Estalla América Latina

Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia. Las calles protestan allá donde los puentes con las instituciones se han roto. Una densa nube de gas lacrimógeno, mezclada con la polución ambiente, hace irrespirable el aire. Cada protesta tiene una causa específica, pero similares formas de expresión. Los jóvenes, hombres y mujeres, son vanguardia. Han perdido el miedo y luchan por sus mayores. Sus redes digitales los empoderan y los movilizan, no necesitan líderes. La represión policial es violentísima. La panoplia de medios de hacer daño se multiplica. Artilugios que revientan ojos, fracturan cráneos, asfixian pulmones, desfiguran rostros. Y cuando no bastan, balas. El cuenteo de muertos va subiendo. Pero los manifestantes han perdido el miedo y se enfrentan a la policía con violencia creciente. Al calor de la protesta, hay quienes aprovechan para saquear supermercados o incendiar edificios simbólicos y hasta hospitales. Y atacan comisarías. A pesar de la violencia, una mayoría de ciudadanos aún apoya la protesta. En Chile, Ecuador y Colombia es una revuelta contra la apropiación del crecimiento económico por una minoría que además apenas paga impuestos y deja salud, educación y pensiones a la lógica del mercado. Hay conciencia clara de rechazo a un modelo económico hegemónico en las instituciones. Decía un dirigente estudiantil: “El neoliberalismo nació en Chile y ­morirá en Chile”. Y otros añaden el consumismo, esa trampa en la que acaban endeudados insosteniblemente porque los señuelos publicitarios no se ­corresponden con los sueldos. La chispa fue la subida de la gasolina en Ecuador o el aumento del precio del metro en Santiago. Por empresas privadas, respaldadas por el Gobierno. En Colombia, país que ha superado el miedo tras la incierta paz, los estudiantes piden acceso a la universidad, mientras disminuyen los recursos destinados a la enseñanza. Pero también las caceroladas y manifestaciones claman contra el aumento del paro. Y contra la crisis permanente de salud y, como en todas partes, contra pensiones miserables que condenan a la indigencia a millones de ancianos. Mercado libre para una sociedad tremendamente desigual en que la injusticia social es el hábito de oligarquías que utilizaron siempre las instituciones para defender sus privilegios. A las demandas sociales se une el clamor por la dignidad y el respeto de los derechos humanos, em­pezando por las mujeres y la libertad de decidir a quién se ama. Bogotá acaba de elegir alcaldesa a una líder lesbiana ecologista y humanista saludada con entusiasmo por la juventud.

 En la raíz del conflicto está la desigualdad social, el fracaso del neoliberalismo y la crisis institucional

La violencia en Bolivia tiene un origen distinto y más amenazante. Porque es un país en que el crecimiento económico de la última década ha ido acompañado de una reducción sustancial de la pobreza y una mejora de las condiciones de vida del conjunto de la población bajo el liderazgo de Evo Morales. Pero hubo al mismo tiempo una profunda transformación social: los indígenas llegaron al poder, con las cholas en primera línea de la instituciones del Estado y mayoría absoluta en el Congreso democráticamente elegido. La élite blanca no pudo tolerarlo. El conflicto en Bolivia es fundamentalmente racial. Aunque se apoyara la oposición en los brotes de corrupción en el Estado, la prepotencia del partido MAS y las maniobras de Evo para mantenerse en el poder, incluyendo, tal vez, fraude electoral. Pero Morales ofreció volver a repetir las elecciones y no presentarse. Aun así, la conspiración que ya estaba en marcha, incluidas manifestaciones populares orquestadas por líderes religiosos fundamentalistas, consiguió que la jerarquía militar obligara al presidente constitucional a dimitir y exilarse. La mano de Bolsonaro parece probable, jaleado por Trump. Contra ese golpe estalló parte de Bolivia, tanto en las regiones cocaleras de Cochabamba como en El Alto, concentración de indígenas en La Paz. El ejército reaccionó disparando y matando, retornando a la siniestra historia de Bolivia, el país con más golpes de Estado en América Latina.

Quienes creíamos superada esa etapa hemos de aceptar que cuando hay un cambio del poder social (aunque se respete el económico) el último recurso de las élites es siempre el monopolio de la violencia.

Mientras tanto, en Chile la violencia sin sentido está desatada en un frenesí de destrucción, alimentada por grupos narcos tal vez manipulados y una rabia popular multiforme. Es posible que se despliegue el ejército en las calles a requerimiento de un Piñera desbordado. Y si no hay reformas pronto y continúa la protesta, podría suceder una regresión autoritaria.

En la raíz del estallido latinoamericano, al que se podría añadir un Perú políticamente desestabilizado y del que se libró Argentina por la esperanza popular en Alberto Fernández, hay tres fenómenos entrelazados: una desigualdad social extrema; el fracaso, una vez más, de políticas neoliberales que imponen la lógica estricta del mercado no sólo a la economía sino a la sociedad en su conjunto, y la ruptura de la confianza ciudadana en las instituciones políticas, cuya representatividad rechaza el 83% de la población en el conjunto de la región. En ese contexto, el gatopardismo (“que todo cambie para que todo siga igual”) no parece que pueda ya ser suficiente. Las ondas de choque del estallido actual podrían expandirse en tiempo y espacio, con consecuencias impredecibles.

Fuente del artículo: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=263070

Comparte este contenido:

Explosiones sociales

Por: Manuel Castells.

Arde Barcelona. Pero también Santiago de Chile. Y Hong Kong. Y Quito. Y hasta hace poco París. Y múltiples focos de indignación a lo largo de este planeta en crisis ecológica, social y política. Las causas son diversas, pero las reacciones y el paso del movimiento pacífico al enfrentamiento con el orden establecido son muy similares. Reivindicación de salir del olvido de las regiones marginadas francesas. El precio del combustible en Ecuador. Aumento de tarifas del metro y la creciente carestía de la vida en Santiago. Demanda de derechos democráticos en Hong Kong. Lo común es que en ninguno de esos casos y otros muchos han existido canales políticos e institucionales para negociar: el Estado se ha cerrado en banda y la respuesta han sido los antidisturbios y el ejército. Empieza a tener sentido (y lo digo con tristeza) el análisis de mi reciente libro sobre la crisis de la democracia liberal, donde mostré que la gran mayoría de los ciudadanos no confían en los partidos políticos, no se sienten representados por parlamentos y gobiernos y piensan que la clase política en su conjunto está atrincherada en la defensa de sus intereses y de su corrupción. La democracia no existe, por muchas elecciones que se hagan, si no anida en la mente de los ciudadanos. Es esa confianza en las instituciones la que está siendo puesta en cuestión, induciendo, en primer lugar, nuevas alternativas políticas de izquierdas o derechas. Y cuando estas tampoco funcionan (porque las estigmatizan como populistas y van a por ellas las cloacas del Estado y los medios de comunicación), no queda más que la calle, las acampadas, las manifestaciones. Y a la violencia de las tropas de élite responden espontáneamente los que no pueden ya contener la rauxa –palabra catalana que siempre ha acompañado al seny cuando desborda el sentimiento de injusticia y faltan canales de expresión institucional–.

La fuente de esa violencia puntual es la frustración política de toda una generación

¿Pero es así en Catalunya? ¿No vivimos en un Estado que garantiza las libertades democráticas en la Constitución salida de la transición? Pues resulta que en torno a la mitad de la población de Catalunya no lo piensa así. Y que, hasta hace poco, más de tres cuartos de los ciudadanos eran favorables a la celebración de un referéndum en que se decidiera la estructura del Estado.

Hace más de una década se aprobó un nuevo Estatut d’Autonomia en los parlamentos catalán y español y fue refrendado por una gran mayoría de ciudadanos catalanes. Tras lo cual, entre el PP y un Tribunal Constitucional ideológicamente anclado en el nacionalismo español hubo una regresión de la autonomía. Como reacción surgió un movimiento independentista espontáneo, al cual se apuntaron los partidos catalanistas por intereses electorales. Fueron desbordados por opciones políticas más coherentes, aunque pudieran considerarse utópicas, empujando al independentismo político a la organización de un referéndum fuera de la instituciones españolas. Fue pacífico y masivo, aunque sólo participó la mitad de la población. La represión fue violenta por parte del gobierno español, apoyado por la mayoría de los partidos y jaleado por muchos medios de comunicación.

Lo que empezó como un proceso gradual de redefinir pacíficamente las relaciones entre Catalunya y España desembocó en confrontación. En ese contexto, la desmesurada e injusta sentencia de unos jueces nombrados por un Consejo General del Poder Judicial designado por componenda política ha indignado a una mayoría de la población catalana, incluso a aquellos que no somos independentistas. Era de esperar la reacción que se ha producido, pacífica y masiva en su inmensa mayoría, violenta y minoritaria en algunos sectores radicalizados, como suele ocurrir en toda gran protesta social. Esta violencia es condenable éticamente y contraproducente políticamente. Pero hay que entenderla en lugar de demonizarla y tratarla como un problema de “orden público”. Porque si no se abordan las raíces de la violencia, resurgirá. Y las heridas profundas en la sociedad catalana harán ingobernable el Estado español. No se trata de infiltrados y provocadores, aunque los haya (algunos de ellos probablemente fascistas y policías), sino de miles de jóvenes catalanes que, como dijo una de ellas, han visto como pegaban a sus abuelos el 1 de ­octubre y quieren ponerse en primera línea. Cuantas más jóvenes apaleen, cuantos más nuevos presos políticos haya, más se irá ­creando una reserva de rauxa que se expresará de mil formas. Y cuanto más se culpe a los anarquistas, más anarquistas aparecerán, porque es la ideología de oposición al Estado autoritario.

La fuente de esa violencia puntual es la frustración política de toda una generación que se siente traicionada no sólo por el Estado español sino por los propios dirigentes del independentismo político que los lanzaron a la calle y ahora acusan a misteriosos agentes extranjeros, olvidando que en Barcelona viven muchos jóvenes extranjeros que creen en la ciudadanía europea. Es vergonzoso tirar la piedra y esconder la mano. Pero lo más grave es, como escribía recientemente el semanario alemánStern , la incapacidad congénita de los políticos españoles para negociar. Ni para una investidura de gobierno ni para encontrar fórmulas de solución para un conflicto que afecta fundamentalmente la convivencia en el país. Porque sin negociación el Estado de derecho se reduce al derecho del Estado.

Fuente del articulo: https://www.lavanguardia.com/opinion/20191025/471186542407/explosiones-sociales.html

Comparte este contenido:

La revolución 5G

Por: Manuel Castells

Con el aséptico nombre de 5G se presentó la nueva generación de comunicación móvil en el Mobile World Congress de Barcelona, a finales de febrero. Se trata de una profunda transformación tecnológica con importantes consecuencias empresariales, sociales y geopolíticas. La estrella del congreso fue el nuevo modelo Mate X de Huawei, la principal empresa tecnológica china. Claro que el teléfono no sirve de mucho mientras no se despliegue la red por la que circulan las señales. Y esto se supone que ocurrirá, al menos en China, Europa y Estados Unidos, en el 2020.

La conexión de internet con 5G se proyecta como 40 veces más rápida que la del 4G que actualmente utilizamos y el volumen de datos comunicados significativamente mayor (aquí las estimaciones varían). La importancia de esta tecnología es que constituye la infraestructura necesaria para el funcionamiento de la nueva sociedad en red, incluyendo la nueva economía. Esta nueva estructura, que ya existe en gran medida, está en la base de la conexión de grandes bases de datos (big data), del despliegue de las aplicaciones de inteligencia artificial y, por tanto, de la robótica avanzada (máquinas capaces de aprender) y, sobre todo, de la llamada “internet de las cosas”. Por tal se entiende la multiplicidad de conexiones ultrarrápidas de internet no sólo entre humanos y sus organizaciones, sino entre objetos de todo tipo, en el ámbito doméstico, el dinero móvil, el coche sin conductor, la cirugía a distancia, la enseñanza virtual o las guerras de drones. No hablamos de ciencia ficción, sino de lo que ya ha sido investigado, diseñado, producido y es operativo.

Como indicación de lo que ocurre, en el 2014 había unos 1.600 millones de objetos/máquinas conectados. En el 2020 se estima que serán 20.000 millones. Sin embargo, el funcionamiento real de estas múltiples redes sobre una única infraestructura de comunicación requiere una red con las características del 5G. Con sus consiguientes riesgos. Por un lado, el de la ciberseguridad (interferencias y vigilancias de todo tipo, sobre todo de gobiernos, incluidos todos). Por otro lado, los peligros potenciales para la salud aún poco evaluados. Resulta que una característica clave de esta nueva red es una altísima densidad de miniantenas que están sembrando en todas las ciudades para, mediante su cobertura coordinada del espectro, obtener una comunicación ubicua de cualquier punto de la red a cualquier otro. Antes de que le entre pavor piense que esta red, como todo lo que hemos ido inventando, se va a desplegar y usted (o sus hijos o sus nietas) la van a utilizar, sí o sí. Con lo cual lo urgente es analizar seriamente los impactos de estos múltiples campos electromagnéticos sobre la salud (sobre lo que hay muchos mitos, parecidos al movimiento antivacunas) y encontrar soluciones técnicas para prevenir el daño potencial.

En cualquier caso, la construcción y gestión de la(s) red(es) 5G se convierte en un campo esencial de la lucha por el poder y el dinero, porque vivimos en la época del capitalismo de los datos y los datos sólo sirven cuando pueden ser procesados y conectados.

Por eso se ha desatado una violenta reacción del Gobierno estadounidense contra la participación de Huawei en el diseño y construcción de la red. Y es que resulta que, en opinión de la mayoría de los expertos, Huawei posee la tecnología de diseño y fabricación más avanzada del mundo en las redes de telecomunicación 5G. Creo que el choque psicológico del Gobierno (mucho menos el de las empresas) es comparable al pánico surgido ante el Sputnik soviético en 1957.

¿Cómo es posible –dicen en Estados Unidos– que los chinos estén más avanzados cuando se suponía que su ventaja competitiva estaba en copiar y fabricar más barato explotando su mano de obra, sin añadir valor mediante investigación? Estamos en presencia de una mezcla de complejo de superioridad e ignorancia. Huawei está entre las primeras cinco empresas del mundo en gasto en I+D, tiene decenas de miles de investigadores, con centros en todo el mundo, no sólo en China, sino en Silicon Valley y otros núcleos tecnológicos. Y obtuvo más patentes tecnológicas en el 2017-2018 que cualquier empresa tecnológica en Estados Unidos. Aun así, la paranoia de los estrategas estadounidenses es tal que, teniendo en cuenta las consecuencias geopolíticas e incluso militares de esta tecnología, decidieron que la ventaja de Huawei sólo podía provenir del espionaje industrial y han arrestado y procesado a la directora financiera, Meng Wanzhou, hija del fundador de la empresa. ¿Pruebas? En el momento de su detención llevaba un iPhone y un iPad. Concluyente, ¿no? La acusación en serio es que Huawei es una empresa estatal (falso, es privada, como lo es Alibaba, la mayor empresa de e-commerce del mundo) y está introduciendo un acceso de “puerta trasera” en la red mediante el cual se puede espiar a todo el mundo. Y sólo faltaba que justo ahora el Gobierno chino lance su iniciativa de construcción de infraestructuras de transporte y comunicaciones en Europa y Asia (la nueva ruta de la seda) en colaboración con diez países europeos, incluida Italia, para que el 5G se interprete como un proyecto de dominación china sobre Occidente.

Objetivamente, hace falta mucho cinismo para presentar al Gobierno de Estados Unidos, así como los europeos, como respetuosos de la privacidad. Hay múltiples revelaciones y documentos (en particular los papeles de Snowden) que muestran la práctica sistemática de vigilancia legal o ilegal de las agencias estadounidenses en todo el mundo, como hace el Gobierno chino. Y la ayuda de mercados militares a empresas como Boeing y a Silicon Valley es un hecho.

La nueva revolución tecnológica se está convirtiendo en un campo de batalla geopolítico, en detrimento de la cooperación sinérgica que intentan algunas empresas europeas.

Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=255802

Comparte este contenido: