Ley Educativa

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La Lomloe se declara indagadora de la sostenibilidad (parte I)

Carmelo Marcén

Por:

  • Cada vez que se formula una nueva ley educativa para la enseñanza obligatoria, y van muchas, uno tiene la rara manía de leérselas. En concreto busca si existe una relación entre lo que se dice en el prólogo, lo que podríamos llamar los principios generales, y cómo estos se traducen en algo tan simple como los contenidos, o más bien los matices y el envoltorio con los cuales se presentan o recomiendan.

Ha llegado a mis manos el borrador del proyecto de Real Decreto por el que se establecen en la Lomloe las enseñanzas mínimas de Educación Primaria. Dado que la primera parte se dedica a definir la estructura y el marco normativo, con todas sus disposiciones adicionales, lo he visto de pasada pero lo doy por leído y dejo su consideración a los distintos equipos educativos que deban ponerlo en marcha. Aunque en toda esta primera parte se dicen cosas sustanciales y algunas novedosas, que van más allá de cambio de terminologías de las que todas leyes educativas tienen la manía de incluir. En concreto, habrá que darle vueltas al asunto de la situación del aprendizaje y los principios para su diseño, que vienen recomendados, “a título orientativo” se dice. Me gusta ese matiz, pues deja una libertad que aprecia quien ha actuado más de una vez de partisano didáctico en su trayectoria profesional. En fin, ahí van una serie de percepciones; no se trata de un análisis pormenorizado, escudriñador o complaciente.

Tiene su dificultad para buena parte del profesorado el cometido de diferenciar/relacionar entre objetivos y competencias clave. No digamos de su adaptación al perfil de salida del alumnado, como si fuera una carrera. Más todavía si lo anterior lo queremos compaginar con unas competencias específicas que debemos distinguir de los saberes básicos en el contexto de situaciones de aprendizaje. Me veo como maestro en una reunión traduciendo y acordando con los compañeros y compañeras de ciclo o área. No digo nada pero oídos los comentarios me pregunto si cada cual habrá hecho una lectura reposada para entender el entramado pedagógico, pasado y futuro. Dudo si llegaremos a ponernos de acuerdo sobre lo que dice el borrador. Por poner solo un ejemplo: “Conseguir que las competencias específicas en lo ambiental sean el elemento de conexión entre el perfil de salida del alumnado (seguro que se pensado en el de entrada) junto con los saberes básicos de las áreas y los criterios de evaluación”. En fin, que se necesita tiempo de análisis para sintetizar lo que se pide, más si tenemos en cuenta lo de la evaluación. ¿Hará falta una formación específica? Esperemos que la Administración educativa no pida los proyectos para anteayer, como a veces hace.

Dejo esta hipótesis abierta y por ahora vamos a dedicarnos a reconocer de qué manera la Lomloe ha abierto los currículos a la sostenibilidad. Eso tan complejo que se asemeja a una manera de pensar, saber y vivir como colectivo sin fronteras que se hace inexcusable en los tiempos que nos vienen por delante.

De entrada, hay que aplaudir la decidida apuesta por abrir los currículos y definir una serie de saberes de los que hasta ahora se habían olvidado otras leyes. Quienes mandan en el Ministerio han sido valientes. Me imagino a los profesores y profesoras diseñadores del currículo de primaria dándole vueltas a lo que proponían y cómo lo hacían. Luego, al margen de consideraciones varias, un aplauso ecosocial por su esfuerzo hacia ese destino. Y aquí está uno de los teóricos distintivos básicos de esta nueva ley. Otro aplauso.

Aun así, estamos preocupados por ese escenario llamado perfil de salida. Siguiendo con la hipotética reunión de equipo o área; no sabemos las interpretaciones que de él podrá hacer el profesorado. Pues esa “herramienta”, definida como la piedra angular de currículo, según lo comprendido, cabe sospechar que proporcione una visión estructural y funcional de tal manera que capacite al alumnado para todas las situaciones que le plantea la vida, incluido el perfil del entorno natural y del planeta en su conjunto. Además, debe ser “el fundamento del aprendizaje permanente y el referente de la evaluación interna y externa de los aprendizajes del alumnado, en particular en lo relativo a la toma de decisiones sobre promoción entre los distintos cursos, así como a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria” (Anexo I). En este punto vemos una dificultad nada desdeñable para la transición pedagógica y didáctica que debe llevar a cabo el profesorado implicado. Luego está el porcentaje que hace caso omiso a las leyes educativas y utiliza las “tablas de la ley” de los libros de texto.

Siguiendo sin resolver el asunto, aquí nos vamos a las competencias clave (en particular la ciudadana y la social). Nos permitimos apuntar unas cuantas notas que trae el borrador que podrían “sostenibilizar” bastante, si los libros de texto no ejercen su tiranía, el día a día escolar:

  • La dedicación de un tiempo lectivo a la realización de proyectos en los que se resuelvan de manera colaborativa los problemas planteados. Se terminó el llevar a cabo experiencias socioambientales sumadas a todo lo demás que el currículo marca, que ya es demasiado. Ahora se pueden hacer “en lugar de” y no “además de”.
  • Dichos proyectos se podrán realizar agrupando áreas en ámbitos de vida, algo acorde con la sostenibilidad del currículo. Más cercano a las referencias sociales del alumnado. Pero con cuidado que no es sencillo.
  • El perfil de salida supondrá que el alumnado participe activamente en el entorno natural y del planeta para asumir como propios los retos que se recogen en el documento Key Drivers of Curricula Change in the 21st Century de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. De tal forma que, además de otros hábitos de vida saludable, haya generado la toma de conciencia sobre la degradación del medioambiente. Todo lo cual se consigue con la adquisición de unas competencias clave en el contexto de una posición ética exigente. Ahí va un esfuerzo considerable, coordinado, creciente, comprometido, etc. Nada sencillo, por otra parte.
  • La competencia en ciencia hace suya la sostenibilidad pues se aproxima a la comprensión del entorno natural y social para interpretar el mundo de la incerteza. Si bien se ha deslizado un matiz que a nosotros nos parece cuando menos ambiguo: los métodos de la ingeniería para “transformar el entorno” de forma comprometida, responsable y sostenible. En esta competencia aparecen otros estilos de aproximación que deberían ser debatidos en un claustro monográfico: (STEM5) “Participa en acciones fundamentadas científicamente para preservar la salud y el medio ambiente, aplicando principios de ética y seguridad practicando el consumo responsable.” Aquí cabría la lucha contra el cambio climático, que debería tener una categoría especial en todos los centros de Primaria.
  • La competencia digital (CD) propone un uso sostenible y crítico de las TIC. Particularmente interesante para la cuestión ambiental y de la sostenibilidad el descriptivo operativo de la CD5 si bien no lo concreta tanto como lo hace la CD4: adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para… la salud y el medioambiente, y se inicia en la adopción de hábitos de uso crítico, seguro, saludable y sostenible de las mismas. Es este un modelo de vida más deseable en un escenario social actual en donde prima el usar y tirar, con los evidentes deterioros ambientales y sociales que se generan. Una idea interesante, muy comprometida de conseguir dadas las inercias actuales.
  • La competencial personal y social incluye entre “la habilidad de hacer frente a la incertidumbre y la complejidad y adaptarse a los cambios”. ¿Acaso no es esto Educación Ambiental o para la Sostenibilidad? Sin embargo quedan bastante difusos sus descriptores operativos.
  • Es en la competencia ciudadana (CC) donde se muestra más claramente la intención transformadora de quienes han elaborado el borrador. De hecho, habla del “desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030”. Así utiliza como descriptores la participación en acciones comunitarias en torno a los ODS, el cuidado del entorno y la generación de hábitos de vida sostenibles en un contexto dialogado para el que se precisa la comprensión de las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión. Habrá que ver cómo incentiva esto la sociedad que acompaña a la escuela.
  • En la competencia emprendedora nos quedamos, reproducimos textualmente con “Analiza necesidades, oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, cultural y económico.” Valdría como una declaración básica de intenciones para construir un estilo de vida diferente. Si bien otros descriptores de esta competencia contradicen en cierta manera el postulado expuesto.

El libreto está compensado; se nota que lo han construido personas con vocación ecosocial, esas que quieren ecoescuelas abiertas en un camino que conduce a una percepción participada del mundo. Pero ahora se trata de ver si servirá de enlace a las distintas biodiversidades que conviven dentro de los centros educativos. Por allí se entremezclan inercias del pasado con novedades permanentes; creencias con cansancios profesionales; incredulidades hacia cada nueva ley educativa con el anhelo de educar de otra forma; escolares que tardan en asimilar los cambios y otros que no entienden por qué se les presentan tales o cuales formatos; familias indagadoras con otras despreocupadas; alumnado sobreestimulado con otro grupo que no encuentra finalidades a lo que hace; inclusividades y falta de ellas; administraciones reglamentistas con otras que prefieren innovar al compás de lo que ven en el profesorado; la atenta mirada a la cotidianeidad vs los axiomas clásicos en educación. Al tiempo vendrá la permeabilidad o colisión entre objetivos, competencias, saberes, conceptos y perfiles de salida; y de entrada entre curso y curso, que de esto se dice menos. De todas maneras, bienvenidos estos nuevos matices pero prudencia a la hora de dimensionarlos porque la práctica ciudadana que se ve por la calle colisiona con estos postulados ecosociales. Además, la exigida y nueva manera de enseñar del profesorado no puede cambiar de la noche a la mañana; habrá que poner en marcha mucha formación reflexiva.

Todo esto si la Lomloe goza de una existencia facilitadora, y larga vida. Por lo que se escucha de las escaramuzas políticas no se va a llegar a los imprescindibles acuerdos. Seguiremos hablando de la cuestión sostenible y ambiental en entregas sucesivas.

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/ecoescuela-abierta/2021/12/02/la-lomloe-se-declara-indagadora-de-la-sostenibilidad-parte-i/

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Un año de pandemia educativa

Pablo Gutiérrez del Álamo
Por: Pablo Gutiérrez de Álamo

Después de doce meses desde que se declarara el estado de alarma, han comenzado, de manera desigual, los procesos de vacunación entre el personal docente en las comunidades autónomas. De momento, han quedado fuera los mayores de 55 años.Un año en el que se ha aprobado una nueva ley educativa y en el que no se han tomado en consideración algunas de las reivindicaciones más repetidas, como la bajada de las ratios.

Hace 12 meses que vivimos en un estado excepcional. Doce meses en los que hemos pasado de creer que viviríamos un encierro corto en nuestras casas para frenar a un virus desconocido a conocer el concepto de «fatiga pandémica», esa sensación de no poder más con todo esto.

Tras los primeros meses de confinamiento ya quedó patente que la cosa iba para largo, uno, dos o tres años por delante para normalizar la situación.

Terminamos el pasado curso con las incertidumbres de cómo habría de realizarse la evaluación, si levantando la mano, mirando para otro lado o confiando en el criterio docente y en los meses transcurridos. Con unas pruebas de acceso a la universidad que preocupaban sobradamente a quienes tenían que presentarse y que vieron sus criterios modificarse a velocidad vertiginosa para no dejar a nadie sin posibilidades de aprobar. Con unas ganas imposibles por alcanzar unas vacaciones de verano que todo el mundo se había ganado por goleada.

Hemos pasado un año completo, un giro de la Tierra alrededor del Sol, para comprobar que algunos de los problemas más importantes del sistema educativo han quedado sin respuesta. La mayor reivindicación del profesorado en este tiempo, más allá de los recursos tecnológicos para hacer frente a la educación a distancia, es decir, la bajada de las ratios, no ha sido oída. A pesar de que la llegada del nuevo curso y las medidas de seguridad en los centros educativos (distancia social, mascarillas, gel hidroalcohólico), costó en algunas comunidades que se hicieran las contrataciones suficientes para ponerlas en práctica. De hecho, autonomías como la de Madrid, despidieron a los nuevos efectivos en el mes de diciembre y ya se ha previsto una vuelta de las ratios a la situación previa a la pandemia.

En este tiempo, parece que muchas personas se cayeron de un guindo al percatarse de la enorme brecha social (y digital) existente en nuestra sociedad. A pesar de las denuncias de ONG desde hace años sobre la situación de la infancia y la juventud en nuestro país que, por primera vez, se convirtieron en el sector social con mayor porcentaje de personas en situación de pobreza o exclusión social tras la crisis de 2008.

De aquellos barros, estos lodos. Mantener la educación como si no hubiera pasado nada, a distancia, por videoconferencia, tal vez haya sido un mal necesario o la única opción dada la emergencia absoluta en todos los ámbitos económicos y sociales. Pero que una gran cantidad de la población menor no tiene posibilidad de utilizar un dispositivo para seguir las clases con «normalidad» es algo que se podía saber.

A pesar de los anuncios, ya en primavera, de que se comprarían cientos de miles de dispositivos para hacer frente a esta situación, no ha sido hasta hace unas cuantas semanas que se han empezado a repartir. Las dificultades en la compra en el sector público han ralentizado enormemente este proceso que se esperaba culminar en el mes de diciembre pasado, pero que todavía tardó un tiempo más.

Y como queriendo celebrar el aniversario, llegaron las vacunas. Pero no para todo el mundo ni al mismo tiempo. La tónica general es que las personas mayores de 55 años no están, de momento, en las listas de vacunación docente. La elección de la vacuna de AstraZeneca y los problemas que ha tenido en este tiempo, han dejado hasta ahora a este sector de la profesión fuera de los programas de vacunación. Son, aproximadamente, el 33,9% del total de docentes de enseñanzas de régimen general no universitarias.

A pesar de esto, y del cuentagotas con que se está haciendo en algunos territorios, ya han comenzado a vacunarse docentes de Andalucía, Extermadura, Madrid, Cataluña, Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, Valencia… Aunque, muchos, como las y los valencianos, comenzaron el proceso este mismo lunes y otros lo hicieron a finales de la semana pasada.

De marzo a marzo

Después de algunas semanas de oir hablar de un virus venido de China, muy contagioso y con cierta mortalidad, pero con poca más información llegó la noticia de que el Mobile World Congress de Barcelona se cancelaba ante la situación provocada por el nuevo coronavirus. Mucha gente entendió en ese momento que era una exageración. Semanas después, País Vasco cerraba la ciudad de Vitoria y todos sus centros educativos ante un nivel desconocido y descontrolado de contagios. Ese mismo día, la Comunidad de Madrid también ponía sobre la mesa la posibilidad… Y en pocas horas se tomaba la decisión, España cerraría a cal y canto todo el país, salvo los servicios esenciales, y organizaría su sistema educativo a distancia. Sin tiempo, ni formación, ni equipamiento.

Y durante semanas, a pesar de la situación improvisada, miles de docentes en todo el país inventaron el qué y el cómo de la mejor manera posible, alargando sus jornadas laborales hasta un casi 24/7 causado por algo que no habíamos nombrado mucho, pero que era muy presente: la brecha digital. No solo es que alrededor de un 12% del alumnado tiene dificultades para tener un dispositivo y una conexión a internet. Es que muy pocas familias tienen los dispositivos suficientes para que todos sus miembros los utilicen de manera ordenada durante la jornada escolar/laboral.

Las primeras imágenes que vimos de escuelas que volvían a abrir en un país cercano, fueron las de Francia. Foto: Escuela infantil de Tourcoing (Francia)

A pesar del interés del Ministerio de Educación de que hubiese, aunque fuera por muy poco tiempo, una cierta vuelta al cole voluntaria en los cursos terminales de etapa para cerrar el curso más complicado vivido hasta el momento, esta cada vez se vio más complicada. Muchas dudas sobre si sería posible, sobre las medidas de seguridad para el profesorado, los espacios educativos… Y amanecimos un día con las imágenes venidas desde Francia sobre tu vuelta a las aulas en el mes de mayo. Un golpe de realidad que nos hizo mirar, casi por una mirilla futurista, qué nos esperaba casi a la vuelta de la esquina.

Y se acercaba el final del curso y aumentaba la discusión sobre qué iba a pasar con la evaluación del último trimestre del curso. Y, por supuesto, con las pruebas de acceso a la universidad. Todo en el aire. ¿Aprobado general? ¿Contar con las notas previas y hacer media? ¿Hacer exámenes online?

Llegó junio y los primeros documentos sobre cómo sería la vuelta a las aulas. El personal docente ha visto con preocupación (cuando no con sensación de abandono) cómo tuvieron que inventarse, sin conocimientos previos, toda la logística de seguridad en los centros educativos desde septiembre. Y la preocupación de no saber si recibirían los elementos de protección para dar sus clases con seguridad y con la sensación de que, más allá de abrir ventanas y tener botes de gel hidroalcohólico, no había plan.

Han tenido que hacer frente a la tercera ola de la pandemia después de unas navidades «salvadas» que supusieron, en las semanas siguientes, los picos más altos de brotes y de contagios en centros educativos. Todavía no se conoce cuál ha sido la proporción de maestras, maestros, profesoras y profesores contagiados en estos brotes. Como en su día confirmaron fuentes de Sanidad a este periodico, los datos se recogen, pero no se publican en el informe que cada viernes da cuenta de la situación. En las últimas semanas, de hecho, no se explicita tampoco el número de contagios que han supuesto los últimos brotes.

Y en este largo y costoso periplo que está siendo y ha sido la pandemia por Covid-19, llegamos al primer aniversario del estado de alarma en el que nos encontramos todavía. Y es en este momento en el que las vacunas se están distribuyendo entre el profesorado de la educación no universitaria. Un escenario que hace no tanto tiempo parecía todavía más lejano; un escenario que, a pesar de la buena noticia que es, no está siendo tan rápido y eficaz como hubiera gustado a todo el mundo. Con importantes diferencias entre comunidades autónomas y con un tercio, aproximadamente, de la profesión sin una fecha clara para vacunarse.

Han sido los peores doce meses que cualquiera podría haber imaginado. En los que hemos visto a docentes repartir tarea por WhatsApp, o en fotocopias casa por casa. Hemos visto a otros «imprimir» material de seguridad para el personal sanitario y asistencial; dar clase por Zoom, Skype, Google Meets, YouTube, por correo electrónico. Un año de heroicidades y de tensiones que han puesto en jaque a sus profesionales (y a su alumnado y a sus familias), más allá de lo que era obligatorio.

Desde la redacción de este periódico, queremos agradecer a esos cientos de miles de docentes, a los miles de profesionales de administración y servicios, el trabajo que han realizado este tiempo para que se cumpliera, de la mejor manera posible, con el derecho a la educación de todo el país.

Fuente e imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2021/03/15/un-ano-de-pandemia-educativa/

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España: ¿Por qué despierta tanta controversia la ‘ley Celaá’?

Noticias

Europa/España/Noviembre 2020/elpais.com

Los detractores de la reforma salen a la calle para mostrar su desacuerdo. La falta de consenso es un clamor en la octava ley de educación en 40 años

A ritmo de claxon, miles de familias salieron a la calle este domingo en 30 ciudades para protestar contra la ley Celaá aprobada en el Congreso la semana pasada y que continúa su tramitación en el Senado. ¿Pero qué molesta tanto de la ley Celaá para semejante reacción? Mientras tratábamos de dar respuesta a esta cuestión, la vida sigue en las escuelas, se ha confinado el primer colegio de Madrid y los docentes siguen en su lucha por mantener las aulas abiertas en esta anormalidad escolar.

Bienvenidos otro martes más a este recorrido semanal por la actualidad educativa. En el que también nos detendremos en los proyectos a pie de aula. Gracias por abrirnos la puerta de tu casa y compartir esta newsletter con quien pueda estar interesado. Y si tienes alguna historia con la que podamos aprender, puedes contárnosla aquí.

1. Llega a la calle la controversia por la ley Celaá

Varios vehículos en la Castellana el domingo en la marcha contra la Ley Celaá.
Varios vehículos en la Castellana el domingo en la marcha contra la Ley Celaá.

Llevan más de 1,7 millones de firmas contra la ‘ley Celaá’, y este domingo mostraron su músculo en las calles de 30 ciudades españolas convocadas por la plataforma Más plurales. Se manifestaron en familia, pero en coche. Los principales argumentos: que la consideran una amenaza a la escuela concertada, que creen que atenta contra la libertad para escoger el centro, que acabará con los centros de educación especial y que elimina el español como lengua vehicular.

Esta semana habíamos escuchado a los obispos manifestar su «comprensión y apoyo» a las movilizaciones, aunque en esta ocasión han decidido no sumarse a las protestas, a pesar de que creen que la norma pone trabas a la educación concertada. Se refieren a que la ley prohíbe a la escuela concertada cobrar cuotas a las familias, obliga a los centros a escolarizar a más alumnos con dificultades y propone eliminar los conciertos educativos a los colegios que escolarizan por separado a las niñas y niños. Precisamente en este sentido ha fallado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, obligando a la Generalitat a renovar el concierto a las escuelas que separan por sexo para preservar el interés de las familias y la viabilidad económica de los centros. Y respecto al abordaje lingüístico de la norma, la Real Academia Española recordó “la protección” que la Constitución da al castellano.

Para analizar cómo se vive a pie de aula esta norma y los cambios que propone, hemos preguntado a tres educadores y tres familias cómo les afecta la ‘ley Celaá’ a sus protagonistas. Y también hemos analizado la ley aprobada en el Congreso con sus 300 enmiendas y los cambios en la escuela que implicará su entrada en vigor: potencia la enseñanza pública, limita las repeticiones y reequilibra las competencias entre el Gobierno y las comunidades.

También le hemos preguntado sobre ello a la ministra de Educación, Isabel Celaá, que según sus palabras cree que “la nueva ley cambia una filosofía elitista por la equidad«.

La ministra Isabel Celaá durante su entrevista con el diario EL PAÍS.
La ministra Isabel Celaá durante su entrevista con el diario EL PAÍS.

2. Clamando por el consenso educativo que no llega

Pero más allá de lo que aporta y elimina la norma, que ha ocupado buena parte de las tribunas de esta semana, como la de Milagros Pérez Oliva, El consenso que piden y no dan, que recordaba que el objetivo de esta norma es «dejar atrás a la Lomce, una ley tan regresiva que ni el Gobierno que la promovió se atrevió a aplicarla en su totalidad». O lo que planteaba Juan M. Escudero, catedrático emérito de Organización Escolar de la Universidad de Murcia, en Muchos caminos por andar, que la considera simplemente «una plataforma de partida».

Sin embargo, lo que todos reclaman para la octava ley educativa de la democracia es un consenso que está muy lejos de alcanzarse. Como recordaba Lucas Gortazar, de ESADE, en su columna Una ley educativa que nace sin alas: «La norma trae más buenas que malas noticias, algunas inconcreciones y otras omisiones preocupantes. Pero, sobre todo, nace sin consenso». Coincidía con Fernando Vallespín en su columna Educación, educación…: «Nunca tendremos la que deseamos si no nos implicamos todos. Es un deber ciudadano». Y también el editorial del 20 de noviembre Aprobado justo: «La falta de consenso educativo es un fracaso, pero la ley mejora la anterior».

 3. La vida sigue en las escuelas

Mientras tanto, las escuelas siguen atrapadas en el fuego cruzado. Ven cómo la reforma educativa nace sin un acuerdo que dé estabilidad a la escuela y cómo las autonomías del PP estudian vías para no aplicarla. Y siguen esperando que lleguen los dispositivos prometidos, tal y como recogía un editorial esta semana, y asistían al primer cierre por brote de coronavirus de un colegio de Madrid: el centro Josefina Carabias de Mataelpino, que estará 10 días clausurado tras haberse detectado un brote con nueve casos entre profesores y alumnos.

Aunque la buena noticia es que los colegios no han resultado ser focos de contagio, salvo alguna excepción como esta. Varios expertos lo analizaban en La Buena Vida. Hay varias teorías científicas que explican por qué las clases en cuarentena apenas suponen un 1,5% del total: ¿Por qué los colegios no se han convertido en un foco de contagios de covid?

En el apartado de buenas noticias nos detenemos en un centro de Galicia, reseñado en Escuelas en Red, donde los profesores siguen tratando de que el aprendizaje sea lo más eficaz posible. En el IES María Soliño de Cangas do Morrazo (Pontevedra) han optado por convertir a los estudiantes en cineastas con un matiz social para transformar el mundo en el que viven.

Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/sociedad/2020/11/23/actualidad/1606135131_726380.html

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España: Estos son todos los cambios en la escuela que trae la nueva ley educativa que se vota este jueves

Noticias

Europa/España/Noviembre 2020/elpais.com

La ‘ley Celaá’ potencia la enseñanza pública, limita las repeticiones, reequilibra las competencias entre el Gobierno y las comunidades y quita al castellano la condición de lengua vehicular

El Congreso de los Diputados vota este jueves la que parece destinada a convertirse en la octava ley educativa de la democracia, la Lomloe (Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica de Educación), más conocida como ley Celaá. El Gobierno aprobó en mayo un proyecto de ley que ha experimentado importantes cambios en las últimas semanas por la vía de las enmiendas. En verano, tras ser derrotados en la votación sobre medidas educativas incluidas en el dictamen de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica, los socialistas y Podemos hicieron cálculos y llegaron a varias conclusiones. Los apoyos de Ciudadanos y el del PNV resultaban incompatibles en materia educativa (como había demostrado su fracaso al intentar una propuesta de compromiso de amplio espectro, con cesión sobre la concertada incluida, en el dictamen de la Comisión de Reconstrucción). El acuerdo con el PP (que se había intentado sin éxito en otras legislaturas) y con Vox resultaban inviables. Y el único camino, pensaron, para llegar a la mayoría absoluta (176 de los 350 escaños) pasaba por alcanzar una alianza con los partidos nacionalistas y los pequeños.

Así se explican los cambios que se han introducido en el texto aprobado por el Consejo de Ministros: hacia una mayor descentralización (en la cual se enmarca la decisión más polémica: el gesto de apoyo al modelo de inmersión lingüística en Cataluña plasmado en la eliminación del castellano como lengua vehicular) y hacia la izquierda (con un mayor subrayado a favor de la escuela pública y un mayor control de la concertada, que se ha opuesto a la norma).

Si no se tuercen las cosas en el último momento las modificaciones permitirán que, a diferencia de lo que sucedió en verano, esta vez la iniciativa del Gobierno salga adelante. Pero los cambios también hacen más difícil pensar que la nueva ley pueda resistir a un cambio de color en el Ejecutivo (como tampoco lo hicieron las anteriores). Estas son las principales medidas que recoge el proyecto de ley.

Medidas contra la segregación escolar

La ley incluye una batería de medidas encaminadas a corregir la distribución del alumnado desfavorecido entre las redes pública y concertada, que ahora se matricula de forma desproporcionada en la primera. Por ejemplo, en la pública estudian nueve de cada 10 chavales de los hogares con menor renta. Las comunidades deberán establecer “una proporción equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que deba ser escolarizado en cada uno de los centros públicos y privados concertados”. Las actividades extraescolares de pago no podrán ofertarse en horario escolar. Se crean oficinas de garantías que velarán por el proceso de admisión y a las que los padres podrán dirigirse para realizar la matrícula, reduciendo la capacidad de maniobra de los centros para elegir a los alumnos. Se prevé la reducción de ratios en entornos desfavorecidos.

El criterio principal para adjudicar una plaza será la cercanía al domicilio y, casi al mismo nivel, la renta familiar. Todos los centros estarán obligados a aceptar un porcentaje de la llamada matrícula viva: la de alumnos, normalmente hijos de inmigrantes, que llegan tras la finalización del periodo de admisión ordinario o con el curso ya empezado y suelen acabar mayoritariamente en centros públicos. Los Ayuntamientos no podrán ceder suelo para construir centros educativos que no sean públicos. Se suprime el concepto de “demanda social” a la hora de programar las plazas educativas, y se subraya que la “educación pública constituye el eje vertebrador del sistema educativo”, instando a las comunidades a garantizar plazas suficientes en esta red.

Limitación de repeticiones

En España ha repetido en torno al 31% de los alumnos de 15 años, casi el doble que en el resto de países desarrollados. El hecho de que el porcentaje de quienes no consiguen el título de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) alcance al 25% refleja, además, la escasa eficacia de la repetición para mejorar la trayectoria educativa del alumnado, según ha advertido Enrique Roca, presidente del Consejo Escolar del Estado. Además, solo en la ESO la repetición tiene un coste de 3.340 millones de euros al año, según cálculos del Ministerio de Educación. La nueva ley prevé que solo se pueda repetir una vez en primaria y dos como mucho en toda la enseñanza obligatoria, y que lo decida el equipo docente sobre la base de qué será más favorable la evolución académica del alumno, sin que dependa directamente de haber suspendido más de dos asignaturas. El título de bachillerato también podrá obtenerse “excepcionalmente” con un suspenso si los profesores creen que ha alcanzado los objetivos de la etapa.

Nuevo equilibrio entre el Gobierno y las comunidades autónomas

La ley aprobada hace siete años por el PP reforzó las competencias educativas del Gobierno (por ejemplo en la fijación del currículo, formado por el conjunto de objetivos, contenidos y criterios de evaluación), la nueva norma vira hacia un modelo en el que las comunidades tienen más competencias y participación. El Ministerio de Educación fijará el 50% del currículo en las comunidades con lengua cooficial (en lugar del 55% como hacía con la anterior ley educativa elaborada por el PSOE; con la última, del PP, es imposible comparar porque sustituyó el modelo de porcentajes por un complejo reparto de asignaturas que daba preeminencia al Gobierno) y el 60% (en vez del 65%) en las que no la tienen. La ley también prevé que los centros educativos fijen parte del mismo en una proporción que deben determinar las autonomías. Las comunidades estarán presentes en el futuro Instituto de Desarrollo Curricular, que tendrá la misión de actualizar regularmente el currículo. Y la ley prevé que el ministerio las consulte, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, antes de tomar diversas decisiones.

El castellano deja de ser vehicular

En la nueva ley el castellano deja de ser lengua vehicular, una expresión que introdujo el PP en la norma que aprobó en 2013, que también figuraba en el proyecto de ley aprobado por el Gobierno y fue suprimida a través de una enmienda pactada por los socialistas, Podemos y ERC. La decisión tiene un alcance práctico limitado a corto plazo: el Tribunal Constitucional y el Supremo ya han resuelto que el castellano debe ser lengua vehicular y utilizarse en al menos un 25% del horario lectivo en Cataluña (la comunidad donde funciona desde hace décadas el sistema de inmersión lingüística y concentra la polémica), y a pesar de ello la Generalitat solo ha aplicado las sentencias en unas decenas de casos y después de que las familias recurriesen de forma individual a los tribunales. Y ninguna de ambas circunstancias cambiará tras la aprobación de la ley.

La decisión sí tiene una gran valor simbólico y supone un reconocimiento implícito al modelo de inmersión lingüística. Las entidades que reclaman que el castellano también se use en Cataluña creen que dificultará su ya penoso camino ante los tribunales para que la Generalitat cumpla las sentencias del Constitucional y el Supremo. El Gobierno destaca, por su parte, que lo importante es que la ley establece que los alumnos deben acabar la enseñanza obligatoria con un “dominio pleno” tanto del castellano como de la lengua cooficial. Y que cuando ello no esté sucediendo en un centro las comunidades deben adoptar las medidas necesarias para corregirlo.

Niños y letreros en catalán en un aula del colegio público Reina Violant, en Barcelona.
Niños y letreros en catalán en un aula del colegio público Reina Violant, en Barcelona. (C)CARLES RIBAS /

Menos itinerarios y diversificación curricular

La norma elimina los itinerarios educativos que separaban de forma temprana a los alumnos en la ESO introducidos por la norma del PP, la ley Wert, parte de los cuales no llegaron a aplicarse. En tercero, los alumnos que vayan mal podrán matricularse en un programa de diversificación curricular (que implica, entre otras medidas, hacer más sencillo el currículo), que continuará en cuarto y permitirá obtener el título de la ESO. Estos programas de diversificación son, para el experto educativo Lucas Gortázar, ahora en Esade, uno de los puntos fuertes de la ley.

Evaluaciones diagnósticas en vez de reválida

La ley cambia el modelo de reválidas implantado por el PP por cuatro pruebas diagnósticas. En cuarto de primaria y segundo de la ESO todos los alumnos harán unos exámenes para evaluar sus competencias, que los centros deberán utilizar para aplicar planes de “mejora” y “equidad”. Y en sexto de primaria y cuarto de secundaria también se realizarán pruebas, aunque en este caso solo con una muestra de alumnos y cada varios años, que en este caso servirán como “evaluación general del sistema educativo” a imagen de los exámenes de PISA. Tantos unos como otros tendrán un carácter meramente “informativo y orientador para los centros, las familias y el conjunto de la comunidad educativa” y no podrán utilizarse para establecer clasificaciones de centros. Muchos especialistas, como Juan Manuel Escudero, catedrático emérito de Organización Escolar de la Universidad de Murcia, han venido reclamando más información sobre el sistema para poder mejorarlo y evaluar las medidas que se adoptan.

Cuatro tipos de bachillerato y ciclos en primaria

A las tres modalidades actuales de bachillerato, que son los de Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias (que ahora se llamará Ciencias y Tecnología) y Artes, se sumará una cuarta, llamada General. Contendrá aspectos tanto de la rama científica como de la de letras, y está pensada para aquellos alumnos que al acabar la ESO (normalmente con 16 años) no se han decidido por una u otra vía. La etapa de primaria volverá a estar agrupada en ciclos de dos cursos, reduciendo su compartimentación. Y se simplificará el modelo de asignaturas de la ley Wert, reduciéndolas a obligatorias y optativas (ya no habrá las llamadas de libre configuración).

Los centros decidirán parte de las horas de clase

Los centros educativos desarrollarán parte del currículo, esto es, podrán decidir “un porcentaje de los horarios escolares”, que deberán orientarse al trabajo de las competencias básicas. Las comunidades decidirán qué porcentaje de las horas pueden fijar (que se descontará del 50% que pueden fijar ellas; la otra mitad corresponde al ministerio). En Portugal, donde los colegios gestionan una cuarta parte del horario, el aumento de la autonomía ha dado buenos frutos.

Fusionar asignaturas

La agrupación de asignaturas por ámbitos de conocimiento ―impartir conjuntamente, por ejemplo, Matemáticas, Biología y Geología y Tecnología― ha funcionado bien desde mediados de los años noventa, cuando empezó a utilizarse en grupos de alumnos que iban mal en los programas de diversificación curricular. Con la pandemia, el Gobierno ha permitido a las comunidades generalizarlo a cualquier curso y grupo de la enseñanza obligatoria (salvo cuarto de la ESO), y la ley consolida el cambio. La primera autonomía en proponerlo fue la Comunidad Valenciana. Su consejero de Educación, Vicent Marzà, argumentó que los alumnos que llegan a los institutos desde la escuela pasan a tener de golpe “más asignaturas que años” y otros tantos profesores, lo que dificulta su adaptación y puede explicar, en parte, la elevada tasa de repetición de los primeros cursos de la ESO.

Puentes entre las 17 aulas virtuales autonómicas

El Ministerio de Educación impulsará la compatibilidad de las aulas virtuales autonómicas. Cada autonomía ha optado por la suya, lo que dificulta el intercambio de contenidos. Las aulas virtuales deberán permitir que los docentes creen fácilmente materiales para sus asignaturas. Deberá mejorarse la formación inicial y continua del profesorado al respecto, que la pandemia ha demostrado insuficiente.

Solidaridad interterritorial

La norma recupera los planes de cooperación interterritorial que creó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para inyectar fondos en los sistemas educativos autonómicos y contribuir al “equilibrio territorial”. Tendrán prioridad los programas dirigidos a potenciar la escolarización “asequible” de cero a tres años, la FP, la educación inclusiva, el plurilingüismo y la escuela rural, así como los diseñados para reducir el abandono temprano,

Igualdad de género

La ley hace hincapié en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, uno de los elementos transversales en todas las áreas de conocimiento. Las comunidades deberán impulsar la presencia de mujeres en las ramas formativas con menor presencia femenina y la masculina en aquellas con escaso número de hombres. Los colegios que segreguen por sexos no podrán ser concertados. Y desde el proyecto educativo con el que se presenten los aspirantes a dirigir un centro hasta los libros de texto, pasando por la formación del profesorado, deberán fomentar la igualdad.

Escuelas sostenibles

Para promover «la cultura de la sostenibilidad ambiental” y contribuir a frenar el cambio climático, las comunidades deberán reducir el impacto ecológico de los centros educativos, en coordinación con las instituciones y organizaciones de su entorno. También deberán crear “caminos escolares seguros”, como los que han ido poniendo en marcha distintos Ayuntamientos, como Barcelona o Valencia, para ir a clase a pie, y “promover los desplazamientos sostenibles” al colegio.

Más competencias para el consejo escolar

El Consejo Escolar, en el que participan profesores, familias y, a partir de secundaria, los alumnos, recupera las competencias que perdió con la ley Wert, que lo limitó a funciones informativas. Entre ellas: aprobará el proyecto educativo y la programación general del centro y participará en la selección del director.

Alumnos en una clase del colegio público López Ferreiro de Santiago de Compostela.
Alumnos en una clase del colegio público López Ferreiro de Santiago de Compostela. OSCAR CORRAL / EL PAÍS

Educación especial

La ley sienta las bases para una progresiva transición desde un modelo con dos redes educativas paralelas, una ordinaria y otra especial, a la que asisten unos 35.000 alumnos con discapacidad, que el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas considera segregador, a otro que integre más ambas. A corto plazo, la norma contempla que las discrepancias sobre el tipo de centro en el que deben ser matriculados los alumnos con discapacidad deberá resolverse “siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor y la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo”. Una fórmula con la que fuentes del grupo socialista esperan que terminen los casos en los que los alumnos son obligados a acudir a centros especiales contra el criterio de sus padres.

Al mismo tiempo, el Gobierno y las comunidades diseñarán un plan para que, en 10 años, “los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”. Las Administraciones seguirán financiado los centros especiales para que, “además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”, en línea con el sistema que se ha implantado con éxito en Portugal. El PP, Vox y Ciudadanos defienden, en línea con lo que sostiene un importante sector de los colegios especiales y muchas familias y asociaciones, que esta segunda referencia recogida en la ley supone en realidad la puesta en marcha de un plan que conducirá al cierre de la mayoría de estos centros y que puede obligar a niños con necesidades educativas especiales a acudir a escuelas ordinarias contra el criterio de los padres y generando problemas educativos y de inclusión para los menores.

Religión

La asignatura de Religión será de oferta obligatoria, pero dejará de contar en la nota media del expediente (lo que tiene importancia para el acceso a la universidad y la obtención de becas) y de tener una materia alternativa que deban cursar quienes no la elijan. La ley no dice en qué horario debe ofertarse, lo cual queda en manos de las comunidades.

Asignatura de valores cívicos

En uno de los cursos del último ciclo de primaria (quinto o sexto) y en otro de secundaria se estudiará la asignatura de Valores Cívicos y Éticos, centrada especialmente en los Derechos Humanos y de la Infancia, los recogidos en la Constitución española, la igualdad de género, la cultura de la paz, la función social de los impuestos y “el respeto por el entorno y los animales”, entre otros elementos.

Cada alumno tendrá un número identificativo

Los alumnos tendrán un número identificativo para facilitar el «intercambio de la información relevante” y “el seguimiento de las trayectorias educativas individualizadas”, con el objetivo de mejorar la estadística educativa, dentro de los márgenes que establece la normativa de protección de datos.

Apartar a los malos profesores

Los funcionarios “que muestren una manifiesta falta de condiciones para ocupar un puesto docente o una notoria falta de rendimiento» podrán ser “removidos de su puesto” y destinados a “tareas que no requieran atención directa con el alumnado”.

Planes para futuras pandemias (u otras emergencias)

El cierre de los centros escolares en marzo demostró que que el sistema no estaba preparado para dar el salto a una modalidad a distancia. El ministerio y las comunidades “definirán un plan de contingencia para dar continuidad a la actividad educativa de modo que garantice el derecho a la educación del alumnado en cualquier circunstancia”. El “plan de contigencia para situaciones de emergencia” abordará la organización del centro, la coordinación de los docentes y la comunicación con las familias, además de garantizar la competencia digital de alumnos y profesores y asegurar los medios técnicos.

Nuevo acceso docente e incremento del gasto público

La ley da un año al Gobierno para presentar un sistema de acceso a la profesión docente, y de formación inicial y permanente. La norma concede dos años al Ejecutivo para formular un plan de aumento del gasto público con el que cumplir los objetivos de la ley. El mismo contemplará el aumento del gasto público educativo hasta el 5% del PIB, el porcentaje que alcanzó en 2010 antes de caer por la crisis. El año pasado no llegó al 4,2%.

Educación infantil

En un año el Ejecutivo deberá presentar un plan a ocho años vista para ampliar de forma “suficiente y asequible” la oferta pública de plazas de cero a tres años, procurando su gratuidad y «priorizando el acceso del alumnado en situación de riesgo de pobreza”.

Calendario de aplicación

El Gobierno espera que el Senado ratifique la ley antes de fin de año para que la Lomloe esté en vigor para el próximo proceso de escolarización, que suele empezar en marzo. El calendario establece que a su entrada en vigor (20 días después de su publicación en el BOE) serán automáticamente aplicables los cambios que afectan a la admisión de alumnos, la autonomía de los centros docentes y las competencias de los consejos escolares. Y el curso siguiente se implantarán las modificaciones en materia de evaluación, repetición, titulación, organización y currículo.

Fuente: https://elpais.com/educacion/2020-11-18/estos-son-todos-los-cambios-en-la-escuela-que-trae-la-nueva-ley-educativa-que-se-vota-hoy.html

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España: El Congreso vota en contra de que la comunidad educativa debata la ley Celaá

Noticias

Europa/España/18-10-2020/Autor(a) y Fuente: www.elcomercio.es

Las comparecencias que habían sido solicitadas por PP, Ciudadanos y Vox no han salido adelante por 20 votos en contra y 16 a favor.

La Comisión de Educación del Congreso ha votado en contra este jueves, con los votos, entre otros, de PSOE y Unidas Podemos, de que la comunidad educativa participe en el trámite parlamentario actual de la reforma educativa del Gobierno, la Lomloe o ley Celaá.

Las comparecencias que habían sido solicitadas por PP, Ciudadanos y Vox no han salido adelante por 20 votos en contra y 16 a favor.

Se ha ratificado así el acuerdo sobre comparecencias tomado el pasado día 6 y que provocó que PP, Ciudadanos y Vox acusaran a los partidos que gobiernan en coalición de vetar a la comunidad educativa.

Luz Martínez (PSOE) ha reconocido que hay «urgencia» en tramitar la Lomloe porque desde 2013 se quiere derogar la Lomce y para ello están de acuerdo la mayoría de los grupos parlamentarios. Joan Mena (Unidas Podemos) ha dicho que no hay que caer en el interés de la derecha de «dilatar» el trámite parlamentario para la nueva ley educativa.

«Nocturnidad y alevosía»

Por el contrario, Sandra Moneo (PP) ha recordado que con la Lomce hubo 50 comparecientes de la comunidad educativa y ha recalcado que no se puede decir ahora que ya es tarde para llamarles por estar en el debate de las enmiendas parciales, pues ya en junio ella pidió que acudieran representantes de la educación. Ha achacado «nocturnidad» a esta votación, pues se ha celebrado pasadas las 21 horas.

Marta Martín (Ciudadanos) ha calificado de «veto» y «atropello brutal» el negar que acuda al Congreso la comunidad educativa y ha anunciado que acudirá «donde haga falta» para denunciarlo.

Georgina Trías (Vox) ha dicho al PSOE y a Unidas Podemos que «quedan retratados» con esta votación.

La reforma educativa del Gobierno, tras superar las enmiendas totales de PP, Ciudadanos y Vox, debe enfrentarse ahora a las enmiendas parciales (más de mil) que han presentado los distintos grupos parlamentarios.

La próxima semana se abrirá la Ponencia o grupo de trabajo para examinar y votar las enmiendas dentro de la Comisión de Educación, y el texto que salga con las modificaciones oportunas se pasará al Congreso para su votación.

Fuente e Imagen: https://www.elcomercio.es/sociedad/educacion/congreso-vota-comunidad-20201016080135-ntrc.html

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Sobre la Ley Educativa en Puebla

Manuel Gil Antón

Por: Manuel Gil Antón

 

Hay inquietud entre diversos sectores sociales en torno a la manera en que se armonizó la Ley Estatal de Educación, con la Ley General de Educación, reglamentaria de la Reforma al Artículo 3º. de la Constitución.

Se ha concentrado la atención en 10 puntos, que destaca Portal, Periodismo Irreverente (https://www.periodicocentral.mx/2020/politica/item/10272-estos-son-los-10-puntos-mas-importantes-de-la-nueva-ley-de-educacion-de-puebla ) y que en este escrito se emplean, tal como los publicó este portal, con el fin de en cada caso, ofrecer una opinión que difiere de la que considera que esta ley atenta contra las libertades y es, casi, una expropiación de los bienes (muebles e inmuebles) de las escuelas particulares, entre otros temores.

Sin ser, ni pretender ser, un experto en leyes o asuntos legales, creo que puedo ofrecer una lectura distinta a la que ha causado inquietud en la población de esa entidad. De este modo, contribuir a una mirada más serena y menos alarmista como es la que, a mi juicio, ha dominado). Hay, incluso, una petición en la plataforma en la que al momento en que redacto estas cuartillas han sobrepasado las 26 mil firmas.

Están, por supuesto, en todo su derecho de firmar lo que les plazca, y también es preciso señalar que lo que en adelante escribiré tiene en mente la menor intención de defender al gobierno que encabeza el Sr. Barbosa, ni al Congreso del Estado. No es mi trabajo hacerlo.

Lo que busco es brindar a las personas que con buena fe sienten amenazada a la educación poblana, hasta el punto de señalar que esta ley busca establecer la educación socialista en la entidad, una visión diferente a la que se ha tornado dominante y que, a mi juicio, no tiene asidero legal.

Con esta intención, y en este contexto, solicito a Educación Futura la publicación de estos comentarios. Seguiré los 10 puntos que el portal aludido señala como los más preocupantes.

  1. Las Universidades públicas colaborarán en procesos de fiscalización

En su artículo 121, la Ley de Educación de Puebla establece que las instituciones de educación superior públicas colaborarán para los procesos de fiscalización que se les practiquen. El Poder Ejecutivo Estatal propondrá en el proyecto de presupuesto de egresos de la entidad, la asignación de recursos de cada uno de los niveles de educación a su cargo para cubrir los requerimientos financieros, humanos, materiales y de infraestructura.

“Las instituciones públicas de educación superior colaborarán, de conformidad con la ley en la materia, con las instancias fiscalizadoras para verificar la aplicación de los recursos que se le destinen derivados de este artículo”.

En el caso de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se estará a lo previsto en la legislación aplicable sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan.

OPINIÓN MGA: Se enmarca en el tema de las Universidades públicas y la rendición de cuentas. Este asunto es para evitar que las universidades autónomas, o de cualquier tipo, aleguen a la autonomía, la libertad de cátedra e investigación o cualquier modalidad, como una muralla para dar cuenta de sus gastos y contrataciones a la sociedad, vía el congreso.

Me parece bien lo estipulado. Este tema orientado a no confundir autonomía con autarquía o impunidad, se ha discutido mucho. Se les va revisar lo que hacen con dinero público, y deben colaborar con ello. Me parece adecuado  y ya está establecido en la Ley Federal.

  1. Bienes Muebles e Inmuebles de particulares serán parte del Sistema 

En su artículo 105, la Ley establece que los bienes muebles e inmuebles de las escuelas particulares pasarán a ser parte del Sistema Educativo Estatal, en el que también están las escuelas públicas de la entidad.

“Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado de Puebla, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal”

Los muebles e inmuebles deberán cumplir con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, resiliencia, pertinencia, integralidad, accesibilidad, inclusividad e higiene.

OPINIÓN MGA: Se señala que los bienes muebles e inmuebles de particulares serán parte del sistema educativo estatal: este punto puede entenderse, con buena fe, o esgrimirse, de forma interesad, cual grave alarma, como que el gobierno será propietario de los edificios y demás cosas de las particulares. No me parece el caso de ninguna manera, pues eso sería una especie de expropiación e iría contra la Constitución en varios artículos, entre ellos el propio 3º.

Lo que quiere decir es que, cuando el estado de Puebla diga el monto de escuelas, salones, computadoras, maestras y maestros y demás elementos educativos con que cuenta la entidad, se pondrán en la cuenta del Sistema Educativo de Puebla (no del público, sino del conjunto) los de los particulares que brinden educación con la debida autorización. Digamos que, como se hace en la CDMX o en el país, los planteles de la Ibero, y los estudiantes de ella, forman parte de la matrícula nacional y la de la Ciudad, pero para fines de la capacidad de atención, es decir, de cuántas instituciones, lugares para estudiar, profesores y todo eso que tiene la entidad y el país.

Se puede poner otro ejemplo, aunque ahora nos entristezca: las camas del hospital ABC, o del del Sanatorio Español, cuentan como camas con las que se cuenta para atender a personas con COVID-19: el estado no las tiene en propiedad, sino que el país, la ciudad o un estado pueden decir la cantidad de esos servicios disponibles, incluyendo en esa sumatoria a lo que tienen los particulares: nunca pierden el derecho de propiedad, nada más se toman en cuenta (en la cuenta): que no tenga miedo a que perderán propiedades o equipo: no es el caso en esta Ley.

  1. Directivos de particulares deben rendir informes

En el artículo 117 del decreto se establece que la Secretaría de Educación local y las autoridades federales tendrán la responsabilidad de promover la transparencia en las escuelas públicas y particulares en las que se imparta educación obligatoria, vigilando que se rinda ante toda la comunidad, después de cada ciclo escolar, un informe de sus actividades y rendición de cuentas, a cargo del director del plantel.

Artículo 117 fracción XX:

“Promover la transparencia en las escuelas públicas y particulares en las que se imparta educación obligatoria, vigilando que se rinda ante toda la comunidad, después de cada ciclo escolar, un informe de sus actividades y rendición de cuentas, a cargo del director del plantel”.

OPINIÓN MGA: Este asunto consiste en que la ley mandata a las autoridades de las escuelas particulares para que, cada ciclo escolar, informen a SUS comunidades de padres de familia, es decir, a sus clientes, al respecto de lo que se hizo en la escuela en el ciclo que acaba de terminar. No veo problema, dado que lo mismo se establece para las escuelas públicas, en cuyo caso no es frente a sus clientes, sino sus usuarios del bien público del que se encargan.

  1. Escuelas con colores neutros y regulación de nombres

En su artículo 112, el gobierno estatal propone que los planteles particulares deberán tener colores neutros, además de que no tendrán los nombres de cualquier funcionario público en el desempeño de su encargo, cónyuges o hasta el segundo grado de parentesco.

En comisiones, los diputados expresaron que esa medida es para evitar la promoción de servidores públicos, por lo que la SEP estatal será la que regule los nombres y los colores de los planteles.

“Los planteles educativos de cualquier nivel que formen parte del Sistema Educativo Estatal no deberán consignar los nombres de los funcionarios públicos y representantes populares durante el desempeño de su encargo, el de sus cónyuges o parientes hasta el segundo grado, ni el de los representantes sindicales del magisterio en funciones o por haber ocupado cargos de representación gremial”.

OPINIÓN MGA:  Que las escuelas públicas y particulares deban contar con colores neutros y regulación de nombres, es para evitar que una escuela se llame Miguel Barbosa y esté pintada del color de Morena, o se llame como un senador panista, y se pinte de azul y blanco o tricolor si se trata de otro partido. Es para impedir el uso político de los planteles. Nada de qué preocuparse, salvo que se pretenda hacer propaganda con los colores de las fachadas o nombres de los planteles

  1. SEP Estatal podrá investigar incrementos en las cuotas de particulares

La Secretaría de Educación también podrá iniciar investigaciones en las instituciones privadas por denuncias de los alumnos o tutores por excesos en los cobros de cuotas, de acuerdo con el artículo 146 de la ley.

Artículo 146 párrafo 3

“Derivado de las acciones de vigilancia, si las autoridades respectivas identifican que los particulares han aumentado los costos en la prestación de los servicios educativos sin apego a las disposiciones aplicables en la materia, darán aviso a las autoridades competentes para los efectos a los que haya lugar”.

OPINIÓN MGA: Esta es un a atribución de la Ley General, y opera en los estados. La ley aclara que la SEP entra en caso de denuncias, pero para avisar a la autoridad competente  (NO ES LA SEP) con el fin que se revise el apego a las disposiciones aplicables en la materia. Ignoro si será la Procuraduría Federal o su respectiva entidad local de Defensa del Consumidor. Si una escuela eleva sus cuotas 100%, y la autoridad educativa se entera y considera que eso no está establecido, o si hay quejas, la autoridad competente (Insisto NO SEP) interviene siempre y cuando haya denuncias o señalamientos, y éstas tienen que ser fundadas, argumentadas.

  1. Prohibición de venta de comida chatarra

En su artículo 86, la administración estatal establece la prohibición de la distribución y comercialización de alimentos chatarra y bebidas energizantes dentro y en las inmediaciones de todos los planteles educativos, sean públicos o privados.

“Dentro de las escuelas queda prohibida la distribución y comercialización de los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos, así como las bebidas energizantes.

Las autoridades educativas estatal y municipales promoverán ante las autoridades correspondientes, la prohibición de la venta de alimentos con bajo valor nutritivo y alto contenido calórico en las inmediaciones de los planteles escolares”.

OPINIÓN MGA: Eso se aplica a públicas y privadas, y ¡¡¡en buena hora!!! No más cometarios.

  1. Particulares, impedidos para condicionar educación por uniforme y materiales

Con la nueva iniciativa de decreto estatal de educación, las escuelas particulares ya no podrán condicionar el servicio de educación a la adquisición del uniforme y de los materiales didácticos que solicite la escuela.

El artículo 147 de la ley establece la multa para los particulares que nieguen el acceso a la educación por no portar el uniforme o llevar los materiales que se les pidan serán multados con sanciones económicas de entre 8 mil 688 a los 86 mil 880 pesos.

OPINIÓN MGA: En cierto sentido, se entiende que el uniforme no es obligatorio, pero sobre todo que no se condicione el servicio a la compra del uniforme, así como de los materiales, a un proveedor exclusivo que asigna o contrata la propia escuela. Si una mamá o un papá quiere comprar o hacer el uniforme, y no comprarlo en la escuela, tiene derecho; si decide adquirir los materiales de la lista al inicio del curso, o durante el transcurso, en las tiendas que quiera, tiene derecho: es un artículo orientado a no condicionar el servicio a adquirir estos elementos obligatoriamente  donde la escuela mande: es libertad de comercio, en el sentido de compra libre, y no generar pequeños pero lucrativos negocios, que los ha habido y muy deplorables.

Lo del uniforme obligatorio cada entidad lo decide. En la CDMX es optativo en todas las escuelas, públicas y privadas, pero en general los padres se ponen de acuerdo sin problema: el uniforme tiene sentido para que no hay distinción de clase o estratos sociales entre los y las chavas.

  1. Multas de 440 mil pesos a quienes retengan documentos por adeudos

Entre las sanciones que se adicionaron a la Ley de Educación se encuentra la infracción por retener documentos personales y académicos a quienes tengan adeudos.

En el mismo artículo 147 la sanción en contra de las escuelas particulares podrá variar entre los 86 mil 880 a los 440 mil 310 pesos.

OPINIÓN MGA: En este caso, el bien a proteger es la o el alumno para que en caso de haber terminado un ciclo y aprobarlo, tenga la constancia o el certificado correspondiente, pues los adeudos pueden implicar la suspensión del servicio, pero NUNCA la entrega de certificados previos.

Si no se pagan tres meses,  supongamos, sin causa que pueda ser considerada como una excepción (como la muerte del o la coordinadora del hogar como principal providente) y de acuerdo a lo que decida la escuela; si no se paga, insisto, sin duda, dado que hay un contrato entre padres y escuela, se puede suspender el servicio, pero no condicionar los documentos o constancias de cursos previos: esto es, que los documentos escolares no sean moneda de cambio para la realización del pago, que no sean una especie de extorsión, pues se ha comprobado que el perjudicado es el o la niña. En su caso, el diferendo se tiene que dirimir en la Procuraduría del Consumidor, o la instancia de juicios administrativos correspondiente.

  1. Clausurarán escuelas que operen sin permisos

En los casos donde una institución imparta educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás, para la formación de docentes para la educación básica y no cuente con la autorización correspondiente, se procederá con la clausura del plantel.

OPINIÓN MGA: LA clausura de escuelas que operen sin permiso, va totalmente de acuerdo con lo que manda la constitución, en tanto se ofrezca que el certificado tendrá valor oficial. Vale tanto para autorización a particulares en la escuela básica, lo cual es un trámite establecido en el Artículo 3º., como para el Reconocimiento de Validez Oficial de los Estudios en educación superior. No hay cambios a lo establecido en Constitución o Ley General. Ahora bien, si una persona quiere abrir una escuela de futbol, por ejemplo, obviamente es un negocio o una acción no lucrativa, pero no habilita para ser, oficialmente, reconocido como Licenciado en Lateral Derecho con perfil Zurdo.

  1. Habrá Programa Educativo Estatal elaborado por SEP

La nueva Ley educativa del estado establece, en su artículo 115, que la Secretaría de Educación de Puebla será la encargada de elaborar un Programa Educativo Estatal de carácter plurianual para garantizar el acceso a la educación con equidad y excelencia para todos.

“El Programa Educativo Estatal de Puebla, tendrá un carácter plurianual y contendrá de manera integral aspectos sobre la infraestructura y el equipamiento de la infraestructura educativa, el avance de los planes y programas educativos, la formación y prácticas docentes, la carga administrativa, la asistencia de los educandos, el aprovechamiento académico, el desempeño de las autoridades educativas y los contextos socioculturales, entre otros”.OPINIÓN MGA: Es facultad de los estados, a través de la autoridad educativa de la entidad, general el programa educativo de el territorio que gobiernan y los servicios que administran. No puede ser contradictorio con el general, El Programa Educativo Nacional previsto en la Constitución también, que la SEP indica para el país. No hay problema, y lo ideal es que fuese luego de una amplia consulta, pero eso es una buena política, no un mandato.

Leer Más: https://www.periodicocentral.mx/2020/politica/item/10272-estos-son-los-10-puntos-mas-importantes-de-la-nueva-ley-de-educacion-de-puebla#ixzz6NUZ5KYBz

Con estas opiniones, se procura ubicar la consideración de la Ley en sus términos, que, a mi entender, no requieren interpretación muy especializada. A la letra dicen lo que dicen, y creo que es conveniente considerarlos con menos apremio y juicios previos.

La lectura y el significado que ofrezco no es de un especialista en derecho, pero sí de quien, con buena fe, intenta cotejar la Ley poblana, con la Ley General de Educación y la propia Constitución. Ojalá sirva para abrir un cauce mejor al diálogo publico en la materia.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/sobre-la-ley-educativa-en-puebla/

Imagen: https://pixabay.com/

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Entrevista a Montserrat Bassa: «Si la Mesa de Diálogo avanza, habrá legislatura y se aprobará la ley educativa»

Entrevistas

Entrevista/12 Marzo 2020/Autor: Pablo Gutiérrez del Álamo/eldiariolaeducacion.com

ERC se ha convertido en una de las patas principales del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. La aprobación de la Ley Celaá depende, en buena medida, de su apoyo. Hablamos con Montserrat Bassa, portavoz del partido en el Congreso para conocer su postura en la cuestión. La Mesa de Diálogo entre Moncloa y Generalitat es, junto a la financiación, el elemento central sobre el que girará en buena medida el apoyo que la Lomloe reciba.

Monserrat Bassa habla despacio, con calma pero con emoción. Nos recibe en su despacho del Congreso de los Diputados pocos días después de la comparecencia de la ministra Celaá en la Comisión de Educación en la que explicó el proyecto de nueva ley. Fue la única portavoz parlamentaria que decidió no utilizar todas sus intervenciones después de más de cuatro horas de comisión, cosa que toda la asistencia agradeció.

Bassa es la portavoz de Esquerra Republicana en dicha comisión. Tiene, ella y el partido, una compleja labor por delante. Puente entre Madrid y la Generalitat (ERC ‘controla’ el Departamento de Educación catalán), visagra (como en aquellos buenos años de CiU) para sostener el Gobierno central y apoyar la ley educativa. Es muy consciente de ello.

Nos entrevistamos con ella para conocer un poco mejor qué piensan de la nueva ley educativa pero también de cuál es el peso que tiene, para la aprobación de aquella, la negociación de la Mesa de Diálogo entre Moncloa y Generalitat y de la negociación también de los Presupuestos Generales del Estado.

¿Qué te parece el proyecto de ley?

Nos encontramos con la ministra días antes de la comparecencia, cada uno de los portavoces. Yo le dije que estaba muy contenta porque por fin se iba a derogar la Lomce, que salió con la clara intención centralista, se cargaba el sistema de inmersión linguistica, no respetaba ninguna de las competencias catalanas y, aquí tengo la lista de recursos (ante la justicia). De entrada es una muy buena noticia. A partir de ahí, hablaremos a lo largo de las comisiones para ver si nos ponemos de acuerdo.

En líneas generales estamos de acuerdo porque lo que propone es siempre, por delante de cualquier iniciativa privada, el sistema público. Esto nos gustó mucho. En Cataluña estamos desde hace mucho tiempo en el tema de la coeducación, con el nuevo decreto. Teníamos muy claro que no vamos a dar conciertos a escuelas que segreguen. Y lo decimos de manera muy contundente. Esto es lo que vamos a tener que hablar con la ministra porque la ley no lo acaba de definir muy claramente.

De hecho deja la puerta abierta…

Deja la puerta abierta, pero en Cataluña lo tenemos más que claro.

¿Qué más hablasteis?

La ministra dejó muy claros los puntos de potenciar la financiación, sobre todo, de la etapa de 0-3 años, que es uno de los temas principales. Que la Religión no fuera obligatoria, algo que en Cataluña tenemos claro desde hace años. El hecho de que haya una buena planificación desde las administraciones, que sepamos cómo se reparten las plazas, independientemente de que sea pública o privada. Es fundamental.

La ministra también habló en su comparecencia del interés que tenía porque se flexibilizara el sistema. También lo tenemos muy claro en Cataluña y lo que no nos gustaba de la Lomce son los itinerarios, que dividen a los alumnos… También habló mucho de potenciar al FP, muy necesario. Pero sí que es verdad que nos preocupa en Esquerra la financiación. Esta es la parte principal.

Foto: Teresa Rodríguez

La parte principal y que nadie sabe muy bien…

Claro… ¿Cómo vas a potenciar la etapa 0-3 si no está muy clara la financiación, qué parte de dinero nos van a cubrir? También la FP, a la que se dedicó bastante tiempo. Pero si no hay financiación ¿cómo vas a mejorar las aulas, las prácticas de FP, que es lo que en realidad tenemos que mejorar?

Se habló mucho de la nueva formación del profesorado. En dos vertientes: que estén mucho más formados, de la fomación permanente; esto, a mí, me gusta. Llevo 35 años en educación, he pasado por todos los campos: en el Departament como asesora de estos temas, en institutos, en primaria, y los últimos 10 en educación de adultos. Tengo una visión muy clara en formación del profesorado e insistiendo en la permanente. La otra parte, más complicada de definir aunque la ley deja muy claro que la quieren cambiar, es el acceso. Totalmente de acuerdo con la idea, pero sin financiación va a ser complicado. ¿Cómo vas a montar que todo el profesorado puede acceder a trabajar, demostrando sus competencias en supuestos prácticos si no hay todo un montaje? Se necesita de una buena financiación.

Desde ERC vemos algunos problemas en el campo del currículo. El Departament d’Educació, lo lleva nuestro partido. Llevamos años con proyectos de innovación y se contradicen muchas veces con lo que hemos estado padeciendo estos años con la Lomce, que era totalmente contraria a la innovación. Tenemos que hablar mucho.

Tampoco se trata de empezar de cero. Llevamos más de 10 años con escuelas experimentales, con mucha investigación y se trata de experimentar. Consideramos que la escuela catalana funciona, y funciona muy bien. Y además tiene elementos y datos para demostrarlo.

Lo que me da más miedo es que estamos hablando, en la Mesa de Diálogo, de desjudicializar la política, y en el campo de la educación tenemos cantidad de recursos que nos interponen por la lengua, gravísimo. Tenemos muy claro que en la escuela catalana, la lengua vehícular tiene que ser el catalán, pero clarísimamente, sin despreciar. Además, cuando analizamos los resultados, sabemos que los alumnos salen con un buen nivel de castellano. Tenemos también recursos sobre el curículo, contra las normativas de inicio de curso, sobre la evaluación de secundaria. Tenemos muchos temas pendientes de juicio. Y claro, ¿cómo casa con que apoyemos la ley? No es tan claro. Tenemos primero que dialogar, buscar consensos. Esta es la línea. Porque en realidad lo que están haciendo es no respetar las competencias que tenemos de educación y es grave.

¿Esperáis que el gobierno retire todos los recursos?

Vamos a intentar que nos entendamos y dialogar para ver qué hacemos con estos temas. Lo que no puede ser es apoyar una ley cuando tenemos una serie de recursos que no nos dejan trabajar libremente nuestras competencias. Sé que esto no depende directamente de la ministra, sería absurdo decir que nuestro apoyo va a depender directamente de esto, pero sí es verdad que tenemos que hablar y buscar consensos. Y cuando digo consensos, insistiendo en que no lo sean solo de partido. Consensos con la comunidad educativa, teninendo muy claro que no solo somos nosotros, sino toda la comunidad: direcciones, familias…

¿Qué partes de la ley no os gustan? Apuntabas la puerta abierta a los conciertos a escuelas segregadas…

No, esto, evidentemente, no me gusta absolutamente nada. La escuelas concertadas están muy asustadas porque les quiten el concierto, pero es algo que tenemos clarísimo: no va a haber financiación para conciertos en escuelas que segreguen. Creo que va a ser uno de los puntos en los que tendremos que ponernos de acuerdo para apoyar la ley. No creo que sea tan complicado. Es aberrante que haya escuelas concertadas en las que familias pagan 600 euros o más y que las extraescolares son hípica, y que se invierta el dinero público en centros de este tipo.

Sin embargo, la mayoría de las concertadas religiosas no deben sufrir para nada porque lo que hacen es una función social. Esto será un requisito para saber si damos o no un concierto. Se trata de no segregar, apostar por la coeducación, y mirar que el concierto no dependa del número de gente que se apunte, sino del tipo de innovación que hacen, de los proyectos y, sobre todo, de la función social. Y me parece muy bien que sea la Administración educativa la que haga la planificación de plazas. Independientemente de que sea pública o privada.

Sí que parece contradictorio que la nueva ley no acabe de determinar este punto, pero es verdad, en apoyo a la ministra, dejó muy claro que era una línea roja. A partir de ahí estamos abiertos al diálogo. Mi intención no es criticar, sino trabajar para conseguir lo que me parece que tiene que ser la educacón pública.

Foto: Teresa Rodríguez

Una de las piedras angulares de todo esto es la financiación. Del Ministerio y de las CCAA. La ley parece muy ambiciosa en sus objetivos, desde el 0-3 a ampliar la educación inclusiva.

Hablamos de revertir recortes y, además, financiar todos estos campos. No solo necesitaremos una buena financiación en el 0-3, sino también se está hablando de reducir repeticiones, flexibilizar evaluación, la posibilidad de que el bachillerato sea de tres años, y todo eso conlleva dinero. Y mucho.

¿Hasta dónde debería llegar el porcentaje de inversión?

No te lo sé decir en estos momentos. Lo vamos a trabajar. Todavía no sabemos si vamos a aprobar los presupuestos, que quede claro también. Dependerá de la Mesa de Diálogo. Hemos dicho, y va ligado con el tema de educación, desde el primer día, que habrá legislatura si avanza la Mesa de Diálogo. Y si avanza, tiene que ver con los presupuestos, clarísimamente. Pero ahora estamos en un inicio, no podemos decir nada.

¿Hasta qué punto van ligados los temas? Teniendo en cuenta que en las líneas maestras de la ley podéis estar más o menos de acuerdo ¿Cuánto peso va a tener la negociación entre Moncloa y Genetalitat?

Hay una cosa muy clara: la finalidad de la Mesa de Diálogo es, sobre todo, conseguir que el pueblo catalán se pueda autodeterminar. Y de entrada, y te habla la hermana de una presa política, esto conlleva unos consensos de país, no de partido, que representan al 80% de la población catalana: el fin de la represión. Significa pedir una amnistía general, porque hay es una causa abierta contra el independentismo. Y lo más importante es luchar porque la gente pueda votar y que, además, el pueblo pueda votar los acuerdos que salgan de la mesa de negociación. Esto es lo principal para nosotros en estos momentos. Pero también es verdad, y esto lo tengo claro, es que hay un mientras tanto. Esto no va a ser muy rápido, lo sabemos. No sé si escuchaste mi intervención (en la investidura); fue dura, pero desde el corazón. Yo lo paso mal. El estado español le ha supuesto unos problemas enormes a mi familia. Pero lo que tengo claro es que aunque saliera mi hermana y el resto de los presos políticos de la cárcel, el problema continuará igual. El problema no es que estén en la cárcel o en el exilio, el problema es que existe un conflicto político: que la gente en Cataluña llevamos muchos años queriendo decidir nuestro futuro. Eso no significa que seamos independientes, aunque mi partido tenga muy claro que querría que sí. Este proceso va a necesitar de un tiempo. Estoy esperanzada, aunque sea tan duro. Hace unos meses el propio Pedro Sánchez hablaba de conflicto catalán, pero estoy contenta de que haya cambiado este discurso. Hablamos de una oportunidad de que las izquierdas, por fin, (que las añoraba mucho) estén ahí.

Concluyendo, si la mesa avanza, habrá legislatura. Y si hay legislatura se aprobarán todas estas leyes, porque creemos en ellas. Pero la prioridad es la Mesa de Negociación. Lo que no podemos hacer es ir aprobando presupuesto, aprobando leyes… Yo soy una servidora pública, elegida por unas personas con un programa muy claro. Este tema está relegado al objetivo que estamos trabajando. Es combinar el objetivo que queremos y trabajar, mientras tanto, porque la población catalana también necesita de una nueva ley de Educación…

Una posición privilegiada y muy complicada al mismo tiempo…

Exactamente. Pero no estoy desanimada, lo digo desde el corazón. Pienso que tenemos que estar aquí en Madrid, que tenemos que hablar, dialogar. Lo pasé muy mal el primer año, me costaba mucho. Si me hubieras entrevistado el primer año, estaría… bueno… me saldría una especie de rabia. He tenido que hacer una gestión personal y evolucionar para poder racionalizar esta rabia porque lo que quiero es solucionarlo, y solo se soluciona hablando. Y la ministra Celaá también tiene ganas. Y esto, en la entrevista que tuvimos, me lo comunicó claramente, y me la creí, que tiene ganas de llegar a consensos, no solo de los partidos, sino de toda la comunidad educativa. Tenemos la esperanza de que salga bien, pero sin olvidar, y aquí lo tengo, un listado muy largo de las causas en la justicia y que esto no puede continuar así. Nos tienen que respetar las competencias plenas. Es una queja a un partido, el PP, que aprobó la Lomce en solitario. Está todo dicho. No puedo echarle la culpa (a la ministra) pero sí tenemos que ir encontrando una vía de solución.

El PSOE retoma el reparto del curriculo, del 55 y 65. ¿Os parece un porcentaje razonable?

Lo tenemos que hablar. No me quiero definir en este momento. Sé que tener la lengua vehicular baja a 55 (el currículo común), sé que otras CCAA es el 65 (las que tienen lengua propia). Tenemos que hablarlo. No solo son los porcentajes, sino la realidad. No puede ser que nos digan un porcentaje y luego, como ha pasado, que lleguen denuncias de algunas familias que dicen que no estamos cumpliendo. Voy a trabajar en coordinación con el Departament d’Ensenyament de Catalunya y todas mis intervenciones, primero estarán habladas con el Gobierno de Cataluña. Estamos en los principios.

Una ley como esta puede tardar tres meses de trámites, que en realidad va a ser más, porque dependerá del diálogo que haya. Tendremos tiempo de mirar la letra pequeña de cada uno de los puntos. Ha sido empezar a ver que habrá ley de educación y me ha llegado cantidad de gente muy preocupada, desde AMPA a escuelas concertadas o sindicatos de profesores… Escucharé a toda la gente que me ha pedido reunirse conmigo, con el partido, y los vamos a escuchar a todos.

Tras el 1 de octubre de 2017, vimos la polémica sobre el adoctrinamiento… Hoy vemos en el resto del país un problema parecido con el asunto del veto parental…

Cualquier ciudadano en Cataluña que vivió el 1 de octubre, y he hablado con mucha gente que no es catalana, periodistas mismos que estaban allí quedaron muy sorprendidos de lo que estaban viviendo y luego lo que se comentó en los medios. En los institutos en los que hubo los problemas estos se agrandaron enormemente, en parte en culpa de los medios. Nos hizo mucho daño cómo se vendió. Y como estamos en campaña permanente, los partidos que les interesan estos temas, no pararon de poner problemas donde en realidad no los había.

Una escuela tiene que hablar de lo que pasa en la calle con sus alumnos. Y los profesores, confío en ellos, no van a adoctrinar. La prueba es que todas las denuncias que les pusieron han acabado en nada. Hubo gente que lo pasó muy mal, gente que no se atrevía a hablar y a decir claramente que lo que hacían en sus clases era explicar qué había pasado. Dejar que los alumnos hablasen con tranquilidad y de aquí surgió todo el problema.

Por eso es importante estar en Madrid: para crear un altavoz, porque tenemos que llegar a la ciudadanía. El problema no es la cantidad de gente que tenemos de VOX en el Congreso, el problema es la cantidad de gente que los vota. Tenemos que llegar a la gente que los vota.

Lo realmente grave es que no se confíe en el profesorado. Un profesor debe poder ponerse delante de la clase y explicar y preguntar a los alumnos; porque lo que queremos es que sean críticos, y lo normal es preguntar cómo lo han vivido, y esto es lo que hizo la mayoría de la gente aquellos días. Tengo muchos amigos que recibieron golpes, un amigo que perdió un ojo. Y era muy normal hacer un minuto de silencio en contra de la violencia, aunque no te posiciones, en nombre de la paz y la convivencia. Hubo institutos que no pudieron hacerlo porque venían personas a politizar el hablar de paz y de diálogo, sin posicionarse, escuchando la opinión de los alumnos.

Los niños estaban en las calles. Y al día siguiente tenían escuela. Y no puedes estar en la escuela, después de haber pasado por un tema tan importante, y empezar a explicar fracciones. La educación es mucho más que un currículo cerrado.

En relación a tu intervención en la Comisión, habláis de la obligatoriedad de la educación desde los 3 años. ¿Por qué debe ser obligatoria?

Porque tenemos clarísimo que primero, de los 0 a los 3, el niño ha de tener una educación de calidad. Pero el 3-6 es una etapa de formación principal. El cerebro de un niño de esa edad está muy abierto a recibir cantidad de información, que después será la base para continuar la educación. Se demuestra que la mayoría del fracaso escolar viene de una falta desde los primeros años. Esta es la razón principal por la que entendemos que debe ser obligaria, y pública, naturalmente.

Hoy por hoy el porcentaje de escolarización es prácticamente universal…

Bueno, más que nada por dejarlo por escrito. Es una necesidad. Apostamos por una educación inclusiva desde los 3 hasta los 16 años. Lo normal es que quede por escrito y sea una clara determinación de la ley.

Esto nos lleva de nuevo al presupuesto, dado que mucha de la oferta es privada y concertada en este ciclo.

Pero no podemos pensar una ley y, como no hay recursos, minimizarla. No sería normal detallar una ley pensando solo en la financiación porque sale recortada de entrada. Lo que queremos es tener una ley de educación como la que nos merecemos, porque la educación es para formar los futuros ciudadanos. A partir de aquí, ver de dónde sacamos el dinero. Es de sentido común no recortar la ley de entrada pensando que no tenemos la financiación suficiente. Estaríamos engañándonos a nosotros mismos.

Foto: Teresa Rodríguez

Me gustaría que me explicaras la propuesta en relación a la prueba de acceso a la universidad.

Creemos, desde Esquerra y desde el Gobierno catalán, que esto es un atentado a la autonomía de las universidades. De ahí la crítica. No es solo en Catalunya, la mayoría de las universidades lo que defienden es su autonomía. En el momento en el que hacemos una prueba única centralizamos, que todo el alumnado de las universidades de toda España tengan la misma prueba. Es una contrariedad cuando lo que queremos es que se respeten las competencias de cada una de las nacionalidades del territorio español pero, además, no solo respetar, sino saber que las universidades tienen libre potestad para decidir cómo quiere hacer su prueba de entrada.

¿Tienen las universidades capacidad de hacer su propia prueba por separado?

La deberían tener. La ley encamina esta mayor autonomía de los centros, que los equipos directivos tengan mayor capacidad de liderazgo. En el nivel universitario aún debe ser más claro.

¿Y la igualdad de oportunidades de la ciudadanía para acceder a una carrera independientemente del lugar donde haya nacido?

Sí, claro, cualquier alumno podría hacerla, pero tener la independencia de que una universidad pueda hacer sus propias pruebas no significa que cualquier alumno no pueda ir a cualquier universidad. La igualdad de oportunidades hay que cumplirla. No es contradictoria una cosa con la otra.

¿No?

Yo creo que no…

Si yo tuviera 17 años ahora y tuviera que hacer la prueba y quisiera estudiar periodismo ¿tendría que presentarme a tantas pruebas como facultades en vez de a una sola?

Hablamos de autonomía pero a nivel de Cataluña. Pero no tengo claro si se está hablando de autonomía universidad por universidad o dependiendo. Lo que no nos gusta es hacerlo a nivel de toda España pero, ¿por qué? Por respetar que hay nacionalidades distintas. Y que igual hay intereses distintos y tenemos que respetar. Sabemos que queremos descentralizar la educación, igual que País Vasco. Queremos que se respete la diversidad nacional. Sería una contradicción que fuera una prueba única para todo el Estado.

En relación a la igualdad de oportunidades, una cosa que me gustó mucho de la intervención de la ministra, y que comparto, es la intención de que mejoren las becas. Es muy importante. Estuvimos hablando largamente del tema. No puede ser que la gente pague lo que está pagando por ir a la universidad. Es un tema muy importante. Algo que supondrá también financiación, y mucha.

¿Hacia qué sistema os parece que debería conducirse?

Aún lo tenemos que hablar. Tampoco la ministra entró en ninguna concreción. Pero el solo hecho de saber que tenemos que potenciar las becas para conseguir que más gente pueda estudiar sin tener que pagar lo que está pagando hoy en día es una necesidad básica, si lo que queremos es tener una educación pública y de calidad.

Fuente e imagen tomadas de: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/03/12/si-la-mesa-de-dialogo-avanza-habra-legislatura-y-se-aprobara-la-ley-educativa/

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