espacios. En mayo (de 2018) hubo otra remesa de 33 espacios más, lo que da un total de 58 plazas para Supervisor, por consiguiente debí haber sido asignada, lo cual nunca sucedió. La repuesta de las autoridades es: «Vuelve a hacer el examen, pero no hay lugares y lo sabes», lo cual es una burla a mi trabajo y a mi persona. Aún peor, el director que me asignaron en turno vespertino apenas si obtuvo la evaluación de “suficiente” en el examen de permanencia, sin hacer evaluación de promoción, y (aún) así lo asignaron como director de doble turno, con resultados muy por debajo de los míos, lo cual se supone que no debería hacerse, ya que fue asignado por “dedazo”. ¿Es o no es una burla?”, así lo narra una de las profesoras afectadas.

Aun si se concediera que esta Reforma tiene solo carácter “laboral” y no pedagógico, sus componentes legales deberían de cumplirse al pie de la letra, pero esto no ha sido así. La entrega de plazas, por ejemplo, a partir del criterio discutible del “mérito”, se ha quedado en el discurso, en incumplimiento o simplemente ha quedado arrastrada por el poder de la burocracia. No solo se trata de un problema de la aplicación inexacta de la ley (tal como lo han dicho algunos defensores de la Reforma Educativa actual), sino de la inercia deplorable de los usos y costumbres que gobiernan en las oficinas y mostradores locales o de cada entidad.

Algunos de los mensajes que he recibido y que más me han llamado la atención, son aquellos que se refieren a la aplicación torcida de la LGSPD, debido a que no se ha atendido lo escrito en ella ni se han seguido dichos principios básicos administrativos, ello se puede evidenciar en el manejo poco claro y expedito de la información, en la falta de transparencia en los procesos y el uso de los recursos, así como en la carencia de “certeza” y atención prioritaria al “mérito” como criterio para la designación de plazas, incentivos y reconocimientos profesionales; tampoco se ha atendido eficientemente el otorgamiento de promociones y el envío de los resultados puntuales, a los interesados, de las evaluaciones de desempeño.

Las preguntas que quedan sobre la mesa de los diputados federales y senadores, que fungirán como representantes de la sociedad en el Congreso de la Unión durante el siguiente periodo ordinario, a iniciar en septiembre próximo, son: ¿Qué modificaciones a las normas legales se prevén en el corto y mediano plazos en materia de educación para solucionar estas injusticias? ¿Hay planes para establecer un nuevo régimen de evaluaciones para docentes, directivos escolares y asesores técnicos con apego a la realidad educativa? De seguir adelante el plan de echar abajo la Reforma actual: ¿Están contemplados candados y sanciones dirigidos a las autoridades educativas, tanto del ámbito federal como estatal, a efecto de evitar estas aplicaciones sesgadas e irregulares de las normas?

Aparte de la necesidad de realizar modificaciones urgentes al marco legal de la educación en todo el país (no solo en lo que concierne a la evaluación de las figuras educativas), es conveniente que se ponga orden a los manejos irregulares que realizan las autoridades intermedias y superiores en las entidades federativas. Hacer un alto en el camino y crear nuevas condiciones para que los docentes, directivos y asesores sean respetados en sus derechos y obligaciones, son prioridades que deberá observar el próximo gobierno de la República, a partir de un nuevo marco legal.

Así mismo, es tiempo de valorar la pertinencia de crear un organismo autónomo que se dedique a revisar y resolver, de manera neutral, los procesos de evaluación a los que están y estarán sujetas las diferentes figuras escolares. Me refiero específicamente a la creación de una Defensoría de los Derechos de los Profesionales de la Educación.

Si en el ámbito federal los ciudadanos contamos con instituciones similares para defender derechos diversos en los ámbitos del consumo, la violencia, la discriminación, los conflictos fiscales y los servicios médicos, entre otros ¿por qué no habría de ser así para los educadores?

jcmqro3@yahoo.com

Fuente del Artículo:

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/08/13/reforma-educativa-y-burocracia-problemas-y-soluciones

ove/mahv

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México. Fallos judiciales reconocen “vacíos legales” en aplicación de Reforma Educativa: una batalla ganada por la CNTE

México / 1 de julio de 2018 / Autor: Proceso / Fuente: Resumen Latinoamericano

Un cambio en la estrategia jurídica de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) permitió que órganos del Poder Judicial finalmente le dieran la razón a los contingentes del movimiento magisterial, al reconocer, a través de la resolución de tres juicios de amparo, los vicios y vacíos legales en la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), uno de los tres pilares de la Reforma Educativa.

Apro tuvo acceso a las resoluciones de los juicios de amparo 144/2016 radicado en el juzgado Sexto de Distrito en el estado de Quintana Roo, el 795/2017-V en el juzgado Octavo de Distrito en Sonora y el 1047/2017 en el Juzgado Tercero de Distrito de Yucatán que maestros aliados a la CNTE interpusieron desde el año pasado y en los que cada uno de los jueces y ministros estatales que resolvieron los recursos legales este año evidenciaron faltas al “debido proceso” en la aplicación de la LGSPD.

De acuerdo con el análisis jurídico de los ministros y jueces encargados de resolver los amparos, la principal violación fue que las notificaciones a los profesores que resultaron seleccionados para presentar el examen de permanencia no se hicieron “conforme a derecho”.

A su vez, esto evidenció que la Ley General del Servicio Profesional Docente, publicada en septiembre de 2013, omite el proceso para definir cómo debe ser la selección de los docentes que serán evaluados y con la que se define si un profesor continuará o no frente a grupo.

Según determinó la magistrada presidente del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito de Yucatán, Raquel Flores García, la juez Octavo de Distrito en el estado de Sonora, Araceli Trinidad Delgado, y el presidente magistrado del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito de Quintana Roo, José Ángel Máttar Oliva, las notificaciones de selección que recibieron los profesores agraviados carecen de sustento jurídico, pues se hicieron por correo electrónico, incluso algunas más de manera verbal, violentando con ello la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

Este tipo de notificaciones ocurrieron en, por lo menos, 17 casos, igual al número de profesores que presentaron el recurso de amparo.

La cuestión no es menor, explicó a apro el abogado de la Comisión Nacional de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos (CONAJUDH) de la CNTE, Julio César Velázquez García, pues con estas notificaciones “laxas” de selección se puso en juego el trabajo de los docentes y, en su caso, se inició el procedimiento de remoción.

Actualmente, el movimiento magisterial reclama el cese de 586 profesores que fueron removidos por causas como “no abrir su correo electrónico”; “no se enteraron, no fueron a la evaluación y hoy están cesados de manera injustificada”, comentó el litigante.

La violación que jueces y magistrados identificaron es tal que en la resolución del 19 de diciembre de 2017 del amparo 795/2017-V, la jueza Trinidad Delgado determinó otorgar la suspensión definitiva para que los dos docentes amparados no acudan al examen de permanencia hasta que no se les notifique de manera fundamentada y motivada.

También, en la resolución del 15 de marzo de 2018, el magistrado presidente Máttar Oliva del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, suspendió el procedimiento de remoción al que estaban sujetos cuatro profesores de Quintana Roo, por la misma causa.

En lo que denominaron la última jornada de lucha antes de las elecciones del 1 de julio, los profesores de la CNTE mantuvieron un paro laboral desde el 4 de junio y hasta el 20 del mismo mes, para demandar la reinstalación de la Mesa Única de Negociación, con el secretario de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida; el de Educación Pública (SEP), Otto Granados Roldán, y el mismo presidente, Enrique Peña Nieto, para tratar las “violaciones” laborales de la Reforma.

Hasta el miércoles 20, los maestros estuvieron en plantón sin recibir respuesta del gobierno federal a sus peticiones de diálogo.

Contra la Reforma

Desde que en 2013 legisladores que promovieron el “Pacto por México” y congresos locales votaron en pro de la Reforma Educativa – una de las 11 reformas estructurales del plan de gobierno del presidente Peña Nieto-, los profesores de la CNTE denunciaron que su aplicación significaba modificaciones de carácter laboral, más que pedagógicas, y que afectarían los derechos de trabajadores del gremio.

Una vez aprobados los cambios a los artículos Tercero y 73 constitucionales -el “corazón” de dicha Reforma-, la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE decidió emprender una batalla política, pedagógica y jurídica.

Esta última, arrancó con la interposición de una oleada de al menos 80 mil amparos contra las modificaciones constitucionales. A finales de 2013, hubo una nueva presentación de 300 mil amparos contra la publicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Pero en ambos casos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la “invalidez” de los amparos, en contra de los profesores, al subrayar que ningún derecho puede estar por encima del interés superior de la niñez.

Tras la inacción, en 2016 vino un tercer intento de la CNTE de luchar jurídicamente, esta vez al denunciar violaciones en la aplicación de las leyes secundarias.

El 3 de marzo de 2016, seis profesores de prescolar, primaria y secundaria de Quintana Roo pidieron el amparo de la justicia federal contra el procedimiento de remoción de labores que inició la Secretaria de Educación estatal, por no acudir a la evaluación de permanencia de ese año.

Según consta en el recurso de amparo 144/2016, los docentes se identificaron como “terceros extraños” en el proceso administrativo de remoción iniciado en su contra, es decir, que desconocían del proceso de remoción, al argumentar que no habían sido notificados “fundada y motivadamente” de su selección para presentar la evaluación, porque se les avisó por correo electrónico y no físicamente.

El 28 de junio de 2017, el Juez Sexto de Distrito del estado, con residencia en Chetumal, les dio la razón.

En sus considerandos, exigió a las autoridades locales que declararan “insubsistente” el procedimiento de remoción contra cuatro de los seis docentes, pues encontró que “la diligencia de emplazamiento” o la notificación de su procedimiento de remoción violaban los artículos 76 y 77 de la Ley del Procedimiento Administrativo del estado, relacionados con la notificación personal y a domicilio.

El mismo juez, además, identificó que la notificación de la selección de otro de los docentes también era violatoria, por contener las mismas características.

Los docentes pertenecientes a la Coordinadora y las autoridades locales pidieron un recurso de revisión del amparo. Los maestros pretendían buscar que la resolución beneficiara a todos los quejosos, en tanto que, la Secretaría de Educación local quería impedir un primer fallo favorable para los profesores “disidentes”.

El recurso 468/2017 se turnó al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en el que en sesión del 15 marzo 2018, por unanimidad de los votos del magistrado presidente José Ángel Máttar Oliva y los magistrados Luis Manuel Vera Sosa y José Francisco Albarrán Mendoza confirmaron la sentencia, justificando que “al tratarse un de procedimiento administrativo (…) se debe exigir que cumpla con el mayor número de formalidades o cercioramientos, con la finalidad de que el notificador tenga la posibilidad de comparecer al procedimiento y  defenderse”, señala el documento.

Con esta primera sentencia a su favor, los abogados de la CNTE fueron aún más lejos y el 13 de septiembre de 2017, subrayando una vez más la indebida notificación, dos docentes de Sonora Interpusieron el amparo 795/2017-V.

La resolución del juez Javier Gálvez Zúñiga del Juzgado Octavo de distrito en Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, no sólo trascendió por ser la primera vez que se otorgó a los docentes la suspensión provisional para que no fueran convocados al proceso de evaluación de permanencia de ese año.

También se puso a discusión un segundo argumento fundamental para la Coordinadora: la selección de los docentes carece de fundamentos legales en la Ley del Servicio Profesional Docente; es decir, “la elección de docentes (a ser evaluados) puede realizarse de cualquier forma”, según se lee en los argumentos de los profesores, plasmados en la redacción del amparo 795/2017-V.

El 19 de diciembre de ese año, tras la apertura de un periodo de pruebas, la Juez Octavo de Distrito de Sonora, Araceli Trinidad Delgado, otorgó la suspensión definitiva a los dos maestros, reiterando que la notificación de selección para la presentación del examen fue ilegal, pues se confirmó que fue vía correo electrónico.

La juez también se valió del Oficio CNSPD/DGPE/L00.3/840/2017, firmado por María Isaura Prieto López, directora general de Permanencia, de la de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, en el que se expresó que las notificaciones para el proceso evaluativo, “únicamente se pueden hacer por correo electrónico cuando así lo consciente el maestro. En caso contrario la autoridad tendrá la obligación de proceder a notificar personalmente”.

La resolución de la jueza de Sonora también coincidió con el fallo del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito del Estado de Yucatán, en el amparo 1047/2017, promovido por ocho docentes de esa entidad.

Si bien, el recurso de los docentes yucatecos no procedió, los magistrados Paulino López Millán, Raquel Flores García, Fernando Amorós Izaguirre analizaron que “para el desarrollo del proceso de evaluación educativo se requiere de la citación del personal docente a dicho proceso (…) la simple comunicación verbal y/o electrónica de su selección para ser evaluados no constituye propiamente una determinación efectiva que sujete a los quejosos de manera real y actual a una evaluación docentes”.

Resoluciones “a modo”

Los órganos judiciales locales no son los únicos que han reconocido los vacíos legales.

El pasado viernes 22, tras cuatro años de implementada la reforma educativa, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la parte gremial de los maestros que apoyó las modificaciones constitucionales en la materia, aseguró que existen “inconsistencias” en la LGSPD.

En un mensaje oficial, el sindicato reconoció que la basificación de prefectos y ayudantes de laboratorio había quedado “indefinida”, debido a una “interpretación equivocada de la ley”. Por una serie de “gestiones” con la SEP, el SNTE logró que se entregara el nombramiento “definitivo” a 861 prefectos de secundarias generales y técnicas, así como a 139 ayudantes de laboratorio de secundarias generales, sin que éstos realizaran la Evaluación de Desempeño del Servicio Profesional Docente, que marca la Ley General del Servicio Profesional Docente.

El líder del SNTE, Juan Díaz de la Torre, adelantó que el gremio también buscará ante la autoridad educativa un trámite similar para otorgar el nombramiento definitivo a médicos escolares y a seis mil docentes de Tecnologías.

La SEP guardó silencio.

El asesor jurídico de la CNTE, Julio César Velázquez, explicó que, con esta nueva oleada de amparos contra el proceso de la aplicación de la Ley del Servicio Profesional Docente, la Coordinadora busca demostrar los vacíos legales y la ilegalidad de la Ley General del Servicio Profesional Docente que afecta al gremio magisterial.

“La ley no dice la forma y el procedimiento para seleccionar a los maestros que tienen que ir a evaluación de la permanencia; no te dice nada al respecto. Y lo que pasó es que, curiosamente, todos los profesores que se inconformaron salieron seleccionados para la evaluación”, refirió el litigante.

Y agregó: “La SEP presume de un software que hace la selección aleatoria, pero en la base de datos de éste se metieron solamente algunos nombres y a los demás los dejaron afuera. En algunos otros estados, se hicieron tómbolas en plazas públicas con notarios públicos, pero con cierto número de participantes. Lo cierto es que ninguna ley te dice que de esta o de otra manera hay que hacerlo”.

Velázquez advirtió que, tras los fallos favorables a los docentes, buscarán una nueva oleada de amparos por esta causa, no sin antes advertir que como ha ocurrido con los amparos de 2013, el Poder Judicial insista en convalidar la “discriminación por ideología política” que sufren los también docentes afiliados al SNTE y responda con “resoluciones a modo”.

Para este último punto, el abogado ejemplifica:

“En 2013, el Consejo de la Judicatura Federal determinó que todos los amparos que maestros interpusieron ese año en contra de las leyes secundarias de la Reforma Educativa se concentraran en tres juzgados con sede en Cholula, Puebla, y que ahí, en una sola pila, se resolvieran todos. Nosotros creemos que si permitían que los amparos se dispersaran por todo el país iba a haber jueces que resolverían en sentido distinto y favorable. El acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal fue una forma de asegurarse que esto no sucediera”, explicó el abogado.

El giro en la estrategia legal de la Coordinadora también se refleja en la creación de una instancia dentro del movimiento magisterial facultada para llevar el litigio a nivel nacional.

En 2014, para evitar la dispersión de la defensa de los maestros de todo el país contra la Reforma Educativa y para que “todos jalaran parejo”, se creó la Comisión Nacional Jurídica y de Derechos Humanos de la CNTE.

Fuente de la Noticia:

México. Fallos judiciales reconocen “vacíos legales” en aplicación de Reforma Educativa: una batalla ganada por la CNTE

ove/mahv

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Artículo 24: ¿La puntilla de las Normales?

Por: Rogelio Javier Alonso Ruiz

De acuerdo a la Convocatoria del Estado de México sobre el Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica, ciclo Escolar 2017-2018, quien desee contender por una plaza docente de Matemáticas en Educación Secundaria, deberá contar con título en la carrera normalista de Educación Secundaria con Especialidad en Matemáticas o bien en alguna carrera universitaria como Robótica, Mecatrónica o Estadística Industrial, por mencionar algunas.  Entonces, aquel joven que busque prepararse para enseñar la asignatura en este nivel educativo tendrá dos vías: una carrera normalista o una carrera universitaria. ¿Cuál le convendrá más? En términos de preparación pedagógica, no hay duda que la primera; en términos de oportunidades de trabajo, la segunda es la opción más favorecedora.  Dicho coloquialmente, al estudiar la carrera de Robótica un joven estaría “matando dos pájaros de un tiro”, pues además de tener la posibilidad de ejercer en industrias, empresas o centros de investigación, podrá, aunque no sea su especialidad, desempeñarse como docente del nivel educativo mencionado.

El artículo 24 de la Ley General de Servicio Profesional Docente (LGSPD) establece que el perfil de ingreso para los profesores de Educación Básica “corresponderá al académico con formación docente pedagógica o áreas afines que correspondan a los niveles educativos, privilegiando el perfil pedagógico docente de los candidatos; también se considerarán perfiles correspondiente a las disciplinas especializadas de la enseñanza”. Así pues, aunque es entendible que un joven que desea prepararse para profesor, en vez de elegir una carrera normalista, elija una universitaria, alguien interesado en la calidad del servicio educativo probablemente se haría preguntas como las siguientes: ¿En qué momento un estudiante de la licenciatura de Robótica o Mecatrónica tiene acercamientos con la didáctica de las Matemáticas? ¿Qué le enseñan sus maestros sobre teorías del aprendizaje? ¿Cuándo se le explica la relevancia de la evaluación formativa? ¿Cuándo se le habla sobre las características físicas y cognitivas de los niños y los adolescentes? ¿Cuándo tiene la posibilidad de practicar en un grupo escolar?

Si bien la presencia de profesionistas con poca o nula formación pedagógica no es un fenómeno desconocido en las escuelas mexicanas, la situación anterior ha sido aceptada por la LGSPD, promulgada en septiembre de 2013. Aunque el abandono oficial a las Escuelas Normales, el desprestigio público de la figura del docente y la represión a estudiantes normalistas (rurales sobre todo) son factores de peso, a partir de la LGSPD la matrícula normalista se ha desplomado de manera alarmante. Recientemente, un estudio de Medrano, Ángeles y Morales (2017) ha revelado que para el ciclo escolar 2015-2016 se presentó el número más bajo de alumnos normalistas en casi medio siglo (44 años); tan solo en los primeros cuatro ciclos escolares del sexenio del presidente Peña Nieto, la matrícula normalista ha tenido una disminución de casi 20%, situación que no obedece a la contracción de la población infantil y juvenil esperada para los próximos años, pero sí a los factores que se mencionaron anteriormente, entre los que destaca la apertura de las plazas docentes a licenciados no normalistas.

Lo establecido en el artículo 24 de la LGSPD no sólo trae consecuencias negativas para las Escuelas Normales, sino también para la Educación Básica y el magisterio como gremio. Si lo que se desea es incrementar la calidad del servicio que se ofrece en las escuelas de Educación Básica, no parece adecuado abrir las puertas a profesionistas que únicamente tienen una preparación “afín”, y no especializada, para estar a cargo de un grupo escolar. En cuanto a las afectaciones al gremio, la entrada de profesores que no comparten un origen, que carecen de una identidad profesional docente, que ven a la docencia como una opción secundaria a su proyecto laboral,  sin duda será un terreno propicio para embestidas que pretendan acelerar la de por sí creciente desprofesionalización del magisterio, algo que, en cambio, sería más difícil con un cuerpo magisterial conformado por integrantes que valoran su profesión y la ven como un proyecto de vida: ¿defenderá igual la dignidad de la profesión docente quien encontró esta ocupación como una alternativa que quien desde joven sintió la vocación por estar en las aulas?

La disminución de la matrícula normalista, además de generarse por el hecho de que un universitario tenga pase a los exámenes de ingreso al servicio profesional docente, posiblemente se intensificará en un futuro, pues, tal como se establece en el documento Aprendizajes clave para la formación integral. Plan y programas de estudio para la educación básica, las universidades “deberán construir la oferta académica [docente] de la que ahora carecen” (SEP, 2017, p. 42). Ante esto, un eventual enfrentamiento entre universidades y escuelas normales sería totalmente disparejo: en cuanto a tamaño, por ejemplo, mientras las primeras concentran a más del 90% del estudiantado superior, las segundas apenas alcanzan un escaso 3%; aunado a lo anterior, se agregan las diferencias en presupuesto, infraestructura, personal y cuerpos académicos, entre otras, a favor de las universidades.   Así pues, dadas las condiciones actuales y la proyección a futuro, no es descabellada la posibilidad de que las universidades tomen la batuta de la formación docente, llevando a las Normales a un plano secundario, si no es que a su extinción.

Mientras la Ley General del Servicio Profesional Docente permita el ingreso al servicio de profesionistas con perfiles semiespecializados o ajenos a la labor docente, no se podrá esperar una recuperación de la matrícula normalista. Si lo que la Reforma Educativa buscaba era precisamente incrementar la calidad de la educación, entonces es incomprensible que se consienta que los nuevos maestros puedan contar únicamente una formación “afín” a la labor educativa, y no exigir, en cambio, una preparación especializada para esta tarea. Así pues, se quiere una educación de calidad, pero contradictoriamente se da pie a que los nuevos docentes sean egresados de escuelas que no privilegian la preparación pedagógica. Es comprensible que los jóvenes, al momento de elegir una carrera, dada la difícil situación económica por la que atraviesa el país, privilegien los aspectos económicos  y de versatilidad laboral, en detrimento, en este caso, de la especialización en la labor docente.

En suma, el artículo 24 de la ley en cuestión representará quizá la concreción de un proceso de debilitamiento sistemático que apunta hacia la extinción de las Escuelas Normales.  Restó valor a la formación normalista, afectando así no sólo la matrícula, sino la relevancia social de estas instituciones. Transmitió la idea de que la labor docente es tan sencilla que hasta un profesionista con escasas o nulas nociones pedagógicas puede desempeñarla. En tauromaquia, la puntilla es un pequeño puñal que se que se emplea para quitar la vida de los toros derrotados y moribundos, que previamente han sido torturados físicamente, pero se aferran a la vida. Se emplea cuando la estocada propinada por el torero, si bien generó un daño severo, no fue suficiente para matar al toro, por lo que se hace necesario el uso de esta arma para lesionar órganos nerviosos relacionados con la respiración y el latido cardiaco de la bestia.  ¿Algo similar pudiera representar, a mediano plazo, el artículo 24 de la LGSPD?

 

REFERENCIAS

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Ley General del Servicio Profesional Docente. México: autor, 2013.

MEDRANO, V., ÁNGELES, E. y MORALES, M. La educación normal en México. Elementos para su análisis. México: INEE, 2017.

SEP. Aprendizajes clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para la educación obligatoria. México: autor, 2017.

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Para que fragüe el mérito, nos deben la tutoría

David Calderón

En su Política para Amador, el filósofo Fernando Savater expone con mucho tino qué es lo que está errado en la sucesión dinástica que supone una monarquía, y por qué, con todos su bemoles, es mejor y más digno un sistema electoral competitivo para elegir a la cabeza del Estado. El asunto es que las virtudes y alcances de una persona, su destacado desempeño como líder, pueden no estar para nada presentes, o no en los niveles adecuados, en sus descendientes. La monarquía hereditaria nos quiso ahorrar -obvio, con gran ganancia para las pocas familias involucradas directamente- la inestabilidad del cambio, y para ello se permitió una alucinante concentración de poder y recursos para preparar a los sucesores, y que así –supuestamente- llegaran listos al puesto que era su destino. Amargamente descubrimos que la sucesión hereditaria trae más distorsiones que certezas, y que tener a alguien en una función vitalicia y con privilegios sucesorios, sin evaluaciones de desempeño que pudieran condicionar su permanencia, es sencillamente validar la tiranía.

Con gran trabajo nos hemos desembarazado, en la sociedad contemporánea, de esa tradición. Con la Ilustración y las revoluciones liberales del XIX, también nos quitamos de la idea de que los hijos deben seguir forzosamente los oficios de sus padres y que es injusto para ellos, porque es inaceptable que se imponga sobre la voluntad individual un arreglo social que privilegia estabilidad sobre logro. “te toca carnicero, ni modo”; “dibujas bien, pero eso es irrelevante”; “te toca ama de casa y esposa calladita, aunque tienes talento de oradora y talante de aventurera”.

Igual de importante, se fue consolidando con evidencia la convicción de que el sistema hereditario deteriora el bien que los ciudadanos ofrecen a la colectividad si no hay control externo e independiente -para ser médico hay que estudiar y pasar exámenes, pues heredar la licencia para ejercer sin más es poner a los demás en peligro. En el último siglo nos estamos volviendo aún más precisos: cuestionamos los sistemas de complicidad y poder de los matrimonios convenientes, de las empresas familiares opacas, de la red de autoprotección –para consolidar la discriminación, la impunidad y el privilegio- en los colegios privados, e incluso, en las sociedades más avanzadas, cuestionamos que sin más se hagan los legados y herencias de bienes, pues concentran la riqueza y detienen el progreso y la innovación, y que por tanto, deben tasarse vigorosamente (ésa es hoy la verdadera prueba de qué tan liberal y creyente en el mérito individual es un político o empresario “liberal”).

Uno de los procesos fundamentales que se desprenden del cambio constitucional y legal para el sistema educativo, aprobado en 2013 y de observancia obligatoria para la Federación y los estados, es el ingreso a la profesión docente a partir de un concurso público. Es decir, a diferencia de la práctica vigente hasta entonces, los nombramientos que le dan ingreso al servicio como maestro a una o un joven, no pueden estar vinculados al prestigio dinástico de sus padres maestros; no se puede “heredar” la plaza, como se venía haciendo, ni tampoco tenerla comprada, canjeada, condicionada a moche, favor o apoyo; ni siquiera puede ser “automática”.

En una profesión de servicio público, el hecho de haber estudiado en una escuela –incluso a cargo del estado, como las Normales públicas- no garantiza que están presentes los rasgos del perfil, o bien, estando presentes, no ordena la adecuada prelación para la designación como servidor público –garante del derecho a aprender de los niños- y que se ocupen los puestos disponibles. Nunca hubo derecho a heredar o transar plazas; ahora tampoco se “dan”, pues no son propiedad de los maestros: son mandatos de la sociedad democrática, de enorme dignidad y responsabilidad, pero no son propiedades y menos perpetuidades.

Las discusiones con el equipo de transición y con los legisladores llevaron a que se notara que la mera resolución correcta de un examen de oposición (en pantalla, pero es equivalente a un examen de papel y lápiz) es un indicio significativo pero incompleto de la idoneidad de un maestro novel. Por ello quedó plasmado en el artículo 22, párrafo segundo de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) que en los dos primeros años los maestros que alcancen una asignación a resultas del concurso tiene derecho y obligación de recibir tutoría, por parte de un docente experimentado.

Esta ha sido una de las piezas de la reforma legal que peor se ha implementado, y en la que el gobierno federal y los gobiernos estatales tienen poco qué presumir. Para los años de concurso vigente con las nuevas reglas, no hay información confiable pública sobre las tutorías efectivamente realizadas, caso por caso. El único estudio disponible al respecto, realizado por el INEE en el ciclo escolar 2015-2016, muestra que sólo 36% de los nuevos ingresados tuvieron al menos una sesión con sus tutores. No hubo presupuesto, no quedaron claras las reglas de designación de tutores, hay barrera de tiempo o distancia… no lo sabemos. Aquí hay un tache muy grande al equipo actual de la SEP y sus correspondientes en los estados; le están fallando a dos tercios de los maestros que comienzan su vida profesional con el nuevo esquema, y sobre todo están violando –sí, las autoridades- el derecho de los niños al máximo logro de aprendizaje, como marca la Constitución, pues es garantía de dicho derecho contar con un maestro idóneo según lo que marca la ley.

Así que nos la deben. Se lo deben a los miles de jóvenes con vocación que se han esmerado por ser las primeras generaciones que tiene sobre sus hombros la mirada escrutadora de la sociedad, con un marco legal exigente para poner sobriedad al bandidaje extremo de las cúpulas sindicales, partidistas y burocráticas. ¿Tendremos los ciudadanos que recurrir a la legítima defensa en tribunales? ¿Habrá un spot televisivo sobre los logros de la tutoría? Este pendiente de la reforma emplaza directamente al nuevo secretario Granados, al INEE tan ausente en temas de derechos, a la CNDH, a los gobiernos estatales. Salir de la herencia es logro. Pero solo si no caemos en la simulación.

Fuente del articulo: http://www.educacionfutura.org/para-que-frague-el-merito-nos-deben-la-tutoria/

Fuente de la imagen: http://www.educacionfutura.org/wp-content/uploads/2014/07/maestros-examen.

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