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Libro (PDF): Luchas «muy otras». Zapatismo y autonomía en las comunidades indígenas de Chiapas

Por: Pressenza

Compartimos el libro Luchas «muy otras». Zapatismo y autonomía en las comunidades indígenas de Chiapas, coordinado por Bruno Baronnet, Mariana Mora Bayo y Richard Stahler-Sholk, que recopila «textos con base en trabajos de campo realizados entre 2003-2007, que analizan las prácticas indígenas de autonomía política en las diferentes zonas de influencia zapatista en Chiapas».

Descargar el libro en pdf

Fuente de la información e imagen:  https://www.pressenza.com

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Situación del pueblo yanomami expone el abandono de las comunidades indígenas

Por: Ana Dagorret

 

El Ministerio de Salud de Brasil decretó la emergencia en salud pública tras una operación en la tierra indígena yanomami, que mostró el peor escenario de devastación ambiental en 30 años.

 

La llegada de Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia de Brasil significó un cambio de rumbo en varios aspectos. Uno de ellos, es el abordaje de la cuestión ambiental y la salud y el bienestar de los pueblos indígenas. Tras una operación en la que actuaron varios organismos ambientales del gobierno, realizada a fines de enero pasado en la comunidad yanomami, quedó al descubierto que la realidad de los pueblos indígenas era peor de la que, hasta entonces, se denunciaba.

La tierra indígena yanomami es un territorio de unos 100.000 kilómetros cuadrados, ubicado entre los estados de Roraima y Amazonas, en el noroeste del país. Allí, viven unas 30.000 personas distribuidas en 386 comunidades, varias de las cuales se encuentran aisladas y no mantienen contacto con otros seres humanos.

El territorio fue demarcado el 22 de mayo de 1992 por el entonces presidente, Fernando Collor de Mello, y el proceso duró unos 15 años. La demarcación supuso una larga batalla, con articulación internacional, hasta que el Ejecutivo brasileño ratificó la zona. Desde su reconocimiento y tras el avance de la deforestación ambiental a manos de empresas de minería, el territorio vivió el escenario de mayor devastación de su historia, lo cual impactó directamente en la forma de vida de los indígenas.

Imagen: Juruna Yanomami / Amazonia Real

En los últimos cuatro años, la devastación de árboles y ríos se ha más que duplicado. Según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), en 2019, la superficie alcanzó la tasa más alta desde 2008: 29.000 kilómetros cuadrados. La tasa más alta antes de este hito había sido de 14.000 kilómetros cuadrados, en 2008.

A medida que la minería avanza entre las comunidades y los invasores abren campamentos de exploración en medio de la selva, la crisis sanitaria se agrava. Esto se debe a que la actividad ilegal destruye la selva, ahuyenta la caza, contamina los ríos y los peces, y deja el suelo improductivo para las plantaciones.


Ante este escenario de invasión y degradación, las comidas que normalmente consisten en arroz, porotos, mandioca, carne de caza y pescado acaban limitándose a uno u otro alimento por vez. Sin nutrición adecuada, los y las indígenas se enferman y, debilitadas, las adultas no pueden ir a buscar comida para los niños, que se vuelven débiles y vulnerables a enfermedades como la malaria, la desnutrición grave, la diarrea y las lombrices.


Sólo en 2022, se calcula que unos 570 indígenas murieron de hambre o de enfermedades derivadas de la desnutrición en el territorio indígena yanomami. La operación llevada adelante por el nuevo gobierno para el análisis de situación arrojó que existen al menos 11.000 casos de malaria entre los pobladores del territorio indígena.

Luego de que la administración de Lula tomara conocimiento de la situación, el Ministerio de Salud declaró la emergencia de salud pública para hacer frente a la falta de atención sanitaria a la población en la región yanomami. A su vez, el presidente brasileño decretó la creación del Comité Nacional de Coordinación (CNC) para discutir y adoptar medidas en coordinación entre los poderes estatales para atender a esta población. El plan de acción deberá ser presentado en un plazo de 45 días y el comité trabajará durante 90 días, período que podrá ser prorrogado.

Una catástrofe con la firma del expresidente

La realidad que vivieron las poblaciones indígenas de Brasil, en especial, el pueblo yanomami, tuvo como principal artífice al exmandatario Jair Bolsonaro. Desde antes de asumir su mandato, el entonces diputado federal se refería con desdén sobre las y los indígenas brasileños, al punto de que, en una oportunidad, llegó a decir en una entrevista que el gran error histórico de las fuerzas armadas había sido no exterminar por completo a los pueblos originarios.

Una vez en el cargo, desde su gobierno se hizo todo lo posible para desarticular las estructuras montadas durante gestiones anteriores para preservar tanto los territorios delimitados como las reservas, así como a las poblaciones indígenas. Tanto el INPE como la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) tuvieron sus presupuestos recortados, al tiempo que los cargos clave fueron a parar en manos de aliados de Bolsonaro, muchos de ellos con vínculos estrechos con el agronegocio y las empresas mineras.

Imagen: Minería ilegal de oro en Homoxi, tierra yanomami / Bruno Kelly – Amazonia Real

El caso que más se destacó fue el del exministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, que integraba un esquema de tráfico de madera ilegal, motivo por el cual debió dejar su cargo ante las presiones que recibió el propio gobierno.

En relación a la situación del pueblo yanomami, los años de Bolsonaro en el poder significaron un aumento no sólo de la deforestación, sino del hostigamiento por parte de invasores a las poblaciones originarias. Sólo en 2021, el área ocupada por la actividad ilegal pasó de 1.200 hectáreas a 3.200. El año 2019 fue, a su vez, el de mayor deforestación dentro del territorio con 29.000 kilómetros cuadrados destruidos.

En una entrevista brindada a un programa de televisión nacional, el presidente del Consejo Distrital de Salud Indígena Yanomami, Junior Ekurari, se refirió a la situación que vive su pueblo como una “crisis humanitaria”.


“Envié varios pedidos de ayuda al gobierno, al Ministerio de Salud, pedí apoyo para generar acciones que atendieran las necesidades del pueblo indígena”, explicó Ekurari. “No tuvimos ninguna respuesta, sólo mandaron equipos de profesionales que llevamos al territorio y mostramos la situación. Simplemente no hicieron nada. Por eso, decimos que el gobierno fue omiso. Las muertes que ocurrieron en esta situación tienen la firma de Bolsonaro”, remarcó.


El referente indígena también hizo mención al rol fundamental que tuvo el avance de la minería ilegal dentro de las tierras preservadas. “Durante cuatro años, los invasores avanzaron y eso hizo que todos corrieran riesgos. Muchos fueron asesinados por esos invasores, pero también ocurrió que hubo unidades de salud que funcionaban dentro del territorio que dejaron de funcionar tras las invasiones que avanzaban”, recordó Ekurari.

Abandonados a su suerte

El caso de la región Homoxi es uno de ellos. Allí funcionaba un puesto de salud al que acudían los pobladores. Tras el avance de la minería, y con el peligro debido no sólo a la contaminación por mercurio, sino a la violencia ejercida por los invasores, el centro sanitario cerró sus puertas y los indígenas fueron abandonados a su suerte.

En total, se calcula que 120, de las más de 300 unidades poblacionales del territorio yanomami, quedaron sin ningún tipo de atención del gobierno durante los cuatro años de Bolsonaro.

Además del abandono concreto de estas poblaciones, hubo un apoyo explícito del expresidente a la actividad ilegal. En octubre de 2021, Bolsonaro llegó a visitar una región de minería ilegal dentro de la tierra indígena Raposa Serra do Sol, en Roraima. Allí, el exmandatario volvió a defender el trabajo de la minería ilegal diciendo que “si quieren plantar, planten. Si quieren minar, minen. Si quieren construir unas presas en el valle del río Cotingo, que lo hagan”.

Imagen: Niño yanomami trasladado a un hospital en Boa Vista / Antonio Alvarado

En ese momento, el gobierno ya había presentado un proyecto de ley en el Congreso que establecía permitir actividades en suelo indígena con autorización previa del Parlamento, mediante consulta y compensación a las comunidades afectadas.

Previamente, en un discurso en abril de 2019, Bolsonaro incluso citó la riqueza de la tierra como un derecho de la población en general, por encima de los derechos indígenas. “En Roraima, hay tres billones de reales (574.932.000 dólares) bajo la tierra. Y el indio tiene derecho a explotarlo de forma racional, obviamente. El indio no puede seguir siendo pobre en una tierra rica”.

La situación que atraviesa hoy el pueblo indígena yanomami es la más destacada en los medios de comunicación de Brasil, pero ilustra también la situación que vivieron durante cuatro años todas las comunidades originarias del país. La decisión del gobierno de Lula de declarar estado de emergencia es el primer paso para resolver una crisis provocada por el anterior Ejecutivo, que niega cualquier tipo de responsabilidad en relación a las muertes y enfermedades que padecen los pueblos indígenas, producto del avance de la deforestación ilegal.

Foto de portada: Darisa Yanomami y Juruna Yanomami – Amazonia Real.

Fuente de la información e imagen: La Tinta

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Impulso a la educación en comunidades indígenas

En México hay 70 pueblos originarios, en 20 entidades federativas y con 364 variantes de lenguas nativas.

Por: Miguel Ángel Gallegos Cárdenas

En octubre pasado tuve oportunidad de participar en el Foro A 100 años de la Secretaría de Educación Pública. Retos y Perspectivas, organizado por el Senado de la República.

En dicho evento, además de hacer un recuento histórico de la SEP, se habló de una gran cantidad de temas y retos que se tiene el sistema educativo mexicano, tanto en los tiempos actuales, como en los venideros.

Entre otras, se conversó del origen y los fundadores de la SEP, de la importancia de la legislación y las políticas, de la educación como un derecho humano, de los actores educativos, de aprender del pasado, de la importancia de los planes y programas de estudio, de la cobertura o de acabar con el analfabetismo aún existente.

Además, se discutió sobre cómo construir una identidad nacional en los alumnos, de la pedagogía, de las brechas educativas, de la desigualdad social, la sostenibilidad, del fomento de valores entre los estudiantes, de la relevancia y la necesidad de fomentar la investigación educativa, del trato y salario digno a los profesores, del financiamiento a la educación, de la continuidad de los servicios educativos y regreso paulatino en la nueva normalidad, así como del gran reto que tiene en su totalidad la SEP y sus diversos actores.

Foro “A 100 años de la Secretaría de Educación Pública. Retos y Perspectivas”, en el Senado de la República.

Foro “A 100 años de la Secretaría de Educación Pública. Retos y Perspectivas”, en el Senado de la República.

Miguel Ángel Gallegos Cárdenas

Al mismo tiempo, se habló de los escenarios cambiantes, de los retos y desafíos que trajo consigo la pandemia, de rescatar los saberes tradicionales, pero también de las nuevas posibilidades que trajeron las Tecnologías de la Información y Comunicación, de la revolución educativa impulsada por medio de estas tecnologías, de la alfabetización informacional, de la educación no presencial y las nuevas posibilidades, y, de las nuevas habilidades que demanda la sociedad y transformación digital.

Igualmente, se habló de las herencias legadas en cuanto a carencias en la educación básica y la media superior, así como de las problemáticas para acceder y permanecer en la educación superior, y de buscar e impulsar nuevas alternativas para los sectores de la población con mayores carencias, lo que lleva a pensar en los planos de las comunidades indígenas y de quienes menos tienen.

Sin duda, todos los asuntos mencionados en dicho foro son de gran interés, todos se tienen que atender, se tiene que hacer algo en cada uno de ellos, pero a mi parecer y el de muchos actores es cuestionarnos en estos momentos, ¿qué estamos haciendo para llevar oferta educativa a las comunidades indígenas?

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Comunidad de indígenas zeltales.

La educación en las comunidades indígenas

Brindar alternativas a quienes menos tienen, a quienes pocas veces se ha volteado a ver, es decir, a las comunidades indígenas es algo urgente y necesario.

En este modernizado mundo tecnológico, necesitamos integrar y brindar oportunidad de participar y de sumarse a los hermanos de las comunidades originarias y en esta cuarta transformación nacional estamos en el tiempo de pensar y actuar en favor de ellos.

Algunos datos importantes como los que señala el Banco Mundial al decir que «en el mundo, hay aproximadamente 476 millones de indígenas en más de 90 países. Si bien constituyen más del 6 % de la población mundial, representan alrededor del 15 % de las personas que viven en pobreza extrema».

Con estas referencias se puede observar que, aunque es una gran población, han sido un sector injustamente olvidado.

Por otro lado, a la fecha, según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en México se tiene una gran riqueza cultural, pues se cuenta con 2.471 municipios y en ellos la existencia de 70 pueblos indígenas, que se encuentran distribuidos en 20 entidades federativas, a decir del Gobierno de México.

En cada entidad y municipio existen localidades y en ellas comunidades con costumbres y patrimonio propio

En cada una de ellas, se habla una lengua indígena. El mismo INEGI señala que, «en México, el 6.1% de los hombres y el 6.1% de las mujeres de 3 años y más habla alguna lengua indígena de las 364 variantes que existen. Es decir, 7.364.645 personas, de las cuales, 48.6% son hombres y 51.4% son mujeres».

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Indígenas y ambientalistas en la zona arqueológica de Chichén Itzá.

Lorenzo Hernández / EFE

Esta riqueza cultural preservada por una población de 23.229.089 de personas que se autodescriben como indígenas y cerca de 12 millones que viven en hogares indígenas, según el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Reconocer la importancia de nuestros pueblos originarios para acercarles oferta educativa y educación continua es uno de los mayores retos que tiene el sistema educativo en estos momentos de justicia social.

Conviene recordar que, según el Banco Mundial, «en los últimos 20 años, se han reconocido cada vez más los derechos de los pueblos indígenas con la adopción de instrumentos y mecanismos internacionales, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP)», pero volvemos a cuestionar, ¿qué estamos haciendo a 100 años de la fundación de la SEP?

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Indígenas y ambientalistas en Chichén Itzá.

Lorenzo Hernández / EFE

En ese sentido, y por ser de interés la reflexión en este escrito, conviene recordar lo que el doctor Casimiro Méndez Ortiz, señaló en aquel foro en el Senado, cuando planteó «hace falta crear una subsecretaría de educación indígena o subsecretaría de educación intercultural, a nivel nacional, como un reconocimiento a las comunidades indígenas».

«O al menos, como también aseveró, «ampliar la cobertura educativa a nivel superior en las comunidades indígenas, auxiliados de las tecnologías para llegar a los rincones más apartados y necesitados del país».

La continuidad educativa a través de las tecnologías digitales, para atender a quienes menos tienen y a las comunidades de los pueblos originarios, es una gran alternativa que ahora tiene la SEP y sus diversos subsistemas.

Hoy más que nunca debemos integrarnos, solidarizarnos y coadyuvar todos juntos por el bien colectivo. Debemos trabajar juntos para construir mejor México, y la educación es el camino, como afirmó la doctora Elvia Garduño: «Por medio de la educación podemos construir una nueva historia».

Hagámoslo, pero para esa construcción es preciso que participemos todos.

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Leonardo Tello Imaina: El impacto de la crisis en la educación indígena de la Amazonía

La crisis económica por la pandemia profundizó aún más las brechas en las comunidades indígenas de Loreto. Las familias debieron comprar celulares para que los niños estudien, pero no todos accedieron al programa estatal Aprendo en Casa. “Antes de la pandemia el sistema educativo ya era desigual e injusto con los pueblos indígenas. Es urgente que las autoridades promuevan una mejor educación”, dice en esta columna el periodista kukama.

La educación en la región Loreto es de muy baja calidad. Antes de la pandemia los medios de comunicación de Nauta denunciaron que los docentes no acudían a sus puestos de trabajo y que las escuelas estaban desatendidas por las autoridades. Con la crisis sanitaria por la Covid-19 el problema se agudizó.

Cuando el gobierno decretó el estado de emergencia durante la primera ola, muchas comunidades indígenas quedaron desatendidas por el Estado. Faltaban los alimentos y las medicinas también escaseaban en los puestos de salud. Las comunidades afectadas por la contaminación petrolera fueron las que más sufrieron en el contexto de la emergencia sanitaria.

Los primeros bonos otorgados por el gobierno, como ayuda para paliar la crisis económica, causaron desorden en las comunidades. Los niños indígenas necesitaban alimentarse y sus padres también debían pensar en cómo adquirir medicinas para sus enfermos. Y de pronto comenzó el programa “Aprendo en casa”. Sin mucha información, los padres tuvieron que comprar celulares para que sus hijos se conecten a las clases virtuales.

Algunas familias pudieron adquirir esos equipos en la ciudad de Nauta, ubicada a dos horas por carretera o doce por río desde la capital de la región. Pero no eran las únicas necesidades. También les hacía falta comprar un galón de gasolina diario en la ciudad para los generadores eléctricos. Solo así los niños podían seguir las clases. Eran pocos los estudiantes indígenas que accedían a clases mediante ese programa estatal.

ANTES DE LA PANDEMIA EL SISTEMA EDUCATIVO YA ERA DESIGUAL E INJUSTO CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS».

En las ciudades amazónicas, donde la mayor parte de la población es indígena, las madres y los padres de familia se han convertido en docentes de sus hijos. Los profesores solo se dedican a enviarles tareas con poca orientación y pautas para su desarrollo. Las tablets, que llegaron al final de la segunda ola de la pandemia, vienen construyendo una generación de estudiantes alejados de la realidad. Los convierten en posibles víctimas de acoso sexual o trata de personas, como ocurrió con dos niñas de Nauta y Cuninico (distrito de Urarinas), que en agosto fueron captadas mediantes las redes sociales por personas mayores.

Si antes de la pandemia el sistema educativo era desigual e injusto con los pueblos indígenas, con la crisis sanitaria esas brechas se hicieron aún más profundas. Los recursos económicos, insuficientes desde antes de la pandemia, terminaron en manos de funcionarios que se aprovecharon de la situación y agravaron la vida de las poblaciones indígenas.

Es el caso de Ladislao, un niño de 5 años, que vive en la junta vecinal “El Mirador” de Nauta. El pequeño tiene una muela que no lo deja dormir. Además, no puede atender las clases debido a que sus padres  —que trabajan vendiendo golosinas en las calles de Nauta— no han podido comprarle un celular. No tienen dinero para los analgésicos. El Sistema Integral de Salud (SIS) no lo atiende todavía. Llora cogiéndose la carita.

A él no le contaron, pero algún día sabrá que el dinero con que debieron atenderlo para aliviarle el dolor de muela, se lo llevó un funcionario del gobierno. Entonces toca volver a las plantas medicinales. La escuela tendrá que esperar. La desigualdad para Ladislao y otros niños indígenas se ha expuesto más durante la pandemia.

Es urgente que las autoridades promuevan una educación de calidad, sin discriminación, sin exclusiones de los pueblos indígenas. Niños como Ladislao necesitan toda la atención del Estado peruano.

Fuente: https://ojo-publico.com/3078/el-impacto-de-la-crisis-en-la-educacion-indigena-de-la-amazonia

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«Hambre y olvido»: Más de 16.000 niños están en riesgo de desnutrición en La Guajira colombiana

Según una investigación periodística, al menos 29 niños han muerto en esa región este año por causas asociadas a la falta de alimentos.

Un total de 16.000 niños y niñas están en riesgo de desnutrición o ya la padecen en La Guajira, región nororiental de Colombia, según los datos que maneja el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Yaneris Cotes, directora del ICBF en La Guaijira, detalló a Noticias Caracol que tras una evaluación a unos de 84.000 niños, de entre 0 y 5 años, el instituto pudo determinar qué población ya padece la desnutrición o está en riesgo de sufrirla.

Según ese mismo medio local, la situación también ha provocado la muerte de 29 menores de edad, en lo que va de año, por causas asociadas a la desnutrición en ese departamento, donde viven las poblaciones indígenas wayúu, así como los kogi, ika, kankuamo y los wiwa.

Pilar Redondo, nutricionista de la Fundación Aporta tu granito en La Guajira, ubicada en el municipio Uribia, comentó que este año han recibido a 131 niños con desnutrición, muchos de ellos graves y con signos marcados «tipo marasmo, que es cuando la piel está pegada a los huesos«.

También fue consultada Liliana Fernández, una madre wayúu que lleva a su hija a este centro de asistencia nutricional porque no puede producir suficiente dinero para proveer la alimentación de la pequeña. Además, en la región escasean el agua potable y la gasolina.

Ante la situación, el movimiento Guajira Resiste, una organización que se ha dedicado a denunciar las vulnerabilidades que sufre esta población colombiana, se ha declarado en «huelga de hambre» y mantiene una protesta pacífica que el jueves se instaló en la plaza Bolívar de Bogotá, el «epicentro político de toma de decisiones del país», para que el Estado colombiano tome acciones definitivas contra «el hambre y olvido».

La gravedad de la situación en La Guajira fue señalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2016, cuando solicitó al Estado colombiano la adopción de «medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los niñas, niños y adolescentes de las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo wayúu, en el departamento de La Guajira», ya que para ese momento se registraban 4.770 niños muertos en un plazo de ocho años.

«Vulneración generalizada»

En 2017, la Corte Constitucional de Colombia constató que en el departamento de La Guajira se presentaba una «vulneración generalizada, injustificada y desproporcionada de los derechos fundamentales al agua, a la alimentación, a la seguridad alimentaria y a la salud de los niños y niñas del pueblo wayúu».

Una sentencia derivada de la Corte sostenía que la responsabilidad sobre estos hechos recaía en organismos e instituciones del Estado, como la presidencia de la República y los ministerios de salud, vivienda, agricultura, así como el Departamento Administrativo de Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Superintendencia Nacional de Salud, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Departamento de La Guajira y los municipios de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao.

Por esto, la Corte ordenó a la presidencia, para entonces a cargo de Juan Manuel Santos, que en 48 horas debía «iniciar o continuar», según fuera el caso, un plan de acción para atender la crisis. De no cumplir con la medida, los responsables cometerían desacato al amparo de tutela.

En agosto de este año, la Sala Plena de la Corte Constitucional le pidió al Gobierno de Iván Duque que explicara las medidas preventivas que se han adoptado en materia sanitaria para evitar las muertes de niños de La Guajira, por causas asociadas a la desnutrición, además de otras condiciones de vida, como pobreza y marginalidad.

La Corte también le pidió al Gobierno que explicara por qué afirmaba que se habían reducido las muertes de menores, si aún persisten los fallecimientos a pesar del tiempo que ha transcurrido desde la sentencia T-302 de 2017.

«Uno de los mayores problemas»

De acuerdo al informe «Desnutrición en la primera infancia: Causas estructurales y vulneraciones prevenibles y evitables», presentado a mediados de septiembre por la Defensoría del Pueblo, entre 2017 y 2020, el Instituto Nacional de Salud (INS) registró a 54.693 niñas y niños menores de cinco años, con desnutrición aguda en Colombia, una situación que deja «graves consecuencias físicas, psicológicas y cognitivas irreversibles, que afectan su desarrollo integral».

En 2020, señala el estudio, hubo 9.902 niños con desnutrición aguda, de los cuales 2.177 (19,8 %) son menores de seis meses; 2.312 (21,1 %) tienen de 6 a 12 meses, y 6.484 (59,1 %) son niños mayores de un año. Los departamentos que presentan el mayor número de casos registrados de desnutrición en niños y niñas son Bogotá (1.756), la Guajira (1.121), Antioquia (724), Cundinamarca (625) y Cesar (493).

«La desnutrición infantil es uno de los mayores problemas para la primera infancia en Colombia, e incide negativamente en las posibilidades de construir un país con bases sociales, económicas y culturales sólidas. En esa medida, la solución pasa por la articulación de los actores responsables y la comprensión de las causas y consecuencias de esta enfermedad», cita el informe de la Defensoría.

El estudio añade que la pobreza y las desigualdades sociales también «afectan la sobrevivencia de los hogares donde se concentra la primera infancia» y truncan la accesibilidad a los servicio básicos, lo que hace que el desarrollo integral de la vida y el efectivo ejercicio de los derechos humanos fundamentales se vean truncados.

Los grupos más afectados por inseguridad alimentaria son los que habitan en «zonas rurales y dispersas», entre ellos están las mujeres cabeza de familia, los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, que también se ven afectados por el desempleo, la falta de oportunidades y bajos niveles de acceso a la escolaridad.

«La desnutrición crónica sigue afectando a niñas y niños en los diferentes departamentos y municipios del país, tal como lo señalan los resultados del Índice de Desnutrición Crónica realizado por la Fundación Éxito», señala la Defensoría, que detalla que el problema nutricional afecta a 626 municipios de los 1.076 que hay en el país.

Fuente: https://actualidad.rt.com/actualidad/406399-ninos-riesgo-desnutricion-guajira-colombia-persiste

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Protestas mundiales mientras el Tribunal Supremo de Brasil se dispone a dictar una sentencia histórica sobre los derechos indígenas

Los pueblos indígenas de todo Brasil se movilizan en Brasilia en una semana de protestas contra el “Marco Temporal”, el proyecto de ley 490 conocido como el “Proyecto de Ley de la Muerte”, así como contra otros planes y acciones genocidas del Gobierno de Bolsonaro

La acción internacional “Lucha por la Vida” (“Luta pela Vida”) está liderada por APIB, la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil.

Manifestantes indígenas celebran una vigilia en Brasilia la noche antes de que el Tribunal Supremo inicie su votación sobre la trampa del Marco Temporal (2021).
Manifestantes indígenas celebran una vigilia en Brasilia la noche antes de que el Tribunal Supremo inicie su votación sobre la trampa del Marco Temporal (2021). © Survival

 

La APIB ha celebrado una concentración ante el Tribunal Supremo, que se espera reanude la votación de la trampa del Marco Temporal. Esta es una propuesta presentada por el sector del agronegocio que defiende que los pueblos indígenas solo tienen derecho al territorio que ocupaban físicamente el 5 de octubre de 1988, día en que entró en vigor la actual Constitución.

En todo el mundo se están desarrollando acciones de protesta contra el PL490. En San Francisco y Londres los manifestantes han exigido el fin de los ataques genocidas del presidente Bolsonaro y sus simpatizantes contra los pueblos indígenas de Brasil.

Protesta frente a la Embajada de Brasil en Londres el día en que el Tribunal Supremo comienza a dictar sentencia sobre la trampa del Marco Temporal.
Protesta frente a la Embajada de Brasil en Londres el día en que el Tribunal Supremo comienza a dictar sentencia sobre la trampa del Marco Temporal. © Survival

 

La trampa del Marco Temporal supone una amenaza para cientos de territorios indígenas, cientos de miles de indígenas y decenas de pueblos indígenas no contactados, entre ellos:

– Los xoklengs: uno de sus territorios es sobre el que decidirá el Tribunal Supremo, que juzgará sobre la validez o no de la teoría del Marco Temporal.

A principios del siglo pasado el Gobierno brasileño propició que gran parte del territorio de los xoklengs y otros territorios indígenas fueran adjudicados a colonos europeos. El Gobierno también financió la llamada “milicia de caza de indios”, que aceleró el acaparamiento de tierras colonial y el genocidio de los pueblos indígenas.

El Tribunal Supremo podría ahora fijar para siempre los efectos de estas y posteriores expulsiones, sentando un precedente que tendría gravísimas consecuencias para los pueblos indígenas de Brasil.

– Los guaraníes: casi toda su tierra fue robada antes de 1988 y ahora se utiliza para el agronegocio. Serían de los más perjudicados. Su lucha para recuperar sus tierras, que ya es una batalla descomunal, sería aún más difícil y sangrienta.

– Los kawahivas no contactados: su existencia y ubicación se confirmó oficialmente después de 1988, como la de muchos otros pueblos indígenas no contactados.

– Muchos otros pueblos indígenas no contactados, cuya existencia aún no ha sido confirmada oficialmente por el Gobierno, a pesar de las numerosas pruebas que existen. Hay 86 casos de este tipo. Uno de ellos es el de los pueblos no contactados del territorio indígena Ituna Itatá, cuya Ordenanza de Protección Territorial de emergencia está a punto de expirar.

Indígenas muestran los nombres de los territorios indígenas que se verán afectados si el Tribunal Supremo aprueba la Ley de plazos, Brasilia, 2021.
Indígenas muestran los nombres de los territorios indígenas que se verán afectados si el Tribunal Supremo aprueba la Ley de plazos, Brasilia, 2021. © Survival

 

Si se aprueba, la trampa del Marco Temporal supondría retroceder décadas en la lucha por los derechos indígenas y podría acabar con pueblos indígenas enteros no contactados. El movimiento indígena y sus aliados estamos movilizándonos para que este peligroso proyecto de ley se descarte.

Según la APIB: “Que el país escuche a sus pueblos indígenas. Nuestras vidas están ligadas a la tierra, vivimos en comunión con ella. Somos los guardianes de las selvas y de todas las formas de vida que viven en ellas. Nos enfrentamos a un Congreso que sigue impulsando su agenda anti-indígena. Estamos luchando contra la trampa del Marco Temporal, programado para ser votado por el Tribunal Supremo el 25 de agosto. ¡Resistiremos!”.

Caroline Pearce, directora de Survival International, ha declarado hoy: “Esta es la sentencia judicial más decisiva para los pueblos indígenas de Brasil desde hace décadas. Está en juego el futuro de cientos de miles de personas. También es una prueba crucial para el poder judicial y la democracia de Brasil. Los jueces del Tribunal Supremo deben defender la Constitución que reconoce los derechos originarios de los pueblos indígenas a sus tierras como primeros habitantes del país”.

Manifestantes en Londres se solidarizan con los pueblos indígenas de Brasil frente a la embajada brasileña en Londres.
Manifestantes en Londres se solidarizan con los pueblos indígenas de Brasil frente a la embajada brasileña en Londres. © Suzanne Plunkett / Greenpeace

Para más información, contacta con:
Survival International: press@survivalinternational.org, móvil: +447841 029 289;
Greenpeace Reino Unido: press.uk@greenpeace.org;
CAFOD: Frances Leach – fleach@cafod.org.uk, móvil: +447584 349 426; o Nana Anto-Awuakye – nanto-awuakye@cafod.org.uk, móvil: +447799477541;
Amazon Rebellion: amazonreb@protonmail.com;
Brazil Matters: brazilmatters@gmail.com, móvil: +44 7793 451311

Protesta en Londres el 25 de agosto en la Embajada de Brasil, 14-16 Cockspur St, LONDRES SW1Y 5BL junto a simpatizantes de Amazon Rebellion, Brazil Matters, CAFOD, Greenpeace, Parents for Future y Survival International.

Protesta en San Francisco el 24 de agosto en el Consulado de Brasil, 300 Montgomery Street, San Francisco, CA 94104-1901 junto a simpatizantes de Brazil Solidarity Network, Women’s Earth and Climate Action Network, Survival International y Amazon Watch.

Más fotografías disponibles en este banco de imágenes de Greenpeace.

Activistas y manifestantes de San Francisco piden que no se apruebe la trampa del Marco Temporal en la víspera de que el Tribunal Supremo se pronuncie: 'La historia indígena es anterior a 1988'.
Activistas y manifestantes de San Francisco piden que no se apruebe la trampa del Marco Temporal en la víspera de que el Tribunal Supremo se pronuncie: ‘La historia indígena es anterior a 1988’. © Survival

 

Protesta frente a la Embajada de Brasil en Londres el día en que el Tribunal Supremo comienza a dictar sentencia sobre la 'Trampa del Marco Temporal'.
Protesta frente a la Embajada de Brasil en Londres el día en que el Tribunal Supremo comienza a dictar sentencia sobre la ‘Trampa del Marco Temporal’. © Sue Cunningham/Survival
Protesta frente a la Embajada de Brasil en Londres el día en que el Tribunal Supremo comienza a dictar sentencia sobre la 'Trampa del Marco Temporal'.
Protesta frente a la Embajada de Brasil en Londres el día en que el Tribunal Supremo comienza a dictar sentencia sobre la ‘Trampa del Marco Temporal’. © Suzanne Plunkett / Greenpeace

Fuente: https://rebelion.org/protestas-mundiales-mientras-el-tribunal-supremo-de-brasil-se-dispone-a-dictar-una-sentencia-historica-sobre-los-derechos-indigenas/

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México: Medio millar de aspirantes indígenas se verán afectados por cierre de licenciaturas en UPN

Medio millar de aspirantes indígenas se verán afectados por cierre de licenciaturas en UPN

*La Asamblea tiene entre los puntos de su pliego petitorio, la instalación de una Comisión Electoral Central responsable de coordinar y evaluar la propuesta de elección para el nuevo director o directora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).


La Asamblea de Académicos, Estudiantes, Administrativos y Aspirantes (AAEAA) de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 071 dieron a conocer que, desde hace 9 meses demandan la reapertura de la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para el Medio Indígena (LEPEPMI Plan 90) y la Licenciatura en Educación (LE Plan 94), como el cumplimiento de un pliego petitorio.

Explicaron que, de no impartirse esas licenciaturas en las nueve subsedes que conforman la Unidad 071 de la UPN, afectarían a un número aproximado de 500 aspirantes en 9 municipios de la entidad chiapaneca.

Durante ese tiempo, la única respuesta que recibieron del gobierno estatal y autoridades educativas fue a través de una entrevista realizada el pasado 28 de mayo, donde informaron el cierre de ambas licenciaturas.

La AAEAA señaló que, dicha decisión tiene fundamento en la “filosofía racista y discriminatoria”, ya que las dos licenciaturas van dirigidas a jóvenes estudiantes de origen indígena, además su radio de influencia abarca municipios y comunidades de todo el estado.

A esto se suman las amenazas de: Amir Gómez Martínez, director de Gobierno; Julio Cesar Santos Puón, jefe del departamento de Educación Continua; Yadira Lavalle Herrera, coordinadora de delegados del gobierno; José Bastiani Gómez, director de UPN impuesto; y Rafael Morales Vázquez, representante de la Dirección de Educación Primaria Indígena.

Los estudiantes exigen que se gestionen los programas de movilidad académica. Foto: Cortesía.

Los representantes -gobierno estatal y autoridades educativas- y servidores públicos mencionados han dicho que tienen los domicilios y nombres de los integrantes de la Asamblea, y si alteran la paz social incurrirían en delito.

Añadieron que, Roberto Méndez Rodríguez, coordinador de la subsede Ocosingo, intimida, amenaza y hostiga a las y los estudiantes que participan en el movimiento.

Este es un movimiento en defensa de la educación pública, en defensa de la UPN, en defensa de la vida académica de la UPN. Y sobre todo es la defensa del derecho a la educación para la juventud, pues, de cerrar las licenciaturas que demandamos, prácticamente nos despojan del derecho a la educación, dijo la AAEAA.

Al no recibir ninguna respuesta favorable, enviaron una comisión a la Ciudad de México, para hacer de conocimiento a las altas autoridades del país, sobre los agravios que se están cometiendo en su contra, al negarles derechos fundamentales, como es la educación.

Responsabilizaron a Bastiani Gómez, ya  que desde su participación en el cuerpo directivo anterior, avaló el cierre definitivo de las licenciaturas y ahora como director se ha dedicado a justificar dicha acción, como a calumniarles y victimizarles por luchar en defensa de la UPN.

Por esa razón, la educación no avanza en sus procesos formativos y críticos que liberen la conciencia de nuestros pueblos y localidades marginadas donde se vive realmente la pobreza económica extrema y las condiciones de vida son deplorables, a pesar de tener todos los recursos humanos y naturales que tiene nuestro estado, expuso la AAEAA.

Reafirmaron que continuaran la lucha a favor de la educación Pública y la UPN con la exigencia de respuestas positivas a su pliego petitorio, entre sus puntos se encuentra la apertura inmediata de matrículas de nuevo ingreso, desde hace más de dos años no se ha emitido convocatoria en los diversos programas, a nivel licenciatura como en posgrados, para aspirantes a cursar estudios y formación pedagógica, en todas las subsedes pertenecientes de la unidad 071.

Piden un alto a las amenazas por parte del director de la UPN, en
contra de estudiantes, académicos y administrativos. Foto: Cortesía

Asimismo, la emisión directa de contratos laborales para los alumnos que cursan del 6° al 8° semestre por parte de la Subsecretaria de Educación Federalizada (SEF), con techo financiero, en sus dos modalidades: preescolar y primaria.

Los estudiantes exigen que se gestionen los programas de movilidad académica dentro de su casa de estudios, como del establecimiento y puesta en práctica de cursos extracurriculares con validez oficial, para complementar su formación como docentes y cumplir con los requisitos que se enmarca en las convocatorias de ingreso a la educación básica.

Otro punto es la suspensión inmediata por parte de la SEF, de las ordenes emitidas contra las y los maestros que están y han estado comisionados en la Unidad 071, y respeto a los trabajos académicos que han venido desarrollando dentro de la universidad.

La Asamblea piden la reinstalación inmediata de los trabajadores que se encuentran invalidados, así como aquellos que suspendidos en sueldo y funciones por parte de la administración saliente.

Así como la destitución del director impuesto y la emisión conjunta de la nueva convocatoria, respetando la libre participación democrática mediante voto universal y secreto de la comunidad universitaria, en la elección del nuevo director o directora de la Unidad 071 de la UPN.

Por último, la participación en la asignación de plazas directas a todos los egresados de la Universidad Pedagógica Nacional, en sus diferentes niveles escolares, y el alto a las amenazas que el director ejerce en contra de los estudiantes, académicos y administrativos para no participar en la defesa y lucha.

Fuente: https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2021/07/medio-millar-de-aspirantes-indigenas-se-veran-afectados-por-cierre-de-licenciaturas-en-upn/

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