Los datos de rendimiento del alumnado por nivel socioeconómico, por origen migrante y por género empeoran en la mayor parte de las comunidades autónomas según un informe publicado por EsadeEcPol y Save the Children y elaborado por Lucía Cobreros y Lucas Gortázar en el que analizan estas variables con los microdatos de PISA 2022 en comparación con la edición de 2018.
Es verdad, España ha aguantado mejor que muchos de nuestros países vecinos, la bajada de la última edición de PISA. Un descenso que no solo se justifica por la pandemia y el cierre de escuelas (que también), sino que viene siendo casi un clásico, lento pero implacable, desde hace una década.
En cualquier caso, además de que las puntuaciones en el examen internacional, dedicado esta edición a las matemáticas, hayan caído (diez puntos, frente a los 20 de la media de la OCDE y el total de la UE), hay otros datos preocupantes que se desprenden de este último informe. Los sacan a la luz EsadeEcPol y Save the Children y tienen que ver con la equidad.
Las dos organizaciones han querido poner el foco en algunos de los asuntos que trabaja el informe en relación a la equidad del sistema educativo, como son las diferencias de resultado en función del estatus socioeconómico de las familias, del origen migrante (primera o segunda generación) del alumnado y del género. Las diferencias en estas puntuaciones siempre han estado presente, pero ahora han ahondado la distancia.
El gráfico muestra cómo el factor socioeconómico, el llamado índice ISEC, explica una parte del resultado que sacan chicas y chicos en las pruebas de matemáticas. Como se aprecia, la mitad de las autonomías han mejorado o igualado el porcentaje que este índice impacta en la evaluación. Cantabria es la que mejora más llamativamente, mientras que Cataluña, País Vasco y Castilla-La Mancha.
Junto a esto habría que tener en cuenta los porcentajes de repetición que bajaron en todas las comunidades autónomas gracias a la política más o menos pública de aprobado general tras el cierre de escuelas en 2020. Las cifras, a pesar de este salto abajo no alcanzan las de la OCDE o la UE, salvo el caso de Cataluña, comunidad que ya era cercana a ambas.
Capítulo aparte merece la puntuación del alumnado migrante, ya sea de primera o de segunda generación. Es decir, que hubiese migrado desde su país de origen o que hubiese nacido en España de madre y padre extranjero. Las puntuaciones siempre han sido más bajas que las del resto del alumnado, una constante que se mantiene.
Las y los investigadores han querido eliminar el impacto que tiene el ISEC, además de ser migrante, en las puntuaciones en PISA para igualar las condiciones con las de sus compañeras y compañeros nativos. En todas las comunidades autónomas las cifras mejoran, pero en algunas de ellas siguen siendo tan altas como para que PISA las considere un curso completo.
En este punto hay que recordar que la OCDE asegura que una diferencia de 20 puntos en la evaluación PISA equivale a un curso lectivo completo. En País Vasco, la diferencia media del alumnado migrante es de 70 puntos, más de tres cursos. Cuando se descuenta el ISEC baja a 35,2, todavía por encima de un curso completo, casi dos. La misma diferencia media del estudiante migrante en España. En el otro lado de la gráfica, Andalucía, autonomía en la que prácticamente no existe ninguna distancia y cuando se elimina el índice socioeconómico y cultural, el estudiantado migrante pasa por encima del nativo.
Una cosa que aflora entre los datos del estudio de EsadeEcPol y Save the Children es el hecho de que en varias comunidades autónomas, el alumnado migrante consigue mejores resultados en matemáticas que el nativo, tanto el de primera como el de segunda generación. Según Lucas Gortázar, director de Educación de EsadeEcPol, no es algo tan extraordinario ya que en el informe que elaboró Save the Children en 2018 sobre equidad ya apareció este hecho. Según el investigador, “habla bien del proceso de integración”.
Otro de los asuntos recurrentes en PISA cuando se centra en Matemáticas es la diferencia entre chicas y chicos a favor de estos últimos. Nuevamente, las cifras señalan una diferencia que ha aumentado desde la última evaluación. Solo en cuatro comunidades las cosas han mejorado. Baleares, Andalucía, Canarias y La Rioja, aunque es esta última la que realmente marca la diferencia.
El documento, además de poner negro sobre blanco todos estos problemas, así como también las diferencias entre los centros urbanos y rurales, a favor de los primeros por culpa del ISEC principalmente, aborda algunas posibles líneas de acción con la idea de mejorar la situación del sistema educativo.
Seis son las propuestas que han elaborado conjuntamente las dos organizaciones para intentar mejorar la inequidad del sistema educativo. Algunas ya son viejas conocidas de ambas organizaciones que llevan algunos años colaborando en diferentes estudios. Entre ellas, la “mejora del acceso” a la educación de 0-3 años para niñas y niños de entornos socioeconómicamente deprimidos y para migrantes. Como aclara Lucía Cobreros, otra de las investigadoras del EsadeEcPol que ha participado en la elaboración del documento, principalmente se trataría de plazas gratuitas, principalmente e, idealmente, públicas.
También apuestan, como en varios de sus escritos, en la gratuidad de la red concertada con un equilibrio complejo entre la elección de centro y la planificación de la red escolar de manera que se luche contra la segregación escolar que agrupa a estudiantes por nivel socioeconómico y por origen nacional o étnico.
La extensión de la jornada escolar sería otra de las medidas. Una extensión en la que no entran si pasa por la jornada partida o por el aumento de las actividades extraescolares en el propio centro escolar. “La idea con esta medida es garantizar que estén en el centro más tiempo”, explica Cobreros y que se garantice que todo el alumnado tiene acceso, algo que pasaría por la gratuidad de servicios como el comedor, el transporte escolar y el acceso a materiales educativos.
También defienden más tiempo para hacer tutorías de apoyo y refuerzo individualizadas o en grupo pequeño tanto dentro como fuera del horario escolar. A esto habría que sumar alguna clase de formación docente que se centre en la gestión de la diversidad en el aula y en “cambiar creencias y prácticas pedagógicas relacionadas con la repetición de curso”, puesto que España sigue estando a la cabeza de la OCDE y de Europa en dicho índice.
Finalmente, apuestan por un aumento de recursos y una reducción de las ratios alumnado/profesorado en los centros que escolaricen al alumnado más desfavorecido, aunque el documento no explica más en relación a cómo podría acometerse esta última propuesta, en qué centros, con qué clase de alumnado o cuál debería ser el porcentaje a partir del cual recibiese esos recursos materiales y humanos extra.
Un estudio elaborado por el MRP Acción Educativa ha realizado una encuesta entre 1.700 docentes de la Comunidad de Madrid para conocer su opinión sobre el programa bilingüe y cómo afecta al día a día en el aula y al conocimiento de chicas y chicas. Los resultados no dejan en muy buen lugar al programa.
Hace casi dos décadas ya que Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, se sacó de la chistera el programa bilingüe. Comenzó a implantarlo y todo este tiempo después ha permanecido prácticamente virgen en relación a una mínima evaluación de resultados. En junio de 2018 la Consejería publicó un informe en el que aseguraba que todos los datos disponibles hablaban de mejoras de resultados en inglés y de que el alumnado no perdía conocimientos importantes de las materias que se impartían en dicha lengua.
Estas cuestiones, entre otras, son las que vienen a poner en duda las y los investigadores del Acción Educativa que han elaborado este estudio sobre la base de un cuestionario que han respondido más de 1.700 docentes. Muchos de ellos trabajan en centros bilingües, aunque no todos.
La muestra de personas encuestadas, aclaran fuentes de la investigación, no puede considerarse representativa pero sí es “amplia muestra” con voluntad representativa.
La mayor parte de estas y estos profesionales tienen una acreditación de C1 en el marco común de lenguas. El 70 %. Es el mínimo exigido. El resto alcanza un nivel C2. A pesar de esto, en un porcentaje bastante algo creen que la comprensión del alumnado de las materias que se estudian en inglés es “claramente menor”. Lo piensa el 38,6 % de este profesorado. Por contra, las y los compañeros que no están habilitados o no son habilitables (quienes dan, básicamente, Matemáticas y Lengua) tienen peores percepciones. En su caso, creen en un 65 % de los casos que, efectivamente, la comprensión es claramente menor.
Podría pensarse, a la luz de estos datos, que quienes no han de lidiar en inglés con su alumnado tienen peor concepto de lo que aprenden y esta situación podría ser producto más de sesgos personales que de la experiencia práctica. Pero Jesús Rogero, docente de Sociología en la Autónoma de Madrid y uno de los firmantes del estudio, asegura que aunque esto podría tener sentido, “esos profesores imparten, por ejemplo, matemáticas o lengua española, y ven los efectos, por ejemplo, sobre el aprendizaje del castellano”.
En una línea similar, aunque con datos más duros responden que si los contenidos los hubieran aprendido en castellano en vez de en inglés, los habrían adquirido con mayor profundidad. Eso lo opina el 70.8 % del profesorado habilitado que, en definitiva, trabaja a diario con estas chicas y chicos. Un profesorado, además, que cuenta con ciertas ventajas según se puede ver en las investigaciones diversas sobre el programa. Entre ellas, su nómina es algo mayor por trabajar en el programa y, además, este parece haber demostrado una buena capacidad para segregar al alumnado, de manera que quien está en él suele tener mejor desempeño que quien no en todas las materias.
A esto se viene a sumar que una gran cantidad de estos mismos docentes opinan que el programa está teniendo impacto también en el aprendizaje del castellano. La mitad, de media, opina que el alumnado tiene mayores dificultades para resumir y redactar o que se ha incrementado el número de faltas de ortografía; dos tercios opinan que se reduce la amplitud del vocabulario y el 46 % que se producen dificultades de comprensión lectora.
Estas percepciones se unen a las que expresa el profesorado cuando se le pregunta en relación a los cambios que se han llevado a cabo en los exámenes que han de pasar chicas y chicos, “pruebas objetivas” como las denomina el grupo investigador. En opinión del personal habilitado, dos tercios (66,4 %) asegura que predominan los ejercicios de unir con flechas, rellenar huecos o nombrar elementos de una ilustración. Casi un 60 % dice que los enunciados se adaptan a los conocimientos del alumnado en inglés y el 70 % asegura que han disminuido los ejercicios en los que chicas y chicos han de redactar en inglés. La mitad afirma que hay una reducción o simplificación de los contenidos.
Atención a la diversidad
Una de las críticas más constantes en relación al programa bilingüe de Madrid tiene que ver con el alumnado que va quedando atrás por diferentes motivos. Según este se va organizando, ya desde primaria, y con la doble vía en secundaria, quienes tienen más recursos en casa para poder hacerle frente siguen avanzando, mientras el resto o se queda fuera del sistema bilingüe o no alcanza los grupos de sección, que dedican un mayor porcentaje de horas lectivas al inglés.
El 92 % del profesorado encuestado opina que para el alumnado con necesidades educativas especiales, la impartición en inglés de las materias “supone una dificultad añadida”.
En cualquier caso, dos tercios del profesorado asegura que en su centro no existe ninguna medida concreta para apoyar al alumnado que, sin tener ninguna necesidad educativa especial, sí tiene dificultades por el aprendizaje en inglés. Y cuando existe, suele ser esporádico, según el 58 % de las personas encuestadas.
Más crudo lo tiene el alumnado con necesidades educativas o dificultades. La mitad del personal docente asegura que no cuentan con ningún apoyo específico. De hecho, solo el 13 % de quienes respondieron a la encuesta aseguran que existen estas ayudas.
La necesidad de apoyo fuera del centro educativo es uno de los problemas, en el sistema educativo, que más hace notar la segregación escolar por niveles. La competición por alcanzar los estándares y un profesorado desbordado por las circunstancias (ratios, burocracia, convivencia…) que no puede llevar a cabo una atención más individualizada hacen que muchas familias tengan que buscarse las castañas por su cuenta.
El bilingüismo, por supuesto, no iba a ser menos. Según el informe de Acción Educativa, al menos un tercio del profesorado asegura que existe la recomendación a las familias de que refuercen en casa los contenidos, en castellano, que se han dado en clase. Un porcentaje que se mantiene bastante estable entre el profesorado habilitado, no habilitado y no habilitable; que es mucho mayor en primaria (donde lo responden el 50 % frente al 15 % de secundaria) y también entre quienes atienden a la diversidad (50 %) que entre quienes no (33 %).
Casi el 90 % del personal encuestado ve como habitual que el alumnado del programa bilingüe necesite clases de refuerzo. Un porcentaje también estable entre etapas y tipologías de docentes. Al mismo tiempo que responden esto, la mitad del profesorado es consciente de que a pesar de la existencia de esa necesidad, el alumnado no puede costeársela.
El estudio también ha querido preguntar al profesorado si en algún momento utilizan el castellano durante las clases y para qué. Una inmensa mayoría, tanto en primaria como en secundaria, utilizan continuamente el inglés para impartir sus materias, aunque realizan algunas aclaraciones en castellano. El porcentaje, en este sentido, es más bajo en secundaria, etapa en la que, además, un 17 % de los encuestados asegura que imparten su materia siempre en castellano.
Tanto en primaria como en secundaria, el profesorado asegura que cuando usa el castellano lo hace para aclarar conceptos complejos, en primer lugar. Pero un gran número también recurre a este idioma cuando tiene que gestionar la convivencia en el aula y para traducir palabras del inglés.
El informe también toca otros elementos del programa como su impacto en la organización interna de los centros o la falta de formación sobre AICLE, es decir, sobre aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras, cuestión que parece crítica en un programa como el bilingüe de Madrid.
En definitiva, como aseguran en la nota de prensa de presentación del informe “los autores del informe consideran que la realidad puesta de manifiesto por el profesorado cuestiona de forma profunda el Programa Bilingüe de la Comunidad de Madrid porque afecta negativamente al aprendizaje, perjudica al alumnado con más necesidades y aumenta la segregación escolar, además de establecer desigualdades dentro del colectivo docente, por lo que consideran necesario replantear el modelo de manera profunda”.
Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2023/12/01/el-programa-bilingue-madrileno-afecta-a-la-comprension-de-los-contenidos-segun-buena-parte-del-profesorado/
Hace unas semanas, Castilla-La Mancha anunciaba la prohibición del uso de ciertas calculadoras en la prueba de acceso a la universidad: gráficas y de cálculo simbólico. Era la última comunidad autónoma que las permitía en todo el Estado. Desde la Federación Española de Profesores de Matemáticas insisten en la necesidad de permitirlas, así como de renovar la EBAU para que sea más competencial.
Cada cierto tiempo vuelve a saltar a la palestra la discusión sobre si ciertas calculadoras pueden y deben utilizarse en las clases y, sobre todo, en los exámenes de Matemáticas en los cursos superiores. En el horizonte, como siempre, la prueba de acceso a la universidad, la EBAU. Su ejemplo empuja buena parte de las prácticas que se producen a lo largo de la secundaria, obligatoria y postobligatoria.
Hasta ahora, todas las autonomías prohibían el uso de determinadas calculadoras en la EBAU, como las gráficas o las que permiten el cálculo simbólico, salvo Castilla-La Mancha. Desde hace ya meses, como confirman diferentes fuentes, se sabía que esta galia acabaría cediendo y, finalmente, lo hizo hace unas semanas, según fuentes de la FESPM (Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas). Es complicado saber dónde, cómo y con qué criterios se toma la decisión de aceptar o no el uso de estos dispositivos en esta prueba.
Lluis Bonet es docente secundaria en Alicante. Trabajó hace algún tiempo en las propuestas para la modificación del modelo de prueba de acceso a la universidad de tal manera que se acercara al competencial propuesto por la Lomloe. Él lo tiene claro, las cosas deben cambiar en esta prueba, de arriba abajo, para que la calculadora tenga cabida.
Desde su punto de vista es una herramienta, como lo es también GeoGebra, y el alumnado debe aprender a utilizarla correctamente. Más allá de eso, es firme defensor de que se utilice incluso en exámenes como la EBAU, puesto que, cree, lo importante es que el alumnado tenga el conocimiento. La calculadora solo debería ser un instrumento para hacer cálculos complejos de manera rápida y sencilla.
“El problema está cuando sustituyen la labor del alumno”, sostiene, por contra, José Rodolfo Das. A este docente de Matemáticas en Valencia, le preocupa más que lo que pase en la EBAU, lo que pasa en las clases previas, a lo largo del bachillerato. Para él, “hay centros y profesores que le dan a la calculadora protagonismo en sí misma”, cuando solo deberían estar para la “realización de tareas rutinarias para centrarnos en el procedimiento”.
Desde la Federación Española de Profesores de Matemáticas elaboraron, ya hace un lustro, un informe sobre el uso de estos dispositivos en el bachillerato y la EBAU, así como un breve análisis de la situación en otros países más o menos cercanos.
Razones para una restricción anunciada
Este es el quid de la cuestión, parece, para la prohibición del uso de ciertas calculadoras en la prueba de acceso a la universidad. Para Das es una buena noticia que se haya igualado la normativa, al menos en parte, en todas las comunidades autónomas, en referencia a la prohibición del uso de ciertos dispositivos en la EBAU.
Hasta fechas recientes, Castilla-La Mancha era la única comunidad autónoma que permitía cualquier tipo de calculadora en las pruebas de acceso a la universidad, entre ellas, las gráficas y las que pueden realizar cálculo simbólico, es decir, las que pueden trabajar con incógnitas, no solo con números. Estas, al igual que las programables (en las que es posible introducir documentos de texto) “darían una ventaja enorme”, asegura Das.
Para Serapio García, profesor jubilado de Matemáticas de aquella comunidad y en su día presidente de la Asociación de profesores de matemáticas castellano-manchegos, la situación se ha debido a presiones de otros departamentos diferentes a los de matemáticas y han tenido que ver con la posibilidad de que en las calculadoras gráficas y de cálculo simbólico el estudiantado pueda meter chuletas para copiar en las pruebas. “Pero las calculadoras se pueden poner en modo examen”, sostiene.
Además de este motivo está el de la homologación de las pruebas de esta comunidad con el resto del país, en donde, a pesar de haber diferencias, tampoco están permitidas las calculadoras gráficas ni de cálculo simbólico. Explica García que en territorios como Andalucía, Cantabria, Galicia, Comunidad valenciana, Cataluña, Baleares o Canarias se permiten calculadoras científicas de última generación (que permiten realizar derivadas, ecuaciones y matrices), mientras que, por ejemplo en Madrid, tan solo pueden usarse las científicas más básicas.
Más allá de que Das no esté de acuerdo con el uso de este tipo de herramientas en los exámenes, es de la opinión de que no son esencialmente necesarias en las matemáticas de secundaria o bachillerato. “De hecho, no suelo utilizarla”, asegura. Dice que con la manera en la que él explica su materia, no hace necesario su uso, y que, además, se ha encontrado con que el alumnado “es muy inseguro a la hora de hacer cuentas”.
Saber pensar, para este docente, es la parte importante, no tanto el uso de la herramientas. Coinciden con él todos los profesores consultados, pero con matices. Para Bonet es importante que se usen calculadoras. Más allá de que en la Ley se hable de la necesidad de que el alumnado sea capaz de usar nuevas tecnologías en esta asignatura, este docente señala que la prohibición de las calculadoras en la EBAU responde a “que el profesor tenga la excusa de no hacer uso de esas herramientas en el aula, como herramientas didácticas”.
Para Bonet, las calculadoras sirven para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y tienen un impacto positivo en el alumnado hacia la materia. Para él, las calculadoras, como GeoGebra, sirven para que el alumnado “aprenda más y mejor y comprenda los conceptos matemáticos muchas veces abstractos y complejos”.
A esto se suma que tanto Bonet como García señalan que el currículo de bachillerato incluye, entre los aprendizajes necesarios, el de las tecnologías y la competencia digital, donde encajan perfectamente el uso de las calculadoras (así como su evaluación en la EBAU).
De hecho, García hace hincapié en que la prueba de acceso a la universidad se llama Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad, señalando que, efectivamente, las pruebas deben tener como referente el currículo de esa etapa postobligatoria, pero secundaria.
Pensamiento crítico
Estos dispositivos pueden empujar hacia una nueva manera de enseñar las matemáticas y de evaluarlas, para que no sean solo vistas como “la ejecución de algoritmos, de ejercicios repetitivos, la memorización”, afirma Bonet, quien aclara que “no digo que no haya que trabajar estos aspectos, que lo hacemos”.
José Rodrigo Das insiste en que las prohibiciones de ciertos utensilios tienen más que ver con lenguaje algebraico que con el numérico. “Que yo no haga una cuenta, no es un problema”, sí lo es cuando se trata de una derivada, por ejemplo: “Yo examino al chaval de si sabe hacerla o no”. Es verdad, asume, que este tipo de cálculos puede hacerlos un ordenador, “pero se pretende que el alumno sea crítico y sepa hacerlo”.
Y para Das, el problema de la calculadora es “la actitud acrítica al resultado” que tiene el alumnado. “Si la calculadora dice una cosa, será esa cosa”. De esta manera, si se permitiese, a su entender, el uso de las calculadoras de cálculo simbólico “sería un destrozo: lo copio, aunque no entiendo nada”, sostiene. Por eso le parece bien la igualación de todas las pruebas de acceso.
Das se muestra muy crítico con la legislación vigente (“estamos en una época de engaño al alumno”, dice) puesto que es cada vez más laxa en cuanto a la evaluación. “No se exige que el alumno sepa multiplicar, sino que sea capaz de establecer una estrategia para resolver problemas”, asegura y lo ejemplifica: “Si tienes 15 caramelos para 3 personas deberías ser capaz de hacer la división. Pero se puntuaría bien que se repartieran los caramelos uno a uno para, al final, ver cuántos les tocan a cada uno”.
Lluis Bonet entiende que para mejorar la didáctica de la materia, además de usar dispositivos, hay que generar situaciones “más realistas”, que obliguen al alumnado “a reflexionar, investigar, a ver si el problema puedo trocearlo, intentar interpretar y comprobar los resultados, analizarlos, ser crítico, dar una respuesta argumentada, reflexionada… todo eso forma parte de las matemáticas”.
“Esto requiere un esfuerzo por parte del profesorado”, afirma, también para las personas que hacen las pruebas de acceso a la universidad. “Y no sé si realmente, se quiere realizar ese esfuerzo”, asegura. En opinión de este docente, decisiones como la que se ha tomado en Castilla-La Macha suponen un problema a la innovación educativa que se realiza en muchas clases de matemáticas que hablan de un “inmovilismo total”.
Según cuenta Serapio García “la calculadora es máquina tonta, no sabe qué hacer, tienes que decírselo tú y esto enseña”. Para ello hay que hacer un análisis de las operaciones que deben realizarse, en qué orden hay que realizarlas y, finalmente, llevar a cabo una evaluación del resultado obtenido.
Eso sí, en su opinión, “en manos de un profesor experimentado y con una finalidad clara, (la calculadora) hace que el aprendizaje sea significativo”.
Las diferencias, finalmente, parecen irreconciliables, a pesar de que que quienes sostienen los pros y los contras del uso de las calculadoras coinciden en la necesidad de que el alumnado aprenda a ser crítico y venza las dificultades del pensamiento más abstracto al que debe empezar a enfrentarse ya desde los primeros años de la secundaria obligatoria.
Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2023/11/28/quien-teme-a-la-calculadora-su-uso-divide-a-parte-del-profesorado-de-matematicas/
El día 8 de septiembre es el Día Internacional de la Alfabetización, decretado por la Unesco hace décadas. Hoy día, España no vive una realidad de analfabetismo, al menos no en relación a saber leer y escribir. Pero sí se plantea, como en todo el mundo, el problema de enfrentar una vida llena de datos, bulos, información, paparruchas, IA y noticias falsas. ¿Qué debe y puede (con ciertos mimbres) hacer una biblioteca escolar en estas tesitura?
La Lomloe, que entra en su segundo año de desarrollo, establece que todos los centros educativos han de tener una biblioteca escolar. La ley también establece, así como los decretos de desarrollo curricular que le van aparejados, tanto del Ministerio como de las comunidades autónomas, que la alfabetización ya sea mediática, informacional o digital, debe ocurrir en todas las etapas y materias.
Tres alfabetizaciones que quienes se encargan de organizar y dinamizar bibliotecas escolares, ya sean docentes o bibliotecarias saben diferenciar, aunque como dice alguna de aquellas que han participado en la elaboración de este reportaje, las fronteras son porosas.
Para sentar unas bases lo más comunes o claras posibles, la idea de esta alfabetización informacional (Alfin para las entendidas), es la capacidad de buscar, seleccionar información, trabajarla y hacer una devolución en diferentes formatos.
Según la ley educativa, es asunto del profesorado realizar este trabajo, de diferentes maneras, a lo largo de la escolarización de niñas y niños. No debería tener porqué hacerlo en solitario y, tal vez, con escasa o nula formación en el tema. Para eso está la biblioteca escolar, para echar un cable.
“Más que urgente, es vital”. Son palabras de Felicidad Campal, bibliotecaria en la ciudad de Salamanca. No en un centro educativo, sino en una biblioteca pública, aunque realiza visitas a centros y recibe escolares en su trabajo. Es una de las mayores expertas en la materia. Para ella, la “competencia informacional es básica, tanto como saber leer y escribir”.
Proyectos, situaciones de aprendizaje, multidisciplinariedad
Para Campal, los proyectos son una de las mejores maneras para hacer esta labor de alfabetización. “Son interesantes pero necesitas tiempo y ganas de hacerlos. Se trata de emocionar”. Aunque entiende que al profesorado se le exigen muchas funciones y “es más fácil utilizar el libro de texto”.
Júlia Baena es bibliotecaria por estudios, aunque lleva años trabajando en el ámbito escolar en Cataluña. Desde hace algún tiempo está haciendo entrevistas a personas expertas, a la vez que un focus group con estudiantes de secundaria. Está inmersa en la elaboración de su tesis doctoral que, precisamente, trata sobre la alfabetización de adolescentes.
Para esta experta, la nueva ley abre alguna puertas interesantes para las bibliotecas escolares (BE) gracias a la apuesta por metodologías como el aprendizaje por proyectos, la puesta en marcha de situaciones de aprendizaje en los currículos, o el trabajo multidisciplinar.
Son puertas que sus compañeros docentes podrán abrir, aunque ya tenían otras oportunidades para trabajar el Alfin.
En la otra punta del país, en Galicia, llevan años pudiendo realizar lo que han llamado Proyectos Documentales Integrales (PDI). Su nombre es bastante claro. Se trata de hacer metodología por proyectos que, además, tenga muy presente el trabajo con la documentación, con la información. Y, además, debe implicar a todo el centro: alumnado, profesorado, PAS e, incluso, entidades ajenas. Los explica Mónica Muñoz. Es maestra de música en Vigo y, además, la responsable de su biblioteca escolar.
“La BE dinamiza a la hora de buscar recursos. Se buscan libros, enlaces, se ofrecen tutoriales para trabajar por proyectos, sobre cómo se cita bibliografía, cómo se usan las imágenes y la música libres de derechos” o, incluso, se impulsa el proyecto desde la propia biblioteca, comenta Muñoz.
Para ella, además de los grandes proyectos de centro, la formación sobre Alfin puede comenzar elaborando pequeñas preguntas, “hacer pequeñas búsquedas del tesoro. Hay cosas tan básicas… como lo que antes llamábamos técnicas de estudio como un buen subrayado, un buen esquema”.
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Asunción Carballo, profesora de Lengua castellana en un IES de Vigo señala, durante la misma conversación con Mónica Muñoz, la importancia de que la selección de los materiales audiovisuales porque “muchas veces mandas al alumnado a buscar en el mar de internet pero sin estrategias ni herramientas”.
Esta es una de las patas más importantes del Alfin, y esta, uno de los tres pilares que estas dos docentes y bibliotecarias escolares destacan de una BE, junto a la formación de usuarios (en el uso y provecho de la propia biblioteca) y la animación a la lectura.
Loli Olmos, PT en un CEIP de Granada trabaja en la misma línea. Bajo la premisa de que lo más interesante es que el centro trabajo “centro de interés común” y que cada aula “llegue hasta donde pueda o quiera”. Bajo esa premisa, ella ha pasado ya algún tiempo pensando en qué materiales hay en el fondo documental de la BE de su centro y haciendo algunas otras indagaciones para poder empezar a dar servicio al resto de compañeros desde el primer día. Con este trabajo de “curación de contenidos”, Olmos envía al claustro, dividido por edades, los materiales que pueden utilizar sobre el tema concreto, este curso “Cuentos con ciencia”.
Las BE, además de poder hacer de soporte o centro de documentación y casi de investigación para la elaboración de los proyectos, también son un centro de formación y recursos para la alfabetización informacional de alumnado y, también, de profesorado cuando es necesario.
Y hablando de proyectos comunes o centros de interés, Carmen Cañabate, maestra jubilada pero que estuvo y está muy vinculada (ahora como voluntaria) a la biblioteca del CEIP Clara Campoamor, de Huércal (Almería) habla de que en su centro, por ejemplo, se hizo el curso pasado un congreso en el que participó todo el mundo. Con conferencia inaugural, mesas redondas, mesas de expertos, talleres… Durante un trimestre todo el alumnado trabaja sobre un tema concreto, pero desde diferentes perspectivas. El producto final, muy importante en todos los proyectos, fue el congreso.
Formar sobre el uso de la información
Esta formación sobre dónde y cómo conseguir información útil para los diferentes trabajos que han de realizar (también como cimiento para la futura vida ciudadana de estas chicas y chicos), se lleva a cabo de diferentes maneras. Cada forma dependerá, por supuesto, de las posibilidades y recursos con los que cuenten los equipos de biblioteca.
El personal con el que se cuenta, si tiene o no horas de dedicación, el apoyo de la dirección del centro a la propia biblioteca, los recursos materiales… Son muchas variables.
Una “privilegiada” podría ser Júlia Baena. En Cataluña son las AMPA de los centros las que realizan la contratación de bibliotecarias (no docentes) para que se hagan cargo de las diferentes tareas. Eso sí, siempre habrá una coordinación que ostentará alguna persona del claustro.
En cualquier caso, su situación le permite tener 20 horas semanales para la BE. Defiende que es la herramienta fundamental, los demás recursos ya serán más sencillos. Eso sí, nota el hecho de no pertenecer al claustro del centro y el trabajo extra que eso supone en cuanto a reuniones con docentes, tutoras y tutores o jefaturas de departamentos.
Otra ventaja que tiene, por ejemplo, es que en Cataluña, el alumnado de 1º de bachillerato tiene que realizar obligatoriamente una investigación y un trabajo al final del curso. Esto le facilita el poder organizarse, junto al jefe de estudios, para conseguir algunas horas en estos cursos con las que poder dar formación en Alfin.
También ha hecho algunas cosas en 1º de ESO y parte del reto de este curso es, por una parte, extenderlo a otros cursos y conseguir mayor visibilidad sin tener que “perseguir” al claustro para hablarles de las bondades de la biblioteca y la necesidad de esta formación para que chicas y chicos sean capaces de investigar, discriminar entre fuentes fiables y no fiables, fake news… Se plantea, incluso, aprovechar la web de la biblioteca para hacer píldoras informativas que queden ahí para su uso posterior.
Esta es una vía que otra compañera Loli Olmos que durante años, fue la coordinadora, en la administración, de la red de bibliotecas escolares de la provincia de Granada.
Para ella, mantener un espacio digital accesible es fundamental, no como extensión, sino como parte de la propia BE. En su espacio web está todo el catálogo de la biblioteca, así como los “entornos informacionales” que ha ido preparando para el profesorado (y que “a los chiquillos y a las chiquillas les gusta bichearlo”, comenta). “ Y luego, además, pues creo tutoriales para el alumnado”. Eso sí, sin pretender que todo esté hecho en un curso: “Este año me ha dado tiempo a crear tres tutoriales. El año que viene creo otros tres”.
El espacio digital, además, puede ayudar a suplir un problema fundamental, el tiempo de dedicación para hacer todo esto y, además, el espacio: ¿tutorías? ¿materias concretas? ¿momentos comunes para todo el alumnado? Se puede hacer formación sobre cómo gestionar la información en la propia web. Olmos explica que como posibilidad de hacer tutoriales para comparar páginas web confiables y no confiables. “¿Qué características tiene esta? ¿Cuál tiene esta? Compara este documento, compara este vídeo con este otro, compara esta presentación con esta otra. Y eso no necesito hacerlo siempre en presencia con el alumnado. Lo puedo tener en mi espacio digital”.
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Asunción Carballo abunda en esta idea y explica que en la web de la biblioteca de su centro, tienen un espacio llamado Trabalhando coa información. “Ahí lo que proponemos es cómo trabajar con el alumnado un proceso de búsqueda y selección de la información y luego de hacer un trabajo final. Intentamos acompañar, dar opciones y unificar criterios: cómo se referencia, cuáles son las fuentes, cómo seleccionar y evaluar la información en Internet”, explica.
Olmos habla de que sería interesante que existiera también una hora de biblioteca, incluso para que el profesorado pudiera acercarse a ella para preguntar si hay algún material sobre un tema concreto del que quiere hablar en clase. Es lo que denomina entornos específicos informacionales que, explica, “son, digamos, como unos paquetes de información que la biblioteca prepara para las personas usuarias que le piden información sobre cómo investigar un tema”.
Pone un ejemplo: “El docente de cuarto me ha dicho: ‘Tengo muchos alumnados interesados en dinosaurios, quiero articular algo para trabajar el currículum desde ese centro de interés’. Vale, pues ahora yo voy a la biblioteca, primero busco todos los fondos documentales físicos que tenemos, tanto libros de ficción como libros informativos y obras de referencia. Además, le hago una selección de páginas web y de recursos digitales de calidad. Yo hago una curación de contenidos”.
Olmos prefiere hablar de formación en el uso de la información más que de Alfin, puesto que en su experiencia, la gente entiende mejor la primera que la segunda. Y para que sea posible, es necesario “un nivel de metacognición y de pensamiento” sobre lo que se está haciendo. Lo comenta en relación al libro de texto y al hecho de que este tipo de materiales raramente requieren “mucho nivel de abstracción” por parte del alumnado a la hora de responder a las cuestiones que se le plantean.
La formación es pilar clave en toda esta historia. Quien gestiona el espacio de la BE ha de estar formado para poder dar unas claves tanto a profesorado como a alumnado para que, después, se enfrenten a la búsqueda y gestión de la información. También con la mirada ética, comentan diferentes bibliotecarias, de citar las diferentes fuentes de información que se usen porque, aunque lo que hay en Internet es más o menos accesible, no es de quien lo toma.
Pero ¿quién debe hacer esa formación?
Loli Olmos comenta que dado el tiempo que suele tener quien coordina la biblioteca, incluso de todo el equipo cuando lo hay, y que el público que tiene es cautivo, pero está metido en una clase, lo mejor es que la formación sobre el uso de la información la hiciera el profesorado, bien en tutorías o en clases concretas.
Todas las mujeres con las que hemos hablado para este reportaje tienen que “robar” en mayor o medida el tiempo a otras docentes, a otros compañeros. Y tal vez es así por algo que comenta Mónica Muñoz y es la necesidad de convencer al claustro de que “la persona que viene a ayudarnos no nos roba”. Es decir, dado que la alfabetización informacional es un requisito curricular (ya lo era con la Lomce), para la totalidad del claustro (Muñoz comenta que ella, como maestra de Música tiene que hacerlo, como lo tendrá que hacer quien imparta Educación Física), y no todo el mundo estará formado, la BE se convierte en el espacio perfecto, y quienes la gestionan, en manos amigas. Muñoz reivindica así que se les faciliten tutorías o clases concretas para formar al alumnado en la búsqueda de información, en su gestión, en su cribado, así como en su reelaboración.
A pesar de eso, en su centro se ha propuesto que en una hora de tutoría vayan yendo niñas y niños para que el equipo de la biblioteca puede hacer formación de usuario (cómo es la biblioteca, qué tiene, cómo se organiza…) y algunas acciones de Alfin.
Carballo también quiere involucrar a las tutorías porque, aunque ella y su equipo están en diferentes materias y cursos, no llegan a todo el alumnado haciendo formación en su tiempo de clase.
Formación y tiempo
La formación es una de los palos en la rueda de todo esto. Carmen Cañabate comenta que, salvo en contadísimas excepciones, la formación inicial del profesorado, tanto de infantil y primaria, como de secundaria, no hace mención, siquiera, a las bibliotecas escolares.
Sobre esta base, todas las bibliotecarias docentes han de buscarse formación específica por su cuenta que puede o no estar entre la oferta de su comunidad autónoma. En lugares como Galicia cuentan con una potente red de BE y asesorías que apoyan el proceso, además de formaciones al principio del curso para toda las personas de las BE y una más, obligatoria, para quienes gestionan estos espacios. Son, casi, la excepción.
Tema a parte es si quienes gestionan o dinamizan la biblioteca han de ser docentes del centro o personas que hayan estudiado Biblioteconomía. Todas las mujeres que han prestado sus ideas para este texto tienen sus propias opiniones, a veces divergentes, pero en cualquier caso, creen que la formación es básica. Si se es docente, en relación a la catalogación así como en otras tareas como, precisamente, cómo realizar la alfabetización informacional. Si se viene de la Biblioteconomía, en pedagogía para poder trabajar más eficazmente en el contexto escolar.
Y, por supuesto, el tiempo es otra de las claves. Como suele pasar en todos los aspectos de un centro educativo. Quienes se dedican a la biblioteca, con suerte, tienen hasta tres horas de dedicación. Es el caso de Andalucía. Aunque Cañabate “trabaja” como voluntaria porque, dice, es necesaria una persona a tiempo completo.
Desde Galicia, Mónica Muñoz cree que ni con 25 horas semanales podría hacerse todo lo que hay que hacer en una biblioteca. Ella suma sus horas (tres también) a las de sus compañeras del equipo (una cada una, otras tres) para hacer todo lo posible. Es lo mismo que le pasa a Loli, que hasta ahora no ha contado con equipo con reducción horaria, de manera que se lleva buena parte del trabajo a casa para poder responder a a las responsabilidades de la biblioteca.
Júlia Baena es la “privilegiada”, como se decía arriba, gracias a sus 20 horas como bibliotecaria contratada por el AMPA del centro que, además, cuenta con una coordinadora que la ayuda con la relación con el claustro.
Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/bibliotecas-escolares/2023/09/08/alfabetizacion-informacional-o-como-hacer-de-tu-biblioteca-escolar-un-motor-de-trabajo/
Juan Carlos Torrego es docente en la Universidad de Alcalá de Henares y uno de los mayores expertos en convivencia escolar del país. Muy apegado a las prácticas restaurativas y a proyectos como los de alumnos ayudantes y mediadores, perteneció al Observatorio Estatal en su primera etapa y ahora ha sido el director de la Encuesta que, por primera vez, ha querido estudiar la situación de la convivencia en España.
De entre los datos que se desprenden de la encuesta, uno de los llamativos es el volumen de chicas y chicos que sufren acosos escolar, un 9.53 % según quienes han respondido, más de 26.000 jóvenes. Torrego no duda de sus respuestas, puesto que antes de realizar la pregunta directa de si han sufrido o no acoso, se dio al alumnado una definición de lo que era (el informe recomienda, de hecho, al Ministerio, que elabore una definición para que los centros educativos tengan un referente claro de lo que es).
La cifra no es pequeña pero para este profesor, en general, la convivencia en los centros no es mala. Aunque está claro que para quienes sufren este tipo de situaciones, las cosas son muy diferentes. Viendo los gráficos que se desprenden de las respuestas de chicas y chicos, parece que los casos más graves de falta de una buena convivencia, no son particularmente abundantes.
La investigación nos dice que los programas alumnos ayudantes y mediadores entre iguales funcionan
Eso sí, como explica el profesor Torrego, no han entrado en datos más detallados sobre las causas que motivan a este 4,5 % aproximado de acosadores a victimizar a sus compañeros. No sabemos si ese bullying se realiza por cuestiones de etnia, identidad sexual o de género o por cualquier otra diferencia con la norma establecida.
Lo que sí trata con más profundidad el Estudio es lo relacionado con algunas propuestas para mejorar la convivencia en los centros educativos. Según Juan Carlos Torrego, “hay que generar estructuras de convivencia en los centros” estables, como la hay de otras cuestiones como recién creada de bienestar u otras. Pero necesitaría de unas condiciones previas.
“La investigación nos dice que los programas alumnos ayudantes y mediadores entre iguales funcionan”, comenta al teléfono este experto en convivencia y resolución pacífica de conflictos. Pero para que funcionen, además de buscar la implicación de dos o tres estudiantes por clase que pudieran estar pendientes de las cosas que ocurre en su curso, necesitan la supervisión de adultos que estén correctamente formados.
Según han recogido en el estudio, hoy por hoy hay un 27,7 % de centros educativos que cuenten con algún programa de este tipo. “Nos gustaría que fueran muchos más, aunque es un comienzo”. Entre las ventajas de este tipo de programas, más allá de que chicas y chicos pueden acceder a información que un docente no conocería y tienen un contacto directo con el resto del alumnado es la posibilidad de que las actuaciones que se lleven a cabo incidan no solo en la víctima o el victimario, sino en “los espectadores descomprometidos” como los llama Torrego.
Las estructuras estables de convivencia deberían ser algo natural en todos los centros educativos
La idea es que ese porcentaje más o menos alto de estudiantes que no hacen nada cuando son testigos de algún acto contrario a la convivencia se conviertan en parte de la solución actuando. Juan Carlos Torrego enumera alguna de las acciones que pueden llevar a cabo que, más allá de hablar con algún adulto responsable y de confianza del centro, pasen por estar cerca de la víctima, compartir tiempo de recreo, por ejemplo. “Cosas que se convierten en un gran mundo para quien es acosado”, asegura.
Para Torrego, este tipo de programas de alumnado ayudante o mediador “deberían ser algo natural en todos los centros educativos”. Pero no solo esto, sino que al mismo tiempo deben desarrollarse “modelos de convivencia restaurativa para que todo este trabajo no quede solo en una moda pasajera”. Desde el punto de vista de este experto, “Hay que dar sentido a estructuras específicas para que sean sostenibles. Igual que hay que consolidar la acción tutorial”.
Cuando habla de esta consolidación se refiere a esa coordinación estable que pudiera realizarse, dice, por la misma persona que es coodinadora de bienestar “pero sería importante que tuviera formación superior puesto que sobre esta persona pivotarían todas las cuestiones relacionadas con la convivencia en el centro. Tendría que hacer un trabajo transversal con los departamentos del centro y las tutorías”.
Torrego asegura que para que funcionara se podría pensar en perfiles que ya están trabajando en centros educativos como educadoras y trabajadores sociales o psicopedagogos. “cualquiera de ellos podría hacer el trabajo con una formación específica que, desde luego, no podría ser un cursillo. Hablamos de, seguramente, una formación de postgrado”.
“Los temas de convivencia son complejos, prosigue, están muy relacionado con la comunidad educativa, hay que hacer una supervisión técnica, etc. Es un tema que merece la pena, por el bienestar de chicas y chicos y por el rendimiento académico”. Y esa insistencia en la correcta formación de quienes ostentasen la coordinación de convivencia es simple: “La autoridad emana, en definitiva, del saber, explica Juan Carlos Torrego.
Pero, además de esta formación específica, para Torrego, “el nombramiento debería suponer una cierta liberación horaria”, entre otras cosa “porque sería interesante que esta figura la ostentase alguien que ya esté en el centro. Hay mucho saber acumulado en los centros educativo”.
Otra de las claves que desvela el informe es la importancia de la participación del alumnado en la conformación de las normas de convivencia en los colegios. ” La norma, cuando llega como un edicto, no la vivimos como propia, aunque en algún momento hubiéramos podido redactar la misma regla de comportamiento. Es una cuestión de pertenencia. Construir la norma tiene un poder práctico”, explica Juan Carlos Torrego.
El docente comenta que cuando la redacción de la normativa de aula o de centro se realiza con un prisma educativo “se abre un debate ético, moral, sobre cómo queremos relacionarnos en el centro educativo, con las otras personas, cómo utilizamos y cuidamos el material”. Además, también se hace obligatorio “prever qué pasará si no se cumple la norma. Hablar con chicas y chicos sobre si lo mejor es una justicia más punitiva o una más centrada en la reparación, retributiva y que compense a la comunidad”.
Es importante abrir estos debates porque el alumnado suele tener una visión punitivista
En este sentido, Torrego pone un ejemplo. Si en un centro se produce una pelea entre dos estudiantes, en el patio durante un recreo, o en un pasillo en un cambio de clase, habría dos maneras generales de enfrentar la situación. Amonestar a los dos alumnos y expulsarlos algunos días. Para el docente esto no tendría demasiado recorrido, puesto que el problema que causó la pelea seguramente siga latente y a él habría que sumar la responsabilidad de haber sigo expulsado “por culpa del otro”.
Frente a esto, Torrego habla de la posibilidad de comenzar un proceso de mediación entre ambos alumnos en el que pudieran ponerse sobre la mesa las razones del conflicto y las maneras de solventar y, además, y dado que la pelea se produce en el ámbito de un centro, en público, decidir la forma en la que se va a reparar a la comunidad por haberla puesto en esta situación, por ejemplo, pidiendo disculpas públicamente. “Es importante abrir estos debates porque el alumnado suele tener una visión punitivista”.
Pero antes de llegar a estas situaciones, Torrego también explica que desde su grupo de investigación abogan por la utilización de metodologías más activas en clase. Habla específicamente de aprendizaje cooperativo. La idea es que chicas y chicos trabajen conjuntamente, “tengan que ponerse de acuerdo” sobre cómo afrontar una tarea determinada. “Es una buena defensa frente al comportamiento antisocial, que suele venir de personas que no se sienten parte”.
Finalmente, “es importante que se evalúe la convivencia puesto que el alumno entiende que aquello que no se evalúa no es importante”.
Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2023/05/04/juan-carlos-torrego-deberia-haber-una-coordinacion-de-convivencia-con-una-cierta-liberacion-horaria/
El informe realizado por la Universidad de Alcalá de Henares y dirigido por Juan Carlos Torrego ha recogido información de más de 33.000 personas entre estudiantes, familias, equipos directivos, docentes y equipos de orientación escolar. Casi un 10 % del alumnado ha sufrido acoso por parte del 4,6 % de quienes reconocen haberlo realizado. Un 10.6 % de estudiantes dicen haber sido testigos.
El Estudio estatal sobre la convivencia en los centros de educación primaria es el primero de estos que se elabora desde el Observatorio Estatal de la Convivencia desde que este mismo organismos publicara, en 2010, un informe similar, dirigido por María Díaz-Aguado, y centrado en la etapa de secundaria. En esta ocasión, ha corrido a cargo de un grupo de investigadores dirigido por Juan Carlos Torrego Seijo, de la Universidad de Alcalá de Henares y que en la anterior etapa del Observatorio Estatal fue uno de sus integrantes.
Casi 400 páginas de estudio que ofrecen una enorme cantidad de información sobre cómo la comunidad educativa vive la convivencia escolar, el acoso y las diferentes relaciones que se establecen o deben establecerse entre sus miembros. De este maremágnum, destaca, efectivamente, una prevalencia de, 9,5 % de estudiantes que han sido víctimas de acoso y el 4,6 % de quienes han acosado a alguien en los últimos meses. Las cifras son prácticamente las mismas para el ciberacoso, sufrido por el 9,2 % y protagonizado por el 4,62 %. A esto se suma el 10,65 % de quienes dicen haber sido testigos de situaciones de acoso.
El informe atribuye la diferencia entre víctimas y victimarios “a la falta de reconocimiento de la responsabilidad por parte de los acosadores (…) y, por otro lado, a que un mismo alumno puede ser acosador/ciberacosador de más de un compañero”.
La muestra del estudio ha sido de 37.333 de quienes el 70 % corresponden a alumnos; el 19 % a familias; el 8% a profesorado; el 2 % equipos directivos, y 1 % estructuras de orientación. Un 58,12 % son mujeres y el 41,87 % varones.
Os dejamos aquí algunos gráficos para bucear en cómo se vive la convivencia en los centros de primaria según los datos que han recogido en la encuesta desde la Universidad de Alcalá de Henares y cuáles son las principales causas de los problemas que se dan.
Como puede verse en el gráfico, la convivencia parece no tener graves problemas en los centros. Los problemas más comunes y habituales tienen que ver con las molestias que generan los compañeros y que obligan a pedir ayuda y en menor medida, hablar en clase hasta el punto de interrumpir al docente en su explicación. Le siguen el uso de insultos y motes. También habría que atender a las peleas en clase y a las molestias de los compañeros.
Sin duda, destaca, en la columna de la derecha. Con una alta incidencia de la defensa pacífica ante los ataques de compañeros.
Las familias, por su parte, se muestran más benévolas en sus opiniones sobre lo que ocurre en los centros educativos en relación a la convivencia, ya sean interrupciones de la clase, el incumplimiento de las normas o con qué frecuencia se producen casos de ciberacoso o abuso sexual en el centro.
A pesar de que los problemas de convivencia más graves no parecen tener un enorme peso en la situación de niñas y niños, lo cierto es que hay un porcentaje más o menos relevante de alumnas y alumnos que se sienten víctimas de acoso. El 9,53 % así lo aseguran. Frente a este colectivo está el de quienes admiten haber acosado a alguien en su clase, una cifra de algo menos de la mitad, el 4,58 %. Desde el estudio se explica que esta diferencia entre ambas cifras puede deberse a que quienes acosan no tengan claro que lo hacen o que la misma persona bien pueda estar acosando a más de un compañero o compañera.
El estudio centra una parte de las pesquisas en las reacciones de las personas que presenciaron alguna agresión en el centro, ese 10,65 % del alumnado que fue testigo.
También se ha preguntado al profesorado por los motivos de las dificultades de convivencia en los centros educativos desde su punto de vista. Aunque hay ítems que coinciden con los alumnos, también hay diferencias más o menos claras. Abajo aparecen dos gráficos que recogen los diferentes motivos de complicación de la convivencia y cuánto peso tienen según maestras y maestros.
El estudio también ofrece datos sobre la percepción de los equipos directivos y de las estructuras de orientación que ofrecen porcentajes bastante similares a los del profesorado.
Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2023/05/03/el-95-del-alumnado-de-primaria-ha-sido-victima-de-acoso-escolar/
Un informe de Save the Children habla de la situación en relación a la política de vivienda del país, y de cómo repercute, de una forma u otra, en miles de niñas, niños y adolescentes.
En España hay 1,6 millones de hogares que se encuentran en riesgo de exclusión social o pobreza. Según los cálculos de la ONG de infancia, el país necesitaría 1,5 millones de viviendas de protección social nuevas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística de finales de 2022, existen 3,4 millones de viviendas vacías, principalmente en grandes ciudades, y que están en manos de particulares, empresas y bancos. Bancos como la Sareb, el “banco malo” que se creó en la crisis para absorber miles de activos inmobiliarios como parte del rescate a la banca. Esta entidad, según el INE, posee 45.000 viviendas. Solo 4.000 de las 15.000 previstas para fines sociales se han dedicado a esto.
Andrés Conde, director de Save the Children ha explicado durante la presentación del informe Aquí no hay quien viva, que un gran número de familias se encuentran en una situación extremadamente precaria. Del millón y medio de las que están por debajo del umbral de la pobreza, el 18 % ha incurrido en algún tipo de impago de alquiler o hipoteca. Del total, solo el 2 % tiene algún tipo de ayuda para pagar la vivienda.
España, explican desde la ONG, está muy abajo en las estadísticas de vivienda de la Unión Europea. Para empezar, el 2,5 % de todas las viviendas del país están dedicados a protección social. En la UE el porcentaje es cuatro veces superior, 9,3 %. A esto hay que sumar que en nuestro país, las casas de protección pierden esta calificación al poco tiempo y salen del parque de vivienda social. Según ha explicado Conde, una de las propuestas de la ley de vivienda que están negociando en el Gobierno, prevé que el plazo para que pierdan esta consideración se elevará hasta los 30 años.
Junto a la falta de un parque de viviendas, desde la ONG destacan que solo el 17 % de las ayudas públicas a vivienda (de las poquísimas que existen) tienen en cuenta a la infancia como un colectivo prioritario a la hora de concederlas. Si se cruza este dato con el de que entre el 70 y el 80 % de los desahucios del país (más de 36.000 en el último año) los sufren familias con menores al cargo, es fácil entender la situación. Y eso que desde 2019 la justicia puede paralizar un alzamiento si es sobre una vivienda en la que viven niñas, niños o adolescentes.
Según ha explicado Conde, los problemas de vivienda impactan negativamente en la salud mental y física de chicas y chicos: problemas de ruidos, insalubridad, inseguridad de algunos barrios. A los que hay que sumar otros derivados de los costes de vivienda y que impactan en la alimentación de estos niños y niñas, así como en sus estudios (no tener material adecuado o vivir en una casa sin un lugar para estudia, que no haya luz suficiente o la temperatura no sea la adecuada).
Problemas de vivienda
Andrés Conde desgranó en una rueda de prensa de presentación del informe diferentes bloques de problemas que tienen que ver con la vivienda, según han detectado desde Save the Children. El primero de ellos se relaciona con las condiciones físicas de la vivienda. Según los datos que manejan, el 20 % de las y los menores “vive en hogares en condiciones físicas malas, con deficiencia estructural”, es decir, “no tienen las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas”. No tienen sistemas de ventilación adecuados, no hay agua potable dentro de la vivienda o “un sistema de eliminación de desechos dentro de la casa”, explicó conde.
Dentro de este grupo de condiciones estaría el hacinemiento, medido en que cada persona del hogar disponga de 10 metros cuadrados. Y el territorio en el que se encuentra el hogar, que en una gran cantidad de ocasiones sufre de ruidos insoportables o hay basuras en las calles o se trafica con drogas, por ejemplo.
Otro bloque de problemas se relaciona con la inseguridad jurídica sobre la vivienda, es decir, familias que “viven en una vivienda sobre la que no tiene derechos legales”. Según los datos que maneja la ONG, el 4,3 % de las familias está en esta situación, es decir, tienen requerimientos legales para abandonar la vivienda en la que están residiendo. Requerimiento que, como se ha dicho, acaban en unos 36.000 desahucios el año pasado: 8.500 por impago de hipotecas y 27.500 de alquileres.
Conde ha señalado que los impagos del alquiler afectan a un gran número de familias, “especialmente a las que tienen un alquiler social. Este, ha dicho, no protege de la dificultad de asumir los pagos”. De hecho, “un 26 % de los hogares con alquiler social ha sufrido impagos, normalmente más de uno”.
Finalmente, estaría el bloque que se relaciona con el precio de la vivienda. Un algo porcentaje de familias en el país dedica más del 30 % de sus ingresos a pagar su casa. Esto supone, explicaba Conde, que hayan de suprimir o reducir otros gastos como los relacionados con la educación, la alimentación o la energía. Más allá de que muchas familias lo pasen mal para pagar sus alquileres o hipotecas, el director de la oenegé ha destacado el que el 44 % de las familias monomarentales (más de 150.000) tengan sobrecargar a la hora de pagar la vivienda.
Según territorios, la situación se ha puesto especialmente complicada en Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid, Catalunya y Baleares, principalmente por culpa de la eclosión de pisos turísticos, que han encarecido enormemente la vivienda en los últimos años.
Propuestas
Para definir las propuestas, la encargada fue Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política en Save the Children. Ella fue la encargada de asegurar que las políticas públicas de vivienda se centran, sobre todo, en ventajas fiscales que “no siempre llegan a quienes más lo necesitan”.
La ONG calcula que harían falta 150.000 millones para cubrir las necesidades de 1,5 millones de viviendas, 7.500 millones cada año durante dos décadas. Por eso proponen la colaboración público-privada, por ejemplo. Una colaboración que pasara por la construcción de nuevas viviendas públicas, pero también la recalificación de muchas de las existentes, así como su rehabilitación.
También ven necesaria una mejor comunicación entre el sistema judicial y los servicios sociales, especialmente, en el caso de familias con menores al cargo que estén en procesos de lanzamiento y desahucio. El objetivo sería que los informes de vulnerabilidad llegasen antes de cualquier decisión judicial al respecto de la situación habitacional de cualquier familia.
La ONG también propone una ayuda de 200 euros para las 158.000 familias monomarentales, para que puedan hacer frente a sus gastos de vivienda con mayor facilidad. Una medida que costaría, dicen, 380 millones de euros. Además, apuestan a que esta ayuda sea accesible en el momento en el que una familia ya es receptora de la ingreso mínimo vital o de otras rentas básicas (y de otras prestaciones que puedan existir más adelante) y, de esta manera, simplificar las gestiones para muchas de estas familias.
En relación a la colaboración público-privada, la ONG cree que se podría hacer que los grandes tenedores colaborasen poniendo a disposición de las familias vulnerables pisos para que pudieras vivir en ellos, mediante algún tipo de alquiler social, por ejemplo. Eso sí, “las administraciones son las que tienen que arbitrar las compensaciones económicas correspondientes”, según ha propuesto Perazzo.
Está claro que el problema de la vivienda en España es un asunto casi endémico que durante décadas ha sido un quebradero de cabeza para un gran número de familias. El informe de Save the Children aparece justo en el momento en el que se están cerrando las negociaciones para una posible legislación sobre vivienda que debería intentar dar respuesta a estas y otras situaciones que afectan a millones de personas, muchas de ellas, niñas, niños y adolescentes que ven sus vidas truncadas.
Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2023/03/28/como-impacta-la-politica-de-vivienda-a-la-infancia-salud-mental-fisica-y-pobreza/
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