El presupuesto 2024 para Universidades Nacionales es el mismo que se destinó en 2023, a pesar de que la inflación fue de 211%. Además, los académicos estiman que este número inflacionario está subestimado.
Un informe revela que el presupuesto 2024 para las Universidades Nacionales es el más bajo desde que se tiene registro. El estudio fue elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una organización no gubernamental con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una entidad que trabaja por una sociedad justa e inclusiva y sus objetivos son revertir la pobreza y la discriminación contra grupos vulnerabilizados.
La decisión del presidente Javier Milei de prorrogar el presupuesto 2023 ubica a las Universidades Nacionales frente a una situación económica muy complicada. Por eso, desde ACIJ realizaron un análisis detallado del presupuesto universitario abordando el periodo histórico desde 1997 hasta el primer trimestre del año en curso.
El dictamen determinado por el gobierno y los altos niveles de inflación, “hacen que las Universidades Nacionales enfrenten una situación económica límite”, apuntó Alejandro Gaggero, académico de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales IDAES (Escuela-Idaes) y miembro de la ACIJ, en diálogo con Tiempo.
Sobre el registro del presupuesto
La negación de una ampliación presupuestaria: “Produjo que este año las universidades tenga el presupuesto más bajo que se registra desde 1997 a la fecha”, enfatizó Gaggero. Continuó detallando que ahora “tienen un presupuesto que es del 72% más bajo en términos reales con respecto al año pasado”.
También señaló que otro dato importante que surgió del estudio realizado “para tener en cuenta y apreciar la magnitud de esto, es que la caída interanual en la ejecución presupuestaria del sistema universitario fue aún más pronunciada que la del promedio del gasto público nacional en su conjunto”, advirtió el académico.
Siguió relatando que “todos sabemos que estamos atravesando un proceso de ajuste en el presupuesto en términos generales, pero la reducción en universidades fue todavía más fuerte que en cualquier otro sector”, explicó el investigador.
Los resultados que arrojó el estudio realizado indican en forma clara y precisa que la caída interanual en la ejecución presupuestaria universitaria fue del 34,4%, esta cifra es incluso más pronunciada que el promedio del gasto público nacional que disminuyó el 30%.
Marcha a Plaza de Mayo en defensa de las universidades
En esta línea, durante los últimos días las universidades de todo el país convocan a una gran marcha a Plaza de Mayo para defender la educación pública ante el gran avasallamiento. Fue lo que decidieron por unanimidad las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), movilizar el próximo 23 de mayo.
Así lo resolvieron en el 91 Plenario de Rectores y Rectoras que se realizó en el Auditorio Carpa ubicado en el Campus Miguelete de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM); allí debatieron sobre el presupuesto y la situación salarial que aqueja a la comunidad educativa superior. Y participaron 73 universidades de todo el país que integran el CIN. Cabe destacar que las distintas Casas de Altos Estudios declararon bruscamente la emergencia presupuestaria.
El Frente Sindical de Universidades Nacionales y la FUA resolvieron convocar a una Marcha Federal Universitaria. Desde las bases comunicaron “ratificamos conjuntamente las 48 horas de lucha y visibilización los días miércoles 10 y jueves 11 de abril en todo el país”.
En Aire Nacional conversaron con Emiliano Diez, Secretario General de FADIUNC Mendoza (Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creativos Universitarios), que describió esta medida de lucha docente para defender “la universidad pública y los salarios docentes, no docentes y de investigadores”.
El docente universitario expresó «ayer se reunieron autoridades universitarias y se logro consensuar que la gran marcha universitaria a Plaza de Mayo sea el martes 23 de abril, un acuerdo entre rectores, con todas las federaciones docentes y no docentes y la Federación Universitaria Argentina que nuclea a los estudiantes» y agregó «hay un grave conflicto universitario en todo el pais, tenemos muchas actividades miércoles y jueves en todo el pais, incluso hoy hay clases publicas y mañana participamos de una gran marcha educativa por la tarde del jueves».
Además, desde el gremio expresaron que es necesario resolver cuestiones como las becas, el boleto educativo y aquellas condiciones que hacen posible para la mayoría del estudiantado sostenerse dentro de la universidad como la reincorporación ya de los despedidos en el Estado.
Con muy pocos alimentos y bajo una campaña de descrédito lanzada por el gobierno, cocineras comunitarias y luchadoras sociales sostienen las ‘ollas populares’
BUENOS AIRES – “Muchas familias vienen a los comedores, personas que no están trabajando y que antes no venían. Hay ancianos, mujeres embarazadas y muchos chicos”, dice Alicia Casimiro, que coordina un comedor comunitario en la Villa 31, un barrio hacinado en el centro de Buenos Aires, justo al lado del distrito más exclusivo de la capital argentina. “Lo único que logramos hacer es un guiso sin la suficiente verdura”.
A unos 31 kilómetros de allí, Griselda Burgueño dice: “El pan es cada vez menos; no alcanza”. Ella coordina otro comedor, u olla popular, en Gregorio de Laferrère, ciudad del partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. “Estábamos acostumbrados a llenar el táper para que la familia tenga para comer al mediodía y noche, y ahora no lo podemos hacer porque si no las de atrás quedan sin comer”.
Casimiro y Burgueño son luchadoras sociales. Y son también parte de un contingente de unas 140.000 mujeres que suman a sus rutinas y preocupaciones cotidianas la carga de pelear contra el hambre, cocinando a lo largo de todo el país para más de 10 millones de personas que van a las ollas en busca de un plato de comida.
En los últimos meses, la carga se hace insoportable porque en Argentina, tradicional productora de alimentos, la comida escasea para cada vez más gente.
El gobierno de Javier Milei, el presidente libertario de derecha que asumió el cargo en diciembre, suspendió la distribución de pasta, arroz, yerba y otros alimentos no perecederos que entregaba a las ollas populares, citando la necesidad de hacer “auditorías” para frenar la presunta “extorsión” de grupos que administran una parte de los comedores – las comunidades organizadas de las ‘villas miseria’ (como despectivamente se conoce a estos barrios) y los piqueteros, movimientos de desocupados que protestan cortando calles.
“¿Por qué el gobierno nos pone a las cocineras como enemigas?”, cuestiona María Claudia Albornoz, dirigenta de La Poderosa, uno de los movimientos villeros más grandes de Argentina que funciona en asambleas barriales desde 2004 y gestiona 158 comedores en todo el país, también el de la Villa 31. “La organización comunitaria es lo que nos permite vivir en las villas”.
“Nos encantaría que cada uno tenga un plato de comida en su casa y esa contención de familia que uno necesita para salir adelante y superarse”, dice Casimiro, también integrante de La Poderosa. “Pero la realidad es esta”.
Tradición villera
La Villa 31, tiene su origen en la década de 1930 cuando inmigrantes y obreros provenientes de Paraguay, Bolivia y del norte de Argentina se instalaron en la zona para aprovechar la cercanía del puerto de Buenos Aires y las oportunidades laborales que ofrecía. Luego del asesinato en 1974 del sacerdote Carlos Mugica, quien impulsó el movimiento de curas villeros para el trabajo pastoral y social en el barrio, la villa fue renombrada en su honor.
Vista de la Villa 31 o barrio Mugica en la década de 1930, cuando se la conocía como Villa Desocupación | Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Hoy tiene más de 40.000 habitantes y ocupa 46 hectáreas entre la zona portuaria, las vías ferroviarias, la estación central de trenes y la terminal de autobuses Retiro, de un lado, y Recoleta, uno de los barrios más caros de la ciudad, del otro. Por arriba la atraviesa una autopista enrejada.
Aquí no entran taxis y colectivos – ni ambulancias sin custodia policial –, tampoco personas extrañas no acompañadas.
Sobre viviendas de ladrillos huecos y chapas, taperas y pasajes estrechos sin veredas se despliega un tendido eléctrico caótico. Hay capillas, escuelas, plazas y canchitas de fútbol con rejas. Aquí y allá, personas grises se reúnen, pese al calor, alrededor del fuego encendido en algún tanque de lata y se balancean al ritmo de la cumbia villera.
Y en lo que podría ser el mismísimo margen de la vida, florece la mirada cómplice, agotada pero servicial de las 11 cocineras del comedor ‘Gustavo Cortiñas’ – el nombre es un homenaje a un joven militante desaparecido en la última dictadura militar – que sirven los últimos platos del día. Trabajan entre seis y ocho horas diarias cocinando, sirviendo, limpiando y administrando los alimentos. Ahora también venden hielo en busca de más recursos para un número de comensales en aumento.
En 2016 se organizaron ante la necesidad de alimentarse y convirtieron el esfuerzo individual en provecho colectivo. “Las vecinas no tenían con quién dejar a sus hijos para trabajar o no conseguían trabajo. Entonces, viendo la necesidad propia y la de las demás, se arma una comunidad”, explica Casimiro, madre de ocho. Así lograron alquilar una pequeña vivienda con una sala amplia al frente y cocina detrás, para instalar el comedor. “Vimos que un plato de comida te ayuda a economizar un poco más los gastos”.
Además de trabajar para la comunidad, se ocupan de los cuidados y del trabajo doméstico en sus casas y algunas también tienen empleos informales, por lo que se autodenominan “trabajadoras de la triple jornada”.
A mediados de 2023 La Poderosa presentó un proyecto de ley, hasta ahora no debatido en el Congreso, para que las cocineras comunitarias reciban un salario mínimo, cobertura médica, vacaciones, licencia por maternidad y aguinaldo.
Las ollas sirven asimismo de espacio de contención para vecinas y vecinos que acuden en busca de apoyo, y como “una línea de defensa” ante el narcotráfico.
“Por más que el padre y la madre salgan a trabajar, no llegan a alimentar a la familia. Y, como salen, no tienen tiempo para darle atención a los hijos”, dice Casimiro, que conoce profundamente la villa en la que ha vivido 33 de sus 49 años. “Y por la misma preocupación a veces (tanto padres como hijos) se ponen a consumir o a vender para otro, para que entre una moneda más a la casa. Para poder llevar un plato de comida uno agarra lo que haya”.
La capital argentina alberga 49 villas en las que viven unas 80.000 familias hacinadas, sin acceso regular a electricidad, agua, calefacción y saneamiento; 73% de ellas tienen de jefa de familia a una mujer. Como en muchos de los 6.500 barrios populares que hay en todo el país, las mujeres llevan décadas trabajando codo a codo para alimentar a sus comunidades.
“Acá todo genera violencia”, dice la cocinera.
Cuando caen lluvias torrenciales, como en marzo, el agua sobrepasa las rodillas, moja colchones, roperos y electrodomésticos, y deja a la gente sin luz por varios días – el temor a electrocutarse usando una instalación eléctrica irregular y empapada puede más que la necesidad.
Pero la huella de años de inundaciones no se va con el sol: cloacas explotadas por falta de infraestructura para abastecer a una población creciente, calles llenas de barro y bichos. “Vivir con olor a humedad en todas partes no es vida”, dice Casimiro.
A diario, las cocineras del comedor ‘Gustavo Cortiñas’ reciben cientos de táperes que llenarán con comida y repartirán al mediodía | Cortesía de La Poderosa
Gracias al trabajo meticuloso y constante de las villeras, La Poderosa organiza donaciones de ropa, electrodomésticos y mobiliario. También brinda asistencia a personas que sufren violencia de género, talleres de oficios y educación popular en los barrios. Además, amplifica la voz cultural de las villas en una revista mensual que, entre otros fines, busca contrarrestar el estigma de las villas, vistas como lugares donde solo hay droga, delincuencia y miseria.
“La situación de pobreza es tan desesperante, la violencia callejera es tan tremenda que no se puede vivir, pero si no estuviéramos organizadas nuestros barrios estarían en peor condición de la que están”, reflexiona Albornoz.
El lujo de alimentarse
Parada en el centro de la villa, Casimiro señala a unas 30 personas que se acercan a la olla a preguntar si sobró algo de comida. “Antes de la pandemia de Covid-19 preparábamos unas 120 raciones al día; durante la pandemia llegamos a dar 500, y ahora estamos en más de 420 raciones, todo depende de si nos alcanza la mercadería”.
Un menú habitual incluiría mate cocido y tortas fritas para comenzar el día. Para el almuerzo, un guiso de arroz o fideos con calabaza, cebolla y, cuando hay, salsa de tomate, alitas o menudos de pollo. O apenas pimentón con mucha agua, siempre mucha agua. De merienda té con leche y pastelitos. Pero, ante el corte de suministros, muchas ollas y merenderos cerraron sus puertas o redujeron la frecuencia y cantidad de comida ofrecida.
Una cocinera de la Villa 21-24 de la Ciudad de Buenos Aires prepara tortas fritas | Cortesía de La Poderosa
Como en otros países latinoamericanos, la inseguridad alimentaria es mayor en mujeres que en hombres, pero Argentina tiene en este terreno la mayor brecha de género.
“No hay ingreso en pesos que aguante”, dice la economista Candelaria Botto, directora de la asociación civil interdisciplinaria Economía Feminista, que busca visibilizar las desigualdades de género en el mundo del trabajo y el mercado. “La situación de emergencia es muy grande, sobre todo en los barrios populares”.
La inseguridad económica también se refleja en la drástica reducción del consumo de medicamentos. Entre diciembre de 2023 y comienzos de marzo, los precios aumentaron 100%, y se registró una caída descomunal en las ventas y el acceso a tratamientos médicos. En ningún país del mundo las medicinas subieron tanto en tan poco tiempo.
Cocinera del movimiento villero La Poderosa | Cortesía de La Poderosa
“Venimos insistiendo en hablar de violencia económica, porque el gobierno está aplicando de forma sistemática violencia y terror económico sobre la población”, dice a openDemocracy la investigadora Lucía Cavallero, de la Universidad de Buenos Aires e integrante de Ni Una Menos, un movimiento que lucha contra la violencia de género.
Comer para organizarse
La Poderosa y múltiples organizaciones sociales, civiles y religiosas que sostienen unas 44.000 ollas del país, recibían periódicamente alimentos secos del gobierno nacional, más donaciones de carne y verduras de empresas, vecinas y vecinos. En algunos casos, los comedores también recibían donaciones de gobiernos provinciales e incluso dinero del estado o fondos de programas internacionales de Naciones Unidas. Ese dinero, más lo recaudado en actividades como bingos o reciclaje de cartón y vidrio, permitía pagar el alquiler de los locales donde funcionan los comedores, el gas o la leña.
Comedor popular sostenido por el Polo Obrero en Gregorio de Laferrère, La Matanza, Buenos Aires | Angelina de los Santos/openDemocracy
El nuevo gobierno fundamenta sus drásticos recortes en que existía un uso “discrecional y extorsivo” de los recursos y alimentos por parte de agrupaciones que manejan las ollas, y asegura que más de la mitad de los 44.000 comedores registrados no funcionan. En cuanto a las denuncias públicas de dirigentes sociales por falta de alimentos, las autoridades contestan que son expresión de “la disputa por el reparto sin control ni rendición de esa comida”.
Albornoz, de La Poderosa, contestó estas acusaciones en una entrevista radial: “Les haría un dibujito del recorrido de la mercadería a ver si entienden”.
El extinto Ministerio de Desarrollo Social, eliminado por el gobierno de Milei, “compraba las partidas (de alimentos) y las entregaba con un camioncito a los comedores registrados”, explicó Albornos. “Nosotras bajábamos la mercadería del camión, la guardábamos y nos servía para uno o dos meses, según la cantidad de viandas que entregáramos. La figura del intermediario no existe”.
“Tomas” y resistencia piquetera
Gabriela De la Rosa, del movimiento piquetero Polo Obrero, afiliado al trotskista Partido Obrero, afirma que “las mujeres son las primeras que se organizan cuando hay una crisis… y por lo tanto son las que más copan las organizaciones en las barriadas populares”.
De hecho, no han dejado de hacerlo en las últimas décadas, en particular desde la crisis económica y social que estalló en 2001 – cuando Argentina se declaró en cese de pagos. Entonces, las piqueteras se organizaron para llevar alimentos a los barrios más vulnerados. Ahora administran unas 3.000 cocinas comunitarias y brindan talleres de oficios en todo el país.
La necesidad y la ausencia del estado hizo que decenas de vecinos se organizaran y montaran ollas en 70 puntos de La Matanza, cuenta Lilián Rojas, dirigenta del Polo Obrero en la provincia de Buenos Aires y precandidata trotskista a concejal por La Matanza en 2023. “A nosotros el hambre no nos va a matar”.
En el comedor Villa Unión de Gregorio de Laferrère una treintena de personas sirven a 250 familias unas 1.000 porciones que se acaban en menos de 40 minutos. Cada vez es más frecuente que la comida no alcance siquiera para alimentar a las propias cocineras.
Griselda Burgueño muestra mensajes de WhatsApp que anuncian falta de comida en un comedor del Polo Obrero en Villa Unión | Angelina de los Santos/openDemocracy
Cerca de allí, también en Villa Unión, unas 600 familias piqueteras se instalaron en terrenos públicos baldíos en los que hasta 2017 solo había campo, basura y escombros; los “tomaron”, puntualiza Rojas. En esos terrenos ocupados funcionan tres ollas, cada una con su nombre: Sector 3, Nueva Unión y Río Cuarto.
“Tenemos tanta experiencia con el hambre y la miseria que nos revolvemos con lo que hay, con lo baratito. Sabemos construir una cacerola popular y salir a pedir comida. Así funcionamos y así seguiremos. Ese es nuestro método, la organización”, dice Rojas.
Richard Marelo, habitante de la toma y encargado de la olla Sector 3, explica: “Los vecinos colaboramos para comprar cables, poner postes, abrir las calles”. Viven en constante disputa con las autoridades locales, que quieren erradicar el asentamiento. “Ahora la policía ya ni siquiera nos deja que vengan los camiones a hacer los pozos” para las cámaras sépticas y para extraer el agua, lamenta Marelo.
Sin mujeres, las familias no podrían ocupar los terrenos, según Rojas. “Son lo principal para aguantar la toma, donde no hay nada, a medida que aumenta la represión”.
Los comedores son la clave.”Nosotros trajimos desde un principio la cacerola para que todas las personas que fueran a tomar esa tierra pudieran comer con sus hijos”, explica la militante en un entorno desolador.
Cocina a leña del comedor del Sector 3, en la toma de Villa Unión | Angelina de los Santos/openDemocracy
Ranchos de lona, madera, cartón, chapa, goma y bloques con aberturas tapadas o cerradas con láminas de metal o otro material disponible, pisos de tierra, o en su mejor versión, de cemento; baldes que sirven para lavar los trastos; parrilla, leña y fuego para cocinar cuando no hay gas; mesas, sillas, estanterías y alacenas improvisadas.
Los robos son constantes. “El hambre hace que nos roben tomas de luz, bombas de agua y las verduras de la huerta. No podemos tener porque nos roban hasta los zapallos”, comenta.
Militante del Polo Obrero lava utensilios de cocina en el comedor Nueva Unión en la toma en Villa Unión | Angelina de los Santos/openDemocracy
Pese a la hostilidad, el trabajo colectivo alimenta a decenas de miles. “Empezamos debajo de una carpa, mandábamos todo al fuego. No teníamos nada, solo hambre y miseria”, dice María Zárateu, de 37 años, en la olla Nueva Unión, donde miden la cantidad de arroz a cocinar en asaderas mientras los niños hacen fila con un táper abrazado al pecho.
“De a poco fuimos consiguiendo el gas, la cocina, y hace cinco años estamos cocinando para 200 familias todos los días”, agrega.
En la olla de Río Cuarto, Antonia Cáceres, de 34 años, cuenta que están usando el poco dinero que tienen en sus bolsillos para comprar alimentos. “Cada vez necesitamos más ayuda y el gobierno sigue sin bajar un kilo”, dice. Aquí sirven a unas 50 familias. Su compañera Rocío Fernández, de 23 años, dice que acuden muchos jubilados y cada vez más chicos.
Cocineras de La Poderosa en una protesta en la plaza del Congreso argentino | Cortesía de La Poderosa
“Las mujeres estamos sosteniendo los barrios de una manera muy difícil”, dice Albornoz, de La Poderosa. “Estamos muy pero muy cansadas, venimos de procesos de muchísimo agotamiento, pero así y todo podemos organizarnos”.
La Ctera convocó a un paro nacional docente para este jueves 4 de abril. Amsafé se suma a la medida federal y no habrá clases en las escuelas santafesinas. La decisión en reclamo del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), de la paritaria y en defensa de la educación pública. Se realza en otro aniversario, el 4 de abril, del asesinato del maestro neuquino, Carlos Fuentealba.
Este paro nacional es “en reclamo del Fonid que el gobierno de Javier Milei quitó por decreto”, señaló la secretaria general de la Ctera, Sonia Alesso, y remarcó que “el Fonid es una conquista histórica de las y los docentes de todo el país, que peleamos en los 90 contra el ajuste menemista”. Ese logro histórico derivó en la ley de financiamiento educativo que destina fondos específicos a la educación.
Alesso dijo que el paro es también para pedir “por la actualización de las jubilaciones nacionales, el respeto por las jubilaciones y las cajas de jubilaciones de las provincias”.
“Nos solidarizamos con la situación que están viviendo todos los estatales en un momento que están despidiendo miles de trabajadoras y trabajadores, que no van a poder tener su sustento diario”, expresó la dirigenta del magisterio.
En esa lista de reivindicaciones subrayó además “la defensa de la escuela y de la universidad pública”, junto a la urgencia de que se restituyan “los programas de formación docente, los fondos para comedor y copa de leche, la infraestructura escolar”, entre otra larga lista de pedidos.
La advertencia de Alesso es que si se sostienen y profundizan estos ajustes las consecuencias serán muy graves para la escuela y la educación pública. “En homenaje a nuestro compañero Carlos Fuentealba, en este 4 de abril, paro nacional de Ctera”, destacó.
Convocatoria nacional
Ante la eliminación del Fonid y la no convocatoria de la Paritaria Nacional Docente, la Ctera llamó a un paro para el jueves 4 de abril. Es en reclamo de la “restitución del Fonid; la urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente; la restitución de un piso salarial a nivel nacional y el envío de fondos para los programas educativos nacionales”, enumeraron en un comunicado que se conoció este martes por la noche.
La medida de fuerza de alcance nacional -tal como señaló Alesso- exige un aumento urgente para los haberes de las docentes y los docentes jubilados; el envío de los fondos nacionales para las Cajas Previsionales Provinciales y se solidariza con las trabajadoras y los trabajadores estatales.
“En este nuevo aniversario del asesinato de nuestro compañero Carlos Fuentealba, el 4 de abril de 2007, la Ctera rechaza el Protocolo de Seguridad del Gobierno Nacional, que criminaliza la protesta social”.
Este jueves además lanzarán una campaña de firmas para demandar al Gobierno Nacional que garantice la educación pública en todo el país.
Para el paro nacional de este 4 de abril se realizarán conferencias de prensa y acciones en las provincias para visibilizar la grave situación educativa.
En la Ciudad de Buenos Aires, la Ctera participará de la marcha de la CTA al Congreso de la Nación, en defensa de las jubilaciones, contra el ajuste a la movilidad jubilatoria. en defensa de la jubilación.
En Neuquén, en el marco del nuevo aniversario del asesinato de Carlos Fuentealba, se realizará una gran marcha contra el modelo represivo que lleva adelante el Gobierno Nacional.
“Este Paro Nacional es la continuidad del Plan de Acción que Ctera votó por unanimidad”, señalan desde la confederación.
Presentaron un nueva propuesta didáctica en Educación Artística
Realizado por la Coordinación de Educación Artística de Mendoza, este material didáctico recopila y aborda diversas temáticas
En una iniciativa presentada por el Gobierno de Mendoza, se presentó un nuevo material didáctico en Educación Artística. El mismo tiene como fin acompañar las trayectorias escolares de los estudiantes de diversos niveles y modalidades, a su vez podrá ser utilizado por los docentes en diversos espacios curriculares.
Más específicamente, bajo el área de Coordinación de Educación Artística, dependiente de la Dirección de Planificación de la Calidad Educativa, este material didáctico hace una recopilación y abordaje de diversas temáticas, a través del análisis crítico de producciones audiovisuales, realizadas durante las seis ediciones del Festival Audiovisual Latinoamericano SER VOZ.
El material SER VOZ, se trata una experiencia audiovisual cuenta con una guía de trabajo, con propuestas pedagógicas, que podrán utilizarse como insumos para el acompañamiento a las trayectorias escolares de estudiantes de diversos niveles y modalidades.
Una nueva propuesta en Educación Artística
Este surge como un recurso pedagógico que ser utilizado por docentes de diversos espacios curriculares, como insumos para el desarrollo de diversas temáticas, como disparadoras de actividades áulicas o interdisciplinarias y como desarrollo de producciones; a partir de las necesidades que sean de interés para los/as estudiantes, en sus diferentes contextos.
“El uso del lenguaje audiovisual se puede aplicar en diversos Niveles y Modalidades del sistema educativo; ya que además de motivar logra transmitir mensajes que fomentan la comprensión de procesos sociales, históricos, políticos y culturales. También estimula y promueve la reflexión crítica y la transformación de matrices”, expresaron en su comunicado de presentación.
Sin dudas, en las producciones audiovisuales, ya que es el lenguaje en el que niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos encuentran mayor expresividad y facilidad de comunicación de ideas, sentimientos y diversas percepciones del mundo.
Esta herramienta está dirigida a los siguientes niveles y modalidades:
Educación Primaria (Tercer ciclo)
Educación Secundaria, Orientada y Técnica
Educación Especial (EEI)
Educación de Jóvenes y Adultos
Educación Privada
Coordinación de Educación Artística (Escuelas Artísticas Vocacionales)
Entre el desguace del Estado y la precarización de la vida, La Libertad Avanza logró reducir al mínimo las políticas de sostenibilidad que hacían más vivibles las trayectorias de mujeres y disidencias. ¿El desfinanciamiento también puede verse con anteojos violetas?
Apenas pasaron cien días desde que Javier Milei asumió el poder al grito de “AFUERA” y bajo la muletilla de “no hay plata”. En estos tres meses y medio las áreas de género de ministerios, municipios y secretarías fueron licuadas, desjerarquizadas o directamente desfinanciadas, sin nombramientos a cargo ni tareas que ejecutar. Bajo el mote de “ñoquis”, “vagos” y «militantes», las y los trabajadores estatales fueron estigmatizados por el Ejecutivo y vapuleados por los medios de comunicación. Si bien ya comenzaron a ejecutarse los despidos, aún se esperan más para fines de marzo, momento en el cual se vencen aproximadamente 70.000 contratos.
El depredador gobierno anarcocapitalista, que habló en reiteradas ocasiones de la “sangrienta agenda del aborto” y nombró a las feministas como su enemigo, se hizo notar recortando con su motosierra todo lo que hacía más vivible la vida de mujeres y disidencias. Lo que se pudo construir en los cuatro años de la anterior gestión, con autocríticas y medidas perfectibles, va cayendo poco a poco como la arena en un reloj.
Según el informe de la organización ELA y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) -titulado “Un ajuste que agranda la brecha”-, el gasto en las políticas públicas que apuntan a reducir la desigualdad de género fue, en lo que va de 2024, un 33% más bajo en términos reales que el año pasado. Eso significa incluso 9 puntos más de lo que sufrió el presupuesto nacional (24%). “Hicimos este informe porque veíamos que de parte del Ejecutivo había una narrativa explícita que se traduce en medidas concretas de recortar el gasto público, cayendo fuertemente sobre el contenido social. Nos parecía importante hacer zoom en las políticas de género para publicar el informe el 8M y así reabrir la discusión”, explica Malena Vivanco, economista del programa Justicia Fiscal de ACIJ. “Los recortes se dan porque los montos se licuan. El problema es que no se realiza una actualización constante frente a estos niveles de inflación”, asevera.
Malena Vivanco
Entre estas políticas recortadas se encuentra la moratoria previsional que bajó un 38% desde el año pasado, a pesar de que gracias a ella se jubilaron 6 de cada 10 mujeres en Argentina. También hubo una caída del 45,5% en pensiones no contributivas para madres de 7 o más hijes. En el caso de la Asignación Universal por Hije, cobrada en un 95% por mujeres, la caída fue del 4%. “La desigualdad de género no es nueva, es histórica y estructural. Las estadísticas demuestran que las mujeres son las más afectadas por la pobreza y quienes asumen de forma desproporcionada las tareas indispensables para la sostenibilidad de la vida”, asegura el documento.
“El recorte de presupuesto afecta más a mujeres y diversidades porque todo lo que se achica en el Estado se agranda en responsabilidades en la casa, en todos los sentidos. Nosotras somos mayoría en las prestaciones ‘no contributivas’, que en realidad no lo son porque contribuimos muchísimo a la riqueza del país con nuestro trabajo no remunerado”, asegura la economista Lucía Cirmi Obón, Magister en Desarrollo y autora del libro «Economía para Sostener la Vida». “Cuando el Presidente dice que las moratorias para amas de casa no son sostenibles, se olvida que para que los hombres hayan podido salir a trabajar había alguien planchando, lavando y cocinando puertas adentro. El aporte de la economía del cuidado es del 25% del PBI y las jubilaciones se financian mayoritariamente con el IVA, que es el impuesto que más pagamos las mujeres. Para hablar de la sostenibilidad de las jubilaciones hay que hablar de la riqueza no grabada”, enfatiza Lucía.
Las políticas de prevención y asistencia a la violencia de género no fueron la excepción a la regla: en la Línea 144 se bajó un 12% el monto ejecutado. Según datos oficiales esta línea atendió, desde su creación en 2013, 125.000 comunicaciones por año. El programa Acompañar, que consta de un subsidio monetario para personas en riesgo de sufrir violencia de género, cayó en un 69% si se lo compara con el año pasado. La merma en este programa es clave a la hora de pensar los femicidios, crímenes de odio y travesticidios, ya que la autonomía económica es una pata fundamental para la salida de vínculos violentos. “Si dependes económicamente de tu agresor, no tenés posibilidad de salir de ese espiral de violencia”, subraya Cirmi Obón.
En cuanto a las políticas de cuidado, en los centros de primera infancia y los jardines casi no hubo presupuesto ejecutado, con una reducción que alcanza alrededor del 100% entre el año pasado y éste. Dichas decisiones no pueden verse escindidas de las consecuencias materiales que conllevan. El desfinanciamiento de las políticas de cuidado dificulta mucho más la tarea a la que las mujeres dedican el doble de horas promedio por día que los hombres, según el INDEC. “Consideramos que los recortes en las políticas de cuidado son una pérdida enorme porque son éstas las que van al núcleo del problema, las que ahondan en la base de la desigualdad que hay tanto en los hogares como fuera de ellos”, afirma Vivanco. Por su parte, Lucía explica: “En conjunto con el CELS hicimos el cálculo que de 43 políticas de cuidado 22 ya fueron derogadas, eliminadas o totalmente desfinanciadas, 15 están en alerta y solamente 7 en vigencia. Hay un retroceso muy grande en un periodo muy corto”. Ella fue quien se desempeñó durante cuatro años como subsecretaria de Políticas de Igualdad en el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.
Lucía Cirmi Obón
El programa Registradas, que servía como incentivo para la formalización y permanencia en el empleo de las trabajadoras de casas particulares, se encuentra con las inscripciones cerradas desde el 31 de diciembre de 2023. Mediante este plan, el Estado nacional pagaba el 50% del salario de la trabajadora durante 6 meses, a cuenta del pago que realiza la parte empleadora. En lo que respecta al programa «Potenciar Trabajo», experimentó una reducción del 71% en comparación con el mismo período de 2023. Este programa contaba con un 63% de mujeres inscriptas a finales del año pasado. “Lo que está en peligro es la autonomía económica de las mujeres. Cuando dejamos todo librado al mercado nos damos cuenta que ese mercado prefiere varones porque piensa que nosotras somos más costosas”, continúa Cirmi.
Como si hiciera falta aclarar, otra de las medidas que fue borrada por el libertarismo fueron los análisis transversales del presupuesto y el presupuesto con perspectiva de género que había impulsado durante el gobierno anterior la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género perteneciente al Ministerio de Economía y encabezada por Mercedes D’Alessandro. Esto, lejos de ser una mera formalidad, “representa una herramienta de gran alcance para comprender las prioridades del gobierno en la resolución de urgencias que aún afectan de manera desigual a distintos sectores de la sociedad, entre ellos a las mujeres y personas LGBTI+”, especifica el informe antes citado.
“Que no existan análisis transversales del presupuesto con perspectiva de género es un problema para la transparencia del gobierno. Todo esto se enmarca en una política de acceso a la información y disposición de la información pública que ya no son tan accesibles. Desde ACIJ hacemos pedidos de información pero vemos que ya no está disponible para todos”, concluye Malena.
El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, denunció que el Gobierno notificó a alrededor de 5 mil trabajadores por vías informales y otros que se encuentran en «transición de despido». El sindicato realizará un paro nacional con «ingreso masivo» a las dependencias estatales el próximo miércoles.
La ola de despidos desatada por el gobierno de Javier Milei cayó hasta el momento sobre al menos 7 mil trabajadores de ministerios, secretarías, distintas dependencias y áreas descentralizadas del Estado. No obstante, el número es provisorio y no se descarta que para mediados de la semana próxima pueda duplicarse, tal como lo prometió la administración de La Libertad Avanza (LLA).
Los despidos dejan a la Anses al borde del colapso
«Me dijeron que no vaya más por altavoz»: fue el meteorólogo más joven del país y lo echaron por teléfono
La cifra de los despidos que ayer sacudieron a toda la administración pública nacional fue precisada a Página/12 por el monitor de despidos que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) elabora minuto a minuto sobre la base de la información que remiten delegados y delegadas de las distintas reparticiones del Gobierno y ya anunció un paro nacional con un “ingreso masivo y simultáneo” a todos los organismos estatales el próximo 3 de abril.
Los 7 mil casos provisorios se tratan de despidos fehacientes, es decir de personas que fueron notificadas a través de las vías informales que el Gobierno eligió para decirles que quedaron en la calle: whatsapp y mails.
Según el monitoreo, los que recibieron esos mensajes en los últimos días fueron 4.969 trabajadores. Otros 2 mil se encuentran en transición de despido, es decir que serían notificados en breve porque el cierre de las áreas donde se desempeñan ya fue anunciado, según aclaró a este diario el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.
La razón por la que el gremio interpreta que esos números son provisorios tiene que ver con la aclaración que ayer hizo el vocero Manuel Adorni cuando corrigió la cifra de 70 mil despidos arrojada por el presidente Javier Milei.
El portavoz aclaró que, en rigor, los despidos serían el 20 por ciento de lo dicho por el mandatario y estimó que se despedirán a alrededor de 15 mil trabajadores. O sea que si hasta ahora hubo 7 mil despidos, la faena del Estado estaría a mitad de tránsito.
Pero la duda no está tanto en el número de despidos como en el porcentaje. “Al parecer, ese 20 por ciento es la ‘pauta’. Esta es la versión que está cobrando fuerza porque el Gobierno habría ordenado elaborar listados con una reducción de personal de entre el 20 y 30 por ciento. Si ese número de referencia fuera la premisa, sufriríamos entre 14 mil y 21 mil despidos”, alertó Aguiar.
Según el monitoreo provisorio hecho por ATE, algunas de las notificaciones que se produjeron hasta el momento son las siguientes:
Anses: 1.200
Secretaría de Agricultura Familiar: 900
Ministerio de Capital Humano: 800
Centros de Referencia de Desarrollo Social (CDR): 600
Secretaría de Trabajo: 517
Agencia Nacional de Discapacidad: 332
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf): 300
Personal Civil de las Fuerzas Armadas: 280
Secretaría de Comercio: 225
Secretaría de Cultura: 208
Nación ART: 200
INCAA: 170
Acumar: 120
Cenard (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo): 120
Subsecretaría de la Mujer: 150
Indec: 100
Secretaría de Derechos Humanos: 12
Administración General de Puertos: 185
Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV): 89
Conicet: 87
Servicio Meteorológico Nacional: 80
Parques Nacionales: 79
Vialidad: 67
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP): 40
Ministerio de Economía: 26
COPREC (Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo): 25
Secretaría de Energía: 21
CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte): 2
En esa lista, hay algunas particularidades. Por ejemplo, en la Secretaría de Derechos Humanos, su titular Alberto Baños niega la información pero se conoce que tiene tomada la decisión.
En el Ministerio de Capital Humano hubo 800 despidos pero prácticamente se da por hecho que para la semana próxima habrá otros 1000 más.
En la Agencia Nacional de Discapacidad, entre los despedidos hay una veintena que son personas con distintas discapacidades, lo cual viola la ley de cupo que obliga al Estado a su contratación.
Lo último: los 900 despidos en la Secretaría de Agricultura Familiar son parte de los 2 mil que están en transición de despidos, porque la efectivización del vaciamiento –según el decreto que lo ordena- es dentro de 90 días.
El Gobierno dijo que las bajas de contratos alcanzarán a personas incorporadas durante el último año. Sin embargo, esto no fue así. “Analizamos que no existió un patrón de antigüedad. No despidieron solo a quienes ingresaron en el gobierno anterior sino a personas con más de 20 años de antigüedad, es decir que ingresaron en la gestión de (Carlos) Menem”, subrayó Aguiar.
Además, el dirigente confirmó que el equipo jurídico nacional de ATE “se reunió de urgencia para definir criterios” de acción a fin de defender tanto los puestos de trabajos como el derecho a indemnización de estos trabajadores, si es que los ceses son definitivos. “Se está violentando la estabilidad en el empleo, algo que está garantizado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional”, advirtió.
Pero la estrategia del gobierno de Milei para su achique del Estado no se detiene en los despidos. La licuación del salario, la magra paritaria y el congelamiento de sueldos es una forma indirecta de despidos de la que el Estado hace gala y que, inclusive, inspira a algunas empresas.
“El recorte del salario, que a marzo superará el 20 por ciento” equivaldría a (el costo de) 14 mil puestos de trabajo”, reveló a Página/12 Flavio Vergara, director del Departamento de Negociación Colectiva de ATE. Este ajuste también suma “al listado de trabajadores injusta y brutalmente despedidos”, añadió.
En total, la administración pública nacional tiene 140 mil trabajadores, 70 mil de los cuales son contratados. Esta es la cantidad que planea echar Javier Milei, tal como se ufanó el martes en su discurso en el IEFA Latam Forum.
Se trata de la tercera “reforma del Estado” neoliberal en los últimos 40 años de democracia. La primera fue durante el gobierno de Carlos Menem, con las devastadoras consecuencias que ya se conocen. La segunda fue con Mauricio Macri, con la insolvencia y el daño que ya se conoce.
Pero, como se sabe, reestructurar el Estado no es gratis ni es fácil. El entramado de leyes que lo sustentan y las estructuras que sostienen la administración son tantas que lo único que se logra es un daño temporal que a largo plazo le cuesta al Estado más de lo que un gobierno quiso “ahorrar” en el corto plazo.
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