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Indígenas amazónicos toman estación de oleoducto en Perú

América del Sur/Perú/14-03-2021/Autor(a) y Fuente: www.prensa-latina.cu

Indígenas amazónicos tomaron una estación del Oleoducto Norperuano y retuvieron a 10 trabajadores para exigir atención a demandas sociales, informó hoy la empresa estatal Petroperú, a cargo de la instalación.

La ocupación comenzó ayer cuando un centenar de pobladores de la comunidad Fernando Rosas ingresaron a la estación ubicada en la provincia de Datem del Marañón, en la noramazónica región de Loreto.
El informe precisó que los retenidos son cuatro trabajadores de la estación y seis contratistas; mientras los nativos advirtieron que el Gobierno debe abstenerse de enviar a la Policía a retomar el lugar y reclamaron en vez de ello la llegada de una comisión estatal de alto nivel, a tratar sus exigencias.

Petroperú sostiene que la toma plantea el riesgo de contagio de Covid-19 entre indígenas y retenidos y exhortó a los ocupantes a deponer su actitud.

La empresa aseguró que las demandas de servicios básicos y remediación de daños ambientales están consideradas en un programa de cierre de brechas sociales, pero los nativos sostienen que en los hechos el Estado no los atiende.

msm/mrs

Fuente e Imgen: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=435844&SEO=indigenas-amazonicos-toman-estacion-de-oleoducto-en-peru
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Policía mantiene en prisión a principales líderes de protestas en Tailandia

Los principales líderes de las protestas prodemocráticas convocadas en Tailandia siguen en prisión después de que la Policía haya dejado en libertad bajo fianza la mayoría de los 78 detenidos entre el 13 y el 22 de octubre,

El subdirector de la Policía de Bangkok, Piya Tawichai, señaló este viernes en una rueda de prensa que de los 78 detenidos ocho continúan en prisión preventiva, entre ellos los líderes más visibles del movimiento estudiantil que lleva desafiando al gobierno desde julio, mientras que el resto han sido puestos en libertad bajo fianza.

Hoy fue liberado el conocido activista Jatupat «Pai» Boonpattararaksa, que fue recibido por decenas de manifestantes que se habían congregado para exigir la libertad de los encarcelados al salir del módulo de prisión preventiva de la cárcel de Bangkok.

ESTADO DE EMERGENCIA

La liberación se produce un día después de que se levantara el estado de emergencia «severo» impuesto para impedir las protestas y la víspera de que expire el plazo de tres días que los manifestantes dieron el pasado miércoles al primer ministro, Prayut Chan-ocha, para presentar su dimisión.

Un vez que expire el ultimátum se espera que se convoque una nueva protesta masiva.

A pesar del decreto y la encarcelación de los líderes más prominentes, como el abogado Anon Nampa o los estudiantes Panusaya «Rung» Sithijirawattanakul y Parit «Penguin» Chaiwarak, el movimiento fue capaz de organizar protestas masivas a diario hasta el miércoles.

Según explico hoy el segundo oficial al mando de la Policía de la capital, 46 de los detenidos tienen cargos pendientes por delitos como violar el estado de emergencia, 21 por participar en reuniones ilegales, 10 por sedición y 1 por resistirse a la autoridad.

VIOLENCIA CONTRA LA REINA

Pero la acusación más grave es la que pende sobre tres manifestantes por el delito de cometer «un acto de violencia contra la reina o su libertad», que conlleva una pena de 16 o 20 años de cárcel o un máximo de cadena perpetua.

La acusación ha estado motivada por un incidente en el que los participantes de una protesta el pasado 13 de marzo desafiaron la caravana de coches donde viajaban la reina Suthida y el príncipe Dipangkorn, llegando a bloquear su paso durante unos segundos.

Además de motivar las acusaciones de violentar la libertad de la reina, aquel gesto de desafío directo a miembros de la familia real carece de precedentes en la historia contemporánea de Tailandia y fue el que provocó que se decretara el estado de emergencia «severo» al día siguiente.

El rey Vajiralongkorn, que pasa la mayor parte del año en Alemania pero que se encuentra en Tailandia desde hace dos semanas, asistió hoy a las celebraciones del día de su antepasado el rey Chulalongkorn en el Gran Palacio de Bangkok, donde fue recibido por centenares de ciudadanos.

DEMANDAS

La principal demanda del movimiento estudiantil, que comenzó el 18 de julio y ha ido cobrando fuerza, es la dimisión del Gobierno, encabezado por el general golpista Prayut Chan-ocha, y una nueva Constitución, ya que la actual fue redactada por la antigua junta militar (2014-2019), además de reducir la influencia del Ejército en la política.

Pero la demanda más audaz, y controvertida, de los estudiantes y sus partidarios es la reforma de la monarquía, un tema tabú hasta hace poco por el gran respeto y temor que ha inspirado la institución y la dura ley de lesa majestad, que prevé penas de hasta 15 años de cárcel para quien critique a la corona.

Fuente: https://www.lavanguardia.com/internacional/20201023/484236783330/policia-mantiene-en-prision-a-principales-lideres-de-protestas-en-tailandia.htmlhttps://www.lavanguardia.com/internacional/20201023/484236783330/policia-mantiene-en-prision-a-principales-lideres-de-protestas-en-tailandia.html

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Chile: Unidad Constituyente rechaza criminalización de la protesta y llama a conmemorar el 18 de Octubre

América del Sur/Chile/18-10-2020/Autor(a) y Fuente: www.cronicadigital.cl

Por su interés, reproducimos la siguiente declaración de Unidad Constituyente, alianza formada por los Partidos Socialista, Progresista, Radical, Por la Democracia, Ciudadanos y Demócrata Cristiano.

Al cumplirse un año desde que comenzó el estallido social en todo el país, declaramos lo siguiente:

1. Creemos de vital importancia conmemorar el 18 de octubre y recordar que las demandas sociales siguen vigentes frente a un Gobierno y a una coalición oficialista inepta y fría, que no ha sabido atender las necesidades más mínimas de la ciudadanía, y que, sin embargo, sus portavoces siempre están desplegados en exceso en los medios de comunicación por razones a veces francamente nimias. La mejor forma de conmemorar es votar el 25 de octubre por una nueva Constitución y Convención Constitucional. Pero también hacemos un llamado a expresarnos con cacerolazos, bocinazos, cicletadas, caravanas y actividades culturales. Siempre resguardando la distancia social que la pandemia exige.

2. Revindicamos el derecho a la movilización ciudadana pacífica y rechazamos su criminalización. Las chilenas y chilenos fueron capaces de mostrar su mensaje con más de un millón y medio de personas en las calles, y no merecen la represión gubernamental ni tampoco la violencia que nada tiene que ver con las demandas sociales. Siempre rechazaremos esa violencia que ensombrece nuestra historia, sea ejercida por organismos del Estado o por particulares con mero afán de destrucción.

3. Reafirmamos nuestra irrestricta condena a las graves violaciones a los derechos humanos que el país ha presenciado y que significaron informes en contra del Gobierno de Sebastián Piñera y las Fuerzas de Orden y Fuerzas Armadas, que fueron emitidos por organismos tan fundamentales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Organización de Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Todos ellos, han vuelto a advertir la recurrencia hoy de atentados contra la dignidad humana, cuestión que deben terminar ya.

4. Recibimos con humildad, reflexión y determinación el mensaje que la ciudadanía expresó ese día y los meses posteriores, como una forma urgente y clara de decir basta a los abusos, la inequidad e injusticia. Luego del fin de la dictadura, a pesar de los esfuerzos por construir un país pujante y próspero, no se cambiaron –la mayor parte de las veces, por el desvergonzado veto de la derecha, amparada en la Constitución de Pinochet– profundas injusticias e inequidades del sistema, como las bajas pensiones, una salud digna y oportuna, el acceso a la vivienda, educación pública de calidad y gratuita en todos los niveles, el sobreendeudamiento para acceder a la satisfacción de necesidades básicas, entre tantos otros. Tras el 18 de octubre de 2019, el país no volvió a ser el mismo y la deuda a la demanda social está aún vigente. Por lo tanto, todos debemos tener voluntad plena, compromiso y valentía, para realizar con unidad los cambios que Chile necesita.

5. Tenemos la convicción que debemos ser capaces de construir el camino hacia una nueva Constitución, nacida en democracia y a través del diálogo. Una Carta Fundamental que refleje una sociedad de derechos y también de deberes, y que debemos construir entre todas y todos. Confiamos en el poder de la Democracia para que ésta sea la forma en que nos organizamos y vivimos, pues es la única que garantiza el respeto a las garantías mínimas y el progreso de un país entero.

UNIDAD CONSTITUYENTE

Santiago, 15 de octubre 2020.

Crónica Digital.

Fuente e Imagen: https://www.cronicadigital.cl/2020/10/15/unidad-constituyente-rechaza-criminalizacion-de-la-protesta-y-llama-a-conmemorar-el-18-de-octubre/

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Estados Unidos: Demandan al Departamento de Educación por desviar fondos de familias pobres

La demanda fue presentada en conjunto por 18 padres, tres distritos escolares (Denver, Colorado; Pasadena, California, y Stamford, Connecticut), y la NAACP

Organizaciones, dirigentes y educadores de todo el país presentaron este miércoles una demanda en una corte federal de Washington D.C. pidiendo la anulación de una regla del Departamento de Educación que obliga a los distritos escolares a usar fondos destinados para familias desfavorecidas en beneficio de estudiantes blancos acaudalados.

La demanda (técnicamente una medida cautelar) fue presentada en conjunto por 18 padres, tres distritos escolares (Denver, Colorado; Pasadena, California, y Stamford, Connecticut), y la Asociación Nacional para el Avance de Personas de Color (NAACP).

CAMBIO ILEGAL

Según explicó en rueda de prensa la abogada Tamerlin Godley (una de las firmantes del documento), la regla emitida el pasado 1 de julio por la secretaria de Educación de Estados Unidos, Betsy DeVos, modifica ilegalmente el uso de fondos aprobados por el Congreso para las escuelas públicas de Estados Unidos.

Específicamente, la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (Ley CARES), aprobada por el Congreso federal y firmada por el presidente Donald Trump el pasado 27 de marzo, adjudica unos 13.500 millones de dólares para que las escuelas públicas ayuden a estudiantes de bajos recursos y sus familias.

Dicha ley estipula que, mientras dure la pandemia de COVID-19, esos fondos deben usarse para proteger la “educación, salud y seguridad” de los alumnos de familias con bajos ingresos.

Sin embargo, una regla emitida el 1 de julio por el Departamento de Educación federal requiere que los fondos se usen solo en escuelas públicas con más de 40% de estudiantes desfavorecidos y únicamente para ciertos gastos, excluyendo así a estudiantes sin recursos que asisten a otras escuelas y excluyendo otros gastos (como facilitar el acceso a internet o a computadoras).

Además, la regla requiere que los fondos se compartan con las escuelas privadas ubicadas dentro de los distritos que reciben la ayuda federal y que, para determinar el monto que les correspondería a las instituciones privadas, se cuente a todos sus estudiantes como “desfavorecidos”, destinando así millones de dólares públicos a establecimientos privados.

BENEFICIA ADINERADOS

Godley calificó la medida de “ilegal” y “arbitraria”, afirmando que infringe varios artículos de la Constitución estadounidense relacionados con la separación de poderes, el gasto público y los procedimientos administrativos de agencias federales.

“Es una medida para beneficiar a los estudiantes con más dinero”, declaró la abogada.

Por eso, la demanda pide no solo que se anule la regla, sino que se prohíban reglas similares en el futuro.

Por su parte, en la misma rueda de prensa, Susana Cordova, superintendente de las Escuelas Públicas de Denver, expresó que “las gestiones de la secretaria DeVos y del Departamento de Educación causarán daños irreparables para los estudiantes desfavorecidos y sus familias”.

“La regla debe ser detenida. Adjudicar fondos para las familias desfavorecidas y para las escuelas que sirven al público es algo correcto en cualquier momento. Pero es especialmente necesario durante la emergencia de salud pública por la COVID-19”, aseveró.

Y Derrick Johnson, presidente de la NAACP, enfatizó que “durante esta pandemia debemos proteger juntos los recursos vitales para los niños de las escuelas públicas y para las poblaciones de estudiantes históricamente desfavorecidos”.

Fuente: https://www.excelsiorcalifornia.com/2020/07/22/demandan-al-departamento-de-educacion-por-desviar-fondos-de-familias-pobres/

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En materia educativa Venezuela está retrocediendo a nivel de países subdesarrollados

La educación que están recibiendo nuestros alumnos en la actualidad, no le garantiza ni a ellos ni al Estado Venezolano, la formación de auténticos profesionales que puedan hacerle frente con eficiencia al futuro del país, lo cual significa que Venezuela, lejos de apuntar a su  desarrollo como  Nación está retrocediendo  a  niveles  de  países  sub-desarrollados,  que precisamente por no poseer una educación de calidad, no han podido avanzar como sociedad

Así lo advierte en un extenso comunicado, la Federación Venezolana de Maestros en representación de sus 27 sindicatos filiales en todo el País, cuestionando la utilización de la  educación como un elemento de  sostenibilidad de un proyecto político partidista y no como el vehículo para la construcción de una verdadera sociedad moderna que apuntale  el  desarrollo de Venezuela dentro  del  proceso de globalización que se está dando a nivel mundial.

Advierten que los Docentes en el país, hoy padecen el más inhumano y  denigrante trato que el Estado Venezolano le haya dado en las últimas décadas, exigiendo salarios acordes y advierten que si no cambian las condiciones no se incorporarán al nuevo año escolar.

A tal efecto hacen el siguiente balance:

1.-La modalidad de Educación a Distancia Online, decretada por el  actual Gobierno, fracasó, porque  en  el  país  no  existen las  condiciones  idóneas  para  el  desarrollo  de  este  programa. Venezuela  cuenta  con  el  peor  internet  de  América  Latina;  la  gran  mayoría  de  docentes  y estudiantes   no   cuentan con   recursos   tecnológicos,   como laptop, computadoras,   teléfonos inteligentes  para  el  desarrollo  y  evaluación  de  los  contenidos programáticos y  además  es  un hecho público y notorio que hay estados del país que pasan entre ocho y doce horas sin servicio eléctrico.  En  consecuencia fue discriminatorio y excluyente por  cuanto  no  llegó  a  toda  la población estudiantil. Los profesores perdieron la interacción con sus estudiantes.

2.-El programa “Cada Familia una escuela” que se transmitió por  las  televisoras del  Estado, promovido por el Ministerio del Poder Popular  para  la Educación, estuvo  cargado  de  mucha improvisación. Se observo que los docentes o las personas que daban las tele-clases no tenían la preparación ni dominio de los contenidos, presentando una imagen muy mediocre de nuestros Educadores, que dista de la realidad; despertando la indignación de la comunidad educativa, no sólo por la falta de preparación de quienes dictaban las clases y de su baja calidad pedagógica, sino también  por  la  inacción  del  Ministerio  Del  Poder  Popular  Para  La  Educacion, para  llevar educación de calidad a los niños venezolanos.

3.-Los bajos salarios que perciben los educadores.“El docente tiene un salario de hambre, gana  menos de  1.500.000 bolívares  mensuales es  decir 6.5$ (con  tendencia a  la baja),que  no alcanza para tener  un  mínimo  de  calidad de vida,  por  cuanto  los  coloca en un nivel de pobreza extrema al percibir en una economía dolarizada de facto como lo es la Venezolana,0.3 $ diarios por su trabajo. Los docentes, en esas condiciones no están dispuestos a incorporarse a un nuevo año  escolar. La Federación Venezolana de Maestros ha exigido al Ejecutivo Nacional el equivalente a 600 dólares de salario para los educadores.

4.- Con  respecto al acceso a la educación, datos recientes aportados  por la ENCOVI 2019-2020,  reveló  que  cuatro  millones  de  niños,  niñas  y  adolescentes  tienen  limitado  el  ejercicio  del derecho a la educación, por problemas de transporte, de alimentación, de servicios básicos lo que ha generado una gran deserción escolar. La educación no llega a los más necesitados. Todo ello agravado por la situación generada por el Covid-19 y las deficiencias del programa de educación a distancia promovido por el MPPE, donde ni docentes, ni estudiantes cuentan con los recursos tecnológicos para impartir ni recibir clases a distancia. Más de la mitad de la población más pobre no completa la educación secundaria. La oferta educativa que ofrece el Estado no satisface, ni es atractiva.

5.-El  Servicio de Alimentación Escolar no llega a los más necesitados. Según la ENCOVI 2019, el 18% de los estudiantes recibe alimentación  completa  todos  los  días,  quiere  decir  que más del 80% de estos recibe alimentación irregularmente o no la recibe..

6.-La Infraestructura Escolar sigue en las mismas condiciones de deterioro y en algunos casos ha  empeorado.  No  se  les  hace  mantenimiento  a  los  centros  educativos.  Tenemos  centros educativos sin agua, sin servicio eléctrico, donde 700 estudiantes hembras y varones utilizan un baño común.   Fachadas   muy   deterioradas.   Los   centros   educativos   se   han   convertido   en cementerios  de  pupitres  y  escritorios,  que  el  Ministerio  de  Educación  no  renueva.

Proyección inicio año escolar 2020 -2021

1.-Muchos docentes no se incorporarán a su puesto de trabajo en  septiembre; no están motivados para trabajar a distancia on line, debido a los bajos salarios y al  incumplimiento en el pago de la deuda salarial que el Ministerio del Poder Popular Para la Educación, mantiene con el magisterio. Seguirán  incorporándose  a  actividades  laborales  que  le  proporcionan  mayores ingresos.

2.-El programa de educación a distancia on line seguirá fracasando, mientras el estado no invierta en optimizar los servicios públicos de Internet y electricidad, y el docente no tenga la posibilidad de adquirir equipos de comunicación que le permitan trabajar en línea

3.-El  Servicio  de  Alimentación  para  el  próximo año escolar seguirá  siendo  ineficiente con cobertura a menor  número de estudiantes. Los  efectos de la pandemia agravan la situación alimentaria del país, y el programa de alimentación escolar no escapará de ello.

4.-La deserción estudiantil se incrementará, y menos niños tendrán acceso a la educación.

5.- Si el Ministerio de Educación no dignifica la calidad de vida de los educadores asignándoles un salario que le permita cubrir sus necesidades,  cada día la profesión docente será menos atractiva, y un país no puede progresar sin educación, ni educadores.

Propuestas de la FVM

1.- Exigir al ente rector revisar las condiciones salariales de los educadores de acuerdo al artículo 91 de nuestra Constitución Nacional, pagar la deuda del contrato con sus incidencias y hacer un ajuste al salario docente que no puede estar por debajo del equivalente a 600 dólares de salario como sigue  siendo  la  propuesta  de nuestra  organización,  basados  en el  costo de  la  Canasta Básica Familiar (CENDAS) y el promedio de los salarios Docentes en toda Latinoamérica.

2. El Ministerio del Poder Popular Para La Educación, debe exigir al órgano competente recursos económicos  importantes  para  el  mantenimiento  de  la  infraestructura  escolar. Reiteramos  la propuesta  de la  incorporación  de  la  empresa  privada  al  proceso  educativo, mediante  el  plan “ADOPTA UNA ESCUELA” que consiste en la ayuda que la o las empresas del sector donde se encuentre  el  centro  educativo,  puedan  prestarle al  mismo.

3.- En cuanto al Sistema de Alimentación Escolar, como se le denomina actualmente, somos de la idea y así lo hemos propuesto, que se debe descentralizar hasta la propia institución escolar, que los recursos  económicos del costo de los alimentos sean asignados directamente a  la  Dirección del  plantel y que sea ésta, conjuntamente con una comisión  de contraloría quien vigile la sana administración de los mismos, a  fin  de garantizar una alimentación diaria, sana y balanceada a nuestros Niños y Docentes en los más de veinte mil planteles administrados por el MPPE.

4.  Para que el programa de Educación a  Distancia On line, sea eficiente y  de verdad produzca logros positivos, el Ministerio de Educación debe asesorarse con los especialistas en Tecnología Educativa de las  universidades a fin de construir una plataforma idónea para impartir  clases a distancia on line, y paralelo a eso, diseñar otras estrategias pedagógicas para garantizar que  los contenidos programáticos lleguen  a  todos  los  estudiantes, valiéndose de todos los recursos comunicacionales con los que cuente el país.

5.-  El  Ministerio del Poder Popular Para La Educación, debe exigir  al  órgano competente inversión, para optimizar los servicios de  comunicación e internet, a fin de garantizar la comunicación y conexión entre los docentes y estudiantes, entre la familia y la escuela.

6.- En aras de preservar la salud y la vida durante la cuarentena el Ministerio del Poder Popular Para la Educación, debe definir instrucciones  coherentes y bajarlas a sus  subalternos, a saber jefes de zonas educativas,  supervisores y  personal directivo, para evitar la convocatoria a reuniones con docentes, padres, representantes y estudiantes, exponiendo de manera irresponsable a los principales actores del hecho educativo al contagio de COVID-19, señala el comunicado

Fuente: https://www.elimpulso.com/2020/07/22/en-materia-educativa-venezuela-esta-retrocediendo-a-nivel-de-paises-subdesarrollados/

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Bolivia: Las razones de las protestas en Bolivia contra el Gobierno de facto (y el silencio de los medios)

A pesar de la pandemia, miles de personas marcharon en distintas ciudades para reclamar medidas ante el avance de la pandemia y exigir la confirmación de una fecha para los pospuestos comicios presidenciales.

Este martes miles de personas marcharon en distintas ciudades de Bolivia para reclamar demandas sociales, mostrar su rechazo al Gobierno de facto de Jeanine Áñez y exigir que se confirme la fecha de las próximas elecciones presidenciales para el 6 de septiembre, mientras las actuales autoridades intentan reducir el colapso del sistema sanitario.

Así, pese a las medidas de aislamiento social impartidas desde el Ejecutivo, los detractores salieron a las calles para repudiar a la administración interina, que ocupó la Presidencia en noviembre. En efecto, Áñez asumió el cargo de modo irregular —con el aval del Tribunal Constitucional— luego de que las Fuerzas Armadas pidieran públicamente la renuncia del entonces jefe de Estado, Evo Morales, consumando el golpe de Estado.

Frente a este escenario, muchos cibernautas criticaron que esta importante movilización nacional no haya tenido suficiente presencia en los medios de Bolivia, lo que ha sido denunciado como un «cerco mediático».

A su vez, en otros videos compartidos desde Twitter se puede ver a manifestantes realizando tareas de desinfección mientras avanza la multitud, acompañada por rituales aymaras y música ancestral.

«¡Patria o muerte! ¡Venceremos!», se escucha vociferar en una grabación a una columna de manifestantes marchando en el municipio de El Alto, con banderas de los pueblos originarios.

«Deberíamos discutir con un Gobierno electo»

La jornada de movilizaciones fue convocada por docentes, mineros, agrupaciones indígenas y la Central Obrera Boliviana (COB), que llamó a defender la salud, la educación y la estabilidad laboral.

«Hoy el pueblo está haciendo escuchar su voz de protesta», dijo el secretario ejecutivo del sindicato, Juan Carlos Huarachi, citado por la agencia italiana ANSA. A su vez, este dirigente exigió que se resuelva la crisis sanitaria, pero remarcó: «La gente común debería discutir con un Gobierno democráticamente electo, y no con uno que tomó el poder en circunstancias dudosas».

Por su parte, el Sistema de Radio y Televisión Popular de Bolivia tomó algunas imágenes de La Paz, la capital, uno de los escenarios principales de las manifestaciones del 14 de julio.

Entre los medios locales, el diario La Razón publicó imágenes de una columna de manifestantes avanzando por las calles capitalinas, con reclamos educativos. En concreto, aquellos maestros pidieron la renuncia del ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas. La polémica se desató a raíz de la publicación del Decreto Supremo 4.260, que reglamenta la enseñanza virtual a distancia.

¿Los comicios serán el 6 de septiembre?

Desde hace varios meses Bolivia vive momentos de gran tensión política y social, luego de que Morales se viera obligado a dejar el país para refugiarse en Argentina.

De momento, se estipuló que el 6 de septiembre serían las próximas elecciones presidenciales en la nación sudamericana, pero las agrupaciones políticas cercanas al Movimiento al Socialismo (MAS) temen que el Gobierno las vuelva a postergar. Antes, ya se habían cancelado los comicios del 3 de mayo por los contagios del coronavirus.

«Parece que la pandemia cae como anillo al dedo para los Gobiernos de derecha», opinó Morales en una entrevista reciente con EFE, mientras permanece exiliado.

Además del conflicto político, el Ministerio de Salud boliviano reportó que hasta el martes había 50.867 casos confirmados de covid-19 y 1.898 muertes. En ese marco, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció que el Ejecutivo planea expropiar hospitales y cementerios privados para evitar la saturación ante el avance de la pandemia.

Fuente: https://actualidad.rt.com/actualidad/360005-protestas-bolivia-contra-anez-presencia-medios

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Las políticas públicas venezolanas en materia de género: tradición vs demandas sociales

Por: María D’Jesús Urbina Gutiérrez.

Resumen

Las políticas públicas es una temática que ha vuelto a ser el centro de algunas investigaciones en la actualidad en vista de las marcadas desigualdades sociales existentes en Latinoamérica y el Caribe y el resto mundo, pese al intento de algunos programas que promueven a través de objetivos a largo plazo reducir esta brecha. Es por ello que se ha propuesto como meta para esta investigación reflexionar acerca de las políticas públicas venezolanas para hacer frente a las desigualdades sociales, específicamente en materia de género; partiendo del análisis de las definiciones de políticas públicas, las políticas públicas en materia de género (PPG) y sus alcances, las PPG en Latinoamérica y en Venezuela, y por último y no menos importante el cuestionamiento a la tradición paternalista del Estado venezolano frente a las demandas sociales de los movimientos sociales integrados por mujeres.

 

Palabras claves: Políticas Públicas, Políticas Públicas en materia de Género (PPG), Demandas Sociales.

 

The Public policies is a theme that has once again become the center of some research today in view of the marked social inequalities existing in Latin America and the rest of the world despite the attempt of some programs that promote through long-term objectives to reduce this gap. That is why it has been proposed as a goal for this research to reflect on Venezuelan public policies to address social inequalities, specifically in terms of gender; based on the analysis of the definitions of public policies, public policies on gender (PPG) and their scope, the PPG in Latin America and Venezuela, and last but not least the questioning of the paternalistic tradition of the Venezuelan State against the social demands of social movements made up of women.

 

Keywords: Public Policies, Public Policies on Gender (PPG), Social Demands.

 

Las Políticas Públicas en América Latina y el Caribe han sido analizadas tradicionalmente  desde el punto de vista técnico como programas que promueven la reducción de las desigualdades, con una evaluación promedio cada diez años para conocer su impacto en las transformaciones sociales; sin embargo estas políticas se diseñan en un contexto sociocultural especifico de la región y de cada Estado que la conforma, diverso y diferente, por lo que las necesidades varían dependiendo de las sociedades que hacen vida en estos, pero teniendo a su vez un hilo conductor en común como lo es la tradición colonial, que ha marcado históricamente quienes pueden acceder a ciertos derechos y beneficios relacionados a estas políticas. A continuación se analizaran las definiciones de Políticas Públicas y los requerimientos mínimos para su implementación; así como también las Políticas Públicas en materia de Género y sus alcances (justicia de género, autonomía, empoderamiento) en Venezuela y la región; y para finalizar se cuestiona la tradición paternalista del Estado venezolano frente a las demandas de los movimientos sociales integrados por mujeres.

Las Políticas Públicas, tema de referencia en la actualidad

Las Políticas Públicas son consideradas como el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, que actúan directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de la población nacional. Asimismo, tratan de enfrentar los problemas y contradicciones existentes en un sector de la sociedad o un espacio geográfico determinado, tomando en cuenta Instrumentos que permiten conocer las estrategias adecuadas para agrupar iniciativas desiguales (Ruiz y Cadenas, 2005 y Velasco, 2007).

De acuerdo a Lahera (2002), las Políticas Públicas deben asegurar la participación en los beneficios de la mayoría de la población mediante políticas complementarias, integrándolas al proceso productivo para su sostenimiento en un tiempo y espacio determinado así como también al Estado, partidos políticos, empresa privada y movimientos sociales. Además, deben tomar en cuenta las consultas directas a los diversos niveles de decisión política para discutir ampliamente las ventajas e inconvenientes de las alternativas planteadas, debido que es importante aclarar de forma realista las orientaciones y políticas deseables para las transformaciones sociales.

Asimismo, este autor considera importante tomar en cuenta a los organismos e instituciones que condicionan la aplicación de las políticas, los distintos niveles políticos-administrativos y la relación de estas políticas públicas con el Proyecto Nacional, lo cual permitirá objetivar las demandas sociales y posibilidades reales para poder llevarlas a cabo; tomando en cuenta también que el éxito de una política justa se asegura cuando los recursos de información se explicitan tanto hacia los funcionarios públicos vinculados con la implementación, como hacia la población beneficiaria (Benavente y Valdés, 2014).

Otro factor de éxito para la ejecución de las Políticas Públicas, según Benavente y Valdés, se relaciona con la inclusión de presupuesto para la producción de información respecto del logro de los objetivos de la política. Además que la información sea accesible, es esencial la existencia de mecanismos legales para asegurar el acceso a la información pública, así como para denunciar el incumplimiento de la política. La existencia de mecanismos de diálogo entre la sociedad civil y el Estado es una condición necesaria no solamente para velar por el cumplimiento de la política, sino también para discutir y establecer los pasos que es preciso seguir a fin de lograr un avance constante en favor de los objetivos.

Las Políticas Públicas en materia de Género y sus alcances, una meta en Latinoamérica

Con respecto a las Políticas Públicas en materia de Género (PPG), cabe resaltar que estas han jugado un papel fundamental en las transformaciones de las relaciones de género en los distintos países latinoamericanos y caribeños, debido que desde mediados de los años ochenta en adelante, en el contexto de los procesos de recuperación de la democracia de los países de la región después de regímenes dictatoriales y autoritarios y largos procesos de lucha interna, estas comenzaron a cuestionar el orden impuesto por el neoliberalismo, demandando un rol activo del Estado que estaba en retirada (CEPAL, 2012).

Sin embargo, algo que no se esperaba era que esta retirada del Estado a su vez permitiera que surgieran instituciones que sin alterar la dinámica dominante, sentaran las bases de las políticas de igualdad. Los ministerios, consejos e Institutos de la Mujer de la mano de la agenda internacional de derechos irrumpieron en el ámbito gubernamental articulando demandas sociales que en algunos casos notables alcanzaron logros importantes. Con la globalización, el campo de acción de las feministas y de las mujeres que empezaron a autodenominarse como tales, se pluralizó, globalizó y descentró, elevándose de esta manera su impacto sobre otras colectividades e instituciones (Álvarez, 2001 en CEPAL).

 

A partir de allí, los movimientos feministas han replanteado su relación con el Estado argumentando que el papel de este no es neutro sino, por el contrario, es omnipresente en la construcción de las desigualdades de género a través de los mensajes que emite, las concepciones de género que sustentan sus políticas y el grado de reconocimiento que hace de los distintos actores, entre ellos las mujeres, como interlocutoras. Demostrando así, que la acción del Estado se ejerce sobre una realidad configurada por las relaciones de género, en tanto éste constituye uno de los ejes de diferenciación social que estructura las relaciones sociales.

La incorporación del análisis de género en las Políticas Públicas ha implicado la circulación de nuevos discursos dentro de las instituciones del Estado. Estos discursos permitieron incorporar en las agendas institucionales temas considerados como propios de la esfera privada tales como la violencia contra la mujer, la autonomía del cuerpo reproductivo, la dependencia económica de las mujeres, la autoridad del jefe de familia, los derechos individuales, la segregación de género en el mercado de trabajo, en la educación y la representación política; así como también de manera positiva la ratificación por parte de los Estados de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Sin embargo, junto a estos movimientos que movilizan los problemas, se distinguen también los llamados “grupos de veto” que resisten la emergencia de una problematización dada sobre todo cuando ésta puede modificar su situación. El concepto de “actor de veto” se refiere a aquellos actores colectivos e individuales cuyos acuerdos se tornan imprescindibles para la toma de una decisión política (Tsebelis, 1995, 2002, citado por PNUD, 2010, en CEPAL).

En América Latina, las jerarquías de la iglesia católica han sido un actor de veto permanente a la incorporación de nuevas concepciones de género y al reconocimiento de nuevos derechos, sobre todo en el área sexual y reproductiva. Se han opuesto a la demanda feminista de aborto seguro y legal y a la implementación de políticas que tienen que ver con la educación sexual, las campañas de prevención del SIDA, la regulación de la reproducción y el reconocimiento de identidades sexuales plurales.

Es por ello necesario resaltar que los procesos de institucionalización de las políticas públicas de género se han visto favorecidos y amparados con el reconocimiento del carácter normativo y coordinador de los Movimientos Autónomos de Mujeres (MAM) y con la aprobación de las plataformas y programas de acción en las conferencias globales y regionales. Asimismo, se reconoce que durante la implementación de los planes de igualdad y en el proceso de vinculación con distintos sectores del ejecutivo, las integrantes de los MAM articulan tiempos y espacios de gestión diferentes para enfrentarse a las barreras ideológicas, políticas, procedimentales, organizacionales y administrativas; debido que la lógica sectorial y líneas de mando jerárquicas de la administración pública también resisten la ejecución de políticas de carácter transversal e integral impulsadas por los planes y la coordinación intersectorial que de ello se deriva (Guzmán y Montaño, 2012).

Entre los alcances de las PPG se encuentra la promoción de la justicia de género, la cual puede definirse como el logro de la igualdad entre mujeres y hombres en conjunto con las medidas para reparar las desventajas que llevan a la subordinación de las mujeres y para permitirles acceder y controlar los recursos en combinación con la agencia humana (Goetz, 2007 en Benavente y Valdés). Esta justicia solo puede alcanzarse a través de un Estado activo en el logro de la igualdad, un Estado que en la planificación, elaboración, ejecución y evaluación de las políticas considere el fomento de la justicia en la sociedad.

 

Para alcanzar la justicia de género implica haber incorporado la noción que las mujeres, en cuanto sujetos, no constituyen ni una clase social ni un estatus, de modo que las injusticias de género no pueden ser atribuidas solamente a un factor, sino que incluyen tanto las injusticias económicas y la ausencia de reconocimiento de las mujeres en cuanto sujetos, como las injusticias presentes en la forma en que se organiza la acción política y la toma de decisiones que las excluye (Fraser, 2008 en Benavente y Valdés).

Lo planteado anteriormente es coherente con la noción de derechos humanos, compuestos por derechos civiles y políticos, así como derechos económicos, sociales y culturales, que da cuenta de la amplia gama de derechos que deben ser respetados y garantizados por los Estados. Por tanto, las instituciones y las PPG son mecanismos para lograr la justicia en ámbitos determinados y constituyen a su vez instrumentos para alcanzar la superación de desigualdades específicas y autonomía de la mujer.

La autonomía, en este contexto, se define como el grado de libertad que una mujer tiene para poder actuar de acuerdo con su elección y no con la de otros. En tal sentido, hay una estrecha relación entre la adquisición de autonomía de las mujeres y los espacios de poder que puedan instituir, tanto individual como colectivamente. En realidad, el grado de autonomía de un sujeto singular es inseparable del grado de autonomía del grupo social al que pertenece. Es decir, el grado de autonomía personal que una mujer pueda desarrollar dependerá también de la autonomía posible de su grupo social y de aquella que las mujeres de la sociedad a la que pertenece hayan alcanzado. La autonomía significa entonces para las mujeres contar con la capacidad y con condiciones concretas para tomar libremente las decisiones que afectan sus vidas (Benavente y Valdés).

Martha Nussbaum (2002) aporta un aspecto a considerar en relación a las PPG, la cual es el contexto sociocultural en el cual estas se diseñan, cuestionando si los valores que una sociedad promueve son necesarios de preservar debido a las limitación de estos hacia la autonomía de la mujer; esta investigadora explica que la mujer puede decidir llevar una vida tradicional en vista del contexto sociocultural que ha nacido, sin embargo esto no excluye la existencia obligatoria de políticas económicas y sociales que velen por su bienestar y equidad de participación en todos los ámbitos para el desarrollo de sus potencialidades y búsqueda de su autonomía y empoderamiento. Se puede asegurar la alfabetización pero es necesario también las condiciones económicas para que esta pueda hacerlo, debido que no son solo derechos en el papel sino también las condiciones materiales para ejercerlos, y esto requiere recursos la redistribución de las riquezas de acuerdo a las necesidades.

Con respecto al empoderamiento de la mujer, León (2013) expone el debate entre el empoderamiento individual y el colectivo; cuestiona el empoderamiento individual debido que este puede ser una simple y mera ilusión si no se conecta con las luchas sociales, con las preocupaciones de hacer democracia, de ampliar la ciudadanía de las mujeres y cambiar las sociedades, puesto que además de  reconocer las percepciones individuales, no se puede reducir el empoderamiento de manera que ignore lo político.

Por tanto, para León el empoderamiento incluye no sólo el cambio individual, sino la acción colectiva, la cual es un proceso personal y político, cuyas aristas personales, intimas, corporales, no pueden desvincularse de sus connotaciones políticas, de impugnación de las relaciones de poder vividas en el seno de relaciones familiares, en donde las y los sujetos viven cotidianamente y a su vez son parte del orden social. También el empoderamiento puede ser entendido como una estrategia propicia para que las mujeres y otros grupos marginales incrementen su poder, esto es, acceder al uso y control de los recursos materiales y simbólicos, para que ganen influencia y participación en el cambio social. Es una toma de conciencia de sus propios derechos, con el fin de participar desde una posición más sólida en la toma de decisiones y poder influir en ellas (Murguialday, Perez y Eizagirre, 2005, en León).

 

El poder que se aspira desde el empoderamiento de la mujer es el Poder Suma-Positivo, llamado así debido a que el poder que tenga una persona o un grupo incrementa el poder total disponible, el cual permite compartir el poder y favorece el apoyo mutuo. Este es el poder “para”, que facilita y abre posibilidades sin dominación y genera un amplio rango de alternativas y potencialidades humanas. O también, el poder “con”, el cual se aprecia cuando un grupo presenta solución compartida a sus problemas y el todo puede ser superior a la sumatoria de las partes.

Las PPG en América Latina, aportes y metas

 

Con respecto a las PPG en Latinoamérica, Benavente y  Valdés han realizado un estudio de caso acerca de siete políticas que son un aporte para el logro de autonomía de las mujeres, las cuales clasifican de la siguiente manera:

  1. Políticas públicas y autonomía física: la Ley 11340 Maria da Penha (Brasil), la política de lucha contra la violencia de género (Uruguay), la política de garantía de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), (Colombia).
  2. Políticas públicas y autonomía en la toma de decisiones: paridad y alternancia de género en los órganos de elección del Estado y en las instancias intermedias (Estado Plurinacional de Bolivia), la política de paridad y alternancia en la Ley Electoral (Costa Rica).
  3. Políticas públicas y autonomía económica: Ley 20255 (Chile), que establece la Reforma Previsional, el Gasto Etiquetado para las Mujeres y la Igualdad de Género (GEMIG) (México).

En referencia a la Ley 11340 Maria da Penha de Brasisl, esta es tomada en cuenta debido que reconoce el derecho de todas las mujeres a vivir una vida sin violencia y considera este tipo de agresión como un atentado a los derechos de las mujeres. Esta ley obliga al Estado y a la sociedad a proteger a las mujeres de la violencia doméstica y familiar, independientemente de su edad, clase social, raza, religión y orientación sexual e incorpora un nuevo paradigma al reconocer la violencia contra las mujeres como una Violación de los Derechos Humanos y no como un crimen privado de menor gravedad. Se aplica así a la violencia contra las mujeres el régimen jurídico aplicable a las violaciones de los derechos humanos. Y así como en Uruguay, la política de lucha contra la violencia de género tiene como objetivo erradicar la violencia doméstica y promover la equidad y el pleno goce de los derechos humanos

Acerca de la política de garantía de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) de Colombia; en 2006 se logró, a través de la sentencia C-355/06, la despenalización del aborto en tres circunstancias: no se incurre en delito de aborto, cuando con la voluntad de la mujer, la interrupción del embarazo se produzca en los siguientes casos:

  1. a) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificado por un médico.
  2. b) Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico.
  3. c) Cuando el embarazo sea resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, o de inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.

 

En relación a las Políticas Públicas y autonomía en la toma de decisiones, la paridad y alternancia de género en los órganos de elección del Estado y en las instancias intermedias en el Estado Plurinacional de Bolivia, y la política de paridad y alternancia en la Ley Electoral en Costa Rica, estas políticas aborda las dificultades de acceso de las mujeres a los cargos de representación (elección) del Estado, por lo cual se instituyen la paridad y la alternancia, como formas de hacer frente a los obstáculos de acceso que se han identificado desde la vigencia de las leyes de cuotas.

Asimismo, abordan la discriminación que experimentan las mujeres en las estructuras intermedias de participación política, estableciendo también la paridad y la alternancia en las listas de elecciones de las agrupaciones políticas, y aunque han sido resueltas las injusticias de reconocimiento y en buena medida las de representación, aún es necesario avanzar en la redistribución del poder político, no solo a nivel del Estado, sino también de las estructuras intermedias, como son los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas

Con respecto a las Políticas Públicas y autonomía económica la Ley 20255 de Chile, que establece la Reforma Previsional enfrenta, en relación con las mujeres, las injusticias de redistribución que se traducen en una menor acumulación de fondos previsionales para las mujeres que trabajan en forma remunerada y en la ausencia de protección en la vejez para las mujeres que se han dedicado al trabajo doméstico no remunerado. La actuación en ambos casos conduce además a paliar la injusticia en el ámbito del reconocimiento, al valorar el aporte de las mujeres en el trabajo reproductivo.

 

Esta política se orienta a resolver una injusticia redistributiva, disminuyendo las brechas de pensión entre hombres y mujeres, así como aportando a fortalecer la autonomía económica de las mujeres. Además, la implementación de la política, especialmente el bono por hijo y la división de los saldos acumulados en las cuentas individuales cuando correspondan compensaciones en materia previsional en caso de divorcio, junto con mejorar de manera concreta la pensión que recibirá cada mujer, implica un reconocimiento a la situación de desventaja de las mujeres respecto de los hombres por las responsabilidades de crianza y cuidado.

 

El objetivo de esta política es contribuir a la construcción de un sistema de protección social que garantice la seguridad social en la vejez de todos los chilenos y chilenas, y que aporte a la reducción de la pobreza y la erradicación de la indigencia entre los adultos mayores y los que sufren de invalidez.

 

En México, las PPG basada en el Gasto Etiquetado para las Mujeres y la Igualdad de Género (GEMIG), aborda injusticias en todos los ámbitos de la política pública, en la medida en que hace visible el gasto destinado a resolver las desigualdades en los distintos ramos administrativos (las instituciones) y en los programas presupuestarios que las instituciones implementan y en los que la Cámara de Diputados etiqueta15 recursos públicos federales para las mujeres y la igualdad de género.

 

El objetivo es lograr el bienestar y la igualdad sustantiva (de hecho) entre mujeres y hombres, ello implica financiar programas, medidas y acciones públicas que entiendan (identifiquen) y atiendan las especificidades de género, las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en los distintos ámbitos de la vida y se enfoquen a eliminar las expresiones de violencia, discriminación y desigualdad por motivos de género. El objetivo del GEMIG es hacer efectiva la política de igualdad de género mediante la asignación y el aseguramiento de recursos públicos.

 

En Venezuela las PPG se concretan a partir de la creación del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (MinMujer) en el 2009, el cual fue precedido un año antes por la creación del Despacho de la Ministra de Estado para Asuntos de la Mujer, materializando institucionalmente las luchas sociales de las mujeres venezolanas que habían comenzado a gestarse con la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer en 1993, la creación del Consejo Nacional de la Mujer (1993), el surgimiento del Instituto Nacional de la Mujer (InaMujer) en 1999, del Banco de Desarrollo de la Mujer, C.A. (BanMujer) en 2001, y la creación de la Fundación Misión Madres del Barrio “Josefa Joaquina Sánchez” en 2006. MinMujer ejecuta sus políticas en cuatro (4) grandes áreas de acción:

  1. Modelo económico productivo socialista con perspectiva de género
  2. Organización y participación política de las mujeres
  3. Formación con perspectiva de género
  4. Protección de los derechos de la mujer

 

Entre los alcances de las políticas llevadas a cabo por Minmujer ha sido la Reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia Gaceta Oficial 40.548 del 25 de noviembre del 2014, la gestión y proyectos de los entes adscritos con fines empresariales, específicamente al Banco de Desarrollo de la Mujer, y sin fines empresariales, como lo es el Instituto Nacional de la Mujer y la Fundación Misión Madres del Barrio “Josefa Joaquina Sánchez.

 

 

A partir del 2017, por medio del diseño del programa Carnet de la Patria como una herramienta para mejorar la situación socioeconómica de los habitantes del país se asignan recursos financieros a mujeres a través del programa social Parto Humanizado y Hogares de la Patria, sin embargo con respecto a este último no es como el caso de Chile o México, porque al momento de acceder al programa se asigna el recurso al jefe o jefa de familia que se autodesigne con este rol, es decir, los recursos no están destinados específicamente a la mujer que hace frente a las tareas cotidianas del hogar.

 

Entre las limitaciones que expone Minmujer (2015) para llevar a cabo la implementación de las PPG de manera eficiente se encuentran las siguientes:

  1. Limitaciones Técnicas: deficiencia en la plataforma tecnológica que impide unificar la información recaudada, falta de conexión tecnológica con las coordinaciones estadales para la entrega de información y rendición de las tareas encomendadas.
  2. Limitaciones Financieras: no se posee un sistema integrado que consolide la información presupuestaria, administrativa y financiera.
  3. Limitaciones Administrativas: falta de manuales de normas y procedimientos e insuficiencia de personal especializado, lo cual trae como consecuencia retardo en los procesos que han de ser ejecutados.

Estas limitaciones están vinculadas directamente al ministerio, debido que en el balance anual de este no se toma en cuenta a los demás entes, actores y actrices involucradas

 

Las PPG en Venezuela y Latinoamérica y el Caribe: tradición vs demandas sociales

 

Como se ha planteado durante el desarrollo de esta investigación las PPG han tenido un impacto sobre las formas en cómo se han distribuidos los recursos económicos y el poder político en la región, tradicionalmente encarnados en hombres; es por ello que a continuación se exponen las deudas pendientes con los movimientos sociales integrados por mujeres latinoamericanas y específicamente venezolanas, en relación a los avances desde los distintos programas en búsqueda de la reducción de las desigualdades sociales, de acuerdo a la información recolectada por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (2012).

 

 

En términos generales en la región existen una serie de debilidades con respecto a la implementación de las PPG, entre las cuales cabe citar:

  1. La debilidad estadística de los registros administrativos.
  2. Falta de información acerca de los indicadores de autonomía física: muerte de mujeres ocasionada por su pareja o expareja íntima, mortalidad materna, maternidad en adolescentes.
  3. Demanda insatisfecha de planificación familiar, debido al porcentaje de mujeres unidas que no desean tener más hijos o que postergarían el siguiente nacimiento de un hijo, pero que no están usando un método de planificación familiar.
  4. Falta de paridad política entre el número hombres y mujeres en los ministerios, parlamentos, autoridades municipales y entes del poder judicial.
  5. Retardo en la firma y ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
  6. La existencia de la pobreza de ingresos aunada a la pobreza de tiempo en las mujeres.
  7. Falta del cálculo y remuneración del tiempo total de trabajo de la mujer (número total de horas destinadas al trabajo remunerado y al trabajo doméstico no remunerado).
  8. Escasa protección a las mujeres mayores de 60 años sin ingresos propios.
  9. Falta de redes de cuidado, donde las políticas laborales se vinculen con los sistemas de protección social. Las soluciones de mercado es la compra de cuidado con gastos de bolsillo, la cual beneficia sobre todo a familias y mujeres de mayores ingresos, lo que también es una forma de desigualdad dentro del propio género femenino.
  10. Retardo en la inclusión de las mujeres en el empleo de calidad. Sin tomar en consideración que el nivel de educación formal promedio de las mujeres es mayor respecto de los hombres en la región, lo cual es un acervo que debe aprovecharse tanto para potenciar esta oferta laboral femenina como para facilitar su empleo en sectores más intensivos en conocimiento mediante políticas que eviten la discriminación en el mercado laboral.

 

En el caso de Venezuela es necesario tomar en cuenta las siguientes demandas sociales que están fuera de las consideraciones defendidas por los valores religiosos imperantes en el país y de las políticas de protección de la mujer de un Estado paternalista, las cuales son importantes debido que contribuyen al desarrollo pleno de las potencialidades de seres humanos que también habitan este país, las cuales se exponen a continuación:

  1. En el ámbito educativo se reconoce el esfuerzo por la alfabetización de la mujer, sin embargo no existen planes para la inclusión de la misma en áreas de conocimientos no feminizados como es el caso de la ciencia y tecnología.
  2. En el ámbito económico se reconoce los programas de Banmujer pero aún no existe una normativa respecto al reparto igualitario de tierras y activos para el empoderamiento de la mujer, así como tampoco una licencia de permiso laboral igualitario para el cuidado de hijos/as.
  3. En el ámbito de la salud se reconoce los alcances de los programas de parto humanizado y lactancia materna, sin embargo existe una deuda con respecto a la legalización del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, la creación de programas de protección a pacientes con cáncer de mamas y cuello uterino, así como también por desnutrición.
  4. En el ámbito se seguridad, se reconoce la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aunque es necesario la obligatoria instrucción y sensibilización de funcionarias/os receptores de las denuncias y la manutención de las casas de abrigo de manera permanente.
  5. La legalización del matrimonio igualitario, en beneficio de quienes desean conformar una familia amparadas en la protección legal y reconocimiento de sus derechos.
  6. La creación de instituciones para la evaluación y seguimiento de las PPG, a fin de monitorear los logros alcanzados y los obstáculos que no permitan su implementación.
  7. Plantear las PPG de manera explícita en el Plan de Nación y en cada programa de vicepresidencia sectorial, ministerios, e instituciones públicas y privadas.
  8. Generar mecanismo de participación de los distintos grupos que hacen vida en la política nacional: Estado, movimientos sociales, sociedad civil, partidos políticos y empresa privada.
  9. Concatenar centros de investigadores con sus áreas afines para el diseño de las políticas públicas en general, y tomar en cuenta al personal calificado de los centros de investigación del país en las PPG para el diseño y evaluación de las mismas.

 

Asimismo es necesario recalcar que en el diseño de las Políticas Públicas en materia de Género se apela al conocimiento cuando este no atenta contra la tradición, e históricamente se ataca a investigadores por su religión, orientación sexual y género como si el conocimiento creado por estas/os no fuese para el bienestar de quienes habitan el planeta sin discriminación alguna; por lo tanto no existirá la reducción de brechas y de desigualdades hasta tanto la tradición impuesta desde la colonia no sea dejada a un lado junto a los principios que excluyen a la mayoría y benefician a una minoría.

 

Cabe destacar para culminar, que los movimientos sociales integrados por mujeres no son homogéneos y aún existe la necesidad de explicar ante quienes diseñan las PPG que la definición de mujer tampoco lo es, de tal manera que no todas las mujeres en Venezuela son heterosexuales, o desean ser madres, o profesionales en el área de servicios, o ama de casa; y es importante señalarlo debido que a pesar de las reivindicaciones y reconocimiento de las necesidades de un grupo de mujeres existen otras que a diferencia de estas aún se encuentran excluidas y desprotegidas por parte de estas políticas por no desempeñar el rol que socialmente se les ha atribuido.

 

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Fuente del artículo: Artículo aceptado para publicación en la Revista Encuentros, N° 11 sobre Perspectivas de género y políticas públicas para la igualdad

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